​¿Puede una política de multas acabar con el acoso verbal en las calles?

Países como Argentina y Bélgica están tratando de erradicar el acoso verbal en las calles con una controvertida sanción.

|
09 septiembre 2015, 4:07am

Foto por Giorgio Fochesato vía Stocksy

Este artículo fue publicado originalmente en Broadly, nuestra plataforma dedicada a las mujeres

Llega un punto en la vida de toda mujer en que esta se da cuenta de que un cuerpo femenino en un espacio público de algún modo parece convertirse también en algo público, como una estatua o una fuente de la que se pudiera hacer comentarios, a la que se pudiera dedicar miradas indiscretas o que incluso se pudiera tocar. Sin embargo, pocas mujeres denuncian el acoso verbal a las autoridades, incluso siendo conscientes de su ilegalidad. Si bien el acoso verbal en la calle (los «piropos») está contemplado en la legislación gubernamental referente al acoso en general, los legisladores de ciertos países están tomando medidas dirigidas a clasificarlo como un delito específico sujeto a sanciones y penas de prisión, con la esperanza de que sirva como elemento disuasorio, garantizando así la seguridad de la mujer en las calles. Pero la pregunta es: ¿funcionan esas medidas?

El pasado junio, la diputada argentina Victoria Donda Pérez presentó un proyecto de ley al Congreso para incorporar los piropos como delito sancionable. Con la legislación propuesta, los infractores se enfrentarían a sanciones de hasta 7.000 pesos argentinos (cerca de 700 €) si se les hallara culpables de acosar sexual o verbalmente a la mujer. Actualmente, el proyecto de ley está siendo aprobado por la Cámara de los Diputados y el Senado.

«La realidad de nuestro país es que los hombres se adueñan de los espacios públicos y se creen con derecho de acosar a las mujeres», me explicó Pérez. «Los piropos son una invasión de la intimidad de la mujer, que los ha tenido que tolerar con resignación durante años. Cuando vas por la calle y ves que hay hombres acosando a las chicas cuando salen del instituto te das cuenta de que se trata de una forma de violencia contra la mujer y que debería ser sancionada. Esperamos que el proyecto de ley suponga una revolución cultural, sirva para ejercer presión y contribuya a cambiar la visión de la mujer como un simple objeto, en lugar de considerarla un sujeto de derecho igual que el hombre».

Bélgica impone sanciones específicas para el acoso verbal desde 2014. Si bien no se conoce el número de sanciones impuestas al año en el ámbito nacional, sí existe un registro de estas en la capital, Bruselas, y hasta ahora se han contabilizado 85 multas por acoso verbal en las calles de la ciudad. Las sanciones se incorporaron tras el estreno, en 2012, de la película de Sofie Peeters Femme de la Rue, un relato visual de cómo vive el acoso verbal en las calles de Bruselas.

Después de escribir un artículo sobre el acoso en las calles para el diario belga De Morgen, la periodista Yasmine Schillebeeckx fue acusada de exagerar los efectos negativos de este problema. Su hashtag #WijOverdrijvenNiet (#Noestamosexagerando) y el mencionado artículo se difundieron por internet como la pólvora y miles de mujeres compartieron su experiencia en redes sociales. Hablé con ella para saber cómo le había influido la película de Peeters.

«Se emitió en la televisión nacional y conmocionó a todo el país», me dijo. «No se habla demasiado del acoso en las calles en Bélgica. En nuestro país sufrimos el síndrome de "las mujeres están bien aquí, no lo pasan tan mal como en otros países". Las autoridades, a las que les gusta que se las vea como organismos proactivos, decidieron imponer multas sin haber consultado previamente con colectivos de mujeres.

Schillebeeckx cree que «esto es solo un parche temporal para detener la hemorragia, una forma rápida con la que el Gobierno pretendía demostrar que el problema le importaba, aunque no fuera así. Vale, sí, puedes implantar una política de sanciones, pero ¿servirá de algo? ¿Contribuirá eso a eliminar el miedo que sienten las mujeres cuando caminan por la calle de noche, solas? Yo creo que las multas nos dan una falsa sensación de seguridad».

