Pobres vs. Ricos: la justicia no es igual para todos

Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Ingreso alto .

— 96 años.
— Militar. Oficial del Ejército.
— Expresidente de facto de Perú (1975–1980), ex Comandante General del Ejército peruano. Jubilado.
— Ingreso mensual: 3.083 dólares al mes, (57.035 pesos mexicanos).
— San Isidro, Lima.

Esos hechos ocurrieron en el año 80. Los gobiernos militares de facto que gobernaban los países de América del sur luchaban por quedarse en el poder. Pero aquí era todo lo contrario. Yo ya entregaba el poder (Morales fue presidente de facto del 75 al 80) y se presentan estos 'montoneros' (guerrilleros) argentinos a querer hacer alteraciones en Perú, incumpliendo con la ley peruana, porque vinieron con pasaportes falsos.

Aplicando la Ley de Extranjería se les expulsó por la frontera de Bolivia. A raíz de esto me hicieron una serie de procesos en Roma (en 2007) porque ellos tenían orígenes italianos. Roma dice que los sacamos para que los maten en Bolivia. Me involucraron en ese paquete del Plan Cóndor y metido en ese paquete me juzgan.

Cuando me ocurre eso me presenté a la justicia peruana porque estos hechos habían ocurrido en Perú, y pido que me investiguen. Mi abogado es mi amigo y me cobró como tal, como amigo; y ha mostrado una capacidad técnica excelente, es un señor penalista de primer nivel en Perú, considerado tremendamente en todos los niveles. Ha sido procurador del Estado.

No me interesa lo de Roma, ni a mi abogado tampoco. Ellos pueden dictar sentencia allá en ausencia —el tribunal de Roma lo condenó a cadena perpetua en 2017— porque es uno de los pocos tribunales que puede juzgar en ausencia, pero eso no me interesa. Eso no tiene ningún efecto (en Perú) porque tendrían que pedir la extradición de acuerdo con las leyes peruanas, pero Perú ya señaló que me están juzgando aquí y a una persona no se le puede juzgar en dos sitios.

Estoy en proceso de investigación en Perú. Los testigos han declarado, ya están muriendo, pero ya declararon. El proceso tiene nueve años y todavía no hay resultados, ¿qué justicia es esa, que a una persona la investiguen nueve años? Ahora estamos pidiendo con mi abogado que se termine el proceso de investigación en Perú.

Roberto Carlos More Chávez. Ingreso medio .

— 41 años.
— Periodista, productor de TV Perú Noticias.
— Ingreso mensual: 916 dólares, (16.946 pesos mexicanos).
— Miraflores, Lima.

Mi trabajo en Diario 16 terminó en agosto del 2011 y en noviembre me notificaron que Ketin Vidal (ex Ministro de Interior y ex Director de la Dirección contra el Terrorismo) nos había demandado, al director y a mi, por difamación agravada. Nos pusieron el abogado del diario, pero yo consideraba que la causa era injusta así que me contacto con una Organización No Gubernamental (ONG) prestigiosa que defiende a ciudadanos que no tienen recursos para pagar un buen abogado, en casos de violación a los derechos humanos, que se llama IDL.

Un abogado de nivel hubiera salido carísimo, no lo hubiera podido pagar por mi cuenta. El día de mi declaración IDL estaba de vacaciones, ante la emergencia la organización puso a una de sus abogadas, pero no era experta en penal. Me hicieron una pregunta direccionada y mi abogada en ese momento no hace la salvedad; creo que debió entender un poco más.

Durante el proceso hubo irregularidades. Nosotros recusamos al juez, le pedimos que se pronuncie sobre algunos aspectos del proceso, no respondió, después llegó la lectura de sentencia, pero no notificaron a nuestros abogados. El día de la lectura de sentencia, mi abogado le pregunta al juez por qué no lo habían notificado. Ese error del juez nos salvó de la cárcel.

De ahí empezamos una campaña mediática más intensa que puso los ojos de la sociedad y las autoridades en este proceso. Se pronunciaron las instancias superiores pidiendo una justicia adecuada, la Oficina de Control de la Magistratura sancionó al juez por nuestro caso.

