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      Archivo VICE: A cinco años del manantial masacrado

      Por Diego Enrique Osorno

      July 18, 2016
      De la columna 'El Reino'


      Uno de los ranchos. Foto cortesía de Gabriel Nuncio.

      Desde la publicación original de este artículo en febrero de 2014, el gobernador de Coahuila, Ruben Moreira, solicitó una reunión con el periodista y colaborador nuestro Diego Enrique Osorno. Durante esta reunión, Moreira le prometió a Osorno que su administración brindaría ayuda a los afectados y buscaría justicia para las víctimas. Meses después, nada de eso ha sucedido. A nivel federal, Eliana García Laguna, encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR), prometió una investigación especial del caso. Todavía no se dan a conocer los resultados de la investigación. Por el momento, en Allende, se están demoliendo las ruinas restantes del ataque de marzo, 2011.

      Durante diez días, entre el domingo 26 de enero y el miércoles 5 de febrero de 2014, casi un centenar de funcionarios públicos de Coahuila dejaron sus escritorios y realizaron un inusual trabajo de campo para investigar qué pasó con decenas de personas desaparecidas en esta región del noreste de México.

      El ambicioso operativo oficial incluyó inspecciones forenses a medio centenar de casas, negocios, cárceles, ranchos y predios abandonados así como interrogatorios a ex alcaldes, ex regidores y ex secretarios de once pueblos y ciudades cercanos a la frontera con Estados Unidos.

      Sin embargo, la cruzada gubernamental terminó en medio de confusión y reclamos de un sector de la prensa interesada en el tema, y dudas sobre su eficacia por parte de las organizaciones locales que representan a familiares de desaparecidos.

      Aunque participaron policías estatales, federales, soldados y marinos, la operación estuvo a cargo de una dependencia del gobierno de Coahuila creada en 2012, cuyo largo nombre resume la tragedia que ha padecido este estado que encabeza la lista de denuncias de desapariciones forzadas en el país: la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos de Coahuila. En esta historia la llamaremos la Subprocuraduría, a secas.

      Uno de los lugares en los que se centró el operativo fue Allende, municipio ubicado en la región de Los Cinco Manantiales, conocida así por los enormes nacimientos de agua en medio de su llanura. En marzo de 2011, este pueblo de 20 mil habitantes padeció una masacre que apenas ahora es investigada por las autoridades. Comandos de Los Zetas saquearon y destruyeron medio centenar de edificaciones, al tiempo que secuestraron, según se calcula, a 300 personas durante aquella primavera.

      Todo esto sucedió en silencio y bajo encubrimiento oficial.


      Foto por Gabriel Nuncio.

      EN CAMINO

      Colombia está a 257 kilómetros de Monterrey. Colombia es el nombre que otorgó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a una comunidad creada en 1992, para devolverle a Nuevo León un pequeño trozo de la frontera de México con Texas, cuya mayor extensión comparten Tamaulipas y Coahuila. Al llegar a Colombia, Nuevo León, hay que tomar La Ribereña, una carretera angosta que recorre la orilla del Río Bravo desde el lado mexicano. Al este quedan Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros; al oeste están Guerrero, Piedras Negras y Ciudad Acuña.

      Lo primero que hay al oeste de Colombia —aunque suene raro porque aquí no hay mar— es un Puesto Naval de Seguridad. Decenas de casas de campaña apostadas a la orilla de la Ribereña fueron colocadas por la Marina Armada, que reforzó su presencia desde 2012. Infantes marinos nacidos en Tabasco, Campeche, Veracruz y otros estados tropicales acampan o hacen guardia en trincheras colocadas en medio del monte. Otros revisan a los escasos transeúntes de este camino en el que se han reportado decenas de enfrentamientos entre convoys del narco y de las fuerzas oficiales entre 2010 y 2013, aunque son todavía más los combates que no han trascendido públicamente. Lo que sigue después del Puesto Naval es más monte vapuleado por el sol que aún en invierno azota las yucas y los huizaches de la vegetación. De vez en cuando aparecen letreros anunciando la entrada a ranchos como La Dueña, San Isidro, Los Apaches, La Burra, Arroyo Seco y Don Óscar. También hay construcciones en ruinas de organismos públicos o privados con las paredes agujereadas por balas. Si la Ribereña es ocasionalmente un campo de batalla, los ranchos aledaños pueden ser zonas de abastecimiento, entrenamiento, trasiego o panteones clandestinos. Pareciera que muy pocas veces son ranchos comunes de siembra y cría de ganado.

