Bajo el volcán

Una pancarta en la barricada de La Puya.

En 2000, ingenieros de Radius Gold, una minera con sede en Vancouver, descubrieron un yacimiento de oro en San Pedro Ayampuc, en el sur de Guatemala. El gobierno guatemalteco de inmediato le concesionó a la empresa una licencia para excavación, y por más de una década, Radius estudió la región para hacer allí una base de operaciones. La mina que proponen, llamada El Tambor, se ubicaría a unos kilómetros del pueblo de San José Golfo y de la pequeña ciudad de San Pedro Ayampuc. Sólo algunos lugareños, la mayoría mayas, fueron consultados sobre el proyecto cuando llegó Radius. Pocos de ellos en realidad sabían del proyecto, y seguramente no tenían idea de que vivían sobre una mina de oro.

Fue hasta inicios de 2012 que los pobladores de la zona empezaron a entender la magnitud de lo que ocurría más allá de sus casas. Observaban camioneta tras camioneta, cargadas con equipo pesado, que retumbaban por los caminos de la selva que normalmente se usan para las rutas de los colectivos y para las camionetas pick up cargadas de gallinas. En febrero de ese año, Radius obtuvo el permiso final del gobierno para construir su mina, con la esperanza de sacar unas 52 mil toneladas de oro al año de El Tambor.

Temerosos de que un gran inversionista extranjero empezara a excavar en sus tierras, las comunidades cercanas decidieron intervenir en el proyecto. Levantaron barricadas humanas, conformadas por personas tomando turnos sentados en sillas de plástico sobre la carretera. Alzaron pancartas y alimentaron a los manifestantes en cocinas temporales puestas bajo la frondosa vegetación de la selva. La mina sigue sin extraer una onza de oro, y el 2 de marzo de este año, se celebró el segundo aniversario de este bloqueo, conocido como La Puya, es decir, la punta de lanza.

Una víctima del ataque de la mina Escobal, en abril de 2013, muestra su herida. 

La barricada fue la culminación de décadas de frustración ante la destructiva y lucrativa industria minera en Guatemala. La industria ha beneficiado los bolsillos del gobierno desde que el país abrió la extracción mineral a empresas extranjeras, en los 90s. Pero esas ganancias raramente se han filtrado a los que viven cerca de las minas, quienes son los que más sufren los daños a los ecosistemas locales provocados por la actividad minera. En San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, donde la mayoría de la gente se gana la vida sembrando maíz y atendiendo granjas avícolas, el miedo se concentraba en la posibilidad de que una enorme mina industrial pudiera absorber y contaminar el abasto de agua local, secando los manantiales, agotando el nivel acuífero y dañándolo con arsénico.

Visité La Puya en julio de 2013, tras escuchar de varios ataques violentos que habían resistido las barricadas. Cinco meses después de que se formó La Puya, Radius Gold vendió su licencia de excavación a Kappes, Cassiday & Associates (kca), una empresa minera con sede en Reno, Nevada, Estados Unidos. La barricada humana de La Puya aumentaba los riesgos de su inversión, de modo que el pago a Radius por la venta de la licencia no entrará en vigor hasta que la mina empiece a producir.

Esto fue el incentivo para que ambas compañías sacaran a los activistas para empezar a extraer el oro. En diciembre de 2012, las empresas mineras contrataron a policías y elementos de seguridad privada para llegar en masa a las barricadas con un ultimátum a los manifestantes: o liberaban el camino o serían desalojados a la fuerza. Firmes y resueltos, los activistas no se movieron, ni siquiera cuando los granaderos les dispararon gas lacrimógeno. En respuesta, los manifestantes se acostaron de espaldas sobre el camino de tierra y alzaron flores como ofrendas a los granaderos.

Miembros de La Puya se reúnen con el presidente de Guatemala (al centro), y el ministro de gobernación, a su derecha. 