En 2012, nos condenaron a dos años de prisión suspendida y al pago de 360.000 soles peruanos (111.145 dólares) entre los dos. Apelamos, el diario asumió los gastos. En 2013 la apelación salió a nuestro favor, dijeron que éramos inocentes. Ketin Vidal fue en queja a la Corte Suprema, que en febrero de 2015 nos absolvió por unanimidad.

Helina Aydé Palomino Vásquez. Ingreso bajo.

—35 años.
— Teleoperadora en Digitec.
— Ingreso mensual: 371 dólares, (6.863 pesos mexicanos).
— Colonia Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, Lima.

Yo vivía en Pasamayo (Huaral, al norte de Lima), es una zona alejada, no hay servicios de agua ni luz, así que un señor nos ofreció una conexión supuestamente lícita de electricidad. Nosotros aceptamos. Un día llega una notificación para que me presente con mi abogado a la comisaría.

No presté atención, arrugué el papel y lo boté. Llegó una segunda notificación y mi esposo me dijo que lo dejara ahí, que se archivaría (el caso). Pasaron los meses y llegaron más notificaciones, pero yo empecé a hacer los trámites para viajar a Alemania, para trabajar allá.

Antes de viajar me empecé a preocupar porque me decían (mis amigos) que podía tener impedimento de salida. Así que busqué una abogadita, parece que era practicante. Al momento de dar mi declaración yo no sabía qué decir y concluyeron que yo me declaraba culpable. La abogada no me dijo nada, me hubiera dicho que me declarara inocente, al menos. Me dijo que probablemente el proceso se iba a archivar.

Logré migrar a Alemania, pero después decidí regresar a Perú, y que en el aeropuerto me detienen. Me dijeron que tenía orden de captura por ser reo contumaz. Yo no tenía el número de la abogada. Yo estaba en Lima, era las 4:00 p.m. y no podía buscar abogado en Huaral. Y me hubiera salido caro contratar un abogado en Lima. La policía me dijo que tenía que pasar la noche en la carceleta con mi hijita.

Al día siguiente me llevaron al Poder Judicial de Huaral, donde me dieron fecha para un nuevo juicio. A la semana siguiente busqué un abogado en Huaral, me dijo que lo más rápido sería ir a juicio y esperar mi sentencia. El juez dictó 500 soles (154 dólares) de reparación civil y dos años de libertad condicional por hurto agravado. Si hubiese contratado a otro abogado en el principio, todo hubiera salido bien.

Juan Luis Font. Ingreso alto.

— 51 años.
— Presentador y director programa de radio Concriterio.
— Ingreso mensual: 5.442 dólares, (100.307 pesos mexicanos).
— Condominio Altos de Muxbal, Santa Catarina Pinula. Ciudad de Guatemala.

He tenido catorce acusaciones durante mi carrera profesional, trece de ellas en materia de libertad de expresión, nueve de ellas de un candidato presidencial, siempre a través de terceros, porque estableció conmigo un conflicto personal. En una de las ocasiones, en 2014, el candidato Manuel Baldizón mandó a un abogado a que presentara una denuncia contra mí por lavado de dinero, sin decir que era en su nombre, porque entonces era el candidato fuerte a ganar las elecciones y en el medio en el que trabajaba lo estábamos investigando.

En la denuncia decía que había obtenido mi casa mediante lavado. No busqué abogado defensor, recibí una notificación en mi oficina —entonces era el director de una radio, un canal y una revista, propiedad del exministro hoy prófugo Erick Archila—, fui solo a la Unidad de Lavado de la Fiscalía, porque podía demostrar cómo había comprado mi casa 17 años atrás.

En la acusación se decía que mi casa costaba 850.000 dólares y yo demuestro cómo tuve que pedir un préstamo al banco para pagar la hipoteca, cómo acabé de pagar la hipoteca, cuál era mi salario, cómo pedí un enganche de la casa y cómo cuando se murió la abuela de mi mujer, ella (que forma parte de una familia millonaria de Guatemala) heredó un montón de plata para acabar de pagar la casa. Así que fui al Ministerio Público a defenderme solo.

Pasadas las elecciones, un constructor fuerte, financista de Baldizón y conocido mío, me vino a visitar a la oficina y me dijo que él ya había retirado las acusaciones y me mostró un documento del 1 de octubre de 2015 en el que el abogado había presentado un memorial desestimando el caso. Todas las acusaciones fueron archivadas, desestimadas o no procedieron.