      Durante el operativo especial, la Subprocuraduría encontró cuatro tambos industriales y varias prendas de ropa carcomidas por la intemperie en un predio a la orilla de la Ribereña, a la altura del municipio de Guerrero. Estas barricas son improvisadas como hornos crematorios por la mafia de la región para desaparecer los cuerpos de sus víctimas. A los soldados les gusta usar metáforas gastronómicas en su narrativa. Si en Sarajevo se hablaba de las "carnicerías" orquestadas por Radovan Karadžić, a estas rudimentarias incineraciones Los Zetas las nombraron "cocinas".

      Unas cuantas casas de Guerrero son la única población asentada a la orilla de la Ribereña, entre Colombia y Piedras Negras. Por lo demás, nadie habita junto a este camino que por momentos parece un territorio de Marte. Los únicos humanos que se dejan ver de vez en cuando son unos tipos vestidos con trajes anaranjados que trabajan para Geokinetics, la compañía que explora la cantidad de gas esquisto (Shale) existente. Este hidrocarburo que aquí abunda oculto en las piedras y que hasta ahora no es explotado comercialmente puede generar electricidad. A partir de 2010, el gas esquisto ha tenido un auge, sobre todo en Estados Unidos, donde los especialistas lo llaman "el gas de moda" o "el gas del futuro". Para poder explotarlo se necesitan dos cosas: permiso del gobierno mexicano y mucha agua. Con la reciente reforma energética, los permisos ya vienen en camino; en cuanto al agua, en la región de Los Cinco Manantiales, el agua es tan abundante como el miedo.

      Mientras los hombres de anaranjado miran pacientemente este suelo en busca de piedras que permitirán un negocio energético en millones de dólares, los empleados de la Subprocuraduría también miran hacia la tierra, pero en busca de restos humanos que den sosiego a una región perturbada por la guerra del narco.

      Tras recorrer 144 solitarios kilómetros de la Ribereña desde Colombia, Nuevo León, llegamos a Piedras Negras, Coahuila.

      PIEDRAS NEGRAS

      En Piedras Negras hablamos con algunas personas que atestiguaron el operativo especial. Algunos lo consideraban un show, mientras que otros lo calificaron como un esfuerzo notable pero tardío. Salvo excepciones, la desazón es la nota predominante. Todavía no parece haber suficiente ánimo para pensar que ya pasó lo peor. Coahuila está devastada: la cloaca apenas está abriéndose. Basta ver los periódicos locales del día, cuya noticia principal es: "Javier Villarreal, preso por narco". Villarreal era el tesorero del anterior gobierno estatal, encabezado por Humberto Moreira, quien está ahora exiliado en España, mientras que su antiguo colaborador se entregó a la agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y colabora ahora en una investigación sobre lavado de dinero que amenaza con exhibir una vez más la narcopolítica mexicana.

      Lo que sí reconocían los críticos del operativo especial dirigido por el subprocurador Juan José Yáñez Arreola era el empleo de un equipo geolocalizador de alta tecnología y además la existencia de un laboratorio móvil para ir procesando la información que conseguían los investigadores. Leobardo Ramos, uno de los médicos que dirigió la inspección forense, es respetado en Piedras Negras. A cada lugar al que fueron, el especialista y su equipo hacían su trabajo, mientras que la Marina sitiaba los pueblos, el Ejército vigilaba las entradas y salidas, y la policía federal y estatal buscaban a los funcionarios y ex funcionarios públicos para tomar sus declaraciones. El inconveniente es que los sucesos indagados ocurrieron hace tres años, en el mejor de los casos, y pocos de los entrevistados tienen fe en que las pruebas periciales sean contundentes.