El grupo belga rebel.lieus, que promueve los espacios públicos seguros, tuvo un papel decisivo. «Para nosotros», dijo su portavoz Aurore Guieu, «la figura de las sanciones en el acto perjudicará principalmente a los hombres de color. El racismo y las ideas erróneas alimentadas por los medios y los políticos convierten a estos hombres en los principales responsables del acoso».

La propia cinta Femme de la Rue subraya que gran parte del problema del acoso se debe a los inmigrantes del norte de África, lo que ha provocado que ciertos colectivos sean considerados acosadores en la conciencia colectiva belga.

Tanto Schillebeeckx como Guieu coinciden en que las multas por sí mismas no constituyen la solución al problema del acoso. «Las sanciones no abordan la raíz del problema. El acoso en las calles es un problema que afecta a muchos colectivos, no solo a las mujeres», afirma Guieu. «La educación es esencial para conseguirlo».

Schillebeeckx reclama «más soluciones estructurales», que pasan por la «educación y por enseñar a los niños y niñas, desde una edad temprana, a tratar a todos los géneros con respeto».

En marzo de este año, Perú también aprobó una ley contra el acoso, en parte a raíz del vídeo-denuncia Sílbale a tu madre, en el que se engaña a varios hombres de forma que acaban piropeando a sus propias madres. Quise conocer la opinión de las activistas peruanas de Paremos el Acoso Callejero, cuya influencia fue clave en la defensa de la ley contra el acoso.

Su portavoz, Elizabeth Rocío Vallejo Ribera, me cuenta que están bastante satisfechas con la nueva regulación, una «meta a la que han llegado tras años de lucha». No obstante, señala que aún hace falta trabajar en el aspecto de «enseñar a las mujeres a denunciar este tipo de agresiones a la policía».

Asimismo, Ribera afirma que existen ciertos problemas a la hora de aplicar la ley. «Cuando las mujeres denuncian situaciones de acoso en la calle, se les pregunta qué ropa llevaban o cuál era su actitud. Es preciso instruir también a la policía para evitar que hagan sentirse culpables a las mujeres; de esta forma habría más denuncias».

En EUA, el acoso verbal sigue siendo un problema muy extendido, si bien la legislación varía en función del estado. Recientemente, la atleta de 31 años Anna Aldridge estuvo en el punto de mira de los medios por presentar una petición (que sigue abierta) para que se impongan sanciones por acoso verbal y que se destinen los fondos a programas comunitarios. Asimismo, en su petición solicita que se realicen cursos obligatorios de sensibilización sobre el acoso sexual organizados por cada municipio, similares a los que se imponen en Gran Bretaña a las personas multadas por conducción temeraria. El pasado abril aparecieron varios carteles por las calles de Nueva York y Filadelfia en los que podía leerse «no a los piropos», una iniciativa de sensibilización con motivo de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero.

¿Qué efecto tendría la multa en países como Gran Bretaña o EUA? Hablé con Helen Simm, abogada de la oficina Slater and Gordon, especializada en casos de abusos, quien me explicó que el acoso verbal en la calle está contemplado en la legislación británica, concretamente en la ley de Orden Público de 1986, la Ley de Justicia Penal de 1988 o, en casos extremos, en la Ley de Delitos Sexuales de 2003.

Pregunté a Simm si creía necesaria la existencia de una ley específica para los piropos. Al fin y al cabo, el Reino Unido es uno de los signatarios de una resolución del Consejo Europeo de 2011 según la cual los estados participantes deben «adoptar las disposiciones legales o de otro tipo necesarias para fomentar y proteger el derecho de todas las personas, en especial las mujeres, de vivir sin violencia tanto en el ámbito público como en el privado». Sin embargo, cuando presenté una solicitud para conocer el índice de condenas por acoso en las calles amparándome en el derecho a la libertad de información, la respuesta fue que el Gobierno no lleva un registro de esas cifras.

«Probablemente existe un vacío en la legislación actual; intervenciones verbales de desconocidos en la calle que, aunque no son deseadas, no constituyen un delito según la Ley de Orden Público», explicó Simm. «Quizá las palabras no son amenazantes u ofensivas, pero seguramente no son del agrado de la persona a la que van dirigidas y pueden hacerla sentir incómoda».