Daniela Castillo. Ingreso medio.

— 27 años
— Maestra de yoga y actriz
— Ingreso mensual: 816 dólares, más 272 dólares que le da su padre
diplomático. (20.128 pesos mexicanos).
— Zona 1. Ciudad de Guatemala.

Choqué contra un edificio federal. Estaba muy consciente de que estaba borracha y fumada cuando agarré mi carro después de salir de la fiesta, aquel jueves de julio de 2012. Por eso iba despacio. Iba por la Séptima Avenida y un amigo iba siguiéndome detrás.

Supuestamente son los que van por las calles los que tienen que parar, pero escuché un carro que iba bien rápido por la calle y me chocó. La mujer que manejaba también chocó contra el edificio del Ministerio de Gobernación. A la mujer la vinieron a recoger dos personas y se fue dejando allí el carro. Salieron como quince policías y me pidieron mi licencia. La tenía vencida desde hacía un año. Y ese fue el delito. La cagué no renovándola, mi papá siempre me lo decía, pero me resigné.

Me llevaron al sótano de la torre de Tribunales y me hicieron la prueba del alcoholímetro, luego supe por mi abogado que podía haberme negado, y me metieron en la carceleta, pero no había juez de turno hasta las 8 de la mañana. Mi amigo llamó a un primo suyo abogado, que me ayudó gratuitamente. Mi amigo llamó a mi hermano, que llamó a mi padre, y él llamó a mis tíos. No vino nadie de mi familia.

La carceleta estaba sucia, el baño apestaba, sólo había una chava, acusada de haber arrancado una cadena del cuello a alguien en el centro, luego supe que no era su primera vez. Como a las 8:00 entraron diez mujeres, supuestamente pandilleras, que esperaban su audiencia, pero ya les había pasado más veces que iban y no tenían audiencia.

Echamos plática y me contaron que todas tenían delito de homicidio, me dio pena decirles por qué estaba yo allí, pero lo dije.

La audiencia fue a las 11:00, duró menos de una hora, la chava del choque llegó con un collarín pidiendo indemnización, pero la jueza se la denegó porque huyó cuando fue el accidente. Hablé apenas, el abogado me dijo que me declarara culpable y fueron 92 dólares de multa por tener la licencia vencida y por dar positivo en el alcoholímetro. Salí por la tarde, me recogió mi abuelo, él pagó porque tiene acceso a las cuentas de mi papá, que por ser diplomático, no vive en Guatemala.

David Fernández. Ingreso bajo.

— 30 años.
— Albañil.
— Ingreso mensual: 272 dólares, (5.032 pesos mexicanos).
— El Gallito, Zona 3. Ciudad de Guatemala.

Todo iba bien hasta que caí preso. Había formado un hogar, con mi entonces mujer y mi hijo, pero empecé a salir a la calle a robar con gente de otro barrio. Lo hice durante dos años, entre 2004 y 2006. Hice mucho dinero, hasta 272 dólares diarios, a veces. En 2006, con 19 años, otro y yo asaltamos una pizzería tras quitarle el arma al vigilante.

Salimos huyendo y subimos a un bus y pagamos pasaje. Pero pasó una camioneta de la policía y la gente del bus les hizo señas. Tiré el maletín con el dinero y uno de los policías me dijo que le diera el arma (que lo había ocultado en un espacio de la camioneta) y 680 dólares (de mordida), pero me negué. Nos detuvieron. También al chofer del bus, por no decir, sabiéndolo, dónde estaba el arma.

Nos llevaron a la carceleta de tribunales a las 5 de la tarde. A las 11 de la noche llegó el asistente del juez de turno y nos dijo que nos ayudaba si buscábamos un licenciado. Avisamos al papá de un amigo, pero él decidió defender al chofer del bus. El asistente del juez era gay y nos pidió que le mostráramos nuestros miembros. Me negué.

En la carceleta apareció El Smurf (Número 2 de la pandilla Barrio 18 en Guatemala) y nos pusimos a fumar. Pasé once meses encarcelado en el Preventivo de la Zona 18, donde empecé a trabajar para un español por 1,36 dólares a la semana haciéndole sus mandados.