      Uno de los lugares de Piedras Negras que la Subprocuraduría revisó fue el Centro de Readaptación Social, famoso a nivel nacional por la fuga de 129 reos a finales de 2012. De acuerdo con algunos testimonios, en el interior de esta prisión fueron creadas algunas "cocinas" por parte de Los Zetas. Algunos agentes especulan que el uso de este método de exterminio se incrementó a partir de 2010, tras el hallazgo de 72 migrantes fusilados y abandonados en un galpón de San Fernando, Tamaulipas, así como de la excavación de decenas de restos en otras fosas clandestinas que pusieron a la región bajo escrutinio internacional. De tal forma que para evitar el escándalo derivado de estos hallazgos, los grupos criminales decidieron aumentar el uso de tambos de diesel para no dejar rastro alguno de sus masacres.

      El empresario Mauricio Fernández Garza, cuando aún era alcalde de San Pedro, Nuevo León, fue uno de los primeros personajes de la política en hablar sobre lo que estaba pasando. En una entrevista hecha a finales de 2011 lo relató así:

      "Yo me entero de eventos, por alcaldes, por amigos míos ganaderos, por gentes que dicen: 'Pues llegaron y entraron con helicópteros y mataron a todos'. Y eso no sale en ningún medio de comunicación. De esos casos conozco muchísimos: en la frontera, viniendo de la frontera, en Tamaulipas... Amigos míos a los que les ha tocado en sus propiedades, intervenciones importantes del Ejército. Vaya, yo te diría: no las estoy cuestionando, lo único que te digo es que no hay información sobre ellas. Yo creo que lo que sale público es lo inevitable. Por muchísimas cosas que yo me entero, también en Nuevo León han matado a una barbaridad de gente. No sé si será cierto o no, pero un alcalde me decía: 'Oye, nos pidieron de no sé dónde, un bulldozer para enterrar cadáveres de un operativo del gobierno federal'. Será cierto o no será cierto, yo no estoy cuestionando, simplemente estoy comentando cosas que me toca escuchar. O en un rancho de un amigo que, igual: entraron con helicópteros y básicamente mataron a todo mundo. No dejaron ni cadáveres ni casquillos. Si hay operativos que se están haciendo —lo cual creo que sí se están haciendo— pero mucho de lo que pasa, no sale. Además de que dentro del propio crimen organizado hay cantidad de víctimas, entre pleitos de ellos mismos, que los meten y disuelven en ácido, o entierran, o desaparecen, o cualquier cosa. De esos tampoco te enteras. Entonces, si tú me dijeras: son 50 mil los muertos oficiales, pues yo creo que fácilmente estamos hablando de un cuarto de millón de muertos, digo, por decirte. Yo creo que sería como un cinco a uno, entre lo del crimen organizado que no te enteras y entre lo del gobierno que no te enteras. Aunque no tengo ningún elemento para decirte por qué, simplemente por las cifras que conozco: que matan a 30, que matan a 40, según me cuentan los alcaldes (de Nuevo León), aquí yendo a la frontera. En China, o General Bravo, no me acuerdo cuál, el alcalde me dijo: 'Ni vayas a Estados Unidos, hubo 30 muertos este fin de semana, hubo 20 muertos el otro fin de semana', y en los medios de comunicación de aquí en Nuevo León, no salió. Y si son 50 y ni uno más, o son un cuarto de millón, que es más mi estimado, es lo mismo. No es por muertos que vamos a arreglar al país".

      Otros alcaldes de la región también me contaron situaciones parecidas, pero pidieron no dar a conocer sus testimonios hasta que hayan fallecido o existan tiempos más seguros en la zona, algo que todavía ven muy lejano. Como dice Fernández Garza, estas masacres no salían en los medios de comunicación, pero esto no se debía a que los periodistas locales ignoraran lo que ocurría. Tenían alguna idea de lo que estaba pasando pero iniciar una investigación periodística, o peor aún, darla a conocer, implicaban destierro o entierro seguro para los involucrados. Repasamos con un colega de Piedras Negras las diversas formas en que la mafia había amenazado a compañeros de la zona para que no informaran sobre lo que estaba sucediendo. Una lista larga y deprimente que no tendrá cabida en esta crónica.

      Aunque todas las recomendaciones indicaban que no lo hiciéramos, después del mediodía salimos de Piedras Negras acompañados por dos camionetas blindadas del Grupo de Armas y Tácticas Especiales. Los GATE son una polémica corporación de élite creada por el nuevo gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y por un grupo de empresarios locales. Se trata de agentes sin rostro ni identidad que tienen el prestigio de actuar con la misma dureza que los grupos ilegales a los que combaten. Los GATE nos acompañarían hasta tres ranchos que fueron tomados por Los Zetas en 2011 para retener y desaparecer a decenas de personas. Quedaban a las afueras del casco principal de Allende, Coahuila. Era un viaje de tan sólo 60 kilómetros adornado por unos nogales hermosos.

