Ignorancia e intereses: los obstáculos para la regulación de la mariguana en México

Aunque existen diferentes iniciativas para hacer una reforma integral en torno la regulación de la cannabis en México, los diversos intereses y la falta de información han provocado que los debates para reformar la Ley General de Salud en los aspectos relacionados con ésta se encuentren estancados.

Durante el periodo de sesiones extraordinaria que se llevó a cabo en el Senado de la República la semana pasada, las comisiones unidas de Salud, Justicia, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos aprobaron con modificaciones el dictamen a la propuesta presidencial para regular el uso medicinal de la cannabis.

En el dictamen se establece que la Secretaría de Salud sería la encargada de diseñar y llevar a cabo las políticas públicas que regulen el uso médico de la cannabis sativa e índica, así como de normar la investigación y producción nacional de dichos fármacos. Asimismo, la secretaría sería la responsable de otorgar la autorización para importar estupefacientes, sustancias sicotrópicas y productos o preparados farmacológicos derivados de la cannabis.

Por otro lado, se establece que la siembra, cultivo o cosecha de la mariguana no será punible cuando ésta se lleve a cabo con fines médicos y científicos en las condiciones que emita el Ejecutivo federal. De igual forma se considera que sea el Ejecutivo quien regule el cultivo emitiendo la Norma Oficial, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

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Pero aunque el pasado miércoles algunos medios anunciaban la histórica decisión del senado en torno al uso medicinal del cannabis, para el viernes la noticia era que estos debates se suspenderían para ser reanudados hasta septiembre.

"Es una pena que lo que ya iba a pasar se detuviera", me dijo Raúl Elizalde, padre de la primera mexicana a quien se le ha permitido el uso de un producto derivado del cannabis para fines terapéuticos y quien en los últimos meses ha participado e impulsado las principales iniciativas y debates en torno a la regulación del cannabis en el país. "Pero muchos de los legisladores no saben la diferencia entre cáñamo y mariguana; y si se hace una reforma así, en el futuro va a ser un problema. Esa fue una de las principales causas por las cuales se postergó el análisis hasta septiembre".

Aunque el presidente había mostrado cierta apertura frente a este tema con una iniciativa que buscaba aumentar la cantidad tolerada para consumo personal a 28 gramos, tanto el PRI como el PV rechazaron discutir el tema y dejarlo fuera del debate. Mientras que esto fue visto por algunos como una falsa apertura por parte del presidente (que habría dicho a su partido que rechazara esta propuesta), otros lo tomaron como una falta de respaldo institucional hacia el mandatario. Cualquiera que haya sido la razón, este hecho provocó el rechazo de la fracción a favor de la regulación de la mariguana en el senado.

Por otro lado, aunque el debate se centre en los fines medicinales de la mariguana, poco avance se ha logrado en este ámbito: "Muchos de los tratamientos cannábicos no son medicamentos. Se trata de suplementos alimenticios, aceites y otros productos naturales que no necesariamente son fármacos", agregó Raúl Elizalde cuando hablamos de la última sesión en el senado. "Habría sido una reforma muy mediocre. Debería enfocarse en todo, debería ser integral. Como yo lo veo no se trata de una reforma que ayude a las personas. En ese sentido me dio gusto que se aplazara".

A pesar de los incontables estudios que respaldan los beneficios médicos y sicológicos de la mariguana y del THC, las actuales propuestas consideran únicamente aquellos tratamientos de cannabidiol (un componente no sicoactivo del cannabis) que no contienen THC, o con unas dosis muy bajas de este. Estos medicamentos, además de ser escasos y costosos —cerca de 250 dólares al mes más costos de importación—, son muy difíciles de conseguir en México. Además, el proceso para conseguirlos incluye trámites burocráticos tanto para comprarlas como para importarlos, por lo que las personas que necesitan estos tratamientos terminan pagando casi el doble de su precio. "Pareciera que están trabajando para las farmacéuticas que, como sabemos, tienen mucha influencia en lo que ocurre", dice Elizalde.

Aún así, estas reformas a la ley general de salud dejan de lado dos aspectos que involucran directamente a otro de los sectores vulnerables en México, los consumidores. Al rechazar el aumento de la cantidad tolerada para uso personal de 5 a 28 gramos, y rechazar de manera tajante el autocultivo, los actuales debates proponen poco para terminar con el modelo de criminalización y dar a las personas que consumen o necesitan cannabis un acceso seguro a ésta.

"Lo deseable no solamente es que exista acceso a medicamentos por parte de quienes lo necesitan. Lo deseable es que recuperen su libertad consumidores. Lo deseable es que nadie sea extorsionado por consumir", dijo el presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, antes de comenzar los debates la semana pasada. Pero como van las cosas, parece que cada vez estuviéramos más lejos de una política integral enfocada en los ciudadanos.

Aunque en los últimos meses se realizaron históricos debates en torno a la regulación de la planta —incluyendo uno hecho por Gobernación, otro por el Congreso y uno más por la sociedad civil— en los que se habló de las maneras de llevar a cabo la regulación de una manera integral, así como el autocultivo como una salida para los consumidores, la viabilidad de formar clubes cannábicos y la despenalización, los debates en el Senado parecieran ir un paso atrás.

Es necesario buscar dar un primer paso con la mariguana medicinal, ya que aunque hoy existen 58 permisos para la importación de medicamentos con cannabidiol en México, miles de personas con epilepsia, cáncer, sida, esclerósis múltiple, diabetes, entre otros padecimientos se podrían beneficiar con estos tratamientos, sin contar aquellos que podrían tratarse con otros derivados que contengan THC. Aún así, no hay que olvidar que hay 18,370 personas acusadas por delitos contra la salud que deberían quedar en libertad si se aumenta la cantidad tolerada y se hace una política que discriminalice a los usuarios, por lo que es un aspecto que debe tomarse en cuenta en los futuros debates.

Con esto en mente, parece lógica la decisión del Senado de aplazar el debate. Si bien en conferencia de prensa los legisladores aseguraron que éste seguiría en septiembre para evitar que se politice, Raúl Elizalde asegura que para pueda lograrse una verdadera política que sirva a los ciudadanos y no únicamente intereses, es necesario informarse primero.

"Hay que tumbar una prohibición absurda. Hay que informarse. No puede ser posible que estas personas no sepan la diferencia entre cáñamo y mariguana y que así quieran hacer una reforma de ley".