¿La policía ha matado a diez miembros de la misma familia venezolana?

Eloisa Barrios con un retrato de su hermano Benito, el primer miembro de la familia Barrios en morir a manos de la policía venezolana.

El año pasado, hubo 13,080 asesinatos en Venezuela. Es un número deprimente, pero cuando tomas en cuenta que la evidencia apunta a que muchos de estos homicidios fueron a manos de aquellos contratados para hacer valer la ley, esto se vuelve verdaderamente aterrador. En un reporte presentedo por el Consejo General de la Policía Nacional de Venezuela, se econtró que 80 por ciento de las instituciones utilizaban sus armas de una manera que "viola las directrices institucionales". En un esfuerzo por contrarrestar esta tendencia hacia el uso indiscriminado de las armas de fuego, el gobierno venezolano presentó dos nuevas leyes para regular cómo los oficiales llevan a cabo sus tareas. En 2010, la Oficina del Procurador General estableció una Unidad de Investigación Criminal para mejorar la tasa de procesamiento de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Aunque podrán parecer intentos decentes por reformar el sistema policial de la nación, una familia siente que será imposible pagar por los actos cometidos en su contra. En los últimos 15 años, diez miembros de la familia Barrios, habitantes de Guanayén, al norte de Venezuela, han sido asesinados, hombres todo ellos; hermanos, padres, tíos, hijos. Una de las mujeres de la familia, Eloisa Barrios, cree que los hombres fueron asesinados por la policía como parte de una venganza de varias generaciones en contra de su familia. Ahora dedica su vida a la búsqueda de la justicia que se le debe a sus hermanos y sobrinos, y a difundir su historia, que comenzó en 1998.

El hermano de Eloisa, Benito Antonio Barrios, estaba en su casa en Guanayén con sus dos hijos, Jorge Antonio y Carlos Alberto, cuando la policía derribó la puerta, entró, golpeó a Benito y se lo llevó a rastras. "Ya estábamos pasando por un muy mal", recuerda Eloisa, "porque mi padre estaba en coma en el hospital. Los médicos nos acababan de informar que probablemente no despertaría al día siguiente, cuando llegó mi mamá a decirnos que Benito había sido arrestado". La siguiente vez que alguien vio a Benito fue cuando lo encontraron muerto, con heridas de bala en el pecho y el estómago, en un hospital local. Se acusó a la policía de su asesinato, pero no existió condena alguna. "En ese momento no sabíamos que ya había sido asesinado. Entonces mis hermanos fueron a Guanayén y, cuando llegaron a su casa, encontraron a un hombre que conducía una carroza fúnebre buscando a la familia Barrios para que identificaran el cuerpo de Benito". Cuando le preguntó por qué habían detenido a Benito, me informa que la policía había llegado a su casa tras recibir una llamada reportando un tiroteo entre dos hombres, cosa que la familia niega rotundamente.

Eloisa frente a los retratos de ocho de sus familiares asesinados.

Eloisa afirma que su hermano fue señalado como persona problemática desde que fue detenido en un bar durante una riña en los noventa, y que había sido acosado por la policía desde entonces. Tambíen es probable que Benito haya estado involucrado en otras actividades delictivas, incluso coludido de algún modo con la policía en una relación que había terminado mal. Sin embargo, la falta de una investigación oficial significa que nunca lo sabremos; lo que sí sabemos es que con el tiempo, la venganza (si eso es lo que es) se ha vuelto cada vez más unilateral.

El 11 de diciembre de 2003, la policía detuvo al hijo adolescente de Benito, Jorge Antonio. Teniendo en cuenta lo ocurrido con su padre cinco años antes, Narciso Barrios (tío de Jorge, hermano de Benito) y su hijo Néstor siguieron a la policía. Jorge fue puesto en libertad, pero Narciso recibió un disparo en la cabeza, asesinado por la policía frente a su propio hijo.

Menos de un año más tarde, el otro hermano de Benito, Luis Alberto, comenzó a recibir amenazas de un policía. El 20 de septiembre de 2004, después de escuchar ruidos en el techo de su casa, Luis murió de varios tiros a la cabeza. Dentro de los 12 meses siguientes al acontecimiento, Rigoberto Barrios de 16 años de edad, también fue agredido con arma de fuego; en los cuatro días que tardó en morir de sus heridas, afirmó que el arma había sido disparada por un policía.