      EL PUEBLO DEL MANANTIAL

      A Allende, Coahuila, le dicen hoy en día Springfield porque la administración municipal que inició el 1 de enero de 2014 pintó de amarillo la presidencia y los principales edificios públicos como el kiosco de la plaza y la Casa de la Cultura. La traducción de Springfield al español sería "campo primaveral" o "campo de manantiales". Reynaldo Tapia, el alcalde del pueblo, dice que no le gustan Los Simpsons y que tampoco es del PRD, cuyo color oficial es el amarillo. Tapia es dueño de más de veinte casas de empeño y milita en el PRI. Dice que pintaron de amarillo el pueblo porque "el amarillo es el color de la fuerza".

      Amarillo es también el color habitual de traxcavos como los que usaron Los Zetas para derrumbar mansiones del casco principal. El viernes 18 de marzo de 2011, alrededor de 50 camionetas pickup tripuladas por soldados del narco irrumpieron en Allende. De acuerdo con testimonios brindados a la Subprocuraduría, los hombres armados tenían enlistados los domicilios de las casas, negocios y ranchos que iban a saquear y destruir e incluso —mediante un documento— avisaron de eso al alcalde de ese entonces, Sergio Lozano Rodríguez, del PAN. Una de las residencias devastadas está justo frente a la presidencia municipal y frente a la casa particular del político está otra de las construcciones atacadas. Su administración no hizo nada mientras ocurrió la masacre.

      Los comandos llegaban a los domicilios y detenían a todas las personas que se encontraban ahí. Se llevaban también los objetos de mayor valor, como dinero en efectivo y joyas. Luego dejaban que los vecinos y demás habitantes del pueblo rapiñaran lo que había quedado. Había gente que se llevaba desde macetas hasta refrigeradores. Uno de los casos más recordados es el de un labriego que se llevó una elegante sala negra de piel que tuvo que poner bajo un mezquite porque su tejabán era demasiado pequeño para meterla.

      Una vez acabado el saqueo colectivo, Los Zetas demolían las casas. En algunos casos utilizaban granadas y en otras llegaban directo con mazos y máquinas de construcción. El ataque duró varios días y la policía municipal participó tanto en el ataque como en el pillaje. "También vi gente elegante dirigiendo las máquinas", recuerda uno de los habitantes entrevistados. Al cabo de una semana, los restos de las casas destruidas en el centro de Allende se amontonaban por doquier. Bloques de cemento gris y vigas de acero dobladas y negras por el fuego aún pueden observarse luego de casi tres años.

      En ninguna de las casas destruidas hubo resistencia a balazos y nadie recuerda haber presenciado una ejecución.

      —La realidad es que nada más se oyeron las granadas y unas explosiones, pero nunca se vio un cadáver ni se oyó un balazo. Todos los que se llevaron estaban vivos y después ya no se supo nada de ellos, hasta el día de hoy— me explica un entrevistado, cuyo testimonio también fue tomado por la Subprocuraduría.

      —¿A quién puedo buscar para que me cuente de sus familiares desaparecidos?

      —A cualquiera que le preguntes de aquí te va a decir que tiene un familiar o amigo desaparecido desde aquel entonces. Este es un pueblo chiquillo.

      —¿Cuántas personas fueron desaparecidas?

      —Se habla de 300, pero yo creo que son más. Era un caos. Aquí la gente ya no se quiere acordar de lo que pasó...

      —¿Por qué tanta saña?

      —Todo por culpa de dos personas: Luis Garza y Héctor Moreno, que se robaron un dinero de Los Zetas... Lo peor es que los dos están ahora muy tranquilos en Estados Unidos como testigos protegidos.

