El Estado Guerrero

Grupos de autodefensa afiliados a la UPOEG en Cuautepec, Guerrero, se reúnen para tomar protesta.

El 5 de enero pasado, en El Potrero, un pequeño pueblo en el estado de Guerrero, un hombre llamado Eusebio García fue secuestrado por un grupo del crimen organizado. Los secuestros son comunes en este estado, uno de los más pobres del país y donde la violencia entre los cárteles y las autoridades ha dejado más muertos en los últimos meses. Según un informe publicado en febrero por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Acapulco es hoy, la segunda ciudad más violenta del mundo. Sin embargo, el caso de Eusebio no era un secuestro cualquiera, ya que era el comisario de la comunidad de Rancho Nuevo y era miembro de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). No era la primera vez que algo así pasaba, pero en esta ocasión, la comunidad decidió que ya no se quedarían de brazos cruzados.

Al día siguiente de que Eusebio fue secuestrado, cientos de personas de los pueblos aledaños de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, en su mayoría indígenas, decidieron que podían hacer un mejor trabajo protegiendo a sus comunidades que las autoridades locales. Tomaron las armas que tenían (principalmente machetes, rifles de cacería y escopetas), instalaron retenes en las entradas de sus pueblos y empezaron a patrullar las calles en pickups, por lo general con los rostros cubiertos con pasamontañas y paliacates. De la noche a la mañana, la UPOEG pasó de ser una organización que abogaba por mejores caminos e infraestructura a un grupo de autodefensa armado que operaba sin ningún tipo de autorización del gobierno. Los secuestradores soltaron a Eusebio ese mismo día pero los retenes de la UPOEG y las patrullas continuaron. De hecho, recibieron el apoyo de varios pueblos cercanos. Cinco municipios en la región de la Costa Chica siguieron su ejemplo y formaron sus propios grupos de autodefensa. Pronto, ciudadanos armados y enmascarados controlaban la entrada y salida de cualquier persona que pasara por sus pueblos.

Durante los siguientes días, estos grupos de autodefensa capturaron a 54 personas supuestamente involucradas con el crimen organizado (incluyendo a dos menores y cuatro mujeres), quienes fueron encerradas en una casa que convirtieron en una cárcel improvisada. El 31 de enero, las comunidades se reunieron en una cancha de básquetbol al aire libre en el pueblo de El Mesón para juzgar públicamente a los detenidos. Los cargos en su contra iban desde consumo de mariguana hasta secuestro, extorsión, tráfico de drogas y homicidio. Al evento asistieron más de 500 personas, y el juicio fue cubierto por distintos medios nacionales e internacionales. A pesar de que le permitieron a los reporteros tomar fotografías y video dentro de la casa donde tenían a los detenidos, no les permitieron hablar con ellos.

Voluntarios de un grupo de autodefensa en Ayutla salen del punto de control para patrullar la ciudad.

Durante los primeros días, el gobernador del estado, Ángel Aguirre, celebró las acciones de este movimiento armado e incluso les dio las gracias por ayudar a las autoridades a proporcionar seguridad a los pueblos. Sin embargo, su postura cambió al poco tiempo, y dijo públicamente que nadie debe hacerse justicia por propia mano. Tras intensas negociaciones entre la UPOEG y el gobierno, los prisioneros fueron entregados a la policía estatal en febrero. Pero los pobladores no tenían intención alguna de entregar sus armas.

La Costa Chica no es la única región donde los ciudadanos han decidido tomar la justicia por mano propia. Muchos mexicanos no tienen fe en la habilidad o disposición del gobierno para frenar al crimen organizado (únicamente dos por ciento de los crímenes cometidos en el país resultan en una sentencia), y en el primer trimestre del año, surgieron grupos de autodefensa en Jalisco, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y el Estado de México. La situación en Ayutla estaba lejos de haberse solucionado con la entrega de los prisioneros, al contrario, pareciera que era una chispa que había prendido la mecha en el resto del país. Así que viajamos a Guerrero para tratar de entender mejor lo que estaba sucediendo. Mientras íbamos en la carretera, escuchamos en la radio que se habían formado nuevos grupos de autodefensa en Coyuca y Acapulco. Al parecer, el movimiento se está extendiendo hacia zonas más urbanas y no únicamente rurales del estado.

