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Barack Obama, las Torres Gemelas y el enigmático papel de Arabia Saudita

Un informe clasificado de 28 páginas podría tener la clave sobre la participación en los atentados del 9/11 del aliado árabe más importante de Estados Unidos. ¿Por qué nadie se ha atrevido a sacarlo a la luz?
15.8.14

Fotografía vía.

Casi 13 años después de los ataques terroristas del 9/11, aún no está claro el grado de participación de Arabia Saudita en la muerte de cerca de 3.000 personas. Pero de acuerdo a miembros del congreso de Estados Unidos y familiares de las víctimas, la información referente a esta participación ha sido suprimida de la investigación que realizó los congresistas en 2002.

Antes de que se publicara el informe final de la “Investigación conjunta sobre las actividades de la comunidad de inteligencia antes y después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001” realizada por el Congreso de los Estados Unidos, la administración Bush archivó una sección de 28 páginas aduciendo razones de seguridad nacional.

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A pesar  de las especulaciones, acusaciones y negaciones que han circulado en la última década sobre estas páginas, el llamado para que se desclasifiquen ha crecido constantemente desde diciembre de 2013, cuando los representantes a la cámara Walter Jones (republicano) y Stephen Lynch (demócrata) introdujeron la Resolución 428, un documento de dos páginas que instaba al presidente Obama a hacer públicos los archivos. Otros nueve representantes de ambos partidos han copatrocinado esta resolución.

Teóricos de la conspiración y publicaciones de este corte han aprovechado el misterio que rodea esas 28 páginas, pero expertos y fuentes cercanas a la investigación han reconocido que la publicación del material podría ayudar a esclarecer cuestiones importantes.

En abril, Jones y Lynch enviaron una carta al presidente Obama reiterando su requerimiento. Están planeando una rueda de prensa para el próximo 11 de septiembre, con familiares de las víctimas para resaltar el asunto. Y para echar más leña al fuego, varias familias le han dicho a los medios de comunicación que Obama les prometió que desclacificaría el material.

Las 28 páginas representan la cuarta parte de la investigación realizada por el Congreso y componen una sección titulada Hallazgo, discusión y descripción relativos a determinados asuntos sensibles de seguridad nacional. Se sospecha que implica a las autoridades saudíes o describe el apoyo de la inteligencia saudita a los secuestradores, de los cuales 15 eran ciudadanos saudíes.

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“Por un lado, es posible que este tipo de conexiones pueda sugerir, como se indica en un memorando de la CIA, ‘evidencia incontrovertible de que hay un apoyo a esos terroristas [----------]’”, afirma una nota introductoria en dicha sección. “Por otro lado, también es posible que un mayor número de investigaciones sobre estas denuncias podría revelar explicaciones legítimas e inocentes sobre estas asociaciones”.

El exsenador de la Florida, Bob Graham, quien copresidió la investigación conjunta entre el Senado y la Cámara de Representantes, desechó una posible equivocación y le dijo a VICE que las redacciones son un “encubrimiento”.

“Lo he dicho desde la primera clasificación de las 28 páginas”, apunta, “se ha vuelto más y más inexplicable el por qué dos administraciones han negado a los estadounidenses información que podría ayudarlos a entender mejor lo sucedido el 9/11”.

Graham dice que las 28 páginas describen la financiación de los ataques. “Sigan el dinero”, dijo, “eso iluminará otros aspectos significativos del 9/11”.

Aunque Graham no pudo ahondar en más detalles, fue franco en una declaración jurada que presentó en 2012 como parte de una demanda presentada por los familiares de una de las víctimas del 9/11 contra el gobierno saudí. “Estoy convencido de que hubo una línea directa entre al menos uno de los terroristas que llevó a cabo los ataques del 11 de septiembre y el gobierno de Arabia Saudita”, le dijo Graham a la Corte.