      José Luis Garza Gaytán forma parte de la familia Garza que hace un centenario llegó de Lampazos, Nuevo León a radicar en Allende, Coahuila. Los Garza no eran una familia rica, pero vivían bien gracias a la buena cantidad de tierra que poseían y trabajaban. A la altura del kilómetro nueve de una carretera comunitaria entre Allende y el pueblo de Villa Unión está la entrada de sus propiedades principales. A esos ranchos de Los Garza fueron llevadas las personas detenidas en el pueblo en aquel mes de marzo de 2011. Por su parte, Héctor Moreno Villanueva, pertenece a una familia que hizo mucho dinero con una fábrica de hielo y luego con una pequeña línea de transporte regional.

      Por lo menos desde 2008, Garza Gaytán y Moreno Villanueva empezaron a trabajar con Los Zetas. En 2011 ambos habían escalado tanto que alcanzaron niveles importantes en el tráfico de cocaína a Estados Unidos a través de Eagle Pass, la ciudad norteamericana colindante con Piedras Negras. Pero a principios de marzo de 2011, ambos rompieron con la banda.

      Y el 18 de ese mismo mes, en venganza, sus antiguos socios tomaron el pueblo del que ambos eran oriundos para destruir todas sus propiedades y levantar a familiares, amigos y hasta trabajadores. Decenas de personas apellidadas Garza, Gaytán, Moreno y Villanueva fueron llevadas al rancho que está en el kilómetro nueve de la carretera entre Allende y Villa Unión. También fueron llevados veladores, cocineros, sirvientas, albañiles y cuidadores de gallos que laboraban para sus familias. Estos ranchos de los Garza, de acuerdo con la investigación de la Subprocuraduría, fueron convertidos en un campo de exterminio donde Los Zetas mataron a los retenidos y después los incineraron clandestinamente en tambos de diesel.

      Cualquiera que tuviera estos apellidos estaba en riesgo. Incluso la agente del Ministerio Público local, Blanca Garza —que no es familiar de José Luis Garza—, se tuvo que ir por una temporada. Unos cuantos familiares de Garza Gaytán y Moreno Villanueva lograron escapar y viven ahora en Estados Unidos. Año y medio después, uno de ellos, Sergio Garza, decidió volver a Allende. Abrió una tienda de ropa. Dos semanas después fue ejecutado junto con su hijo.

      Desde marzo de 2011 hasta este febrero de 2014, el pueblo ha convivido con las ruinas de las casi 40 mansiones. Unos jovencitos vieron en la tragedia una oportunidad de negocios y empezaron a dar "El tour de las casas destruidas", explicando a los forasteros lo que había sucedido. Los muchachos aparecieron un día con un tiro en la cabeza. La máquina de la muerte no ha dejado de trabajar.

      —Pero, ¿por qué pasó esto?, ¿cómo se permitió una cosa así?— pregunto a uno de los pobladores.

      —Si esa gente se propone matar a todos los habitantes, no pasa nada. Así de desprotegido estaba el pueblo.

      La Subprocuraduría comenzó un censo de la devastación. El conteo oficial de las casas atacadas en el casco de Allende, hasta principios de febrero de 2014 —sin incluir ranchos y casas a la redonda— es de 29 propiedades. En algunos casos, las personas que aparecen como propietarios son supuestos prestanombres de la familia Garza Gaytán o de la familia Moreno Villanueva.


      Foto por Gabriel Nuncio.

      LA MASACRE

      Dejamos el casco de Allende para tomar una carretera vecinal rumbo a Villa Unión. A la altura del kilómetro nueve nos desviamos por una brecha. Desde ese momento estábamos en tierras de la familia Garza. Unos kilómetros adelante encontramos la primera construcción, propiedad de Luis Garza Garza: una casa de cinco cuartos color crema y verde semiderruida. Adentro una luz polvorienta encima de piedras, vidrios rotos y hierba creciendo entre papelería regada a nombre de la familia Garza Garza. En el porche una piscina terrosa que lucía extravagante y triste en medio de la solitaria llanura. Antes de ser arrasado, éste era el hogar de siete adultos y tres niños que desaparecieron. Atrás de la construcción de la casa quedan los restos de una bodega en la que hasta los altos techos de lámina fueron robados.

      El siguiente rancho del trayecto es el de Jesús Garza Garza. La casa donde vivía el vaquero tiene las paredes principales con unos hoyos como ventanales. Sólo la mitad de un granero contiguo queda levantado. Uno de los GATEs inspecciona el sitio y dice que parece que fue volado con un misil.

