Aborto, tema de salud o muerte en este 28 de septiembre

Cada año en los países en desarrollo hay medio millón de muertes maternales, de las cuales entre el 20 y el 25 por ciento se deben a abortos inseguros. Este porcentaje podría reducirse casi por completo si estuviera legalmente permitido y garantizado el derecho a interrumpir a voluntad un embarazo no deseado.

Hace 17 años en Argentina durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano declaró el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Este día sirve para recordar a los gobiernos que si no despenalizan el aborto y garantizan este derecho, millones de mujeres seguirán muriendo. Esta lucha ha sido uno de los pilares del movimiento feminista latinoamericano desde los años ochenta, y busca que las leyes permitan y garanticen que las mujeres que desean interrumpir un embarazo puedan hacerlo de manera libre y segura, para evitar muertes por complicaciones de abortos inseguros.

De acuerdo con el Instituto Guttmacher, en un estudio que recopiló datos de 2010 a 2014 en los países donde el aborto está completamente prohibido o solo esta permitido para salvar la vida de la mujer, abortaron 37 de cada 1,000 mujeres entre 15 y 44 años. En cambio, en los países donde el aborto es un servicio disponible a voluntad, fueron 34 de cada 1,000 las que abortaron dentro del mismo rango de edad. Podemos decir que penalizar, criminalizar o hacer ilegal el aborto no hace que el mismo deje de suceder, únicamente hace que las mujeres se practiquen procedimientos clandestinos que pueden ser inseguros y que pueden poner en riesgo su vida y su salud.

Un panorama latinoamericano

Dentro de América Latina y el Caribe, los únicos países en donde no hay restricciones causales con relación al aborto son Cuba, Puerto Rico, Guyana y Uruguay. En El Salvador, Haití, Honduras, República Dominicana y Surinam, el aborto es ilegal en todas las circunstancias, incluyendo la violación. Estas legislaciones colaboran al número de mujeres que mueren a causa de abortos inseguros, un problema público que podría solucionarse con la despenalización.

En el resto de los territorios, el aborto no es un delito solo bajo ciertas condiciones o causales —mismas que no son respetadas ni garantizadas por los gobiernos—. Un perfecto ejemplo es México donde, excluyendo a la CDMX, en todos los estados el aborto es un crimen a menos de que el embarazo sea producto de una violación, o caiga dentro de dos o tres causales más que dependen de los gobiernos locales.

Esto ha causado que mujeres de todo el país viajen a la CDMX a interrumpir embarazos no deseados. Según cifras del gobierno de la CDMX, desde abril del 2007 a septiembre del 2017 se han llevado a cabo 186,503 interrupciones, de las cuales 129,880 han sido de mujeres radicadas en la CDMX, y 53,626 de mujeres provenientes del resto de la república.

La restricción legal del procedimiento en los estados no hace que deje de suceder. Las mujeres que pueden viajar a la CDMX lo hacen y las que no, se arriesgan a procedimientos inseguros. Despenalizar el aborto es necesario porque es un tema de justicia social: quienes viven en situaciones de más vulnerabilidad social —como pobreza, marginación, violencia, discriminación y minoría de edad— tienden a depender de los métodos menos seguros o de proveedores no capacitados, lo que genera mayores probabilidades de sufrir complicaciones graves o morir.

Tema de salud o muerte

Se estima que cerca de 760,000 mujeres en América Latina y el Caribe son tratadas anualmente por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Los servicios de atención postaborto en la región en general son de mala calidad y en el caso de México, son financiados con recursos esenciales del sistema de salud que se podrían destinarse a otros servicios.

Restringir legalmente el acceso al aborto es una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y una forma de discriminación sexista. En un principio el 28 de septiembre tenía el objetivo específico de recordar a los gobiernos que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que el derecho a la salud sexual y reproductiva debe ser reconocido y garantizado. Ahora, además de eso, buscamos poner el derecho al aborto legal y seguro en el centro de este debate, denunciando a los gobiernos que orillan a las mujeres a recurrir a procedimientos que pueden ser peligrosos, y que encima de eso, buscan castigar con la cárcel.

Sofía Alessio es coordinadora de REDefine, programa de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.