Ilustración por Vivian Shih.
En 2006 el aborto se despenalizó parcialmente en Colombia. Desde que la Corte Constitucional emitió la sentencia C-355 del mismo año, cualquier mujer que haya quedado en embarazo por violación o incesto, que tenga un su vientre un feto cuya vida sea inviable o que corra el riesgo de que el embarazo ponga en peligro su vida o su salud (la mental incluida) puede abortar de manera lícita.En teoría.La realidad es otra historia. Además de enfrentarse a la decisión de someterse a un aborto —que no es fácil— las mujeres tienen que lidiar con montones de barreras, maltratos y procesos inventados a la hora de solicitar que su embarazo sea interrumpido.Así lo sostiene el informe Barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, lanzado hoy por La Mesa por la vida y la salud de las mujeres, un conjunto de organizaciones agrupadas con el propósito de trabajar por los derechos sexuales y reproductivos de las colombianas.Los resultados del informe parten del acompañamiento que la organización le ha ofrecido a las más de 900 mujeres que de 2006 a 2015 han llegado a La Mesa buscando una solución a barreras que médicos, EPS y funcionarios del Estado les han puesto a su voluntad. Esas barreras, según Ana Cristina González —integrante y fundadora de La Mesa y una de las autoras del informe— son de tres tipos: por desconocimiento, por una mala interpretación de la ley y por fallas en la prestación del servicio endilgadas a individuos o instituciones.En palabras más sencillas, las barreras pueden ser que un médico no reconozca la remisión de otro médico para realizar el procedimiento; que los médicos o funcionarios afirmen que el caso de una mujer particular no aplica dentro de las tres causales de la sentencia cuando sí aplica; que dilaten el procedimiento citando a juntas médicas o a segundas opiniones que no están estipuladas por la norma; que los hospitales o IPS se declaren como objetores de conciencia —que es ilegal—. La lista es interminable.Frente a ese panorama, Ana Cristina González afirma que la situación actual es preocupante, teniendo en cuenta los más de 10 años que han pasado desde la despenalización parcial del aborto en Colombia. Más de una década en la que las dificultades de acceso al aborto no se han logrado superar y a las que, según ella, es una necesidad inmediata a la que el Estado debe reaccionar."(…) el Estado sigue fallando frente a todas las dimensiones del derecho a la salud: la accesibilidad, la disponibilidad, la calidad y la aceptabilidad de servicios de salud para garantizar el aborto en términos establecidos por la Corte Constitucional".Vea el informe en el siguiente link.
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