Mi mujer consiguió un abogado al que le pagamos 1.361 dólares porque me sacara, pero no me sirvió de nada y trató de ‘meterse’ con ella, de tener relaciones con ella y mi familia lo corrió antes de llegar a la fase de debate. Mi mujer empezó a visitar a un preso de otro sector y la dejé.

Me defendieron dos abogadas distintas del Instituto de Defensa Público Penal, me quedé callado en el juicio, pero el 3 de diciembre de 2007 me sentenciaron y me mandaron a la cárcel de Pavoncito, donde cobré 13 dólares semanales por hacer tortillas, allí viví muy bien, comparado con el Preventivo, que era el infierno.

Acabé la prisión en la cárcel de Pavón donde trabajé de cocinero en un comedor, jugué al volleyball contra el estrés y empecé a vender droga porque era buen vendedor. La sentencia fue de diez años y seis meses, pero por buena conducta, por estudiar y por trabajar, salí a los seis.

Al salir, no tenía dinero porque mi mujer dijo que entraron a robar a la casa cuando me metieron preso. Dejé de ver a mi hijo y a mi mujer y dejé las drogas. Ahora tengo otra pareja, dos hijos, y trabajo de albañil.

Javier Cabrera. Ingreso alto.

— 44 años.
— Empresario. Programador de Computadoras. Propietario de Fox Paraguay.
— Ingreso mensual: 3.625 dólares, (67.062 pesos mexicanos).
— Barrio Sol de América, Ciudad de Villa Elisa

Después de separarme pude mantener una relación diaria con mis hijos a quienes visitaba, pero la condición puesta por la madre era que ella estuviera en la casa. Fue el momento en que busqué orientación legal en la Defensoría de la Niñez de Lambaré. En la defensoría se le preguntó la razón para que yo fuera a la casa solo estando ella y respondió que yo tenía conductas sexuales raras. Fui denunciado por abuso sexual a mi hijo mayor de 7 años.

Como no hubo acuerdo en la defensoría lo que hicimos con mi abogada fue presentar nuevamente un urgimiento luego de la feria judicial y fue cuando mi esposa presentó una denuncia de abuso sexual a mi hijo de 7 años, justo antes que se dicte resolución para el relacionamiento. A partir de allí, de ser un papá que quería ver a sus hijos pasé a ser un delincuente sospechoso.

Mi trayectoria laboral de más de 20 años en el desarrollo de software es lo que me permite tener la solvencia económica para poder enfrentar toda la situación judicial que arrastro desde hace 5 años como la contratación de abogados en lo civil y penal, lo que me permitió pasar por imputaciones, prisión por 15 días en el Penal de Tacumbú y juicio oral.

Trato de salir adelante laboralmente que es lo que me sostiene, en vez de que me agarre insomnio me levanto para trabajar, consigo aislarme de ese problema que me agobia y me concentro en mi trabajo que me ayuda a crecer económicamente porque si no tuviera esto, o no tuviese recursos para enfrentar un juicio o los gastos de mis hijos iba a entrar en desesperación y no está sucediendo porque tengo un trabajo con lo que consigo amortiguar. Me refugio en mi pareja y en mi familia.

Formo parte de la organización Padres Por Siempre que luchan contra la alienación parental y por una custodia compartida de los hijos.

Lucía Sandoval. Ingreso medio.

— 46 años.
— Abogada.
— Rolón, Heralesky & Sandoval. Consultores Legales.
— Ingreso mensual 1.666 dólares, (30.821 mil pesos mexicanos).
— Barrio Jara, Asunción.

La acusación cambió mi vida, fue un cambio de 180 grados; muy radical, no sabía ni dónde estaba parada, para mi todo era un mal sueño hasta que me di cuenta que realmente estaba presa y acusada de haber asesinado a mi marido. Fue muy difícil.

Estuve privada de mi libertad 3 años, 7 meses y 20 días. Salí absuelta sin reproche de culpa y de pena. Después se apeló, se confirmó mi absolución y eso en la Corte por unanimidad fue confirmado y por eso mis antecedentes están limpios, pero tuve que estar casi 4 años en prisión y ahí es donde se ve que podés estar presa igual siendo inocente con el estigma de estar presa o ser expresa.