Ese intento oficial de desplazar el bloqueo fue caótico pero técnicamente dentro de la ley, la cual fue usada por el estado para aplicar su poder contra manifestantes que bloqueaban ilegalmente la vía. Pero meses antes, Yolanda (Yoli) Oquelí Veliz, una de las líderes de La Puya, había recibido una visita mucho más amarga de lo que habían informado fuentes oficiales.

La noche del 13 de junio de 2012, mientras conducía a su casa desde la barricada, dos hombres enmascarados persiguieron a Yoli en motocicletas y le dispararon varias veces. “Todavía tengo la bala en mi espalda”, dijo Yoli en una entrevista en el campamento de La Puya, un día calmado y caluroso. Apuntó a un cúmulo de carne sobre su piel, cerca del riñón.

Aunque muchos quedan sin ser documentados, ataques como al que sobrevivió Yoli son comunes. Campamentos de opositores a estos proyectos se encuentran por todo el campo de Guatemala, y ataques de fuerzas de seguridad privada se han reportado a lo largo del país. Uno ocurrió en abril de 2013, en la mina de plata Escobal, de la empresa canadiense Tahoe Resources, en el suroeste de Guatemala. El jefe de seguridad de Tahoe dio órdenes para disparar a manifestantes que bloqueaban una carretera cerca de la mina, según una investigación del diario guatemalteco Siglo 21. Seis personas resultaron gravemente lesionadas.

El presidente Otto Pérez Molina (derecha), y el ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla. 

Después del ataque, gente de las comunidades cercanas empezó a quemar vehículos. Y estallaron motines. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, declaró estado de sitio por 30 días, una jugada legal que permitía al ejército guatemalteco imponer ley marcial alrededor de la mina. El bloqueo de la comunidad se disolvió, y Tahoe ha estado extrayendo plata a nivel industrial desde enero de 2014. Según la misma empresa, Escobal está a punto de convertirse en la mina de plata más grande del mundo.

Guatemala se asienta sobre una corona de recursos naturales —níquel, oro, plata, titanio— que se encuentran bajo el fértil subsuelo volcánico. En 1960, la International Nickel Company (inco), otra empresa canadiense, se convirtió en la primera compañía trasnacional que empezó a operar en Guatemala. Ese mismo año marcó el inicio de la guerra civil entre el gobierno y las guerrillas de Guatemala, que por 36 años combatieron —a raíz de los temas de distribución de tierras— los derechos de los indígenas y la equidad económica.

El conflicto terminó oficialmente en 1996, después de que los grandes controles económicos neoliberales fueran establecidos en el país. Muchas de sus regiones —anteriormente controladas por las guerrillas— se abrieron a la industria de extracción mineral.

Desde entonces, el gobierno ha otorgado más de cuatrocientas licencias a corporaciones multinacionales, y los términos de estos contratos suelen ser extremadamente favorables para las empresas. El gobierno casi nunca se queda con más de cinco por ciento de las ganancias de las compañías, y bajo el liderazgo del presidente Pérez Molina, corporaciones dejan al gobierno sólo uno por ciento del valor de los minerales que extraen. Además, estas empresas pueden usar el agua local sin costo alguno. Explotación mineral es un término técnico para el proceso de minería. Pero comunidades como las que se encuentran cerca de La Puya están siendo saqueadas de su oro, su agua y su patrimonio, mientras que las minas no dejan sino un paisaje saqueado y tóxico, lo que deja ver al lugar como si hubiera explotado literalmente.

Un rancho arriba de la mina de plata Escobal. 

El 12 de junio de 2013, fui invitado junto con diez representantes de La Puya al Palacio Nacional de Guatemala para platicar con el presidente y su ministro de gobernación. La meta era llegar a un acuerdo entre los activistas y el gobierno. Los manifestantes de La Puya son el único grupo a nivel comunitario que ha sido invitado a la sede presidencial para este tipo de reuniones. Pero sin previo aviso a los comunitarios, el presidente también invitó a representantes de kca, en un intento de obligar al diálogo entre los dos bandos. Yoli se enfureció y se rehusó a hablar con los ejecutivos de kca. Lo cual tenía mucho sentido, considerando que el objetivo de la reunión con el presidente era la cancelación de todas las licencias mineras dentro de los territorios de su comunidad.

