Temporada electoral: Vote bajo su propio riesgo

Cada seis años, México se pone orate con las campañas para elegir presidente. Todas las conversaciones se dirigen a ese tema como moscas que vuelan sobre un bistec. Las familias se pelean, las parejas se separan (o nacen parejas nuevas, según el caso), los hígados se destruyen y las mascotas pierden algo de atención de sus dueños. De esa votación, sale la persona a la que tendremos que verle la cara a diario durante setenta y dos meses, o dos mil ciento noventa días (sin contar bisiestos), hasta que no podamos más.

Justo a la mitad de ese recorrido suceden las elecciones intermedias, que son como la hermana menor de las presidenciales. Tal vez te has dado cuenta de que el próximo domingo sucederá una de éstas. Si no lo sabes, te envidio a muerte. Aunque lo más probable es que no hayas logrado escapar a las millones de hectáreas cúbicas de propaganda que nos han derramado durante los últimos meses y estés igual de harta(o) que yo de las canciones promocionales, slogans imbéciles, los candidatos y sus jetas.

En miles de casos sucede que las campañas saturan el espacio público a un grado que hacen que las personas se vuelvan indiferentes ante la política (ante la grilla, más bien, porque la política es mucho más amplia e interesante que la vida de esos parásitos). Lo peor es que cuando llegan al puesto para el que se les elige, los funcionarios siguen en campaña y se dedican a promover su imagen y sus palabras. Si eres de los que dicen que la política les aburre, no te culpo. Hasta las cucarachas deben aburrirse de los políticos.

Pero hay una razón por la que deberían interesarte: a todos nos cuestan un chingo de dinero, incluyéndote. Según varios cálculos, el chistecito de la elección de 2015 costará más de treinta mil millones de pesos. Más o menos lo mismo que tiene de presupuesto la UNAM. No sé ustedes, pero tomando en cuenta que ese dinero lo pusimos todos, creo que podríamos, aunque fuera por morbo, ver qué sucede con todo el asunto en torno de los votos. Así que aquí presentamos los principales aspectos que toda(o) mexicana(o) debería saber sobre el tema, aunque no quisiera.

De todos los puestos que se eligen, los que abarcan todo el país (y que dejan más basura electoral a su paso) son los diputados federales. Este año salen todos y entran unos nuevos, que se elegirán el domingo. Se trata de 500 funcionarios, que van en representación de una zona específica del país (o distrito electoral). Ellos trabajarán en el Congreso encargado de aprobar las leyes que aplicará el gobierno federal, encabezado por Peña Nieto. Quince estados y el DF van a renovar a los diputados locales, que aprobarán las leyes de orden local y serán aplicadas por los gobernadores y el jefe de gobierno de la capital.

Son también 15 los estados en donde se van a elegir presidentes municipales. En el DF se elegirán los jefes de las delegaciones. Finalmente, en 9 estados van a cambiar de gobernador. Presidentes municipales, jefes delegacionales y gobernadores son parte del poder Ejecutivo, que según eso trabaja haciendo que la ley se cumpla. El poder Legislativo, integrado por diputados y senadores (que se eligen al mismo tiempo que al presi), como dice más arriba, supuestamente discute y aprueba las leyes en función del interés público. En este esquema, falta el poder Judicial, que debería ser el encargado de partirle la madre a quien no cumple la ley y compensar a las víctimas de ese incumplimiento. Imparte justicia, pues. Sus representantes no son elegidos con el voto de todos los ciudadanos, así que las elecciones sólo importan, o deberían importar, en el caso de los otros dos.

Parece que, si podemos elegir libremente a los representantes que discuten y aprueban las leyes, por un lado, y a los que vigilan su cumplimiento, por el otro, todos deberíamos estar más que satisfechos de poder votar. Pero como todo lo que tiene que ver con la ley y el Estado en México, en teoría suena más bonito que como sucede de hecho.

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En primer lugar, hay pocas razones para creer que los funcionarios que son elegidos trabajan por el bien de la mayoría, independientemente del partido del que formen parte. Por ejemplo, se supone que la función más importante del Estado es garantizar la seguridad de la gente que vive en su territorio. Pero durante el primer año de gobierno de Quique, casi 94 de cada 100 delitos se quedaron sin castigo. De acuerdo a un estudio de la ONU, México es el segundo país con mayor corrupción de entre 59 evaluados. Esta situación del cumplimiento de la ley, o de su falta de cumplimiento mejor dicho, hace que el poder Ejecutivo no parezca nuestro mejor amigo.

El poder Legislativo, por su parte, tampoco tiene mucho de qué presumir. Los diputados son famosos por tener una chamba que consiste en poco más que apretar un botón para aprobar leyes. A cambio, ganan un sueldo que, en el caso de los federales, equivale a 74 salarios mínimos (unos ciento cincuenta mil pesos al mes) por trabajar sólo cuando les da la gana. Y cuando van, llegan a quedarse dormidos o juegan con su teléfono.