Al llegar al retén en las afueras de Ayutla, un pueblo de 13 mil habitantes que se ha convertido en el epicentro de los grupos de autodefensa, nos percatamos de que los pobladores enmascarados con escopetas habían sido reemplazados por soldados del ejército mexicano fuertemente armados. El gobierno había llegado a un acuerdo con las milicias: podían operar dentro del pueblo, pero el ejército tomaría el control de los retenes en las carreteras federales.

Gonzalo Torres, también conocido como G-1, comandante de la UPOEG, en Ayutla.

Una vez en Ayutla nos reunimos con Gonzalo Torres, también conocido como G-1, el comandante de la UPOEG encargado del puesto en el lugar. Es un hombre grande y jovial de cincuenta y tantos años. Vestía una camisa a cuadros y una gorra de béisbol con diamantina, mientras hablábamos con él en el improvisado puesto de control de la autodefensa (una mesa sobre la banqueta frente a una tienda de muebles y con una Bodega Aurrera del otro lado de la calle). Era cerca del mediodía de un sábado, y Gonzalo atendía a una mujer que le pedía ayuda con su esposo, quien estaba borracho y aventaba cosas en su casa. Ordenó a algunos de los jóvenes que estaban por ahí que fueran a ver qué pasaba; mientras el grupo se encaminaba hacia la casa de la mujer, todos se cubrieron la cara con pasamontañas y sombreros vaqueros. Poco después, otra mujer llegó a darles las gracias por todo lo que estaban haciendo, y les dejó varias bolsas con comida y jugo de naranja.

“Tenemos un mes y 18 días de estar aquí y eso habla por sí mismo”, nos dijo Gonzalo. “Desde que iniciamos aquí no tenemos ni un solo secuestro, ni un solo asesinato, ni una violación, no hay extorciones ni cobros de piso. Ese es el resultado que estamos dando”.

Gonzalo nos explicó que habían formado pelotones de policías comunitarias en muchas poblaciones y que ahora controlaban 95 por ciento de las comunidades en el municipio de Ayutla, además de tener presencia en Tecoanapa y otros municipios como San Marcos, Cruz Grande, Copala y Cuautepec. “Esto va creciendo cada día”, nos dijo. “Cada día se van incorporando más poblaciones al sistema comunitario”.

Pasamos varias horas en el punto de control mientras Gonzalo revisaba peticiones escritas de otras comunidades para registrar a sus grupos de policías en sus comunidades, mientras, otra mujer se acercó a pedir ayuda con otro borracho fuera de control. En cuanto se puso el sol, cientos de personas con escopetas, rifles y machetes, la mayoría con la cara cubierta, empezaron a acercase organizados en varios grupos. Era el cambio de turno y estaban reportándose antes de empezar a patrullar, a pie, en camiones de redilas o en pick ups. La cantidad de voluntarios era imponente.

Un par de vigilantes toman un descanso del patrullaje nocturno.

Nos invitaron a acompañar a uno de los pelotones en una camioneta de redilas. Manejamos por las carreteras en completa oscuridad, hasta que nos detuvimos en un retén en medio de la nada. De entre las sombras, aparecieron 20 hombres enmascarados, que estaban deteniendo autos para registrarlos y pedir identificaciones a sus conductores. El oficial en jefe nos dijo que no usan linternas para poder sorprender a los conductores. Nos imaginamos a un grupo de turistas viajando por estos caminos y entrando en pánico tras encontrarse con un grupo de hombres armados y con pasamontañas.

Cuando le preguntamos a Daniel, un ex militar que ahora comandaba el pelotón que acompañábamos, si los locales están conscientes de que son grupos de autodefensa y no criminales quienes controlan estos retenes, nos respondió: “La gente de por aquí lo sabe”. Pero no todos lo saben; el 3 de febrero, dos turistas de la Ciudad de México iban camino a Playa Ventura cuando decidieron no detenerse en un retén y fueron atacados por los vigilantes. Los turistas tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano y más tarde interpusieron una demanda contra sus atacantes. Los líderes de la UPOEG dijeron que había sido culpa de los turistas por no detener su auto.