      —¿Un rocket?— pregunto.

      —Sí, aquí nos han lanzado hasta misiles. Pero ni así han podido con nosotros.

      —¿Fue un enfrentamiento?

      —No. Nos hicieron una emboscada ahí por la entrada de Allende, por donde pasamos hace rato.

      Seguimos caminando. El GATE lleva su uniforme de camuflaje desértico, junto a su AR-15 y su chaleco antibalas. De repente se encuclilla para mirar de cerca unas cenizas. "Yo creo que aquí los cocinaban", dice, señalando una esquina del granero. "Por eso luego incendiaron todo, para que ni siquiera quedaran rastros de la sangre ni nada".

      Sin embargo, el rancho que tiene en la mira la Subprocuraduría es el tercero, el cual era propiedad de Rodolfo Garza Garza. Mientras nos acercamos al lugar, el persistente sonido de los cables de alta tensión de unas torres que parecen estar levantadas en medio de la nada genera una mayor incertidumbre. A unos 30 metros de distancia de la construcción principal aparecen unas montañas de botes vacíos de aceite diesel de 20 litros y decenas de llantas, que son usadas para facilitar la combustión. Este es el material que suelen emplear los criminales para desaparecer a sus víctimas.

      En 2013, un soldado zeta contó al corresponsal de guerra, Jon Lee Anderson, la forma en que funcionan estos lugares:

      "JLA: ¡Vaya! Esto del diesel no lo llegué a entender del todo. ¿Se le prende fuego, o el diesel es corrosivo y va acabando con el cuerpo?

      "Z: Sí. Te echan adentro del tambo, agarras un bote y con una yoga de veinte litros te van bañando. Así le van echando dentro del tonel y ya de pedazo en pedazo te van desapareciendo. Dura como una media hora todo para que ya no quede nada de ti.

      "JLA: Te disuelves...

      "Z: Todo. Te van echando diesel y ahí se va acabando la flama. Cuando ves que se está apagando la flama, le echas otro botecito y ahí te vas... Cuando yo estuve la primera vez en eso duré como un mes sin comer pollo ni carne porque huele igual, casi lo mismo, que cuando pasas por un restaurante o un lugar donde venden pollo asado. Me di cuenta que el pollo asado huele como una persona normal".


      Foto por Gabriel Nuncio.

      OCHOCIENTOS KILOS DE COCAÍNA

      Aunque Juan Alberto Cedillo, corresponsal de la revista Proceso en la zona, había escuchado el rumor de que una ruptura al interior de Los Zetas era la razón por la que Allende había sido arrasado en la primavera de 2011, no fue sino hasta abril de 2013 que confirmó con detalle lo sucedido. El día 18 de ese mes viajó a Austin, Texas, para presenciar el juicio a varios miembros de Los Zetas. Mario Alfonso Cuéllar, quien había sido uno de los principales operadores de la banda en la zona, declaró en la corte texana que Miguel Ángel Treviño, líder conocido como el Z-40 había ordenado su muerte porque creía que estaba pasando información a la DEA sobre el tráfico de cocaína por Piedras Negras. En realidad, quienes lo estaban haciendo eran Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán, dos de sus testaferros, quienes se acogieron al programa de testigos protegidos. Tanto Moreno Villanueva como Garza Gaytán ayudaban a Cuéllar a traficar entre 500 y 800 kilos de cocaína mensuales con destino al mercado de Estados Unidos —el país más cocainómano del mundo— a través de Eagle Pass, Texas. El precio de un kilo en esta zona fluctúa alrededor de los veinte mil dólares, por lo que la ganancia estimada era de 16 millones de dólares, de los cuales diez millones se iban a pagos de proveedores colombianos, gastos de transportación y sobornos de autoridades de diversos países, principalmente mexicanas. La ganancia neta de la organización era de seis millones de dólares al mes sólo en este punto fronterizo.

      En marzo de 2011, Cuéllar, Moreno y Garza dejaron a Los Zetas sin ese ingreso y probablemente también durante los meses siguientes. Todo esto justo en uno de los momentos más álgidos de la guerra librada por la banda de la última letra contra el Cártel del Golfo por el control mafioso de las ciudades fronterizas del noreste mexicano. Una guerra que exigía que Los Zetas tuvieran flujo de recursos. El tráfico por Piedras Negras era uno de sus pocos puntos estables, ya que en las demás ciudades de tránsito (Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros) era complicado trabajar debido a los constantes combates con la banda rival y las autoridades que no habían podido sobornar.

