Araceli y Ana Lidia: víctimas de tortura, muerte e impunidad durante la dictadura militar

Artículo publicado originalmente por VICE Brasil.

A la reportera Marie Declercq le encantan las historias de crímenes extraños. Comenzó con las novelas de detective, pero después se dio cuenta de que la realidad siempre vence a la ficción cuando se trata de crueldad. La cultura de violencia en Brasil desgraciadamente es un terreno fértil, y aquí podrás conocer los crímenes más bizarros y brutales de la historia del país.

Desde la creación de esta columna, me he dedicado a investigar y escribir casi exclusivamente sobre los asesinos seriales de Brasil. Ante los crímenes que han pasado a ser historia en los periódicos y que han tenido un desenlace –por más trágicos que hayan sido – pensé: ¿y qué hay de aquellos que no han sido resueltos?

Desafortunadamente, hay una fosa metafórica (y otras tantas literales) en el largo capítulo de los crímenes sin resolver en la historia de Brasil. Los responsables no son asesinos en serie con infancias atormentadas y problemas psicológicos, sino la dictadura civil-militar.

De 1964 a 1985, torturas, muertes y desapariciones dignas de serial killers de personas consideradas subversivas para el Estado eran autorizadas por el alto mando de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad, lanzado en 2014, el número total de muertos y desaparecidos durante los 25 años de gobierno militar es de 434 personas. Dentro de este período, cientos de personas se sometieron a sesiones de tortura sin fin y entre los distintos métodos se destacan el pau-de-arara (que consiste en poner una barra de metal perforado entre las muñecas y las piernas atadas de una persona, dejándola colgada para recibir golpes), las descargas eléctricas a través del cuerpo, la violación, el ahogamiento y la tortura psicológica, practicada por aproximadamente 377 agentes de la represión.

Esta violencia era autorizada por el Estado como un instrumento de poder y de preservación del gobierno. Los hijos de los que eran perseguidos –niños en ese entonces– también eran torturados. Todavía quedan 210 desaparecidos. En Vala de Perus, ubicada en el cementerio de Don Bosco en São Paulo, se encontraron más de mil esqueletos de indigentes, perseguidos políticos y víctimas de escuadrones de la muerte –hoy en día la mayoría sigue sin ser identificado debido a la influencia del tiempo y la naturaleza. También se estima que ocho mil indígenas fueron asesinados por el régimen, con el pretexto de que eran un retraso para el desarrollo de la nación.

Sin embargo, durante el mar de violencia de los llamados "Años de plomo", dos casos se destacan por sus similitudes. Son dos niñas, Araceli y Ana Lídia, asesinadas respectivamente en mayo y septiembre de 1973, ambas tenían entre 7 y 8 años. Sus muertes, a pesar de estar alejadas geográficamente, son casi iguales. Ambas fueron torturadas por sus asesinos durante horas y abandonadas en un matorral para que fueran tragadas por la tierra y eventualmente fueran olvidadas. Los dos crímenes no tienen conexión entre sí más allá de las características macabras y el perfil de los sospechosos principales. Todos eran miembros de familias influyentes, ya sea política o económicamente, y gracias a esos privilegios no tuvieron que rendir cuentas ante la justicia. Sin importar si eran culpables o inocentes.

Son dos casos que fueron ocultados y absorbidos por la dictadura en la época, y que desde la reapertura democrática en 1985 vuelven a surgir de manera regular para recordar que la dictadura civil-militar también ha trabajado para encubrir violaciones y muertes de niños. Cueste lo que cueste. Esto sólo es un registro de estos casos.

Araceli Cabrera Sanchez Crespo nació el 2 de julio de 1964 y le arrebataron abruptamente la vida entre los días 18 y 24 de mayo de 1973 en Vitória, capital de Espírito Santo. La niña de ocho años fue violada bajo el efecto de barbitúricos y su cuerpo fue abandonado en un matorral. Los principales sospechosos del caso fueron absueltos y la historia de la muerte de Araceli sigue siendo un misterio hasta hoy. El crimen emblemático hizo que el Congreso Nacional instituyera el Día Nacional de Combate al Abuso y Explotación Sexual de Niños y Adolescentes el 18 de mayo.

Araceli, la hija del electricista español Gabriel Crespo y la boliviana radicada en Brasil Lola Sánchez, nació en Cubatão (SP). Por su bronquitis y la fuerte contaminación de la ciudad, los padres se mudaron a Vitória, aprovechando una propuesta de empleo para Gabriel en el Puerto de Tubarão. En la ciudad, la familia se estableció definitivamente con su primogénito Carlos y con Araceli.

