Cuatro soldados acusados por la masacre en Tlatlaya están a punto de ser liberados

Este artículo fue publicado originalmente en VICE News, nuestra plataforma de noticias.

La orden judicial para liberar a cuatro soldados mexicanos acusados de tener nexos con la masacre militar de miembros de cárteles de droga en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, refleja la reacia actitud del gobierno para hacer fuerza por esclarecer el caso, afirmó un abogado de derechos humanos vinculado al caso el pasado martes.

"La fiscalía no quiere llevar a cabo una investigación", opinó Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a la madre de una de las víctimas. "No está haciendo su trabajo de manera correcta; tanto es así que el juez ordenó la libertad de los cuatro soldados".

Los cuatro militares forman parte de los siete procesados en el caso Tlatlaya, llamado así por el nombre del municipio mexicano donde una patrulla militar asesinó a 22 civiles el 30 de junio del año pasado. El mismo juez que ordenó la libertad de los militares el pasado lunes también dictamino que los otros tres deberán enfrentar un juicio.

Grupos de derechos humanos locales e internacionales consideran el caso Tlatlaya como una prueba clave de la voluntad del gobierno para hacer frente a los abusos cometidos por el ejercito en la lucha de la guerra contra las drogas.

El caso sólo alcanzó los estrados después que investigaciones periodísticas cuestionaran la versión oficial del ejército en la cual se afirmaba que las 22 personas fallecieron durante un tiroteo que fue iniciado por los miembros del cártel.

Periodistas que visitaron la escena del crimen días después encontraron pocos rastros de una confrontación. Lo que hallaron fueron tiros y agujeros de bala a la altura del pecho rodeados de sangre en las paredes del almacén donde se ocultaban los miembros del cártel.

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Asimismo, consiguieron el testimonio de un superviviente el cual declaró que los soldados habrían disparado primero y que la mayoría de los muertos fueron asesinados después de rendirse.

Clara Gómez, quién ahora está representada por el Centro Pro Derechos Humanos, dijo haber ido al almacén en busca de su hija menor de edad, quien había huido con el cártel y quién se encuentra entre los asesinados. Dos mujeres sobrevivientes a la masacre han dado fe de la versión de que al menos algunas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron esa noche.

Juan Velásquez, un abogado mexicano de alto rango que está asesorando la defensa de los soldados, dijo a VICE News que la totalidad del caso "es un invento de muchos que están en contra del ejército".

Velásquez afirma que la única evidencia contra los soldados son los testimonios contradictorios de las tres mujeres. De igual manera, describe como "superficial" la investigación del año pasado llevada a cabo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la cual concluye que las versiones de las mujeres varían debido a las torturas que padecieron.

Velásquez también calificó como "tendenciosos" los esfuerzos del Centro Prodh para impulsar la investigación de la fiscalía en la dirección de determinar si los asesinatos estaban relacionados con órdenes escritas que el comandante de la patrulla había recibido en días previos para "abatir a los criminales" en operaciones nocturnas.

El abogado insistió que la verdad de lo sucedido en Tlatlaya es que la patrulla militar abordó a los miembros del cártel en medio de un festejo plagado de alcohol y drogas, escenario que los dejó como adversarios poco preparados para el momento del tiroteo.

"Hay que colocarse en la situación de ellos, en la madrugada oscura, donde no se veía nada. Entraron a la bodega, abatieron a los hombres armados y rescataron a estas mujeres".

La Procuraduría General lanzó un comunicado el lunes afirmando que apelará la decisión del juez sobre la liberación de los cuatro soldados.

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