Así fueron los primeros seis meses de las Farc en el Congreso de Colombia

Artículo publicado por VICE Colombia.

Son las 3:30 de la tarde en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes del Capitolio Nacional. Falta un día para que se termine el año legislativo en el Congreso de la República y sus funcionarios están inmersos en una carrera contrarreloj para archivar o aprobar proyectos de ley. Sesionan hasta pasada la media noche, discuten con cronómetro y, solo al final, resuelven a pupitrazo. El recinto, como le dicen todos, debería estar lleno, pero no. Casi la mitad de las sillas están vacías, casi la mitad de los congresistas están ausentes.

“Hace uso de la palabra el representante Cala por el partido Farc-EP”, anuncia la “voz en off”. Un hombre de 54 años, gafas redondas y pelo largo recogido en una coleta sube al atril. Ahora es Reinaldo Cala, pero antes fue Jairo Quintero, el fundador de la extinta guerrilla, la de las Farc, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Nació en Palmar, un municipio de la provincia Comunera de Santander, y por más de 35 años estuvo "en la insurgencia". Combatió en Barrancabermeja, en el Magdalena Medio, en Arauca y en la Costa Atlántica.

—Este proyecto se ha ido desdibujando con el tiempo— dice, refiriéndose a la Ley de Financiamiento que busca recaudar 7 billones de pesos en su primer año de aplicación para sustentar el gasto social. —Tenemos que ser coherentes con lo que se planteó desde el comienzo: quienes más tienen son quienes más deben tributar.

Según el gobierno de Iván Duque, esta reforma busca enfatizar la renta a personas naturales con mayor capacidad de pago, fortalecer a la Dian con mecanismos de sanción para quienes evaden impuestos y poner a tributar sectores del régimen simplificado que aún no lo hacen.

—Pero todo se recarga entre la gente que gana 3 y 4 millones y medio— sigue Cala—. El sector financiero está exento de los gravámenes y nada de eso es coherente con lo que prometió Ivan Duque al comenzar su gobierno. Es por eso que…

“¡Tiempo!”, anuncia la voz en off. Cala sigue hablando, pero deja de escucharse. Le han apagado el micrófono.

Que ya tenía una idea de cómo eran las cosas en el Congreso, me dice después en el balcón del lado mientras se toma un respiro. Que tenía una sospecha de que la clase política que allí reinaba se negaba al cambio y legislaba en contra de los intereses de las mayorías. Pero que nunca pensó que fuera tan evidente ni tan de frente ni tan verdad. “Es una experiencia bastante frustrante”, me dice.

El 20 de julio del 2018 ocurrió lo impensable. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, luego de 50 años de guerra contra el Estado colombiano pisaron el Congreso convertidas en partido político. Después de casi 60 años de guerra contra el Estado (bombas, secuestros, atentados contra la sociedad civil), de seis negociando en la Habana y de perder un plebiscito refrendatorio. Un año y medio luego de que la guerrilla más antigua del continente firmara la paz en el Teatro Colón de Bogotá, siete representante de las antiguas Farc entraron al Capitolio Nacional para defender sus ideas con palabras y no con balas.

Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino y Sandra Ramírez ocuparon curules en el Senado, y Marcos Calarcá, Jairo Cala, Olmedo Ruiz y Sergio Marín en la Cámara de Representantes. Dos de las diez pactadas en el Acuerdo quedaron vacías: la de Iván Márquez, exjefe negociador, que aseguró no tener garantías suficientes para posesionarse, y la de Jesús Santrich, que fue detenido meses antes y condenado a extradición.

Esa mañana, el aire era tenso. Los nuevos congresistas llegaron temprano, con tiempo suficiente para recorrer su nuevo espacio de disidencia y dejar un ramo de rosas rojas bajo la placa que tiene grabados los nombres de los líderes asesinados en el genocidio de la Unión Patriótica. En alguna escalera, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, saludó con una sonrisa a Carlos Antonio Lozada, fundador del octavo frente de la cordillera occidental y exguerrillero urbano de las Farc. Al parecer, lo confundió con uno de los ediles de su partido.