Manejamos de regreso hacia el centro de Ayutla en donde montaron un retén improvisado justo afuera de una casa pintada de verde limón. Después nos enteramos que era la casa de Severo Castro Gómez, el presidente municipal de Ayutla. Detuvimos más autos, revisaron más gente y a nadie parecía molestarle. Al día siguiente vimos a Severo, quien además de ser alcalde, es un comerciante local que hizo campaña como candidato del Partido Verde. Al ganar la elección, decidió pintar la presidencia municipal de mismo color verde limón que su casa. Nos recibió en su oficina, empezamos a platicar de lo que habíamos visto hasta el momento y nos preguntó “¿No les parece bonito?”. Sorprendentemente justificó el levantamiento de los grupos de autodefensa diciendo: “Quiero reconocer que efectivamente ha fallado tanto el estado, [como] el municipio y lo federal, son tres niveles de gobierno que deberían de ofrecerle tranquilidad a la sociedad, pero sí se nos ha ido un poquito de las manos. Yo lo veo como una defensa del pueblo defendiendo al propio pueblo”. No todos los niveles de gobierno han sido tan comprensivos al hablar de la situación. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, rechazaron la conformación de grupos de autodefensa, al considerar que están fuera de la ley. Aguirre por su parte, sugirió la idea de incorporarlos como una fuerza auxiliar dentro de la policía municipal.

Al día siguiente, regresamos con Gonzalo al puesto de control frente a la Bodega Aurrera. Todo parecía tranquilo, hasta que de pronto empezó a recibir mensajes en su radio. Inmediatamente se comunicó con otros compañeros diciendo “Atención, Atención. ¡Hay fiesta! ¡Hay fiesta!” Seis camionetas llenas de encapuchados armados aparecieron y salieron a toda velocidad. Los seguimos hasta terminar frente a un hotel en el centro de la ciudad (sucursal del hotel en el que estábamos hospedados). Veinte autodefensas apuntaban hacia la entrada. “Estamos buscando a uno de los malos”, nos dijo uno de ellos. Nos escondimos detrás de un coche en caso de que empezara una balacera. Eran las dos de la tarde y un grupo de niñas de secundaria pasaban en sus uniformes, escuchando música en un celular como si nada estuviera pasando. Esperamos durante una hora hasta que algunos miembros del grupo de autodefensa decidieron entrar al hotel por la fuerza. No encontraron a quien buscaban, así que regresamos al punto de control.

Los miembros de la milicia no llevan gafetes ni permisos, así que es fácil criticarlos por operar ilegalmente. Cuando le mencionamos esto a Gonzalo, nos respondió: “Nos atacan porque estamos fuera de la ley, cuando el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que el poder reside en el pueblo y que el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar o alterar su gobierno cuando esto sea necesario. El artículo 701 de la ley del estado de Guerrero también nos faculta para ello, así como el 169 de la OIT. No estamos fuera de la ley”. Estos tratados internacionales tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas a regirse por usos y costumbres, y dado que la mayoría de la gente de esta región son de origen mixteco, nahua o tlapaneco, pueden apelar a ellos.

Gonzalo continuó explicándonos las razones que impulsaron la creación de este movimiento: “Creo que es en este momento, por el hartazgo social al que llegamos, esto era necesario: la autodefensa. Las instituciones enmarcadas dentro de la ley para dar la paz y la tranquilidad nacional olvidaron que tienen que implementar políticas de prevención del delito. Aunado a eso, las poblaciones de este estado están completamente en el abandono. La situación llegó a un punto en donde fue imposible continuar soportando el abuso de la delincuencia organizada, que más bien es una delincuencia pactada, porque todo el mundo sabe cómo está el asunto. El atropello fue demasiado, y llegó el momento en que los pueblos tuvieron que explotar, no tuvimos otra alternativa que organizarnos y tomar el control”.

Un miembro de la UPOEG a un supuesto criminal en las montañas cercanas a Ayutla.