Todo esto no sería un problema tan grave si hicieran lo que en teoría debían estar haciendo: investigar cómo vive la gente que representan, comprender sus necesidades, y reorientar el aparato legal para ajustarse al bien común. No sé si haga falta mencionarlo, pero nuestros queridos senadores y diputados no han hecho mucho de eso últimamente. Para no hacer un recuento desde el Fobaproa (1997) o antes, vamos a quedarnos con el ejemplo de las "reformas estructurales" aprobadas desde que Quique llegó a la silla. Durante 2014 y 2014, se aprobó una serie de cambios en las áreas económica, educativa, energética, fiscal, entre otras, que han dejado encabronados incluso a quienes debían satisfacer más: los empresarios.

Parte del problema es que los legisladores en realidad no "discuten" las leyes con argumentos, ni "deciden" aprobarlas en función de lo que exige la gente que ellos supuestamente representan. En el régimen de la economía de mercado, que es la forma de capitalismo dominante en la actualidad (y que el Estado mexicano sigue fielmente), es muy común que las leyes se decidan a puerta cerrada. Así, pueden diseñarse tranquilamente para que queden más al gusto de los grupos con mayor poder económico. En este link se describen varios ejemplos de la forma en que esto sucede en España, pero que es representativa de cómo se hace en México. Se le llama la "política de lobby", en la que despachos especializados negocian o imponen las leyes que más les interesan a sus patrones, que suelen ser grandes empresarios, dirigentes de organizaciones económicas internacionales, banqueros, etcétera. Y usan para eso a los legisladores.

Podría pensarse que el remedio a esto es usar el voto para elegir los mejores candidatos: presidentes municipales, gobernadores, legisladores. Así, cuando lleguen al puesto, cambiarían más o menos rápidamente lo que está mal. Pero hay un problema doble: tal como funcionan los partidos en México, para que alguien llegue a ser candidato, casi forzosamente necesita ser parte de las mismas relaciones de complicidad que obligan a los políticos a trabajar como lo hacen desde tantos años atrás. Y aun si uno quisiera elegir al "menos peor", como dicen, está sumamente difícil, porque todos se parecen demasiado. Si examinamos lo que ofrecen cuando están en campaña y lo que hacen cuando están en el puesto, es casi imposible diferenciar un partido de otro. Tal vez los del PAN sean más mochos, los del PRI más cínicos y los del PRD más políticamente correctos, pero el programa económico del que parten es el mismo, y el diseño de las políticas públicas cambia muy poco.

Por eso, cuando el INE me trata de convencer de que vote, con todos sus promocionales inmamables, en lo primero que pienso es en un anuncio como éste:

Textualmente, el comercial dice que "tu elección es tan importante como la mía". Y al principio no suena mal. Da la impresión de ser una colección enorme de opciones que uno puede elegir libremente, lo que debería hacerme sentir feliz. Pero se trata del mismo modelo de tenis, sólo cambia el color. Como imagen de la "libertad" está exageradamente chafa. Más que chafa, deprimente. Alguien explíqueme cuál sería la diferencia entre eso y un anuncio del INE, o entre esos tenis repetidos en un pantone y la boleta electoral.

Se supone que el sistema partidista aspira a ser una forma de democracia y que en México ésta existe con plenitud desde 1997. Pero por la forma en que operan los partidos cuando gobiernan y la abundancia de transas que se dan desde las campañas (sólo en el DF han sido denunciadas 180 violaciones a la ley electoral durante 2015), eso de llamarle democracia a nuestro sistema es casi un sarcasmo. Decir que a la democracia mexicana le faltan unos detalles para funcionar a la perfección es como decir que a un bache inundado le faltan algunos detalles para ser un jacuzzi de mármol.

Esta serie de problemas, y muchos otros, han hecho que haya un gran número de personas inconformes con las elecciones del próximo 7 de junio y que no piensan participar como los partidos esperan que lo hicieran. Es decir, poniendo una X sobre uno solo de los logos partidistas en cada boleta. Varios de esos inconformes planean tachar la boleta entera, o rayarla de manera que el voto se invalide. A ellos se les ha etiquetado como "anulistas". Pero hay otras formas en que se dará este rechazo. La más simple es no ir a votar, algo que haremos muchos, por razones que pueden variar. Otros más están llevando la oposición a las elecciones a un nivel mayor, como ha sucedido en Guerrero, donde los maestros disidentes han quemado propaganda electoral y han tomado carreteras, o en Oaxaca, donde incendiaron paquetes de boletas electorales.

Se supone que el voto es un derecho y una forma de responsabilidad cívica, aunque también votar en blanco, anular el voto o no votar son actos que forman parte de nuestros derechos. Por otro lado, el Estado tiene como supuesto deber garantizar que se realicen los comicios de forma segura, pero igualmente tiene la capacidad (y la responsabilidad) de posponerlos o cancelarlos si no existen las condiciones ideales para hacerlo. Si los gobernantes son demasiado necios para ejercer esa facultad, nosotros al menos podríamos ejercer nuestra capacidad de manifestar nuestra oposición a las elecciones y a los mismos gobernantes.

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