El mal de ojo de las cámaras de tránsito

Photo by James and Kara Hayes

En 2010, el gobierno estadounidense extendió su brazo y llegó a Bywater, mi vecindario en Nueva Orleans. El área estaba pasando por una ola de gentrificación post-Katrina, y algunos burócratas decidieron que Chartres Street, una vía a orillas del río que está escasamente poblada, necesitaba una cámara de tránsito para registrar a quienes sobrepasaban los límites de velocidad permitidos. Si bien es cierto que los conductores se pasan a veces por un pelo el límite de cuarenta kilómetros por hora que está establecido, la comunidad consideró que la cámara no fue instalada para agarrar conductores con pies de plomo, sino para recaudar dinero en una ciudad con problemas de liquidez.

“Ellos las ponen donde creen que la gente simplemente va a pagar y no va a protestar”, dice el representante estatal Jeff Arnold, cuyos intentos para legislar en contra de las cámaras fueron frustrados. “Las sitúan más por sus beneficios económicos que por seguridad”.

La alcaldía no facilitó estadísticas para este artículo, pero la historia ha demostrado que estos ojos electrónicos no incrementan la seguridad de los pueblos. Programas similares no han tenido efecto en Los Ángeles, Washington D.C. ni en Portland; de hecho, en Filadelfia el número de accidentes aumentó, pro- bablemente debido a que las personas frenan en seco para no ser pescadas.

La multa por cruzar en rojo puede costar US$135 y el castigo por sobrepasar los límites de velocidad oscila entre US$75 y US$235, dependiendo de lo rápido que se ande. Salir de estas multas tampoco es sencillo. Se puede pedir la revisión de la sanción de manera gratuita, pero si se pierde la primera audiencia en la corte, la apelación cuesta US$50. Ese dinero va entonces a un fondo para ayudar a pagar el costo de la apelación que interpondrá entonces la ciudad, si de alguna forma uno logra ganar.

La mejor manera de defenderse de las cámaras es saber dónde están para evitarlas. De hecho, la gente de Nueva Orleans se está volviendo tan buena en esquivar estos malditos aparatos que el número de multas ha disminuido, lo cual llevó al alcalde Mitch Landrieu a instalar más cámaras para recuperar los ingre- sos perdidos.

La administración ha impedido que los ciudadanos voten sobre este asunto, pues muy seguramente sería derrotada en las urnas. “La gente ha renunciado al derecho constitucional de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario”, dice el representante estatal Jeff Arnold, quien intentará legislar nuevamente para darle a los habitantes de Nueva Orleans la posibilidad de votar.

“También tengo algunas ideas que harán que las cámaras no sean rentables”, añadió. “Y si no son rentables, ellos no las seguirán instalando. Porque no se trata de la seguridad; se trata dinero”.