Los ataques con ácido preocupan a Colombia

La violencia en Colombia es un tema ampliamente comentado, y en un país con un conflicto armado que cumplió medio siglo, pocos actos de violencia tienden a convertirse en motivo de polémica nacional. Sin embargo, en los últimos meses, mientras que el gobierno nacional negocia la paz con las guerrillas en La Habana, Cuba, los colombianos se están enfocando en resolver un fenómeno criminal que amenaza con desbordarse: los ataques a personas con agentes químicos, corrosivos y ácidos de fácil acceso en el mercado.

El fenómeno, registrado por las autoridades forenses desde hace una década, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, en especial desde marzo de 2014, cuando Natalia Ponce de León, una joven bogotana de clase alta, fue atacada con ácido por un extraño, resultando en graves lesiones de su cara y cuerpo.

El caso de Ponce de León obligó a las autoridades a reconocer que el fenómeno está fuera de control y se ha convertido en una práctica peligrosamente usual. Un reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló 926 casos registrados durante la última década, de los cuales 471 han sido ataques a mujeres y 455 a hombres.

Según Jaf Shah, director ejecutivo de la Acid Souvivors Trust International (ASTI) en Londres, Colombia lidera la lista negra de países con mayor número de ataques con químicos en el mundo. Con una población de 47 millones, en el país ocurre un promedio de cien ataques por año. India, con 1,200 millones de habitantes, registra mil; y Pakistán, con 180 millones, 250. “Los números de Colombia son alarmantes”, me dijo en entrevista el inglés, quien pasó en agosto por Colombia para analizar las medidas que se están tomando para acabar con el problema.

Este tipo de agresiones son interpersonales, casi siempre motivadas por celos, envidia o, en casos muy extraños, obsesiones sexuales. El mismo reporte de Medicina Legal registra que de los 926 casos de agresión, 413 fueron al rostro. Según varios expertos, esto refleja el deseo del agresor por acabar con el estado físico y anímico de la persona.

Además las víctimas deben lidiar con la impotencia que genera el hecho de que sus agresores sigan libres. En 2011, de los 42 casos de ataques con ácido registrados, sólo dos terminaron en sentencias judiciales. El año pasado, el Congreso Nacional aprobó la ley 1639, que fortaleció las medidas de atención y protección a las víctimas. Sin embargo, aunque la ley establece un aumento en las penas a los perpetradores, para muchos es necesario avanzar en la generación de mecanismos de prevención como el control a la venta de estas sustancias en tiendas y farmacias.

“A pesar de que hay una ley, ésta se queda corta, le falta muchísimo”, me dijo Patricia Espitia, una víctima de estos ataques cuya cara quedó desfigurada. “No cubre las necesidades que tenemos, nuestras cirugías, la salud, la justicia. Las penas de cinco a ocho años no sirven para nada. Yo me he hecho 28 cirugías de reconstrucción en dos años, y he tenido que sacar de mi dinero para costearlas”.

El pasado 3 de septiembre estuve en el foro de construcción de lineamientos para la atención integral a mujeres víctimas de estos ataques. Gina Potes, líder de la Fundación Reconstruyendo Rostros, se acercó y me comentó, entre giros de cabeza, la decepción que sentía por el evento. “Hay mucho desgaste institucional que no garantiza el respeto de los derechos de las sobrevivientes; necesitamos menos shows mediáticos y más que buenas intenciones”.