Los habitantes de Galápagos denuncian que la nueva ley ecuatoriana amenaza a las islas

Los residentes de las islas Galápagos han clamado en protesta de una ley aprobada a principios de mes. La ley confiere al gobierno ecuatoriano un control todavía más grande sobre el uso de la tierra y sobre el establecimiento de tarifas en el popular destino turístico. Los vecinos aseguran que la nueva ley abre el camino a la inversión extranjera y sienta las bases de la usurpación del Parque Nacional. Las medidas prometen socavar los negocios locales y amenazar, potencialmente, a la única flora y fauna de la isla.

La nueva ley concede al ministro de Medio Ambiente la autoridad para actualizar las fronteras del parque nacional, uno de los santuarios mundiales de la biodiversidad. Allí fue donde, en 1830, Charles Darwin emprendió la investigación que le ayudaría a escribir su Teoría de la Evolución. Los límites del parque estaban delimitados desde 1969 y ahora sus residentes temen que el nuevo trazado haya sido deliberadamente diseñado para la promoción de nuevas infraestructuras turísticas, financiadas con capital extranjero.

El ministro ecuatoriano de Medio Ambiente aseguró a VICE News que: "la ley no comprometerá los límites del Parque Nacional ni pondrá en riesgo la Reserva Marina. Los límites seguirán existiendo y también existe la posibilidad de seguir expandiendo las zonas protegidas".

Sin embargo, los residentes son extremadamente escépticos. Los antecedentes no son halagüeños. La moratoria que impedía la construcción en las islas, fue levantada para permitir el desarrollo de 20 proyectos, entre los que se contaban 500 nuevas habitaciones de hotel. Igualmente se permitió la perforación de pozos de petróleo más allá de los límites del Parque Nacional de Yasuní.

Sean Keegan, un agente de viajes, lleva viviendo con su familia en la isla de San Cristóbal desde 2009. Le gustaría ampliar su negocio de visitas e incluir alojamiento, pero le preocupa que los vecinos sean incapaces de competir con los inversores extranjeros. Según él, la nueva ley desvela claramente cuales son las intenciones del gobierno.

"Está vendiendo nuestro futuro", dijo Keegan en alusión al presidente Correa.

La congresista y antigua ministra de Medio Ambiente Marcela Aguiñaga proclamó que el ministro tratará los límites del Parque Nacional "como cualquier otra zona protegida, como Yasuní". Ángel Vilema, representante de las Galápagos en el congreso, dimitió del partido de Correa tras votar en contra de la ley el pasado 4 de junio.

Las 19 islas que forman las Galápagos son patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. La agencia se refiere a ellas como "un museo vivo y un escaparate de la evolución". La inmaculada naturaleza de la reserva y su inmensa biodiversidad puede representar un grupo de control para los científicos que investigan los efectos del cambio climático en los ecosistemas. Los grandes planes de construcción, como los hoteles, amenazan esos ecosistemas y a los vecinos que dependen de ellos.

Keegan y su mujer, que crecieron en las islas, han creado una página de Facebook llamada SOS Galápagos para "proteger a la isla de oportunistas y de la explotación turística insensible".

"Vivimos en las islas. Si alguien construye un ridículo gran proyecto y lo convierte en un parque infantil para ricos, el mundo perderá algo", afirmó Keegan, quien considera que las normas siempre se han adaptado a la riqueza de los extranjeros". La ley anterior disponía que toda nueva construcción turística debía de ser supervisada por los residentes permanentes, según el artículo 49 de la ley Especial de las Galápagos. La pérdida de tal disposición aumenta la amenaza que se cierne sobre los vecinos de competir con los extranjeros", afirmó Keegan.

"La pérdida de las protecciones dispuestas por el artículo 49 es, si se me disculpa la emoción, una absoluta tragedia para las islas y sus vecinos y, desde mi punto de vista, el cambio concreto más significativo de todos", confesó a VICE News.

Una asamblea de vecinos de las Galápagos escribió una carta al director del Centro del Patrimonio de la Humanidad donde expresaban que: "nos preocupa seriamente que el gobierno de Ecuador esté tomando medidas destinadas a vender las Galápagos a los mejores postores, sin perjuicio del impacto que ello pueda tener sobre el ecosistema o sobre los derechos de sus residentes".

Pero la preocupación en las islas van más allá del impacto que la ley pueda tener en desarrollo y propiedad. A los trabajadores les preocupa que la nueva ley les disminuya el salario. Según la antigua ley, los sueldos de los funcionarios públicos doblaban el salario mínimo nacional. La nueva ley, sin embargo, exige que los salarios sean calculados de acuerdo con el índice de precios al consumo. Los residentes temen que tal cálculo no incluya algunos gastos tales como ir a la universidad o recibir asistencia médica en la península.

El presidente Correa acudió a su cuenta de Twitter para asegurar a los residentes que sus ingresos no disminuirán: "Se perjudicó a los habitantes de las Islas reduciendo sus ingresos. A NADIE se le reducen sus ingresos. Está prohibido por la Constitución y la ley no puede ser retroactiva… "La población tendrá menos ingresos y habrá menos actividad económica. Con esa genial".

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— Rafael Correa (@MashiRafael)June 10, 2015

…Constitución y la ley no puede ser retroactiva.

— Rafael Correa (@MashiRafael)June 10, 2015

A pesar de su intento por aliviar el miedo a un recorte salarial, los vecinos pusieron el grito en el cielo por el procedimiento que ha seguido la ley hasta ser aprobada.

"Los residentes de la isla están molestos porque el presidente introdujo el cambio en el último minuto", aseguró Keegan. "Jamás se debatió en asamblea o fue mencionado en público".

La detención del ex congresista de las Galápagos Eduardo Veliz, durante las manifestaciones del pasado 12 de junio, se ha convertido en uno de los temas centrales de las protestas. Veliz está acusado de "incitación pública a paralizar el servicio público". Veliz es sospechoso de haber dirigido a los manifestantes mientras estos bloqueaban el acceso al aeropuesto de San Cristóbal.

El ministro del interior, Jorge Serrano, justificó la detención de Veliz y proclamó que sus actos constituyen "salvajes atropellos".

Veliz está detenido y lleva en huelga de hambre desde el 17 de junio.

Según las informaciones de los medios de la isla, los residentes estarían considerando apelar a la ley en los tribunales, y continuarán protestando a la espera de que la ley sea derogada.

"La gente aquí es consciente de la fragilidad de las islas y de su dependencia de ellas", declaró Keegan a VICE News. "Están genuinamente preocupados porque su gobierno, desesperado por hacer dinero rápido, esté vendiendo las Galápagos, el medio ambiente y sus futuros".

Sigue a Taylor Dolven en Twitter: @taydolven