Estaba en un estado de absoluta vulnerabilidad. Mi contexto familiar por parte de mi mamá son de condición muy humilde y no podía pagar un buen abogado que me defienda bien para obtener el acceso a la justicia. Lo mío fue a través de la lucha y visibilizar mi situación pero todo después de un cierto tiempo. No acudí a nadie en el primer momento. Un primo abogado que se acercó a ayudarme como familia y cuando vio la complejidad del caso habló con el doctor Jorge Bogarín que fue su profesor en la Universidad Católica (UCA) y que tiene uno de los equipos jurídicos más renombrados acá. Le mencionó mi caso; el doctor me conoció, habló conmigo y a partir de allí tomaron mi caso sin cobrarme nada, como probono.

Eso no me afecta, pero queda. Son las falencias de nuestro sistema de justicia. Lo más importante que perdí fue el relacionamiento con mis hijos que hasta ahora no se pudo restablecer bien.

Luciano Cubilla. Ingreso bajo .

— 47 años.
— Artesano.
— Ingreso mensual: 166 dólares, (3.071 pesos mexicanos).
— Barrio Ricardo Brugada, Chacarita, Asunción.

En el año 1998, cuando trabajé para un político y militar fuimos a una fiesta donde se armó un desastre, hubo disparos y un muerto que era amigo mío y se me culpó de su muerte. Lo socorrí y los policías dijeron que fui yo quien disparó. Me hicieron la prueba de parafina y los resultados recién se supo un año después, porque en ese entonces eran analizados en Estados Unidos. Todo salió negativo pero yo estuve preso todo ese tiempo en el Penal de Tacumbú.

Con los resultados negativos para la prueba de parafina busqué mi sobreseimiento, se lo pedí a una abogada de reos pobres. Realizó todos los trámites y después de un tiempo me abandonó porque ascendió a jueza y me quedé solo. Volví a entrar a la cárcel porque supuestamente faltaba mi firma en unos papeles y entré otros ocho meses. Cumplí, salí y fui como para firmar los documentos que faltaba y me dijeron que ya no debía hacerlo. Un día venció mi cédula de identidad y fui hasta el Departamento de Identificaciones para la renovación de mi documento y nuevamente me agarraron porque figuraba que tenía problemas con la justicia desde el año 98.

No tenía los papeles conmigo y fui preso de nuevo a Tacumbú. Recurrí a gente conocida, hablé de mi caso a un amigo que trabajaba en el Parlamento contándole que tres veces ya me metieron a la cárcel por el mismo tema: homicidio doloso. Ya llevaba casi cuatro años entre entrar y salir de la cárcel. Una tarde salió mi libertad del Tribunal de Sentencia. Todos los trámites los hice solo porque acá los abogados te piden mucha plata.

Desde hace un año que recuperé mi libertad completa. Ahora no salgo más de mi casa, tengo miedo de salir porque la gente te acusa de todo y desconfía. Mi vida cambió para bien y para mal. Me dedico a pintar cuadros, a hacer porta espejos que aprendí en la cárcel. También hago arreglos de carpintería, acarreo arena y junto latitas para vender.

***Para la delimitación de los tres estratos socioeconómicos en que dividimos el perfil de los entrevistados, decidimos basarnos en el indicador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuya fórmula combina el ingreso con indicadores demográficos, educativos y de condiciones laborales. De esta manera, los entrevistados de un total de 18 países de América Latina fueron divididos en tres segmentos que muestran, a través de sus testimonios, el contraste respecto a la manera de resolver o enfrentar diversas situaciones de la vida cotidiana. Para el perfil de personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, el rango de ingresos fue de 37,5 a 300 dólares mensuales (693 a 5.550 pesos mexicanos). El rango de ingreso para el perfil de la clase media va de 300 a 1.500 dólares mensuales (5.550 a 27.750 pesos mexicanos) y finalmente para el estrato alto se determina un ingreso superior a los 1.500 dólares mensuales; sin embargo siempre se intentó buscar a personas con un ingreso mucho mayor para evidenciar estos contrastes.

***El proyecto #Desiguales. Realidades Injustas —integrado por 9 entregas— fue posible gracias a una colaboración entre Oxfam y VICE News. Créditos: Jefa de Contenido, Laura Woldenberg. Editora de VICE News, Karla Casillas Bermúdez. Coordinación Editorial, Vania Pigeonutt. Ilustraciones, Eduardo Ramón.

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