La muerte de Paula Torres en una UPJ, ¿suicidio o abuso policial?

El pasado sábado 5 de diciembre Paula Alejandra Torres Cabrera murió en extrañas circunstancias tras haber sido trasladada a la UPJ de Puente Aranda, en Bogotá, y posteriormente al hospital San José. Según el relato de la policía metropolitana, se trató de un suicidio. Sin embargo, la familia de esta mujer lesbiana reclama que se aclaren los hechos, pues existe la sospecha de que se trataría de un asesinato en cabeza de las autoridades. VICE habló con Ana Llanos, esposa del padre de Paula, para conocer de primera mano las razones por las que la familia desconfía de la versión de la policía.

Algunos la conocían como Carlos Torres, un hombre transgénero que un día antes de los hechos que desembocaron en su muerte había cumplido 28 años y trabajaba como operario en una empresa de plásticos. Sin embargo, una allegada, que prefirió mantener bajo reserva su identidad, me aclaró que Paula era una mujer autoidenficada como tomboy: es decir, mujer lesbiana a la que le gusta usar prendas masculinas. "Independientemente de cómo estuviera vestida, tenían que respetar su vida", opina Ana, la esposa de su padre: "adicionalmente era una niña que medía 1.50 y pesaba 45 kilos más o menos. No tenían que usar la fuerza que usaron".

El sábado 5 de diciembre, me cuenta, Paula salió con sus compañeros de trabajo a celebrar su cumpleaños. Esa noche debía reunirse con su pareja, con quien convivía desde hace dos meses, para conocer a la familia de esta. Sus compañeros, al darse cuenta de que se encontraba en alto grado de embriaguez, decidieron enviarla en un taxi en dirección al Portal 20 de julio, al sur de Bogotá. Le pidieron el número de celular al conductor para que la pareja de Paula se comunicara con él y le entregaron 10.000 pesos. Según me cuenta Ana, la pareja de Paula estaba esperándola en el Portal de Transmilenio, pero al ver que no aparecía decidió contactar al taxista, quien le informó que la había dejado frente a los almacenes Metro, cerca de la estación.

Cuando la pareja llegó al lugar se encontró a Paula discutiendo con otro taxista. "Aparentemente la golpeó", me cuenta Ana, "supuestamente Paula lo iba a atracar. El señor estaba con una muchacha y dijo que ella los iba a robar, y el señor dizque la cogió y le pegó". En ese momento llegaría la policía: "ella estaba muy alterada y ofuscada porque estaba bien borracha y entran en discusión. Al parecer la policía la agrede, la toma muy fuerte de los brazos y la levanta del pantalón por la pretina y ella le grita: 'usted me está maltratando, yo soy mujer y me está lastimando mis labios'. Eso es todo lo que nos cuentan".

Tras el altercado, la policía, me cuenta, decide montarla a una patrulla. Al no haber respuesta de la policía sobre el lugar hacia donde la trasladarían, Paula, al parecer, le dijo a su pareja que se comunicara con sus padres. "Llamaron al papá y fue cuando nosotros escuchamos a Paula, que estaba gritando: 'ese hijueputa policía me está cascando, me están atropellando'. Las llamadas iniciaron como a las 9:05 de la noche, y estuvimos en contacto con ellos más o menos hasta las 9:20". Según relata Ana, la única razón que dio la policía en ese momento es que Paula sería trasladada a la UPJ femenina, algo que creó más confusión porque dicho lugar no existe, y ella sería trasladada finalmente a la que se encuentra en la carrera 39 entre calle 10 y 11, en la localidad de Puente Aranda.

El padre de Paula, junto con su esposa, llegó a la UPJ hacia las 10:15 de esa noche. "Cuando llegamos a preguntar por ella, todos los policías se desaparecen, el único que quedó fue el defensor". El defensor les da la razón de que Paula ingresó a la UPJ hacia las 9:50 de esa noche, hora que coincide con la del Informe General de Conducción que maneja la policía para este tipo de casos y que Ana me compartió.

En el reporte tan sólo aparecen los datos de Paula que pueden encontrarse en su cédula. Sin embargo, no se ven ni su firma ni su ocupación ni los teléfonos de contacto de los familiares, ni siquiera la casilla de condición como Comunidad LGBT está señalada. Lo único que se lee es la narración de las autoridades, que dice: "La ciudadana en mención se encuentra en alto grado de exaltación en la carrera 10 calle 31 sur por su estado de indefension se conduce a la UPJ para evitar daños en su integridad o la de terceros (sic)".

