Katia Trillos está cansada de los golpes de la Policía

"Y en cuanto a ti, muerte,
y a ti, amargo abrazo mortal…
es inútil que trates de asustarme."
—Walt Whitman

La vida de Katia Trillos ha estado marcada por una constante señal de peligro. La ha encontrado en cada giro narrativo que ha tomado su vida, desde el momento en que decidió renunciar a los privilegios de la masculinidad y asumir las desigualdades sociales que implica ser mujer. Desde entonces, las violencias han encontrado sus formas, a veces sutiles, a veces directas, para inmiscuirse en su vida e intentar detenerla.

Pero no es una mujer de dar su brazo a torcer. Menos mal, a diferencia de muchas chicas trans que son discriminadas por sus familias, sus papás siempre la han apoyado en el tránsito que comenzó hace cinco años, cuando apenas iba a cumplir 20. Como amuletos, una pintura de Jesús y la mujer samaritana en el pozo cuelga a la cabecera de su cama, mientras unas cuantas imágenes de la Virgen de Guadalupe se asoman por las esquinas de su cuarto. Quizá las únicas cuatro esquinas seguras para Katia Trillos, porque Bogotá está llena de esquinas difíciles, que lejos de ser puntos de convergencia de calles y carreras, son espacios de desencuentro e incomprensión. Y eso bien lo sabe ella.

Quizá de las más difíciles sean las esquinas de la carrera 15 entre las calles 104 y 106, en las periferias del Parque República de Francia, al norte de Bogotá, una zona residencial que desde hace algunos años se ha establecido como un corredor perfecto para el trabajo sexual. Los residentes de la zona se han quejado por actos sexuales en vía pública, "acciones exhibicionistas", hurtos y condones regados por el parque y algunos establecimientos clandestinos de prostitución que han venido apareciendo en el barrio. A pesar de que en una noticia del año pasado en El Espectador, una trabajadora sexual del lugar aseguró que estaban dispuestas a ser reubicadas, ni el Distrito ni los habitantes han propuesto mesas para llegar a acuerdos con ellas. Por el contrario, por esa incapacidad de dialogar con aquello que nos es ajeno y bochornoso, y por esa mala costumbre de no querer convivir con ese otro que nos es poco familiar, si en los barrios de bien de Bogotá no es bien vista la construcción de viviendas de interés social para desplazados, mucho menos los vecinos van a querer lidiar con esquinas repletas de putas que dañan el paisaje de su barrio.

"Es un barrio residencial y no podemos soportar ese tipo de actividades porque afectan la estética del barrio y la convivencia", dijo el año pasado una vecina del sector al diario ADN. "Si alguien quiere vender su casa, no puede, porque los compradores prefieren estar alejados de un lugar en donde se presenta dicha actividad".

Pero si de asuntos estéticos se trata y si la convivencia no ha sido fácil para los vecinos del barrio Santa Bárbara, el panorama para las trabajadoras sexuales que frecuentan sus esquinas tampoco es que sea un jardín de las delicias.

"No es un trabajo digno de admirar en el sentido de que es criticado y señalado, pero sí digno en el sentido de que estoy en todo mi derecho y autodeterminación de ejercerlo, obviamente, bajo una serie de normas y requisitos", me dice Katia, para quien el trabajo sexual ha sido la única manera de sobrevivir en Bogotá. "Yo sé que si salgo a buscar un empleo no lo voy a encontrar, una entidad pública o privada se va a abstener de contratarme por cuidar la imagen, por los prejuicios. Este trabajo me ha permitido arreglar mi casa, levantar mi familia, hacerme mis cirugías, irme transformando poco a poco. No es un trabajo para nada fácil como piensa la gente, es uno de los trabajos más difíciles, más agotantes, más desgastantes, créeme que es muy duro realmente".