El 18 de mayo de 1973, como de costumbre, Araceli salió de casa rumbo a la Escuela San Pedro. Debido al horario de salida, a las 16:30, Araceli no podía tomar el colectivo a casa que salía al mismo tiempo. A petición de la madre, el colegio la dejaba salir antes, a las 16:10, para que le diera tiempo de llegar a casa. En ese horario, un testigo vio a Araceli acariciando un gato delante de un bar en el cruce de las avenidas Ferreira Coelho y Cézar Hilal, y esa fue la última vez que vieron a la niña con vida. Era un viernes.

Cuando la niña no llegó a casa dentro del horario estipulado, los padres de Araceli acudieron a la policía para comunicar su desaparición. Sin embargo, las autoridades afirmaron que no podrían hacer nada hasta el lunes. Entonces, por su cuenta, ambos comenzaron a buscar a su hija por la ciudad. Creyendo que se traba de un secuestro, llevaron la foto de su hija a los periódicos locales. El lunes, la policía inició las búsquedas oficiales y el caso fue atrayendo la curiosidad de la población.

No sólo la policía y los padres de Araceli estaban seguros de que la niña estaba viva, también aparecieron parapsicólogos y videntes afirmando que no había muerto. El hilo de esperanza se rompió el 24 de mayo, seis días después de la desaparición, cuando Rogério Monjardim encontró el cuerpo de Araceli en un matorral en las inmediaciones del Hospital Infantil de Vitória.

Incluso 40 años después de lo ocurrido, las fotos en blanco y negro de la niña siendo retirada del matorral todavía causan molestias. En los registros, algunos policías retiran partes del pequeño cuerpo en una camilla donde la única cosa reconocible es el cabello largo de Araceli. Se encontró en un estado de descomposición avanzado y ya devorado por animales de la región, hasta tal punto que los forenses tuvieron que recurrir utilizar redes para encontrar dientes y otras partes corporales en medio de la tierra.

Gabriel, padre de Aracieli, fue el primero en reconocer el cuerpo gracias a una marca en la pierna de su hija, pero regresó al día siguiente y dijo que el cuerpo no era de ella. Meses después, un examen comprobó que el cadáver era de hecho el de Araceli. En los exámenes realizados en el Instituto Médico Legal, el experto Nilson Sant'anna concluyó que Araceli fue sometida a una intoxicación por barbitúricos (un compuesto químico orgánico sintético usado como sedante) y por los hematomas en el cuerpo y las heridas internas la niña fue víctima de homicidio.

Las investigaciones, los hechos y las pruebas de testigos fueron contaminadas por rumores en la ciudad. Sin embargo, en la denuncia del fiscal Wolmar Bermudes, tres sospechosos fueron identificados: Paulo Constanteen Helal, de 27 años, Dante Barros Michelini, 53, y Dante Filho, de 23 años, conocido como "Dantinho". Todos los sospechosos eran miembros de familias tradicionales del Espíritu Santo.

La familia Michelini no sólo tenía dinero sino también a su patriarca, Dante, participó directamente en el crecimiento económico de la ciudad por ser pionero en la exportación de café, un comercio importantísimo y simbólico para Espírito Santo. En 1951, Michelini y otros cafetaleros fundaron el Comercio de Café de Vitória para representar a los productores de café del estado en el mercado nacional e internacional. En 1967, por la reputación económica y social de Michelini, la principal avenida de Vitória, conocida como "Beira-mar", fue bautizada con el nombre de Dante. La familia de Helal era una de las principales comerciantes de la ciudad y también invirtió en el sector de la hostelería e inmobiliario. "Eran jóvenes ricos que nadie podía imaginar que estuvieran involucrados en delitos como el caso de Araceli y bastaba una palabra de ellos para que los abogados a cargo dijeran que eran inocentes", describe José Louzeiro, periodista y escritor autor del libro Araceli, meu amor, que trata del caso en esa época.

De acuerdo con la acusación, Araceli habría sido secuestrada por Helal frente al bar donde la recogía el colectivo y llevada hasta el Bar Franciscano en la Playa de Camburi, propiedad de Dante Michelini. Ahí, supuestamente la mantuvieron en cautiverio y la agredieron, torturaron, drogaron y violaron Dantinho y Paulo. Se estima que Araceli sufrió 72 horas en manos de los jóvenes privilegiados. El exceso de barbitúricos identificado posteriormente por los forenses dejó a Araceli en coma y, según la acusación, los dos jóvenes intentaron llevarla al hospital, pero no resistió. Hay especulaciones que de la metieron en un congelador hasta decidir qué hacer con su cuerpo.