Asimismo, una persona acusada de acoso verbal en la calle puede quedar absuelta si demuestra ignorar que sus piropos pudieran constituir un tipo de «acoso o provocar alarma o angustia». «Con este panorama, cuesta creer que se pueda sancionar este tipo de comportamiento, por lo que se hace necesaria una legislación específica para cubrir este vacío».

Un portavoz del Ministerio de Justicia discrepaba con este punto, afirmando que «el acoso a las mujeres o el abuso sexual de estas es aberrante y ya existe un amplio marco legislativo que garantiza la condena de estos actos».

¿Funcionaría un sistema de sanciones por acoso verbal, en la práctica? Activistas y expertos divergen en este punto. Desde el punto de vista jurídico, resulta complicado llevar a la práctica las sanciones en el momento, ya que haría falta que un agente de la policía estuviera presente en el momento exacto. Por otro lado, la gran cantidad de recortes de presupuesto que ha vivido el Reino Unido en general impide que la policía disponga de los recursos suficientes para examinar las denuncias como es debido.

Una de las componentes del colectivo contra el acoso en las calles Hollaback!, Bryony Beynon, se opone a las multas porque «nuestro sistema jurídico ya es deficiente de base, y son muchas las razones por las que las mujeres y la gente del colectivo LGTBQ, principales víctimas del acoso, no quieren formar parte de él». Por otro lado, la fundadora de Stop Street Harassment, Holly Kearl, afirma que las multas in situ puede contribuir a «cambiar ciertas actitudes y muestran claramente lo que es y no es socialmente aceptable».

La Dra. Fiona Vera Grey, especializada en el acoso verbal en las calles, afirma que la legislación es una herramienta, más que lo solución al problema. «La ley puede sentar las bases de lo aceptable en nuestra sociedad», explica, «pero es necesario un trabajo de prevención que la respalde, especialmente en torno a la educación sobre las relaciones entre géneros; hay que enseñar a los jóvenes que tienen derecho a estar seguros en espacios públicos».

Al margen de las dificultades prácticas, puede que las multas tengan cierta importancia simbólica y sirvan para demostrar que las autoridades sí se toman el asunto en serio. En el Reino Unido, donde no existe ningún tipo de campaña nacional ni formación educativa contra el acoso verbal en las calles, este tipo de iniciativas tendría muy buena acogida. Cuando pregunté a la Policía Metropolitana por su labor respecto al acoso en las calles, su respuesta fue que no estaban al corriente de ninguna iniciativa centrada exclusivamente en proteger a la mujer del acoso, pero que existían varias iniciativas sobre seguridad personal en general y que se brindaba información y consejos al respecto en su sitio web. Una búsqueda de «piropos» y «acoso en las calles» en su sitio web no arrojó ningún resultado.

A pesar de todo, empiezan a notarse síntomas de cambios. La iniciativa Project Guardian, de la Policía de Transportes Británica, ha encargado que se investiguen todos los casos de acoso en la red de transportes y anima a las mujeres a que expliquen su caso. Pese a las críticas recibidas por algunos grupos de activistas, el candidato laborista Jeremy Corbyn puso el asunto del acoso en el metro sobre la mesa al proponer la implantación de vagones exclusivos para mujeres durante la noche.

La política de sanciones no bastará para poner fin al acoso en las calles. Es necesario que se produzcan cambios estructurales –mayor énfasis sobre el asunto en la educación de los jóvenes, campañas de publicidad y una legislación más específica y eficaz, si fuera necesario- para erradicar el problema. Desgraciadamente, se trata de medidas costosas y difíciles de aplicar. Si los legisladores realmente consideran el acoso en las calles un delito y se dota de un presupuesto adecuado a las iniciativas al respecto, es perfectamente posible hacer que los piropos desaparezcan en una generación. Pero ¿están los gobiernos dispuestos a poner este problema entre sus prioridades? Yo no contaría con ello.

[NOTA DE LA EDITORA: En 2011, Bibiana Aído, entonces ministra de Igualdad en España, propuso que piropear a una mujer en la calle pudiera sancionarse con multas que irían desde prisión a una multa económica de 3.000 euros. Un mes más tarde Bibiana dejó su puesto de trabajo y la propuesta no llegó a ningún puerto.]

Traducción por Mario Abad.

Más VICE
Canales de VICE