A pesar de las pocas garantías que existen en Colombia para el trabajo sexual, la prostitución no es un trabajo ilegal y, a menos que se presenten actos sexuales en espacios públicos u otro atentado contra el Código de Policía, no hay razón para que las mujeres sean detenidas o retiradas de los lugares donde esperan a sus clientes. Eso, sin embargo, funciona muy bien en la teoría; en la práctica hecha calle la realidad es otra.

A esas calles del Santa Bárbara fue a parar Katia Trillos cuando llegó Bogotá en 2011, luego de que tuviera que huir de su natal Ocaña, en Norte de Santander. El apodo que le tenían a Katia en este municipio, en donde trabajaba como estilista, apareció en un panfleto que circuló en la ciudad como amenaza de muerte hacia "maricas", "travestis" y "viciosos", y que, según me cuenta, iba firmado por las Águilas Negras. Ya sabemos, la historia terrible de siempre, la de los autoproclamados ciudadanos de bien que bajo la bandera de la moral se adjudican la justicia a mano propia para justificar su sucia limpieza social.

Según un reciente informe de derechos humanos de la organización Colombia Diversa, "las personas LGBT han sido especialmente vulnerables ante este tipo de prácticas, junto con otros grupos poblacionales usualmente perseguidos: trabajadoras sexuales, personas habitantes de calle o consumidoras de drogas, y en algunas zonas trae como consecuencia el delito de desplazamiento forzado". Entre 2010 y 2014, esta organización registró 84 amenazas directas e indirectas contra las persona LGBT, cuatro de las cuales se registraron en Norte de Santander. Sólo fue posible establecer la responsabilidad de 27 casos del total de amenazas, 50% de los cuales fueron identificados como "bandas criminales": los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras, el Ejército Anti-Restitución y, sí, aún hoy en día, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Sin embargo, los grupos paramilitares y las llamadas "bandas emergentes" no son los únicos actores armados ilegales que hacen este tipo de intimidaciones. En Catatumbo, Norte de Santander, se registró una amenaza por parte de las FARC y otra del ELN en Arauca. Por la falta de registro oficial que existe sobre estas amenazas, otras no han sido atribuidas a algún grupo armado, pero en ciudades como Bogotá se han presentado intimidaciones por parte de grupos neonazis o por particulares.

Una vez en Bogotá y por recomendación de una amiga, Katia comenzó a trabajar como acompañante para caballeros a través de anuncios en internet y a frecuentar las esquinas del Parque República de Francia, en donde se habían presentado ya algunos enfrentamientos entre las trabajadoras sexuales y la Policía.

"Es impresionante ver cómo funcionarios públicos que tienen la obligación y el deber de cuidarnos, protegernos, velar por nuestra seguridad, actúan con tal nivel de discriminación que a mí me produce miedo", me cuenta Katia.

La madrugada del 2 de diciembre de 2012, la señal de peligro brilló con más fuerza para Katia Trillos. Me cuenta que mientras esperaba a un cliente en la 104 con 15, fue abordada por un grupo de agentes de la Policía pertenecientes al CAI Navarra, ubicado a pocas cuadras de allí. La condujeron al CAI y comenzaron a violentarla verbalmente. "No te imaginas el vocabulario tan puerco, tan asqueroso que utilizan. (Me decían) que era una vergüenza para los hombres y para la sociedad, que produzco asco, que hay que matar a todas esas malparidas maricas, a esas escorias, que hay que pegarles un tiro en la cabeza, dejarlos con la boca llena de moscas".

Esa noche Katia terminó en urgencias del Hospital de Chapinero luego de que los policías la rociaron con un gas desconocido que terminó quemándole los senos, el abdomen y parte del brazo.

Lo de Katia no es un caso aislado en el país. El 13 de marzo de 2014, en el barrio Canapote de Cartagena, una mujer trans llamada Angelina Lucía Martínez, de 19 años, fue asesinada por un agente de la Policía Metropolitana de Cartagena. Según se lee en el informe de Colombia Diversa, la mujer iba saliendo de una discoteca cuando se presentó una riña y un grupo de uniformados intervino. "Testigos aseguran que uno de los uniformados disparó de manera indiscriminada durante la riña, hiriendo a varias personas, entre ellas a Angelina, a quien una de las balas le impactó en la cabeza".