Además del escabroso crimen, otras cuestiones planteadas por la acusación causaron alarde. Por ser miembros de familias ricas, a Dante Michelini se le acusa de haber usado su influencia y vínculos con la policía para sofocar el caso y entorpecer las investigaciones. De hecho, el propio Dante admitió que tenía una amistad con los altos cargos de la policía, como el capitán Manuel Araújo, pero afirmó que su implicación y la de Dantinho y Pablo fue fruto de un reportaje escrito por un joven periodista que habría insinuado una relación de los Michelini con el crimen. Dantinho en una entrevista al Diario Nacional, dijo que sólo conocía de vista de Pablo.

Hubo de todo en la investigación, desde denuncias de sobornos a policías, coartadas forjadas y hasta muertes de testigos e involucrados: el joven de 17 años Fortunato Piccin, Jorge Michelini, el sargento y agente del servicio de inteligencia de PM José Homero Dias y el traficante José Paulo dos Santos, conocido como "Paulinho Boca Negra".

Piccin murió el mismo día en que el cuerpo de Araceli fue encontrado en el matorral, supuestamente de malaria. Su nombre salió a la luz en las investigaciones cuando la defensa de Dante apareció en la policía con un pedazo de tejido que supuestamente pertenecía a la falda de Araceli y fue desenterrado en el patio de la casa de Piccin. El padre del chico llegó a decirle a la prensa que nunca sospechó de su hijo hasta que lo llamó el delegado de la Policía Federal, Lincoln Almeida, afirmando que estaban tratando de forzar la investigación para encontrar al responsable de la muerte de la niña para que Dante, Dantinho y Pablo salieran inocentes. Las acusaciones contra Piccin se consideraron una táctica de confundir el trabajo policial en ese entonces.

Poco tiempo después, Jorge Michelini, hermano de Dante, también fue encontrado muerto. Jorge fue visto varias veces en la compañía de Lola, madre de Araceli, en el Bar Franciscano. La familia Sánchez negó cualquier implicación de Lola o de cualquier miembro de la familia con los Michelini, sólo los conocían por su nombre, así como cualquier otro ciudadano de Vitória.

Después llegó la muerte del sargento de la Policía Militar José Homero Dias. Homero participaba en las investigaciones de la muerte de la niña. Fue asesinado tras recibir la orden de arrestar a José Paulo dos Santos, un traficante conocido de Vitória, conocido como "Paulinho Boca Negra" y su comparsa identificado por la prensa como "Capetinha". Supuestamente, los dos criminales fueron señalados como autores de la muerte, pero el propio Homero creía que lo que resaltaba en la investigación era el dinero y no la verdad. Fue ejecutado con un tiro en la espalda.

En 1977, el caso finalmente fue llevado a la justicia común. Debido a que fue clasificado como un secuestro que acabó en la muerte, la responsabilidad del caso quedó en las manos del juez criminal Hilton Silly, y no en las del Tribunal del Jurado. Cientos de personas acudieron al foro de Vitória para presenciar el juicio y los interrogatorios de los tres acusados. Silly acató la teoría de la acusación y se dijo convencido de que estaba probada la materialidad y la autoría del crimen. Condenó a Dantinho y Helal a 18 años de prisión y Dante a 5 años, además del pago de 18 mil cruzeiros de multa.

La familia Michelini no se dio por vencida y luego recurrió inmediatamente a la decisión para impedir la detención. El caso volvió a ser investigado y pasó a manos del juez Paulo Copolio, que pasó casi cinco años estudiando los 39 volúmenes del proceso. Por último, anuló la condena. Ninguno de los tres acusados llegó a cumplir la pena.

En 2015, el hermano mayor de Araceli le dijo a G1 que la muerte de su hermana destruyó a toda su familia. Hasta hoy, nadie ha sabido responder por qué una niña de ocho años tuvo una muerte tan violenta.

El 11 de septiembre de 1973, Ana Lídia Braga, de 7 años, fue dejada en la puerta del Colegio Madre Carmen Salles por sus padres, Eloyza Rossi Braga y Álvaro Braga, a las 13:50 para tomar clases particulares. Como siempre, se despidieron de su hija con un beso y prometieron que Rosa, la empleada doméstica, la recogería a las 4 de la tarde. El colegio se encontraba en Asa Norte, un barrio del Distrito Federal.