Es fácil entender por qué, después de todo esto, la mayor parte de la familia Barrios huyó de Guanayén. "Tuvimos que mudarnos por nuestra seguridad", explica Eloísa. "Yo, por ejemplo, vivía en el pueblo de Cagua, en el estado de Aragua, y tuve que salir de ahí porque la policía empezó a acosar a mi familia. Ahora ya casi no quedan miembros de la familia Barrios en Guanayén. Hay algunos niños de mi hermano Juan Barrios; son jóvenes y están con su madre en Guanayén. Hay dos hijos de mi hermano Luis; son menores de edad. Uno de ellos tiene 12, el otro ocho. Ellos son los únicos que quedan en Guanayén. Ya pensaron las cosas y están buscando un nuevo lugar para vivir".

Eloisa en su casa.

La evidencia de que la familia Barrios está ansiosa por poner fin a esta vieja disputa, es sin duda su migración. Pero lejos de poner fin a la matanza, los cañones simplemente giraron contra una generación más joven. En cinco años, Óscar José Barrios (22), Wilmer José Flores Barrios (19), Juan José Barrios (28), Víctor Tomás Barrios (16) y Jorge Antonio Barrios (24 y el hijo mayor de Benito) también fueron asesinados.

Eloisa asegura que ninguno de sus familiares más jóvenes quería venganza por lo sucedido a sus mayores. "Mi familia nunca ha sido el tipo que se venga con sus propias manos". Pero aunque lo hubieran hecho, cualquier afirmación de que se trataba de una guerra de dos caras seguramente sería infundada. Una vez más, la falta de una investigación oficial sobre los homicidios deja todo abierto a la especulación, pero conforme el número de muertes aumenta, es cada vez más difícil negar que la policía tiene un problema con la familia, y están lidiando con el problema a través de ataques directos, o ignorando las múltiples órdenes de protección para la familia Barrios.

El décimo y más reciente asesinato de un Barrios tuvo lugar el 16 de mayo de este año. Esta vez, las heridas infligidas a Roni Barrios de 17 años de edad fueron con un machete o un hacha en lugar de un arma de fuego. Los vecinos habían visto a Roni la noche anterior, durante una breve visita familiar a su ciudad natal en Guanayén.

"Piensa en lo grande que es el dolor de perder a un familiar", me dice Eloisa, "y ahora piensa en el dolor y la rabia de buscar justicia y no conseguir nada. Porque, primero que nada, ninguno de estos casos ha sido investigado. Nadie sabe quién es el responsable de las muertes porque no ha habido una investigación adecuada. Mi trabajo no es permanente, trabajo por mi cuenta como costurera y, cuando tengo que ir a las audiencias, trato de hacer tiempo".

Eloisa con un retrato de Jorge Antonio, su sobrino asesinado.

Eloisa tiene sus propias teorías sobre el origen de la ola de muertes en su familia. "Hace mucho tiempo, antes de la muerte de Benito", recuerda, "los funcionarios públicos en Guanayén amenazaron a las mujeres de mi familia, incluso a las que eran menores de edad. Pero desde que empecé a reportar las acusaciones y a quejarme públicamente ante la prensa, el acoso se desvió hacia mis sobrinos hermanos. Cuando los hombres estaban en la estación siendo torturados, la policía nos dijo: ‘Esto es por la queja’. Es por eso que creo que se trata de una venganza.

“Pero ha pasado ya dos veces con las mujeres”, recuerda. "En una ocasión entraron a casa de mis hermanas. Las mujeres estaban hablando y arreglándose el cabello cuando entró una patrulla y se las llevó. Fuimos a hablar con el comandante, pero no las soltaron hasta la tarde siguiente. En otra ocasión, una patrulla se llevó a las chicas paradas frente a su casa. Fuimos a hablar de nuevo con el comandante y eventualmente fueron liberadas.

“Pero después de eso, todo fue contra los hombres”.

Eloisa con un retrato de Luis Alberto, su hermano asesinado.

Mientras las autoridades se niegan a investigar estos asesinatos, el consenso general sostiene que la muerte de Benito desató una cadena de encubrimientos para silenciar a la familia, por absurdo que esto suene; como tratar de cubrir huellas de sangre vertiendo más sangre encima. Es por esto que la familia recibe el ferviente apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emitieron una serie de medidas urgentes en las que ordenan a las autoridades venezolanas brindar protección a los miembros de la familia, pero esto ha resultado sumamente ineficiente. En vista de la muerte de Roni, el tribunal interamericano acusó también a las autoridades venezolanas de no proteger a la familia y solicitó un informe cada dos meses para explicar qué medidas se estaban tomando para prevenir más ataques contra la familia.

"La Corte dio un plazo para la entrega de una casa donde podamos vivir de manera segura", explica Eloisa. "La fecha límite era el 24 de junio y nos dieron la casa el sábado 21. Al menos en esto vimos un resultado rápido. Pero tuvimos que sacar a mis familiares de ese lugar tan peligroso".

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