Un informe sobre las cárceles de Brasil evidencia un 'desastre en derechos humanos'

Las cárceles están controladas por bandas criminales en vez de guardias, las celdas están repletas de moho, sin ventanas y hediondas por la orina y las heces de los prisioneros, decenas de hombres se ven obligados a competir por espacio en el suelo sobre el que dormir. La vida de los reclusos en el estado de Pernambuco en Brasil equivale a un "desastre en derechos humanos", según un nuevo informe publicado el martes.

El informe fue elaborado por el grupo estadounidense Human Rights Watch (HRW), que visitó cuatro cárceles y entrevistó a ex presos y a reclusos actuales, a sus familias y a los funcionarios de seguridad del empobrecido estado nororiental.

"Pernambuco tiene problemas específicos, pero es, al mismo tiempo, representativo del sistema penitenciario brasileño en su conjunto", afirma César Muñoz de HRW a VICE News.

El informe pone énfasis en el problema de hacinamiento, el cual es más pronunciado en Pernambuco que en los otros 25 estados de Brasil. Pernambuco cuenta con espacio para alojar a 10.500 presos, pero en agosto de este año tenía más del triple de esa cantidad, según cifras oficiales. La prisión de Igarassu albergaba 3.788 presos hacinados en celdas diseñadas para hospedar a 507 personas. El Complejo Curado tiene espacio para 1.800 personas, pero ha estado alojando en torno a 7000.

El problema del hacinamiento también se encuentra muy extendido en todo Brasil — país que alberga a la cuarta mayor población carcelaria del mundo después de Estados Unidos, China y Rusia.

La población carcelaria de Brasil creció un 161 por ciento desde el año 2000 hasta el 2014, llegando a 607.000 reclusos en junio del año pasado, hacinados en instalaciones diseñadas para acoger un máximo de 376.000. La Asociación de Abogados de Brasil afirmó a VICE News a principios de este año que se calcula que la población carcelaria de Brasil ya había alcanzado la cifra de 680.000 personas.

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El informe de Human Rights Watch vincula el hacinamiento en las cárceles de Pernambuco con la dominación de la población carcelaria por parte de bandas criminales — como las infames facciones PCC y Bonde dos 40. Algunas de las prisiones brasileñas están completamente controladas por las pandillas, quienes gestionan el tráfico de drogas y robos, y han incluso demostrado que son capaces de orquestar asesinatos por venganza en el exterior de los centros.

Las cárceles visitadas por HRW estaban escasamente supervisadas por guardias oficiales que, según el informe, habían abandonado cualquier intención de imponer el orden y en cambio habían cedido el control a los denominados chaveiros [los que tienen las llaves]. Los chaveiros tienden a ser los prisioneros más imponentes, a menudo con condenas por asesinato, y el informe asegura que existe evidencia la cual demuestra que los funcionarios han aceptado sobornos para nominar determinados reclusos para realizar este rol.

"Nos encontramos con que las autoridades penitenciarias seleccionan ciertos presos para mantener el control sobre un pabellón. Esa persona tiene, literalmente, las llaves. No hay guardias en el interior", relata Muñoz. "Es su propio feudo".

El chaveiro se convierte en la vía para comprar un lugar donde dormir en una cárcel superpoblada, narra el documento. También controla las drogas que entran y salen de la cárcel.

Las sucias condiciones de hacinamiento también han colaborado a que la tuberculosis sea 100 veces más frecuente entre los prisioneros de Pernambuco que entre la población general. La tasa de infección por VIH es 42 veces mayor que en el resto del mundo. La violencia sexual — incluyendo incidentes de violación en grupo — rara vez son reportados o investigados.

El dossier dice que una de las principales raíces que han generado el hacinamiento extremo en las cárceles de Pernambuco se encuentra en un programa del gobierno local del año 2007 llamado el Pacto Pela Vida [Pacto por la Vida]. Este programa mejoró la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales e incorporó recompensas para los oficiales que arrestaran a más personas. HRW afirma que estas políticas han provocado un fuerte incremento de la población carcelaria del estado, la cual ha aumentado en un 68 por ciento desde 2007.

A nivel nacional, el informe responsabiliza a la superpoblación a la alta proporción de reclusos en prisión preventiva. El número de presos en todo Brasil que no han sido declarados culpables y no tienen condena destaca por lo elevado, siendo de un 41 por ciento a nivel nacional, y del 59 por ciento en Pernambuco. Muchos detenidos ni siquiera están acusados de crímenes violentos.

Las iniciativas para eliminar la prisión preventiva casi automática después de la detención y en su lugar llevar a los detenidos ante jueces para evaluar si esto es realmente necesario están dando buenos resultados, pero avanzan lentamente, relata HRW. Un proyecto piloto actualmente en ejecución en las capitales estatales de Brasil ha reducido el número de sospechosos detenidos enviados a la cárcel del 90 al 40 por ciento en São Luís, Maranhão. La capital de Pernambuco, Recife, ha sido uno de las últimas en iniciar el proyecto en agosto de este año.

El Ministerio de Justicia de Brasil respondió al informe con una declaración el martes reconociendo que "existe una necesidad de mejora en Pernambuco".

El documento subraya el renovado compromiso del gobierno de utilizar la prisión preventiva de los sospechosos solamente en casos que requieran esta "medida extrema". También se refiere al tema de la dominación de las cárceles por parte de criminales al asegurar que "se están tomando medidas para frenar la subordinación entre presos".

El hacinamiento, sin embargo, podría incluso empeorar de aprobarse la propuesta de la oposición para reducir la edad de responsabilidad penal de los 18 a 16 años en delitos graves como homicidio y violación, así como daños físicos y robo si la víctima muere por heridas sufridas. La medida goza con el apoyo del 87 por ciento de la población, según una encuesta de junio realizada por el instituto de sondeos Datafolha.

Ya aprobada por la Cámara de Diputados de Brasil, la reforma está encontrando obstáculos en el Senado por el partido de gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. A principios de este año el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, advirtió que esta medida significaría que hasta 40.000 menores de edad ingresarían en el sistema de prisiones cada año.

El hacinamiento ya está ampliamente reconocido como una de las principales causas de los frecuentes motines violentos en el país.

La semana pasada, reclusos en la ciudad de Guarapuava, en el sureño estado de Paraná, tomaron una prisión exigiendo ser trasladados a otras instalaciones.

El año pasado, en otra prisión en el mismo estado, dos rehenes fueron arrojados desde el techo de la instalación y murieron, y otros dos fueron decapitados y sus cabezas utilizadas para torturar a otros rehenes.

Cincuenta y nueve reclusos murieron en un motín en el estado nororiental de Maranhão en 2013.

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