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La lucha de médicos y sociedad civil contra el apartheid sanitario de España

Más de un millón de inmigrantes no tienen acceso a la sanidad pública española desde hace prácticamente dos años y, por eso, la sociedad civil y el cuerpo médico se han unido para asistir a estas personas que se han quedado desamparadas.

En España antes la sanidad era universal y gratuita para todo el mundo independientemente cuál fuera su lugar de nacimiento o situación en el país. Sin embargo, en abril del 2012 se aprobó por Real Decreto una nueva legislación de salud, que entró en vigor en septiembre de ese año, que dejaba a fuera a todos los inmigrantes que no tuvieran papales y ahora tan solo pueden ir al médico en tres casos: si son menores, mujeres embarazadas o van a urgencias.

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 “Anteriormente el sistema de salud español era reconocido y copiado en todo el mundo por la atención universal de todas las personas, pero a partir de este real decreto es el inicio de la privatización del sistema de salud, empezaron con los inmigrantes para probar, pero luego vino el copago, la privatización de hospitales… ”, lamenta Ulises Hernández, educador social y trabajador del colectivo Espacio del Inmigrante, un grupo vecinal del barrio barcelonés del Raval que da asistencia sanitaria básica a los inmigrantes sin papeles.

Bicis, chilabas, kebabs, curry, rastas, latinoamericanos, asiáticos, viejos sentados en un banco y… miles de turistas inundan el barrio del Raval, en el centro de Barcelona, seguramente, el más políglota de la ciudad, donde conviven personas de todas las nacionalidades. Por eso, este es uno de los barrios más afectados por esta legislación, lo que llevó a sus vecinos a unirse para apoyarse los unos a los otros y poder ofrecer una asistencia sanitaria gratuita a las personas que lo necesitasen. Así nació en enero de 2013 Espacio del Inmigrante para “combatir el apartheid sanitario”, nos comentó Ulises.

“Nosotros no somos ninguna ONG ni institución. Somos un movimiento vecinal, autónomo, que nos gestionamos y todo lo que tenemos viene de las donaciones de los vecinos”. Además, Ulises nos cuenta que el hecho de que todos sean personas del barrio “es una ventaja”, porque conocen en sus propias carnes las necesidades de la gente con la que conviven.

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En Espacio del Inmigrante trabajan una médico, dos enfermeras, dos trabajadores sociales, un sociólogo, dos educadores sociales y un abogado. Los viernes por la tarde es el día de consulta y entonces es cuando le dan asistencia básica a los inmigrantes y les hacen una primera  valoración para ver cuál es el grado de su enfermedad. Muchas veces, son simples resfriados o dolores menores, que ellos mismos les pueden tratar.

Sin embargo, Ulises nos contó que, por miedo a ser deportados, hay personas que pese estar gravemente enfermas pasan mucho tiempo sin ir al médico, incluso años, por lo que sus dolencias se han convertido en enfermedades de larga duración o crónicas y necesitan una asistencia más profunda. La base del proyecto de Espacio del Inmigrante es la confianza, porque las personas en situación irregular saben que “ahí nadie les va a pedir los papeles, a denunciar o deportar”.

Una vez que se detecta que una persona tiene una enfermedad grave, empieza otro de los trabajos que realiza el colectivo: el acompañamiento, que se basa en acudir junto al inmigrante a un servicio de urgencias donde tienen la obligación de atenderlos o van a un médico que se “haya acogido a la objeción de conciencia”. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), integrada por 20.000 médicos de cabecera y que promueve la objeción de conciencia, tiene constancia de que 2.308 de sus miembros se han acogido a este derecho.

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Hablamos con María Fernández,  vicepresidenta de semFYC y miembro del Grupo de Atención al Inmigrante, y nos explicó que la objeción de conciencia es un derecho al que ellos se acogen por motivos éticos. “No es ni por razones políticas ni ideológicas, la salud es un derecho universal reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no puedes negárselo a nadie”. Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas donde el Real Decreto ha dejado a más personas fuera de la sanidad.

Por otro lado, según María, los inmigrantes son los que menos utilizan el servicio de salud pública. “Los que emigran de sus países son personas jóvenes, fuertes y sanas que vienen a trabajar, por lo que no requieren ir al médico”.

Manuela es la médico que trabaja en Espacio del Inmigrante desde que abrió, utilizamos un nombre ficticio, ya que no quiere dar el real por miedo que pueda perjudicar en su profesión. La especialista explica que una tos puede ser desde un simple resfriado a un cáncer de pulmón, por eso, según la posible gravedad de la enfermedad se activa un mecanismo de actuación, que básicamente, es llevarlos a urgencias.

Pero ahí empieza otro de los problemas, ya que en urgencias cobran un mínimo de 200 euros por atenderte. “Y la factura llega a casa puntual a los quince días”. Obviamente, las personas que están en situación irregular en el país, no suelen tener dinero para pagar el recibo, por lo que optan por no ir. Esto sirve como “una medida disuasoria” para que los inmigrantes irregulares no vayan al médico, ya que como saben que no podrán pagarlo, no quieren endeudarse con el estado y que eso perjudique en los trámites para obtener su residencia.

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La vicepresidenta del SemFYC está convencida de que no se debería cobrar a los inmigrantes en las urgencias, puesto que la ley dice que es una de las excepciones en las que se les debe tratar, además hacerlo provoca que el tratamiento se encarezca. “Cuando van a urgencias es cuando la enfermedad ya está avanzada y es más costoso. En verdad lo más barato es atender a la persona desde el principio y prevenir que la enfermedad empeore”.

Aunque Manuela ha atendido a personas con diferentes grados de enfermedad, asegura que lo que más le sorprende son las irregularidades que se cometen en los centros de salud con los inmigrantes y que ha visto en Barcelona. “Nos hemos encontrado desde casos que se ha cobrado a menores, cuando a ellos tienen la obligación de asistirles, o el de una mujer rumana a la que no se le quería practicar un aborto, aunque la ley contempla que se asista a la mujer en todo su período del embarazo”.

En Madrid también se han encontrado algunos casos que quedan fuera de la ley como el de una mujer latinoamericana embarazada que vivía en situación regular en esta ciudad y se le quería emitir una factura, cuando la ley dice que se debe de atender a todas las mujeres en estado, tengan o no los papeles.

Por eso, tanto Manuela como María nos dejaron claro que es vital la labor de acompañamiento del inmigrante al médico.  En este sentido, Manuela explicó que en Espacio del Inmigrante tienen personas que acuden al médico con los enfermos para que intercedan por ellos si no les quieren asistir o les cobran un dinero que no deben.

Pese que la ley es clara cuando dice que cualquier persona que viva en situación irregular en España no tiene acceso a la sanidad, la verdad es que cada comunidad autónoma tiene sus propias normas y excepciones.  En Catalunya, por ejemplo, después de la aprobación de esta legislación, se decidió ampliar la cobertura sanitaria sin autorización de residencia y sin recursos económicos suficientes a las personas que llevan tres meses empadronadas en alguno de los municipios de esta comunidad autónoma. Asimismo, hay algunas enfermedades que siempre atienden como son los afectados por el VIH o las infecciones por transmisión sexual.

Además de la atención primaria y del acompañamiento, otro servicio que ofrece Espacio del Inmigrante es asesoría legal. “Muchos de ellos tienen los requisitos para tener acceso a la tarjeta sanitaria y no lo saben”, puntualiza Manuela.