—Esa llegada no fue fácil— me dice Lozada—, representó un cambio drástico en nuestras actividades y trajo una buena cantidad de retos: aprender de las leyes, de la Constitución y entender las dinámicas que hay aquí adentro. Nos preparamos, claro, hicimos seminarios y diplomados, pero la verdad es que el Congreso no es un ejercicio teórico, sino práctico.

Ese mismo día, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez le extendió la mano a Victoria Sandino y José Obdulio Gaviria. Esperó junto a Sandra Ramírez los resultado de la votación que puso a Ernesto Macías en la presidencia del Senado. Dos partidos opuestos, dos enemigos confesos. “Fue un hecho histórico que comprobó los alcances del Acuerdo”, dice Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Independiente. “Por un lado, las Farc aceptó participar en el marco constitucional de un Estado que toda la vida consideró ilegítimo, y por el otro, el establecimiento que hasta hace 10 años los catalogaba como un grupo terrorista los reconoció como partido político”.

“Qué cinismo que quienes representan una estructura narcocriminal que no ha pagado por sus delitos vengan a reclamar algo”, dijo la Senadora del Centro Democrático Paola Holguín, mientras Sergio Marín, representante de las Farc-Ep, tenía la palabra en un debate de control político sobre la crisis de Hidroituango. “Cuando escuché hablar aquí de estructuras narcocriminales que no han pagado por sus crímenes, me alegré”, respondió Marín. “Pensé que iba a escuchar una autocrítica, pero me desilusioné”.

Tiene 40 años y se llama Carlos Carreño. Es bogotano y llegó a las filas de las Farc en 1996, mientras estudiaba economía en la Universidad Nacional y era integrante de la que para entonces se llamaba Juventud Comunista. Mientras fue guerrillero se encargó siempre de tareas relacionadas con educación, filosofía, política y cultura. “Hasta obras de teatro me tocó organizar”, cuenta. Y desde que está en el Congreso ha sido parte de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, que se encarga de los asuntos de hacienda y crédito público.

—Hemos entendido que en esta correlación de fuerzas aprobar o proponer proyectos de oposición es muy difícil. Priman siempre los intereses de los más ricos y de los sectores más acomodados— me dice mientras se fuma un cigarrillo en uno de los balcones de Capitolio— Es un juego parlamentario en el que se deja hablar, pero al final se impone la mayoría. Mire lo que está pasando con la Ley de Financiamiento: ¡un pupitrazo limpio!

En su primer semestre, las Farc presentó 14 proyectos de ley junto a la bancada alternativa y cuatro más de manera independiente. Ninguno de ellos llegó a discutirse nunca: curules para las víctimas, el agua como derecho fundamental, la prohibición del fraking y el reconocimiento diferenciado de los campesinos que siembran cultivos ilícitos.“Ese es un problema social y así debe tratarse”, dice Jairo Cala, “la gente en el campo no siembran coca o marihuana para enriquecerse, lo hace porque necesita resolver la comida, pero como el resto de nuestras propuestas, terminó engabetada”.

—Eso es algo que nos pasa a todos, no es un bloqueo particular a las Farc. Es un bloqueo a todas las fuerzas de oposición en el Congreso— dice María José Pizarro, representante por los Decentes—: a los verdes, a los del Polo, a los del Mais, a los de la UP y a nosotros. A todos lo que hacemos parte de la bancada por la paz y la vida.

Son más de las 6:00 de la tarde y desde el Capitolio Nacional se escuchan las primeras notas de la banda marcial del Palacio de Nariño anunciando su cambio de guardia. En los salones elípticos, las plenarias de la Cámara y el Senado siguen discutiendo la Ley de Financiamiento y por los pasillos desfilan periodistas, policías y uno que otro curioso que logró colarse. A María Fernanda Cabal la encuentro en uno de los balcones, fumándose un cigarrillo. Que no hablemos de ese tema tan jarto, me dice con una mueca de fastidio cuando le pregunto por los primeros seis meses de las Farc en el Congreso, que mejor hablemos de otra cosa.

