La guía VICE a la legislación para fumadores en México

La reforma a la Ley General sobre el Control del Tabaco se encuentra ya en el Senado. ¿Qué significa para industria y consumidores de tabaco en el país?

2021 puede ser un año que marque un antes y un después en una de las industrias de consumo de mayor relevancia en el país: la del tabaco. Y gran parte de lo que ha sucedido, está sucediendo, y sucederá, pasa por procesar y entender esa discusión y su repercusión en la opinión pública.

Pongámoslo en contexto. Según la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT en su edición de 2018, en México hay más de 15 millones de fumadores adultos. Es decir que, casi un 18% de la población total adulta de la república mexicana (83 millones de personas, aproximadamente), es consumidora activa y regular de tabaco en su formato de cigarro. Increíble, ¿no?

Parados sobre esa colina, queda decir que este año es de vital importancia para los fumadores y no fumadores, no solo por ese virus de alto contagio que nos tiene encerrados y ha matado a miles de personas en el mundo, pero también porque después de casi 13 años, la legislación sobre el tema se ha reabierto en un futuro cada vez más difícil de entender. Para hacerlo, hemos creado una guía que explica los distintos momentos sobre los cuales se sostiene la conversación, tomando como punto de referencia el proceso de aprobación de la reforma más importante que ha tenido en años la Ley General sobre Control de Tabaco. Analicemos pasado, presente y futuro a continuación:

¿Qué ha pasado?

¿Recuerdas esa época mad-menesca en la que prácticamente cualquier lugar estaba lleno de humo y olor a tabaco? Si naciste antes del 2000, seguramente sí. Y si no, todo se debe a la primera y más importante ley federal sobre consumo de tabaco en México: la Ley General sobre Control de Tabaco, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2008 y puesta en vigor a partir de julio de 2009. En ella, se fijaron los primeros grandes principios y fronteras sobre consumo, producción e importación de tabaco estableciendo de manera casi primaria que queda prohibido fumar en espacios públicos cerrados, como edificios de gobierno, bares, discotecas, cines, aeropuertos, entre otros.

A partir de esa ley se han añadido reformas que buscan ofrecer soluciones al problema de salud pública que el consumo de tabaco provoca en el país. ¿La más conocida y vistosa de ellas? La política sobre inclusión de pictogramas que ilustran diversos riesgos de salud en el empaquetado exterior de todas las cajetillas de cigarros –entrada en vigor en septiembre de 2010-. Ajá, la legendaria rata muerta que nos ha regalado memes para la posteridad, y si no me crees, date una vuelta acá.

No obstante, la ley se ha mantenido prácticamente intacta desde entonces, con más de un centenar de propuestas de reforma estancadas en la última década.

Durante el primer semestre del 2020, sin embargo, se presentaron al menos quince propuestas legislativas que pretendían reformar la ley basadas en cuatro principios básicos: más espacios 100% libres de humo de tabaco, prohibición total de cualquier forma de publicidad del tabaco (incluidos puntos de venta), empaquetado neutro en los paquetes de cigarros y prohibición de saborizantes que mejoren el gusto de los mismos. Estas iniciativas, junto a algunas más -que incluían regulaciones a alternativas de consumo de tabaco y nicotina-, fueron frenadas pero sirvieron como precedente para entender lo que viene después.

A la par, se fue abriendo un camino importante de destacar: el de los dispositivos alternativos de suministro de nicotina, o como los conocemos mejor, cigarros electrónicos o vapeadores. Todos lo hemos probado, o al menos eso parece, pues de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, al menos 5 millones de mexicanos en edad adulta han usado este tipo de productos.

Pero, como quizás te ha tocado vivir –o no, guiño guiño-, conseguir vapeadores o cigarros electrónicos no es tan sencillo como una cajetilla de cigarros. ¿Por qué? Porque desde febrero de 2020, por decreto presidencial, quedó prohibida la importación y venta de todo dispositivo alternativo, aunque su consumo no recibió ninguna regulación. Después, apenas en julio pasado, se publicó un nuevo decreto en el DOF aprobando la importación y venta de calentadores de tabaco, no así de vapeadores. 