En cuanto a los homicidios contra las personas LGBT en el país, también son las mujeres trans las más vulnerables. Entre 2013 y 2014 se presentaron 164 homicidios, en 37 de ellos se pudo establecer que las víctimas eran mujeres trans. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se han podido determinar los móviles de estas actuaciones. Según Colombia Diversa, en tres de cada cuatro casos el Estado no ha determinado si las víctimas fueron asesinadas por prejuicio hacia su orientación sexual o identidad de género. Y para hacer aún más oscuro el panorama, hace un mes la organización Transgender Europe publicó un mapa en el que aparecen 1.731 casos de personas transgénero asesinadas en el mundo, desde 2008 hasta la fecha. Según la información que ha logrado recolectar esa organización, Latinoamérica es la región del mundo en donde más se reportan casos y Colombia es el tercer país del mundo –después de Brasil y México– con mayor número de asesinatos reportados contra personas trans.

Así mismo, son las trans son las que peor la llevan a la hora de analizar la violencia policial contra la comunidad LGBT colombiana. De los 222 hechos registrados por Colombia Diversa entre 2013 y 2014, 110 afectaron a personas trans. Esto quiere decir que el 50% de los casos de violencia policial se presentan contra esta población. "Los prejuicios que tienen las autoridades policivas contra las personas LGBT usualmente desembocan en acciones que extralimitan la autoridad de policía, hechos arbitrarios y violatorios de la legislación disciplinaria y penal, el uso selectivo de la ley hacia la población LGBT y en omisiones de los deberes legales y constitucionales", explica la organización.

Luego del incidente del gas pimienta, a Katia la bajaron a gritos del carro de uno de sus clientes a quien conocía hace varios años. Esa noche los policías condujeron al cliente hacia el CAI Navarra para hacerle algunas anotaciones, supuestamente "porque estaba contribuyendo a la prostitución" según me relata Katia. "Y lo grave es que cuando mi amigo sale del CAI Navarra me llama y me dice muy preocupado que los policías dentro del CAI, con muchísima rabia, le habían dicho que no me volviera a recoger porque a mí en cualquier momento me iban a matar por estar robando".

Desde entonces, Katia ha sido detenida de manera arbitraria y privada de su libertad en ocho oportunidades por la Policía. "En otras tres fechas diferentes me golpearon las piernas, los glúteos con su instrumento de mando, con sus bolillos, desconociendo que yo tengo silicona que por ignorante inyecté en mi cuerpo y he tenido múltiples consecuencias, que no puedo darme golpes fuertes porque es delicado", me cuenta Katia, quien el año pasado decidió tomar medidas legales y denunciar los abusos policiales reiterativos en su contra. "Yo no comparto la discriminación hacia nosotras las chicas trans, hacia mí y hacia el resto de comunidad LGBTI. Cuando yo les decía a los policías que estaba denunciando, me decían que no buscara porque ellos estaban cansados de las denuncias y que en cualquier momento yo iba a aparecer por ahí con la boca llena de moscas, esas eran sus palabras".

Luego de la denuncia que instauró Katia en contra de la Policía, se logró la suspensión de tres de ellos, esto no fue suficiente. Según me relató María Inés Cubides, investigadora del Observatorio de Trabajo Sexual de la organización Parces, que ha estado haciendo seguimiento al caso de Katia, aunque se tomaron medidas disciplinares y se suspendió a los policías, nadie fue expulsado. "Como la sanción o la consecuencia que tuvieron los implicados fue una suspensión o un traslado, volvieron a trabajar tranquilos. Lo ven como unas vacaciones y justamente las consecuencias sobre Katia son peores ¿Las personas para qué van a denunciar si tienen miedo de las consecuencias?".