El defensor les explicó, entonces, que al ingreso de Paula a la UPJ se le habían realizado los exámenes de rigor para comprobar que no estuviera en embarazo o en lactancia, y que posteriormente había sido trasladada a una celda donde había intentado ahorcarse con el cordón de su sudadera. Según dijo esta semana a Noticias Caracol el general Humberto Guatibonza, director de la policía metropolitana, "el policía que estaba de servicio se dio cuenta que había intentado ahorcarse, los policías en su afán de salvarle la vida la subieron a un vehículo de la policía y en ese vehículo fue trasladada al hospital San José, donde falleció".

Sin embargo, la familia sospecha. "Ella no tenía sudadera, ella tenía un pantalón con un cordón decorativo de menos de 30 centímetros. Estuvimos como quince minutos en la UPJ y nos dijeron que nos fuéramos para el Hospital San José que allá nos daban razón", me dice Ana.

A las afueras de la UPJ, algunas personas le informaron a la familia que habían visto salir a Paula en muy mal estado, "salió cianótica, salió morada, entonces nosotros nos fuimos". En el Hospital los hicieron pasar a la sala de reanimación, en donde les informan que ella ingresó al hospital sin signos vitales, entregada por una patrulla. Según el informe de Epicrisis, a Paula no se le realizaron maniobras de reanimación y en su lugar se dio informe al personal de seguridad para "dar parte a las autoridades competentes para realización de necropsia médico legal y dictaminar causa de muerte por ser una muerte de causa violenta en estudio". A pesar de la sospecha, en ese informe no se registraron las heridas que, según Ana, tenía Paula aquel día en su cara y que posteriormente, el día de su velación, se harían más visibles según pude constatar en una fotografía que me compartió la misma Ana.

"Todo es asumible, a nosotros no nos consta y queremos aclarar la situación", me dice Ana, "queremos saber quiénes fueron las personas que la agredieron, porque efectivamente la agredieron. Además, los tiempos no nos cuadran: si la recogen a las 9:15 en la carrera 10 con 31 sur y la llevan hasta la UPJ de la 39 con 11, donde la entregan supuestamente a las 9:50, ¿cuánto tiempo hay? ¿Qué pasó en ese tiempo, por qué ese trayecto tan largo? Es un recorrido que a esa hora no es extenso, son máximo 15 minutos. ¿Por qué entra a las 9:50 a la UPJ y entra muerta al hospital a las 10:20? ¿En qué momento le hicieron la revisión que dijo el defensor, la reseña y el procedimiento que tiene un protocolo y un seguimiento? Y adicional a eso, si la trasladan a la UPJ para preservar su vida como lo estaban haciendo ver, ¿por qué ella tiene un cordón? ¿Por qué tenía un anillo puesto cuando yo la vi en el hospital? ¿No se supone que todo ese tipo de cosas se las quitan? ¿Por qué no se registra que estaba golpeada, ni en la UPJ ni en el hospital? Esas son las incógnitas que nosotros tenemos. Lo mínimo que uno espera si llevan a su hijo a un lugar de estos, es que se lo entreguen vivo".

Este viernes a las 3 de la tarde tendrá lugar un plantón frente a la UPJ de Puente Aranda organizado por el Aquelarre Trans, una coalición de organizaciones de la sociedad civil y activistas independientes que esta mañana lanzó un comunicado invitando a la acción: "Las personas trans son parte de una población que cuenta con protección constitucional reforzada y por tanto, todas las autoridades deben garantizar sus derechos a cabalidad. La UPJ es tristemente famosa por las múltiples violaciones a los derechos humanos y al debido proceso que se cometen con reprochable frecuencia contra las personas que allí son retenidas a diario. Las personas trans han denunciado incontables veces haber sido víctimas de abuso policial que incluye violencia física, sexual, destrucción de documentos, retenciones ilegales y violencia verbal, entre otras", se lee en el comunicado.

Colombia es el tercer país del mundo con las cifras más altas de asesinato contra personas transgénero, según la organización Transgender Europe. Entre 2013 y 2014 se registraron 222 casos de abuso policial, de los que el 50% afectaron a las personas transgénero según la organización Colombia Diversa. Por lo pronto, la familia de Paula está a la espera del dictamen que entregue Medicina Legal luego de ser practicada la necropsia.