El mismo recado me llegó de María del Rosario Guerra y Paloma Valencia, ambas senadoras del Centro Democrático. Que no están interesadas en pronunciarse, pero que quedan a la orden para lo que yo necesite más adelante. “Lo que pasa es que ellos han hecho un buen trabajo”, me explica una de esas voces invisibles que a nadie le importan. “Es un secreto a gritos, pero cuando uno está con el Gobierno no queda bien andar contándoselo a los medios”.

“No es tan difícil, senadora. ¿Se han equivocado?”, le insisto a Cabal. “Mira, mi corazón, mejor pregúntale a él”, me dice, señalando a Roy Barreras, del Partido de la U.

—Para mí es un hecho grande y transcendental— comienza Barreras antes de que yo encienda mi grabadora—. Después de 54 años, la guerrilla más grande de Latinoamérica ha dejado las armas y las ha cambiado por estos micrófonos en los que se expresa con gran dificultad. Yo le hago un símil: es como si a uno de nosotros lo soltaran en la selva. No sería capaz de encontrar el camino. A eso se suman una gran hostilidad por su presencia en el Congreso y una falta de garantías para su participación.

Con esto último tiene razón. Durante los primeros tres meses, las Farc-EP se enfrentó a juicios y prevenciones por parte de quienes se opusieron a la firma del Acuerdo. “Terroristas”, “asesinos”, los llamaron más de una vez. “Fueron muchos ataques por parte de sus opositores y justificados, además, porque muchos de ellos no sólo están en contra de su presencia en el Congreso, sino que son hijos de secuestrados o asesinados por las Farc. Era normal esa prevención”, dice María José Pizarro.

Sin embargo, su presencia fue normalizándose con el tiempo y en este momento, el balance resulta positivo. Salvo tres o cuatro congresistas que identifican con nombre propio —Paola Holguín, Carlos Felipe Mejía, María del Rosario Guerra y Óscar Leonardo Villamizar— se han abierto espacios de discusión y debate inteligente con los demás sectores.

Si bien no han logrado aprobar proyectos, han sido agentes férreos de control político. “Hemos tratado de hundir los que son nocivos para los colombianos y cuando no es posible, de limitar su daño por medio de remiendos y proposiciones aditivas”, dice Sergio Marín. Para el año que viene, tienen planeado concentrarse en cinco propuestas específicas, mantenerse a la bancada alternativa y legislar con un pie en la calle, es decir, acompañando las movilizaciones ciudadanas y los espacios de lucha.

Hace quince años, un carro bomba explotó en el club El Nogal de Bogotá. Dejó 36 muertos, 198 heridos y a Bertha Fries con varias esquirlas que le hicieron perder la movilidad de sus brazos y piernas. El atentado fue atribuido a las Farc y Bertha diagnosticada con cuadriplejia. El 10 de diciembre de este año, día internacional de los Derechos Humanos, Bertha visitó el Senado, abrazó a Sandra Ramírez, la viuda y compañera ideológica de Manuel Marulanda Vélez, y le dijo: “yo los perdono”.

Ramirez prolongó el abrazo, inclinó la cabeza y subió hasta el atril con una planta que le ofreció a Álvaro Uribe Vélez como símbolo de reconciliación. “Yo no albergo odios”, le dijo Uribe sin recibir el presente. “Quien alberga odios se pierde lo mejor de la vida”. El senador, además de ser uno de los principales detractores del Acuerdo de paz, asegura haber sido una de las víctimas de la guerrilla cuando en 1983, el frente 36 de las Farc asesinó con dos disparos a su padre, Alberto Uribe Sierra.

Sandra Ramírez no se dio por vencida y volvió insistir. “No puedo negarme a recibirle la matica”, le dijo Uribe mientras caminaba hasta ella. “Pero le pido que entienda que existen muchas diferencias entre nosotros. La elegibilidad política de quienes fueron guerrilleros es una”.

—El país está cambiando y sólo quien tenga una visión absolutamente sectaria y obtusa no se da cuenta— me dice Iván Cepeda cuando hablamos Bertha, Sandra y Uribe.

Cinco horas más tarde, la Ley de Financiamiento fue aprobada en plenaria por la Cámara de Representantes.