Así como gran parte de los habitantes de Brasilia en 1973, los padres de Ana Lidia eran servidores públicos. Ambos trabajaban en el Departamento de Servicio de Personal, el DASP, y vivían en la capital planificada, tomada por el régimen militar, con un ambiente de ciudad pequeña y muy concentrada en las familias de clase media. La escuela estaba cerca de la casa de la familia, donde vivían también los hermanos mayores, Álvaro y Cristina, con respectivamente 18 y 20 años. A pesar de que Brasilia era tranquila, descrita como la ciudad de los sueños por algunos, los progenitores educaron a su hija a no hablar o aceptar cosas de extraños, además le prohibían salir sola a la calle. Era la consentida de la familia.

El jardinero de la escuela vio a un hombre alto, rubio y delgado con un libro rojo en las manos, abordando a la niña en la entrada de la escuela. Sin alarde o resistencia, la niña se fue con el misterioso hombre por la puerta lateral del colegio y más adelante se subieron a un carro, como fue confirmado por otro testigo que vivía detrás del colegio. A las 16 horas, Eloysa descubrió no sólo que su hija había desaparecido sino que ni siquiera había asistido a las clases particulares. Desesperada buscó a su marido, le pidió a Álvaro y a su novia que salieran a buscarla y a las 17 horas denunciaron su desaparición a la policía.

A las 19:45, el delegado de la 2ª Comisaría de Policía, José Ribamar Morais, recibió una llamada anónima afirmando que estaban con Ana Lídia y querían 2 millones de cruzeiros por el rescate, el equivalente a 250 mil reales. El propio Ribamar se asustó con la cantidad solicitada y alertó al autor de la llamada que la familia Braga era de clase media y probablemente no tenía esa cantidad disponible. No hubo ningún intento de contacto más allá de una carta dejada en un supermercado de Asa Norte, dirigida a Álvaro Braga pidiendo 500 mil cruzeiros para que le devolvieran a su hija.

Al final de la noche, los policías encontraron algunas pertenencias de Ana Lídia esparcidas por la región, como su material escolar y su muñeca Suzi que llevaba consigo en la mochila. Al día siguiente, alrededor de las 13 horas, el agente Antônio Morais de Medeiros estaba casi perdiendo las esperanzas cuando encontró el cuerpo de Ana Lidia en una tumba poco profunda cerca del Centro Olímpico de la UnB.

Ana Lídia tenía cabellos rubios y ondulados cortados irregularmente desde el cuero cabelludo. Parte de sus pestañas del párpado superior izquierdo fueron arrancadas y estaba desnuda, boca abajo y con la cara hacia el suelo. Su cuerpo, lleno de hematomas y excoriaciones, la vagina y el ano destruidos y además los forenses señalaron que había sido violada después de su muerte, por las características de las heridas. En el lugar donde dejaron del cuerpo, los investigadores encontraron huellas de botas militares, dos condones y un pañuelo de papel con semen. La sospechosa es que la niña de 7 años fue asesinada entre las cuatro y seis de la mañana del 12 de septiembre por asfixia. El asesino mantuvo el rostro de Ana Lidia en la tierra, obstruyendo su nariz y boca, hasta que la niña literalmente tragó tierra y no pudo respirar.

22 horas después de la desaparición, la familia recibió la terrible confirmación de que la menor había sido violentamente asesinada.

El jardinero del colegio, interrogado por la policía, reconoció a Álvaro como el hombre que llegó a conversar con Ana Lídia en la puerta del colegio. De hecho, el hermano mayor de la niña tenía las mismas características del sospechoso. Sin embargo, los padres afirmaron que el hijo estaba en el coche con ellos a la hora en que dejaron a la hermana, hecho que fue desmentido por testigos oculares que vieron el asiento trasero del carro vacío.

La acusación recayó sobre el joven por su supuesta implicación con las drogas en ese entonces. Al ser interrogado, Álvaro dijo que sólo había fumado marihuana tres veces y que le había pedido dinero prestado a sus padres para pagar un aborto clandestino de su novia, Gilma Ely Varela Albuquerque, embarazada de un mes. En eso, surgió otro nombre en el rol de sospechosos: Raimundo Lacerda Duque, que fue señalado como un traficante de Brasilia.

