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Algunos tapatíos ya no se están quedando con las ganas de echarles el carro encima, o incluso unos balazos. En las últimas tres semanas cuatro delincuentes han sido atropellados por automovilistas, uno de ellos falleció al estamparse contra un árbol, y una persona fue baleada en las manos con el argumento de que era un ladrón.
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"Nosotros hemos difundido que el intento de justicia por propia mano pone en riesgo a la víctima, puede perder más de lo que le fue robado. Hacemos un llamado de que confíen, estamos recuperando la mitad de los vehículos que se roban."El segundo punto es que se convierten en delincuentes, si se exceden en su actuación hacia un delincuente y este pierde la vida, si te había robado un teléfono, un bolso o un vehículo. Tú pasas a ser un homicida; la justicia por propia mano tiene un nivel distinto, tiene características jurídicas diferentes a la legítima defensa, que es a lo que es accesible a un ciudadano. Estamos trabajando muy fuerte para que las cosas cambien; estamos muy comprometidos y estamos recibiendo la cooperación de los ciudadanos", dijo Caro, del recién entrado gobierno tapatío encabezado por Enrique Alfaro.
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Los tapatíos estamos cansados de salir a la calle con miedo, y ahora ya no sólo es temerle a los policías que te extorsionan o a los rateros que te quitan tus cosas, sino también habrá que cuidarse de no parecer algo ante los ojos de algunos vecinos —por ejemplo, parecer "motorratón" por andar en motocicleta—, no vaya a ser que te quieran agarrar a balazos.¿Atropellar a alguien por quitarte un celular resolverá el asunto de la seguridad o solamente servirá de catarsis colectiva por vivir en el país con uno de los peores sistemas de justicia? ¿Los ladrones aprenden de este escarmiento?Hay expertos en seguridad, como el tapatío Guillermo Zepeda Lecuona, que hacen llamados para que las cárceles no se saturen por robos menores, pues quienes caen en el sistema penitenciario se vuelven parte del círculo vicioso de criminalidad. Hay personas encarceladas por robarse un desodorante, y el Estado los contabiliza como desmantelamiento de bandas criminales. Así la justicia en este país.