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El reino saudí siempre ha negado cualquier complicidad en los ataques. “La idea de que el gobierno saudí financiara, organizara o al menos supiera sobre el 11 de septiembre es maliciosa y descaradamente falsa”, dijo en 2003 el príncipe Bandar bin Sultan, miembro de la familia real y embajador en los Estados Unidos desde 1983 hasta 2005. “Hay algo que está mal en la lógica de aquellos que difunden estos cargos falsos. Al Qaeda es un culto que intenta destruir a Arabia Saudita, al igual que a los Estados Unidos. ¿Bajo cuál lógica podríamos apoyar a un culto que intenta matarnos?”.

Por ese tiempo las autoridades saudíes de alto rango dijeron haber hecho un llamado para que esas páginas fueran desclasificadas, con el fin de que les permitieran evaluar y refutar las acusaciones, pero la administración Bush se negó. Una carta firmada por 46 senadores en la que se pedía al presidente George W. Bush desclasificar las 28 páginas también fue rechazada.

El representante Jones le dijo a VICE que había discutido los archivos clasificados con Graham hacía dos años, y que decidió acceder a ellos por su cuenta. Primero tuvo que obtener el permiso del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que evalúa esas peticiones. Una vez aprobada la suya, Jones fue conducido a una sala insonorizada donde un funcionario lo vigilaba para evitar que tomara cualquier nota.

“Les digo, las 28 páginas serían una vergüenza para la administración anterior”, dijo Jones a pesar de que tiene prohibido ofrecer detalles. “Vivimos en un mundo en el que a la gente le preocupa la reacción de algunos líderes de ciertos países. Yo me siento diferente”.

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Esas páginas podrían demostrar que la administración Bush sabía que Arabia Saudita estaba estrechamente ligada a los ataques que se convirtieron en la base para una década de duras políticas exteriores, entre las que se incluye la equivocada invasión a Irak.

“Quizá la administración anterior procuró aislarnos a nosotros o a nuestros aliados, de una vergüenza o una responsabilidad”, le dijo a VICE el representante Thomas Massie (Republicano), uno de los copatrocinadores de la resolución. “Pero la administración actual debe cuestionarse, sin rodeos, qué beneficios encuentra el presidente para mantener estas páginas en secreto”.

El representante Massie también tuvo acceso especial al material y expresó su conmoción ante lo que leyó.

“Creo que cambiará la opinión pública sobre nuestra política exterior en Medio Oriente”, le dijo Massie a VICE. “Si evitar otro ataque como ese va a ser la justificación para involucrarnos en más guerras en Medio Oriente, siento que Estados Unidos necesita una imagen completa de lo sucedido el 9/11”.

Durante mucho tiempo Arabia Saudita ha tenido una gran influencia sobre la política estadounidense, debido a su fuerte figura como exportadora de petróleo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos –tácitamente– estuvieron de acuerdo en garantizar la seguridad de la región a cambio de un suministro estable de crudo para el mercado mundial por parte de Arabia Saudita. A pesar de las tensiones periódicas, especialmente la de la crisis del petróleo de 1973, la relación entre ambos países se ha mantenido en buenos términos. En las semanas posteriores al 9/11, el rey Abdullah le entregó nueve millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos.

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También se cree que la familia real utilizó su generoso petróleo para pagarle a Osama bin Laden una suma de varios cientos de millones de dólares, para que detuviera los ataques de Al Qaeda en el reino saudí.

El president George W. Bush reunido con el embajador de Arabia Saudita, el príncipe Bandar bin Sultan. (Fotografía via Wikimedia Commons)

El príncipe Bandar ha sido constantemente perseguido por las acusaciones que se le hacen de que niega lo que realmente sabe sobre el 9/11. Bandar fue muy cercano a la familia Bush durante el tiempo que estuvo como embajador en las dos administraciones, al punto de ser referenciado como “Bandar Bush”. Posteriormente Bandar se desempeñó como jefe de inteligencia de Arabia Saudita entre 2012 y 2014.