Lo anterior se traduce en que, por ahora, el consumo de cualquier dispositivo alternativo está permitido, pero para comprar un vapeador, tendrás que seguir los métodos de la “vieja escuela”: conseguirlo en el mercado negro, que por ahora no es tan negro como suena, pues se pueden conseguir en muchos lados. Lo impresionante acá, es que exista una despenalización para un tipo de tecnología, pero no para el otro, y que en general, la regulación esté enredadísima. ¿Así o más ambiguo?

Ahora, ¿en dónde estamos?

Así, llegamos al presente. El 29 de abril pasado, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó con 415 votos a favor el dictamen que reforma de nuevo la Ley General sobre Control de Tabaco en sus artículos 5, 6, 12, 23, 26, 27, 28, 29 y 35.

En ellos se modifican asuntos en materia de espacios 100% libres de humo y eliminación de publicidad sobre tabaco. En el primero de los casos, se decidió “ampliar los espacios considerados 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones como ‘lugar de trabajo’ y ‘transporte público’. También “se prohibirá realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta”.

La diputada Medel enfatizó que el dictamen no incluye “ningún otro tema de los que levantaron dudas y consternación en los grupos industriales y vapeadores”, por lo que la regulación, de nueva cuenta, queda atrasada y llena de huecos para aquellos soldados iniciados en el fino arte de vapear.

“Somos conscientes de que la mayor contribución que podemos hacer es disminuir el daño asociado al consumo de los productos que vendemos, y esa es la razón por la que estamos comprometidos incondicionalmente con reducir el riesgo causado por fumar. Por ello, hemos decidido abrir paso a la ciencia e innovación a través de productos revolucionarios y alcanzar un futuro libre de humo en el país como parte de nuestros objetivos para 2030”,  dijo Andrzej Dabrowski, CEO de Philip Morris México en un comunicado publicado en octubre del año pasado.

Todos los huecos legislativos antes mencionados tienen una simple razón de ser, y es que las pruebas científicas que existen, tanto a favor como en contra del uso de los vapeadores, solo sirven como argumentos que se invalidan uno al otro. Y el perdedor más grande en todo esto, es el propio consumidor, desprotegido y huérfano ante alternativas limitadas y reglas tan poco claras. 

¿Qué sigue?

El siguiente y prácticamente último paso para que la nueva reforma se añada a la Ley General para el Control de Tabaco es el análisis, estudio y  aprobación por parte del Senado de la República, mismo que está previsto a llegar sin contratiempos en un periodo no mayor a un año. Sin embargo, también en el Senado se han presentado varias propuestas para modificar la LGCT con el objeto de regular alternativas, como la del Senador Ricardo Monreal (Morena), Alejandra Reynosa (PAN) y Alejandra Lagunes (PVEM).

Las alternativas al cigarro deben tener una consideración mucho más plena en todo ello. Atacar el tabaquismo como un problema y a partir de ello, considerar el vapeo –a través de sus pros y sus contras- como una posibilidad real, informando al consumidor y ofreciéndole una elección más allá del tabaco convencional. Una vez hecho esto, se debe regular reconociendo el derecho a vapear, crear canales de distribución oficial –con pictogramas como el de la rata, en caso de ser necesarios- y cobrar impuestos como cualquier otro producto de tabaco.

Para ello, es importante considerar factores sociales y culturales que amplifiquen ese entendimiento más allá de la simpleza de una decisión (80% de los consumidores mundiales de tabaco viven en hogares de ingreso medio o bajo, según la OMS). Y si históricamente algo nos ha enseñado el enfoque prohibitivo en el control de otras sustancias, es que las consecuencias solo terminan por ser peores: desconfianza de canales oficiales, creación de mercados negros, productos ilícitos que dañan al consumidor, tabús en el consumo de productos alternativos, y en general, un programa de salud nocivo que no se preocupe por disminuir el problema per sé. Necesitamos más y mejores regulaciones. Y se necesitan antes de que el problema sea mayor.