Durante nuestra última noche en Ayutla, sucedió otra operación, pero esta vez a media noche. Los pelotones se dividieron en dos para perseguir a un supuesto narcotraficante que trataba de escapar por las montañas. Seguimos a los encapuchados en la oscuridad, mientras ellos corrían en huaraches y armados apenas con machetes y pequeñas pistolas. Los miembros de los grupos de autodefensa son todos voluntarios y no reciben ningún pago por su servicio y se supone que deben patrullar una vez a la semana. Sin embargo, existen rumores de que la UPOEG está obligando al pueblo a unirse a estos grupos, pero sus líderes lo niegan rotundamente. También hay rumores de que continúan encarcelando a sospechosos, en vez de entregárselos a la policía. Mientras seguíamos a Gonzalo y a sus hombres por las montañas nos aseguraron que si hubieran atrapado a los supuestos traficantes, los habrían entregado a las autoridades, pero no tuvimos la oportunidad de presenciar tal intercambio.

En la Ciudad de México platicamos con Francisco López Bárcenas, un reconocido abogado de origen mixteco que ha documentado levantamientos indígenas en México durante décadas, quien nos explicó que “las policías comunitarias históricamente forman parte del sistema en el que se organizan los pueblos. Las podemos encontrar desde épocas prehispánicas”. Desde que este conflicto empezó a ser cubierto por los medios, los términos “grupo de autodefensa” y “policía comunitaria” parecieran usarse de forma indistinta, pero Bárcenas nos explicó que hay una clara distinción: “La diferencia entre una policía comunitaria y un grupo de autodefensa es que las policías comunitarias forman parte de las estructuras de los pueblos y por eso están reconocidas, legitimadas y legalizadas a través de los derechos reconocidos de los pueblos indígenas. Las autodefensas son grupos que por iniciativa propia deciden defender al pueblo, pero no forman parte de las estructuras, por lo tanto, el pueblo no tiene el control de ellos cuando surgen. Los grupos de autodefensa no necesariamente son indígenas, pueden ser campesinos, urbanos o cualquier otro grupo que se vea amenazado”.

Si bien los grupos de autodefensa y las policías comunitarias no son un fenómeno nuevo, durante los últimos años se han hecho más visibles principalmente para defenderse del crimen organizado o para proteger sus recursos naturales. Algunos de los casos más reconocidos, son el de Cherán, en Michoacán, donde desde 2011 se organizaron para luchar contra talamontes ilegales protegidos por narcotraficantes, y el pueblo de San Dionisio del Mar en Oaxaca, en donde luchan en contra de compañías nacionales y extranjeras que se han apropiado de tierras para construir molinos para generar electricidad. Hoy, existen grupos de autodefensa o policías comunitarias en 12 de los 31 estados del país.

Los voluntarios de los grupos de autodefensa no llevan uniforme y se cubren la cara con máscaras, paliacates, pasamontañas o lo que tengan a la mano.

El estado de Guerrero le ha hecho honor a su nombre por siglos. Fue uno de los principales escenarios de la Guerra de Independencia y también fue ahí en donde en 1854 fue proclamado el Plan de Ayutla, con el objetivo de destituir a Santa Anna después de ser presidente once veces y vender la mitad del país. Durante la Revolución hubo fuerte presencia del Ejército Libertador del Sur y en la época más reciente, surgieron grupos como el Partido de los Pobres (PDLP), en los sesenta, y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), en los noventa. Guerrero además ha sido pionero en la implementación de policías comunitarias en zonas indígenas.

En 1995, se fundó en San Luis Acatlán una organización llamada Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en respuesta a una ola de crímenes violentos. Hoy, la CRAC, compuesta en su totalidad de voluntarios, es reconocida y respaldada por el gobierno de Guerrero. Visitamos una de sus casas de justicia en San Luis Acatlán, donde hablamos con Pablo Guzmán Hernández, uno de los coordinadores regionales, quien nos dijo que desde la fundación de la CRAC en las 72 comunidades indígenas de la zona donde opera la policía comunitaria, el crimen ha disminuido 90 por ciento. Según Pablo, la razón por la que este tipo de fuerzas policiacas no tradicionales son tan efectivas es porque “sus oficiales son parte de las comunidades, y conocen sus alrededores, el terreno y a la gente”. Los oficiales de la CRAC no andan enmascarados, a diferencia de los nuevos grupos de autodefensa, y las playeras de los oficiales y sus vehículos están claramente marcados con el logo de la organización. Imparten justicia al tiempo que trabajan para reeducar a los criminales; los prisioneros deben hacer servicio comunitario y sólo deben permanecer en sus celdas durante la noche. Aunque a primera vista este sistema parece funcionar bien, la realidad es que aquellos acusados de un crimen no siempre reciben un juicio justo de acuerdo a los estándares que marca la ley y muchas veces no son informados por cuánto tiempo estarán presos. Por otro lado, el sistema judicial mexicano está tan jodido que es difícil argumentar que la forma de impartir justicia de la CRAC y la UPOEG sea algo peor.