Dos días después del 9/11, Bandar le solicitó –con éxito– a la Casa Blanca evacuar a varios ciudadanos saudíes de los Estados Unidos, entre ellos miembros de la familia de Osama bin Laden. Según los periodistas Anthony Summers y Robbyn Swan, Bandar se encontró con su viejo amigo Bush esa noche. Los dos fumaron cigarrillos en un balcón de la Casa Blanca mientras conversaban con el vicepresidente Dick Cheney y con Condoleezza Rice, quien era asesora de Seguridad Nacional en ese momento.

La rápida evacuación de los familiares de bin Laden y otros ciudadanos saudíes, reflejó la relación especial entre los gobiernos de Riad y Washington D.C.

Se cree también que las páginas redactadas contiene detalles que van más allá de lo que se hizo público en su momento sobre dos de los ciudadanos saudíes, Omar al-Bayoumi y Osama Bassnan. Bayoumi es conocido por haber hecho contacto desde la Costa Oeste con dos de los secuestradores del 9/11: Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi. Bassnan era un socio cercano de Bayoumi. Algunos apartes del reporte sobre estos dos hombres, que están disponibles al público, están redactados de manera amplia, pero no están incluidos en la solicitud de desclasificación de la Casa Blanca. Los representantes Jones y Massie no han leído otro material clasificado a parte de las 28 páginas.

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“Creo que la redacción significativa y excesiva está en otro lugar entre las 800 páginas, pero para mí el punto de levantar el velo debería comenzar por las 28 páginas”, dijo Graham.

Un artículo del New York Times de 2003 informó que las fuentes que habían visto las páginas de la investigación sugerían que Bayoumi y Bassnan trabajaban con la inteligencia de Arabia Saudita. Graham ha dicho que está convencido de que Bayoumi era “un agente del gobierno de Arabia Saudita”.

Las autoridades de la aereonáutica civil de Arabia emplearon a Bayoumi como contratista en San Diego; un funcionario saudí autorizó su remuneración. Pero el Times informó que los funcionarios del Congreso creían que Bayoumi nunca había trabajado, y señaló que su remuneración aumentó luego de que se contactara con los dos secuestradores. Mihdhar y Hazmi estuvieron en San Diego con Bayoumi a principios de 2000.

También se supo que la esposa del príncipe Bandar, la princesa Haifa, le hizo una serie de pagos a Bassnan que comienzan a finales de los noventa, que según las autoridades saudíes estaban destinados al sostenimiento de la esposa enferma de Bassnan. Ella negó rotundamente que el dinero hubiera sido destinado a financiar el terrorismo. La comisión que investigaba lo sucedido el 9/11, concluyó después que “contrario a las afirmaciones altamente publicitadas, no hemos encontrado evidencia de que Hazmi o Mihdhar recibieran dinero del otro ciudadano saudí, Osama Bassnan”.

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Bayoumi y Bassnan abandonaron los Estados Unidos y nunca fueron acusados de tener relación con los ataques. El FBI no pudo determinar si los hombres sabían que los secuestradores eran terroristas. Oficiales de la policía le dijeron al Times que ellos creían que el informe de la Investigación Conjunta exponía exageradamente el vínculo entre el complot terrorista y las autoridades saudíes.

La administración Bush afirmó que la liberación de esa información pondría en riesgo la seguridad nacional. Es posible que se den revelaciones imprevistas o, como anota el reporte, explicaciones inocentes para las cuestiones discutidas en la sección. Sin embargo, el conocimiento de lo que se cree que está en esas páginas clasificadas parece tan común, que los expertos a quienes VICE consultó discutieron el material sin darle mayor importancia.

“Vivimos en un mundo donde la gente divulga una gran cantidad de teorías lunáticas y conspirativas”, le dijo a VICE Jeffrey Bale, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de Monterey, quien se especializa en el tema de terrorismo y Oriente Medio. “Sin embargo, aquí tenemos potencialmente una evidencia real del apoyo encubierto proporcionado por funcionarios saudíes a algunos de los secuestradores, información encubierta por la administración Bush”.