La aparición de Duque en las investigaciones comenzó a llevar a la policía a conexiones más peligrosas. No se sabe con certeza, pero la sospecha es que Álvaro y Gilma le vendieron a Ana Lidia a Duque y a otro grupo de hijos de políticos influyentes del Distrito Federal para saldar sus deudas de drogas. Según la cronología del caso, Álvaro llevó a su hermana con Duque, quien la llevó hasta el lugar del senador Eduardo Rezende, en Sobradinho. En ese momento, esperaban al hijo del senador, Rezendinho y Alfredo Buzaid Júnior, hijo del Ministro de Justicia, conocido como Buzaidinho, que supuestamente violaron a la niña durante 17 horas y luego abandonaron el cuerpo.

La presencia de dos nombres en las investigaciones habría sido un obstáculo para la policía por diversos motivos, siendo la dictadura militar el mayor de ellos. Rezendinho, el hijo de un senador vice-líder de la Arena en el Senado, y Buzaidinho, hijo del ministro Alfredo Buzaid.

Alfredo Buzaid, no era ningún peón en Brasilia. Quien estudia o ha estudiado el Proceso Civil, reconocerá el apellido como un importante jurista y el gran "padre" del Código de Proceso Civil de 1973, el cual fue el principal colaborador. En 1968, ayudó a redactar y fue uno de los principales defensores del Acta Institucional Número Cinco (AI-5), un conjunto de 17 decretos emitidos por el gobierno militar que suspendía las garantías constitucionales, casó mandatos de políticos, criminalizó movimientos sociales y dio luz verde para la censura de la prensa, persecución política de personas consideradas "subversivas" y, consecuentemente, torturas y muertes bajo el mando militar.

Después de la AI-5, Buzaid tomó posesión del Ministerio de Justicia durante el mandato del general del Ejército Emilio Garrastazu Médici de 1969 a 1974. El ministro no sólo combinaba con los años de represión y violencia autorizadas por el Estado Militar sino que lo apoyaba. El militante apasionado del integralismo, también habló en el funeral de Plinio Salgado en 1975, a quien llamó "jefe".

El supuesto crimen de Buzaidinho no era sólo una mancha en el currículo inmaculado del ministro, sino también era una afrenta a la propia imagen del régimen militar como un símbolo de orden, progreso y moralidad. No es posible decir que ese fue el motivo exacto, pero la presencia de hijos de hombres poderosos en el rol de acusados en la encuesta desaceleró bastante las investigaciones. No se tomaron pruebas materiales que podrían vincular a Álvaro, Duque y Buzaid al crimen, y en 1974 una orden descendió en las redacciones prohibiendo cualquier publicación sobre el caso. De acuerdo a Javier Godinho en su libro A Imprensa Amordaçada, la orden llegó el 20 de mayo por el Departamento de Policía.

La Rosana referida en la orden es Rosana Ferarri Pandim, una niña de 11 años que desapareció en 1973 en Goiânia cuando iba a la escuela. Hasta hoy su paradero es desconocido. No se sabe el motivo del Departamento de Policía para también querer vetar reportajes sobre su desaparición.

Los tres sospechosos fueron llamados a declarar y negaron cualquier implicación con el asesinato. Buzaidinho no compareció, mandó a su abogado para responder al interrogatorio y posteriormente respondió por Carta Precatoria cuando se fue a vivir en Sao Paulo, negando su autoría en el crimen. El testimonio clave que excluyó a Buzaidinho del crimen es el del chofer de la familia, que tiempo después dijo que el día del crimen llevó al joven al médico.

La muerte de Ana Lidia llegó al Tribunal del Jurado, pero los sospechosos fueron absueltos por falta de pruebas en 1975. El crimen prescribió en 1993.

Buzaidinho murió en un accidente de coche en 1975 a los 19 años cuando volvía de Ponta Grossa en Paraná. En ese entonces, los periodistas e interesados llegaron a la conclusión de que su muerte fuera inventada para sacar al joven de circulación, pero su muerte fue comprobada en 1986 tras una exhumación. Rezendinho se dio un tiro en el propio oído en 1990, a los 40 años, en su apartamento en Vitória. Duque falleció en 2005 tras complicaciones causadas por el alcoholismo. El único sospechoso vivo es Álvaro, que vive actualmente en Río de Janeiro.

El caso acabó siendo enterrado a lo largo de las décadas, junto con innumerables denuncias de muertes y torturas bajo la aprobación de los militares. A Ana Lídia la mataron dos veces. La primera, por violencia en manos de hombres. La segunda muerte, silenciosa y triste, fue causada por el régimen militar.

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