Uno de los vigilantes de las casas controladas por la UPOEG.

Ambos grupos está relacionados por Bruno Plácido Valerio, quien fue cofundador de la CRAC y también participó en la creación de la UPOEG hace poco más de dos años, cuando era únicamente una organización de gestión social. Las razones por las cuales la UPOEG comenzó a patrullar las comunidades con máscaras y armas en vez de sumar fuerzas con la CRAC no están del todo claras. Algunos dicen que la CRAC no hacía suficiente para combatir frontalmente al crimen organizado, así que la UPOEG decidió tomar cartas en el asunto; otros creen que hay motivos ocultos detrás de las tácticas agresivas de la UPOEG y que éstas buscan debilitar a la CRAC políticamente, otros dicen que Bruno busca publicidad con fines personales y políticos. Aunque quizá sean sólo rumores, es evidente que Bruno tiene una relación más estrecha con el gobierno de Guerrero que la CRAC y que esto ha exacerbado las tensiones entre ambos grupos.

Nos encontramos con Bruno en el pueblo costero de Marquelia, a donde viajó para reunirse con algunos líderes comunitarios interesados en conformar su propia policía comunitaria. Venía de la Ciudad de México, en donde sostuvo reuniones con legisladores, y de visitar al gobernador Aguirre en Chilpancingo.

Bruno dijo que la UPOEG busca dejar de ser considerado un grupo de autodefensa y ser reconocido y legitimado como una organización de policías comunitarias. Agregó que su organización tiene presencia en 40 de los 82 municipios del estado, aunque ha sido difícil encontrar estadísticas independientes que avalen esto.

“Operamos de manera más rápida y eficiente que la policía”, dijo Bruno. “No necesitamos que nos vengan a apoyar gente de la DEA ni de la CIA. En primer lugar porque se aplica el método, que como dicen, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. La gente que opera [en nuestros grupos], se conoce entre ellos. Ha sido muy eficaz porque son conocedores del territorio y de las personas y sabemos a qué se dedica cada quién”.

Cuando le preguntamos a Bruno si la UPOEG recibía algún tipo de apoyo económico del gobierno, o si tenía interés de postularse para algún cargo como funcionario nos respondió: “Nuestro movimiento es netamente para regresarle la seguridad y la paz a la gente. No hay nada atrás de nosotros, ni otro narcotraficante más grande, ni otro asunto político más grande. Es sano nuestro movimiento. Sí criticamos al sistema, pero no estamos contra el gobierno. Estamos en contra de la política pública que aplican nuestros gobernantes”.

Aunque los verdaderos motivos de los líderes de la UPOEG siguen siendo ambiguos, los objetivos de sus miembros son mucho más simples: buscan acabar con la violencia, los secuestros y la desconfianza que sienten hacia la policía en sus comunidades. La mayoría de los indígenas en todo México viven en una pobreza extrema, y esto, combinado con la aparente incapacidad o falta de disposición del gobierno para enfrentar al crimen organizado, ha dado pie a estos grupos de autodefensa. Estas comunidades han tenido, durante mucho tiempo, razones muy válidas para levantarse en armas contra el crimen organizado; y quizá, para como están las cosas, sea una de las pocas soluciones viables y efectivas para garantizar la seguridad de los pueblos. Y si el gobierno quiere que este movimiento se disuelva, entonces tendrá que proveer las soluciones y condiciones necesarias para que estas personas puedan quitarse las máscaras y dejar sus armas.

Espera nuestro nuevo documental sobre los grupos de autodefensa en Guerrero, este mes en VICE.com.