Para Katia, lo único que ha logrado al denunciar ha sido exponer su vida. "Por eso el resto de chicas trans, el resto de comunidad LGBTI en general, no denuncia. Porque la reacción del Estado no va acorde a la discriminación tan grave que se está generando, las sanciones, los correctivos disciplinarios, los correctivos penales no sirven, no son tan eficaces, porque realmente no se está trabajando contra la discriminación hacia nosotras y la comunidad LGBTI".

Según el informe de Colombia Diversa, esta situación es sistemática. En barrios como Santa Fe, por ejemplo, la Policía del cuadrante "tiene conocimiento sobre la hora y los lugares del barrio en que se encuentran distintas mujeres trans. Esto facilita que la violencia se presente en varias oportunidades y que usualmente sea diferente frente a otras personas que ejercen la prostitución en la misma zona y que no pertenecen a la población LGBT". De igual manera se ha identificado que los policías, en muchos casos, suelen ser los mismos, lo que permite concluir que allí "se tejen relaciones de poder y persecución entre los mismos agentes y las mismas víctimas. En este sentido, es común escuchar comentarios como: "ese policía me la tiene montada", pero al mismo tiempo esto permite que los agentes ejerzan mayor control y poder sobre el territorio, de manera que la violencia se vuelve un recurso sistemático para legitimar su autoridad".

Katia me cuenta que hay un grupo específico de policías que en muchas ocasiones la bajan de cada carro que la recoge, y es común que una patrulla de la policía se parquee en la esquina evitando que cualquier cliente se acerque a buscar sus servicios.

María Inés Cubides, investigadora del Observatorio de Trabajo Sexual de Parces, ha recibido varios casos en los que se puede identificar diferentes dinámicas de abuso policial y violencia. Desde violencias sutiles como la verbal o la retención de los papeles de identidad, hasta casos graves en los que algunos agentes han cometido actos de violencia sexual contra estas mujeres a cambio de dejarlas en libertad. "Particularmente con mujeres trans la violencia llega a ser bastante más extrema, y con mujeres lesbianas", me explica María Inés, "cuando el policía se entera de que la mujer es lesbiana, la violencia se incrementa muchísimo más. Porque de alguna manera, con las historias que nos han contado, es como si el policía sintiera que le están quitando su virilidad o su poder masculino, una mujer que no le guste un hombre deslegitima todo ese poder".

Actualmente, el caso de Katia se encuentra en manos de la justicia ordinaria en etapa de indagación, por lo que la Fiscalía no puede adelantar mayor información. Sin embargo, según Mauricio Noguera, asesor del equipo de género y enfoques diferenciales de la Fiscalía, se está evaluando la posibilidad de realizar un comité técnico jurídico para impulsar el proceso. "Los hechos ocurrieron en 2013 y en este momento no existe una imputación de responsabilidad. Hasta que se realice una audiencia de imputación basada en la investigación y en los datos que ella ha dado, no existirán nombres específicos de personas responsables". La idea del comité es citar a la Fiscalía y a los investigadores judiciales para plantear la mejor estrategia a seguir y poder impulsar este caso. "A partir de allí se llamaría a rendir indagatoria a estas personas, en este caso miembros de la policía, para que digan cuál es su situación o qué tienen que decir en relación a las acusaciones que realizó Katia".

Una de las medidas que evaluaría este comité sería la de solicitar la protección de Katia por parte de la Fiscalía. "En este momento, a partir del conocimiento de que existe un riesgo para ella, y ese riesgo se deriva de esta denuncia, vendría a hacerse la valoración de las amenazas", me explica Noguera.

Aunque Katia ya hizo un reconocimiento fotográfico y logró identificar a dos de los sospechosos, le preocupa que el proceso lleve más tiempo y no se tomen las medidas cautelares pertinentes. "No puedo esperar", me dice antes de despedirnos porque está por llegar un cliente a su apartamento, "porque a mí en cualquier momento me puede pasar algo".