Una ola de detenciones preventivas antes del 25-S

El mes pasado, un nuevo colectivo llamado Plataforma ¡En Pie! comenzó a promover la iniciativa “25-S. Ocupa el congreso”. Para muchos activistas y simpatizantes de los movimientos sociales, esta protesta masiva marca definitivamente el cambio de rumbo hacia la acción directa. Así lo interpreta también el gobierno de España, que se ha descolgado con una ola de medidas para evitar que la protesta tenga lugar.

Durante los últimos dos años, la cuestión de la represión policial ha sido cada vez más debatida en la arena pública: secretas en Barcelona, el trato a los manifestantes durante la huelga general, las protestas estudiantiles en Valencia… No han faltado ejemplos de fuerza desmedida ni excusas para resucitar el fantasma de un pasado franquista que, siendo honestos, es poco más que una anécdota para la mayor parte de la gente (de ambos orientaciones políticas) que lo invoca.

Sin embargo, el 25-S, con su objetivo de entrar en el Parlamento y quedarse “hasta conseguir la dimisión del Gobierno y la apertura de un Proceso Constituyente”, parece haberle tocado los cojones al Gobierno pero bien.

Primero salió la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, declarando que esta iniciativa era “un golpe de estado encubierto”y que en caso de que se llevara a cabo habría cientos de detenidos. Incluso aseguró que tiene una lista con unos 800 nombres de los activistas que están detrás.

Parecía de risa, pero se ve que a la lista negra se le van tachando nombres a medida que se acerca el 25-S: durante la manifestación del 15-S la policía detuvo a cuatro manifestantes que desplegaron una pancarta que llamaba al 25-S.

Al día siguiente, cuando un grupo se reunía en asamblea en el parque del Retiro de Madrid para organizar la protesta, aparecieron dos furgones policiales para identificar a todos los integrantes y disolver la reunión. ¿La explicación de la policía? Que era una asamblea sin autorización.

Por si quedaba alguna duda, el miércoles por la mañana nos encontramos con el hashtag #desalojocasablanca.

El centro social Casablanca, en Lavapiés, llevaba ocupado más de dos años. Como la mayoría de los sitios okupas, funcionaba más o menos igual que el club para jóvenes The Foot en la peli de las Tortugas Ninjas, pero con un añadido de conciencia social (en vez de la ideología pseudofascista de la de Shredder). Igual, pues, que los miles de centros sociales, casas okupas y casals de joves que florecen en todo el país y de los que en la capital hay unos cuantos. Ya que no estaba habitado ni había orden de desalojo, todo apunta a que la entrada de la poli el miércoles estuvo más vinculado con la celebración de las primeras asambleas del 25-S que con otra cosa.

La intención, finalmente, es rodear la Cámara Baja mientras los diputados “trabajan”. Pero esta acción puede acarrear algo más que una multa. Los detenidos pueden ser acusados de concentración ilegal, sedición, resistencia y atentado contra la autoriadad (estos dos últimos ya son por defecto).

Para los movimientos sociales, esta convocatoria llegó cargada de dudas que, a pesar de estar solo a cuatro días de la cita en el Congreso, todavía no se han despejado del todo. Su éxito en Internet (en el momento de escribir esto, la acción tiene en Facebook más de 11.000 “me gusta”), dejó claro que la idea de tomar el parlamento cuenta con un amplio apoyo, pero los colectivos saben que a las manis van personas y no los likes de las redes sociales. Con la necesidad de moverse más allá de la protesta pacifica, surge también una respuesta por parte del Estado. Algo que hará que muchos se cuestionen sus motivaciones.