El exgobernador de Nueva Jersey, Thomas Kean, y el exrepresentante a la Cámara, Lee Hamilton, quien presidió la comisión del 9/11 a la que siguió la Investigación Conjunta, también ha dicho recientemente que el material debería ser liberado.

“Estoy avergonzado de que no estén desclasificados”, le dijo Hamilton a Kean, en un evento el mes pasado en el que se conmemoraba el décimo aniversario del informe final de la comisión. Sobre el texto señaló: “no hemos encontrado evidencias de que el gobierno saudí como institución o que sus funcionarios de alto rango hayan financiado a la organización (esta conclusión no excluye la posibilidad de que algunas organizaciones benéficas con apoyo significativo del gobierno saudí, hayan desviado fondos a Al Qaeda)”.

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“Me quedé sorprendido al leer estas cosas que ya sabía”, añadió Kean, refiriéndose a la información clasificada que ya había visto cuando estuvo en la comisión. Narró cómo se dirigió al agente del FBI que lo vigilaba mientras él leía el material y le comentó, “ya sabía todo esto”, a lo que el agente replicó, “sí, pero no sabías que era verdad”. “Esa no es razón para clasificarla”, dijo Kean a la audiencia.

Aunque Obama, quien era senador por el estado de Illinois cuando sucedieron los ataques, no se enfrenta a consecuencias personales con la liberación de la información, sin duda eso complicaría la diplomacia en Medio Oriente en un momento en el que la región está lidiando con diversas crisis que ya han puesto a prueba las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita.

Obama también podría temer que al desclasificar la información podría abrir la puerta para que el próximo presidente haga lo mismo con él. El martes pasado, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein (demócrata), llegó a los titulares cuando criticó a la Casa Blanca por intentar “eliminar o esconder hechos claves” del estudio del comité sobre el programa de detención e interrogatorio de la CIA.

“Tenemos una Casa Blanca que no quiere revelar información perjudicial de una administración anterior, que podría sentar un precedente”, le dijo a VICE el profesor de asuntos internacionales de la Universidad de Columbia, Stuart Gottlieb, quien se desempeñaba en el momento de los ataques como asesor de política exterior de la senadora de Nueva York, Chuck Schumer. “Entonces, allí está el tema de las actuales relaciones potencialmente dañinas con aliados cercanos. Las tensiones en este asunto son todas las podrías esperar que estén presentes”.

“A nivel humano, tenemos a las familias víctimas del 9/11 que entendiblemente quieren cerrar y obtener la mayor información posible sobre lo sucedido ese día”, añade Gottlieb.

Dado el historial de Obama de continuar con las políticas de seguridad de la era Bush, su gobierno ha mostrado poca inclinación por desclasificar los informes del Senado, a pesar de las promesas hechas a los familiares de las víctimas del 9/11.

“Puedo entender algunas razones por las que la administración Bush pudo haber encubierto y clasificado el informe”, le dijo Graham a VICE. “Pero no tengo una razón creíble de porqué el presidente Obama, quien hizo campaña con las malas acciones de la administración Bush antes, durante y después del 9/11, y de quien se ha informado que prometió a los esposos, esposas e hijos de las víctimas que liberaría esas 28 páginas, no lo ha hecho”.

La Casa Blanca no respondió a los cuestionamientos de VICE. Por su lado, el representante Jones sostiene que la divulgación no pondría en peligro a los ciudadanos estadounidenses.

“Si fuera un asunto de seguridad nacional, se los diría de frente”, dijo Jones, quien tampoco entiende por qué el gobierno Obama no le “da paz a las familias” al desclasificar el material. “Creo que cuando un país es atacado por un elemento extranjero, aquellas personas que pierden a sus seres queridos, así como el pueblo estadounidense, tienen el derecho de saber quien estuvo involucrado en el ataque”.

“Si esto es una piedra en el zapato para alguien, lo siento”, añadió. “Una nación que intenta esconder la verdad, eventualmente fallará”.

Sigue a Samuel Oakford en Twitter: @samueloakford