“Nosotros no le debemos nada a ellos”, le dijo Yoli a Pérez Molina. “Buscamos resolver los problemas a través del diálogo con el gobierno, no con la empresa”.

El presidente lo pensó, antes de pedir a los representantes de kca que salieran de la sala un momento, para que luego él, el ministro de gobernación y los representantes de La Puya hablaran. Uno de los temas principales que trataron fue el estudio de impacto ambiental que ejecutó kca para preparar su mina. El estudio concluyó que los riesgos ecológicos para las áreas alrededor de la mina serían de bajo impacto, una conclusión que ha sido rechazada desde entonces por geólogos de reputación. La Puya defendió su caso, y la reunión terminó con la promesa de que el gobierno de Pérez Molina comisionaría un segundo estudio de forma independiente. Mientras, a kca se le ordenó la suspensión de sus operaciones.

Ese momento se sintió como un logro pequeño. Pero hasta la fecha, el segundo estudio prometido por el gobierno sigue sin ser comisionado, y los ataques a los manifestantes cerca de la mina siguen aumentando.

El turno diruno en el campamento de La Puya. 

Regresé a Guatemala en diciembre de 2013, y visité San José de Nacahuil, una comunidad indígena a unos 24 kilómetros de de La Puya. El 7 de septiembre de 2013, 11 personas fueron asesinadas y más de 28 resultaron heridas cuando hombres encapuchados atacaron la calle central del pueblo, disparando a varios negocios. Las autoridades y los reportes locales vincularon la balacera con pandillas del crimen organizado, pero los lugareños refutaron esta hipótesis.

Conduje hacia San José de Nacahuil por un camino de un solo carril, para hablar con la gente de ahí. Me enseñaron el café donde murieron diez de las víctimas en el ataque del 7 de septiembre. Agujeros de bala llenaban las paredes. Más tarde, una viejita me llevó a un sitio donde —dijo— pistoleros persiguieron a un hombre, lo acribillaron y luego jalaron su cuerpo de regreso al café para que quedara con los otros muertos.

De acuerdo con varios de los residentes que entrevisté, la policía invadió la comunidad horas antes de la masacre, para intimidarlos. Después de que se fue la policía, llegaron los hombres armados, siguiendo el mismo recorrido que habían hecho los tiras, y atacando los mismos negocios que habían sido visitados por las fuerzas policiales ese mismo día.

La comunidad de La Puya en resistencia pacífica. 

Los habitantes de estos pueblos creen que se han incrementado las tácticas de intimidación de las empresas mineras, y señalan que están coludidas con la policía para subyugar —al estilo paramilitar— a las comunidades que buscan defender su medio ambiente. Su estrategia es ahora una de anticipación; policía y capos locales han cambiado sus objetivos de las barricadas ya establecidas a las comunidades cercanas que se quieran unir a la causa.

Parece que la resistencia contra las empresas mineras en esta zona rural de Guatemala —y la violencia asociada con tales— no parará pronto.

Yoli, la mujer que fue balaceada en la espalda cerca de La Puya, se presentó a un juicio en febrero de este año, junto con seis de sus compañeros de la barricada. Enfrentan cargos de secuestro e intimidación, cargos que ellos niegan. Hasta la fecha, el juicio no acaba, pero para las compañías mineras, el juicio ya es una victoria; ha mantenido a Yoli en una corte muy, muy lejos de los bloqueos.

Pero a la vez, parece haber buenas señales en el horizonte. El 26 de febrero, la empresa p&f Contratistas quitó toda su maquinaria pesada de la mina El Tambor. Esto ocurrió con el apoyo de la gente de La Puya. p&f Contratistas canceló su contrato con kca, al decir que la empresa de Reno, Nevada no ha pagado sus servicios desde octubre de 2013. En La Puya, los manifestantes dicen que no bajarán su barricada hasta que cada contrato relacionado a la mina El Tambor quede completamente cancelado.