      Todo esto derivó en el ataque indiscriminado en contra de familiares, amigos y trabajadores de Garza Gaytán y Moreno Villanueva, principalmente en Allende, aunque también en Piedras Negras y otros municipios de la región de Los Cinco Manantiales.

      Desde Estados Unidos, Moreno Villanueva se enfrenta —en una cuenta de Facebook— a sus antiguos socios, quienes acabaron con sus propiedades y buena parte de su familia en Coahuila. Suele escribir cosas como esta en su muro: "Larga vida a mis enemigos para que puedan ver mi gloria". El día que Miguel Ángel Treviño, el Z-40, fue detenido, escribió: "Ya se cayó el arbolito". En días recientes, difundió en su muro una nota de Juan Alberto Cedillo publicada en la revista Proceso con el título "Coahuila: en busca de desaparecidos: 'macro-operativo' falaz" y luego escribió el siguiente comentario: "Fue humberto moreira gobernador priista de coahuila quien lo permitio y nunca mando ayuda a los 5 manantiales dejandolo en las manos del crimen organizado y polizias secuacez de estos".

      DÍA DEL AMOR

      Una semana después del operativo especial de la Subprocuraduría, la administración municipal de Allende decidió adelantar el Día del Soldado, que en México se celebra oficialmente el 19 de febrero. La fecha elegida para que arribaran a la plaza principal 300 soldados de la 14 región militar del Ejército Mexicano, fue el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Los militares hicieron un pequeño desfile frente a la presidencia municipal pintada de amarillo, escucharon un discurso de agradecimiento por parte de las autoridades locales y al cabo de una hora regresaron a su cuartel ubicado en Muzquiz.

      En 2011, durante la masacre del pueblo, el batallón de la 14 Región Militar llegó demasiado tarde. Cuando finalmente lo hicieron, los ranchos de la familia Garza ya habían sido abandonados por Los Zetas. En ese entonces, los militares ocuparon el gimnasio del pueblo como cuartel provisional. Después de un año lo abandonaron. Ahora ese antiguo gimnasio-cuartel militar está siendo adaptado como una nave industrial en la que se maquilarán los trajes anaranjados que usan los tipos que recorren la Ribereña y los overoles antiinflamables que necesitarán los obreros que explotarán próximamente el gas Shale en la región.

      En una florería del pueblo, mientras arma ramos de rosas y arreglos más sofisticados con otras flores, una mujer víctima del asedio, no parece entusiasmada con el operativo. Su esposo fue uno de los albañiles que construyó la casa de José Luis Garza Gaytán y sólo por eso fue levantado y desaparecido el 18 de marzo de 2011. "Supongo que está muerto. Por esos días se oía que en el rancho de los Garza, que ahí los habían matado. La gente que pasaba por ahí dice que olía feo", cuenta y empieza llorar.

      La florista nunca ha presentado una denuncia formal, como todos los demás familiares de las personas desaparecidas aquí. En realidad, son pocas las personas del noreste de México las que llegan a denunciar formalmente la desaparición de sus familiares. El miedo tanto a las autoridades como a los grupos criminales se los impide. Las que lo hacen, buscan que sea a través de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y Nuevo León, o Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, organismos civiles que han intentado remontar esta barbarie.

      —Qué bueno que hayan venido [funcionarios de la Subprocuraduría], pero sinceramente me da igual— dice la florista que perdió a su esposo.

      —¿Por qué?— pregunto.

      —A grandes rasgos, esto no se ha acabado. Ellos por aquí andan.

      De acuerdo con otros testimonios recolectados, el hombre que dirigió la masacre de la primavera en este pueblo con manantial se llamaba Gabriel Zaragoza y le decían Comandante Flacaman. En 2012, Comandante Flacaman fue asesinado en San Luis Potosí por sus mismos compañeros, durante otra guerra interna.

      De los demás ejecutores no se sabe nada.

      Tampoco de los funcionarios que permitieron esta masacre.

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      Temas: Zetas, noticias, diego enrique osorno, cocaína

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