Feminicidios: morir por ser mujer en Venezuela

"Que te maten por tu pertenencia a un género, por tu condición de mujer". Así es como el código penal venezolano define el feminicidio desde que lo tipificó como delito penal en 2014.

De media, tres mujeres han sido asesinadas cada día en Venezuela desde entonces, según datos recogidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistícas (CIPC). El balance, citado por Amnistía Internacional en el país, eleva a un total de 516 las mujeres y niñas muertas a manos de hombres durante el primer semestre del año.

Carabobo y Distrito Capital, seguidos por Aragua, Miranda y Zúlia, precisamente los distritos que concentran la mitad de los homicidios que se cometen a nivel nacional, serían los lugares más peligrosos del país para las mujeres, según el mismo informe.

Magally Huggins, criminóloga e investigadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, asegura en un artículo publicado el pasado junio en El Nacional que la cifra de homicidios de mujeres ha aumentado un 103 por ciento en 16 años. Reconoce, sin embargo, que estos datos son una proyección aproximada, dado que no existen en el país estadísticas oficiales sobre feminicidios.

El Observatorio, creado en 2006 para elaborar informes alternativos a los que presenta el gobierno venezolano ante el Comité de la Convención de la ONU para las Mujeres (CEDAW), señala que las cifras de mujeres muertas a manos de su propio núcleo familiar están en alza, a pesar de que Venezuela ha desarrollado en pocos años numerosas iniciativas de prevención pioneras.

"Si consideramos los feminicidios como homicidios de mujeres con omisión de la acción del Estado, estos se han incrementado claramente. Solo en Caracas ha habido más de 100 en lo que llevamos de año", asegura a VICE News Ofelia Álvarez Cardier, directora general de Fundamujer-Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer y profesora de la Universidad Central de Venezuela.

"Es posible que haya habido un aumento de estos crímenes, aunque las cifras dependen de cada medio de comunicación y de su connotación política, precisamente por esa falta de datos oficiales", apunta a VICE News Edith Silva, abogada y miembro de la red de colectivos de mujeres "La araña feminista".

Silva participó de la formulación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007, que en su reforma de noviembre del 2014 incluye, de forma pionera, el feminicidio como delito autónomo y establece penas de 15 a 30 años para aquellos que lo cometan.

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Controversia en la definición del delito

Uno de los principales problemas que enfrenta la Ley es la controversia en la definición de feminicidio que establece, pues algunos colectivos la consideran confusa.

Precisamente, uno de los últimos casos reportados, el de Liana Hergueta González, de 53 años, que fue encontrada muerta a principios de agosto, descuartizada en el maletero de un coche, con signos de haber sido violada y asfixiada, es paradigmática en este sentido. Hergueta habría sido asesinada por sicarios a sueldo, hecho que a priori podría distanciar su forma de morir de la comunmente considerada feminicidio.

Y es que, al sustentarse este delito en la relación social de subordinación de las mujeres respecto de los hombres, su consideración cuando una mujer es asesinada depende de muchos factores.

Generalmente, en su concepción más común el feminicidio se reduce a aquellos crímenes en el que el asesino es pareja, ex pareja o familiar de la mujer, como destaca un informe del centro de análisis Asuntos del Sur.

Sin embargo, la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció el feminicidio por primera vez en 2009, incluye aquellos crímenes perpetrados, como en el caso de Hergueta, por hombres desconocidos tras una agresión sexual.

El término original de feminicidio fue acuñado durante el primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, en 1976, como el "asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o el sentido de la propiedad sobre las mujeres".

Sería pues, un crimen ideológico estrechamente relacionado con los valores sociales y los estereotipos de género, hecho que pone de relevancia la importancia de la prevención.

Mecanismos de prevención insuficientes

La Ley Orgánica de 2007, que reconoce explícitamente la obligación del Estado de proteger y garantizar el derecho a la vida de las mujeres, prevé la creación de Tribunales especializados en Violencia contra la mujer, una Defensoría Nacional de sus derechos y las llamadas "casas de abrigo" y acogida.

Pero su carácter pionero deriva sobre todo de los mecanismos que establece a modo de prevención del feminicidio y el maltrato, en especial los planes integrales de sensibilización y capacitación, y del reconocimiento de que es necesaria una transformación total de la sociedad para erradicar la violencia de género.

Sin embargo, los colectivos de mujeres, ya sean críticos o afines al gobierno, así como las recomendaciones del comité de la CEDAW, coinciden en que el alcance real de la Ley es todavía insuficiente.

"No nos compenetramos con esas voces silenciosas, con las mujeres que sufren violencia", que no son atendidas ni acompañadas debidamente", lamenta Edith Silva. Aunque reconoce que "ha habido avances a nivel de detección y sensibilización, sobre todo a través de los consejos comunales y del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, pero es necesario ampliar esa toma de consciencia a todos los organismos públicos dentro y fuera del gobierno".

Silva detecta, además, falta de coordinación entre los agentes que intervienen en el proceso de prevención, detección y gestión de estas violencias. "Tiene que ser un sistema integral, que cada eslabón de la cadena cumpla su rol, porque si uno falla, eso conlleva desprotección. Hay que reforzar las medidas preventivas y la formación del personal especializado", analiza.

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En la misma línea, se pronunciaba en noviembre del año pasado un informe del Comité que supervisa la aplicación de la CEDAW en cada país. El documento felicitaba a Venezuela por la adopción de la Ley Orgánica de 2007 y por la promoción de diversas iniciativas en pro de la igualdad entre géneros, pero lanzaba duras críticas por el retraso en su implementación.

Asimismo, el Comité se mostraba "muy preocupado por el aumento generalizado de la violencia contra las mujeres y las niñas y por la ausencia de un programa de recogida de datos desglosados".

El informe destacaba, también, el número insuficiente de refugios para las supervivientes de esta violencia, así como "la falta de acceso efectivo a la justicia para todas las mujeres víctimas, debido a estructuras insuficientes y al funcionamiento inadecuado del sistema de justicia".

El acceso a la justicia y la impunidad de los agresores son, precisamente, uno de los caballos de batalla de las asociaciones de mujeres. "En la elaboración de la ley se incluyeron muchas propuestas positivas, que venían desde ONG especializadas, pero en la práctica, las penas son mínimas y casi se acaba favoreciendo al maltratador", afirma Ofelia Álvarez Cardier.

La directora de Fundamujer se muestra muy crítica con las instituciones responsables de desplegar la ley. "No les interesa implementarla. En lo que respecta a las políticas públicas que prevé, falta todo, no existen. Y la prevención, ampliamente desarrollada en la ley, no se practica", asegura tajante.

Pero para Edith Silva, el panorama no es tan desolador. "Sin la formación adecuada sobre las causas y las consecuencias de estas violencias, la justicia que se imparta no va a ser de género", explica. "Pero el instrumento legal está ahí, tenemos la constitución, la ley y el programa. Desplegar una transformación así no es fácil ni inmediato, pero tenemos la base: una democracia protagónica que da herramientas a las mujeres".

Decía Elie Wiesel, superviviente de los campos nazis, que el silencio estimula al verdugo. Las supervivientes de violencia, afirman asociaciones de mujeres e instituciones públicas, deben denunciar su caso para cortar el riesgo de ser asesinadas raíz. Pero romper el silencio no sólo depende de quien decide hablar.

Sigue a Nora Miralles en Twitter:@NoraMMC 

Mira el documental de VICE News. Los feminicidios del Estado de México (Parte 1).