La criminalización del aborto en el Salvador y sus nefastas consecuencias

Teodora Vásquez estaba embarazada de 9 meses cuando perdió a su bebé. Vásquez, campesina y sin recursos, acudió a urgencias en busca de ayuda pero se encontró con lo contrario a lo que buscaba: se la acusó del homicidio del feto, fue imputada y sentenciada a 30 años de prisión.

"La familia entera está deprimida", cuenta Cecilia Vásquez a VICE News seis años después del encarcelamiento de su hermana. Le ha costado tres días desplazarse hasta la prisión desde el domicilio familiar. "Está siendo especialmente duro para su hijo. Pregunta por ella todo el tiempo. Solo la ve una vez al año".

Esta semana, Amnistía Internacional ha publicado un informe sobre las consecuencias que tiene en las familias de El Salvador la detención de las sospechosas de haber abortado — y la conclusión es que nadie lo paga tan caro como los hijos y las hijas de las encarceladas.

"Cada vez que las autoridades salvadoreñas detienen a una mujer injustamente por haber padecido un aborto natural, o, incluso, por ser víctima de complicaciones durante su embarazo, se está sentenciando al resto de su descendencia a una existencia traumatizada y miserable", explica Astrid Valencia, autora del informe.

El Salvador es uno de los cinco países latinoamericanos donde el aborto está completamente prohibido. Sin embargo, es el único donde las autoridades detienen regularmente a mujeres bajo acusaciones de interrupciones deliberadas de sus embarazos, y el único donde los tribunales emiten sentencias tan despiadadas.

La prohibición fue introducida en 1998. Desde entonces los activistas a favor de los derechos de reproducción han intentado despertar la atención internacional ante la sistemática violación de los derechos fundamentales de muchas madres imputadas. A menudo sus vidas quedan devastadas tras juicios plagados de irregularidades y desprovistos de evidencias. Los activistas han denunciado que las víctimas son casi siempre madres pobres, de pocos recursos, y muy vulnerables ante los abusos de sus derechos humanos. A menudo, los casos son producto de las denuncias de los profesionales de la sanidad, quienes denuncian como abortistas a mujeres que solo acuden a los hospitales en busca de ayuda tras haber padecido un aborto espontáneo.

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Amnistía Internacional pretende denunciar no solo las irregularidades procesales, sino las dificultades en las que quedan sumidas todas las familias atropelladas por una justicia arbitraria y abusiva. El informe de Amnistía denuncia otros dos casos además del de Teodora, para ilustrar cuán vulnerable es la situación de muchas mujeres salvadoreñas.

Una de ellas es María Teresa Rivera, una madre condenada a una pena de 40 años de cárcel por homicidio doloso. Según denuncia Amnistía, lo peor del caso es que fue castigada por un aborto que padeció antes de quedarse embarazada y tener a su hijo. Según el informe de la organización humanitaria internacional, a María Teresa solo se le ha permitido ver a su hijo cuatro veces desde 2011, el año en que fue injustamente encarcelada. Su retoño tenía entonces 6 años. Ahora, el pequeño vive con su abuela materna, cuyo estado de salud y sus recursos, apenas le permiten recorrer el largo trayecto hasta el correccional. La abuela cuenta, de hecho, que lo más duro del desplazamiento es lo triste y afectado que queda su nieto tras la visita.

El estudio más completo sobre la clamorosa violación de los derechos fundamentales de las madres salvadoreñas — desplegado por el grupo de Ciudadanos por la Descriminalización del Aborto — concluyó que entre 2011 y 2014 fueron imputadas 147 mujeres. El grupo asegura que, a día de hoy, hay 21 mujeres encarceladas.

Las intransigente y durísima postura de El Salvador sobre el aborto es fruto de una campaña orquestada por los miembros más conservadores de la iglesia católica. Se trata de una élite de clérigos que defienden el derecho a la vida y cuya formación coincidió con el final de la sangrienta guerra civil, en 1992. La socióloga de Harvard Jocelyn Viterna explica cómo la izquierda política del país — la formación ex guerrillera Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) — no tuvo el arrojo de oponerse a la campaña eclesiástica en su día por miedo a perder el favor de los votantes católicos. El partido no conquistaría el poder hasta 2009.

"Después de la guerra civil el FMLN defendió inicialmente los derechos reproductivos", cuenta Viterna a VICE News. "Pero entonces, decidió tomar la decisión estratégica de no hacerlo, pues se convencieron de que hacerlo les debilitaría políticamente".

La legislación antiaborto de El Salvador forma parte de una amplia corriente antiabortista auspiciada por las dictaduras latinoamericanas. Chile fue el primer país en sumarse a la prohibición radical del aborto bajo el mandato del genocida Augusto Pinochet. Honduras emuló la medida en 1996, dos años antes de que lo hiciera El Salvador. Nicaragua se sumó al grupo en 2006, mientras que la República Dominicana lo hizo en 2009. Igualmente, la contagiosa y retrógrada medida también se propagó por varios estados mexicanos durante la misma época, aunque las mujeres mexicanas disponen desde 2007 del derecho a interrumpir su embarazo, siempre y cuando no hayan rebasado las 12 semanas de gestación, y lo hagan en la capital del país.

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Según cuenta Viterna, la ausencia de oposición política alguna ha posibilitado que las fuerzas antiabortistas salvadoreñas hayan llevado la situación hasta un extremo que no han alcanzado otros países. En El Salvador se ejerce la presión a la policía y a los tribunales para que se castigue a mujeres inocentes con sentencias arbitrarias y desproporcionadas. Viterna explica que es mucho más fácil perseguir, imputar y sentenciar a mujeres desamparadas que llegan a los hospitales con cuadros abortivos, que denunciar a los médicos que llevan a cabo abortos clandestinamente.

Sin embargo, hoy, después de muchos años en los que la batalla parecía perdida, ha surgido un pequeño grupo de activistas locales que luchan por los derechos de la mujer, y que se muestran cautelosamente optimistas con el futuro de la prohibición. Las activistas confían en que, en un futuro no muy lejano, se empiecen a aplicar ciertas exenciones, como la que exime a la madre de responsabilidad criminal cuando su vida esté en peligro.

"Antes ni siquiera podías decir nada, pero ahora la cosa empieza a cambiar", asegura Katia Recinos, una abogada del grupo activista de Ciudadanos por la Descriminalización del aborto.

Recinos asegura que el cambio empezó a gestarse después de que el caso de una mujer recabara la atención internacional. Beatriz, como así se la bautizó mediáticamente, era una enferma de lupus de 22 años a la que se le denegó la posibilidad de abortar en 2013. Los médicos ya habían advertido que impedirle la interrupción del embarazo era un riesgo para su vida. El caso fue llevado hasta la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, que terminó fallando a favor de la joven. Desde entonces, muchos han sido ya los casos presentados ante la Comisión, cuyas competencias permiten anular las sentencias del Tribunal Supremo de El Salvador. Este año, el defensor del Pueblo de El Salvador ha publicado un informe en que denuncia las violaciones de los derechos humanos de las mujeres imputadas.

"Tenemos esperanza", proclama Recinos. "Ha sido muy duro, pero parece que la situación empieza a mejorar".

Mientras tanto, 21 mujeres salvadoreñas siguen encarceladas, y sus familias castigadas por su ausencia.

Los padres de Teodora Vásquez lidian ahora con la decisión de cómo explicarle al niño, que ya tiene 12 años, el motivo del encarcelamiento de su madre.

"Nunca le contamos el porqué", confiesa Cecilia Vásquez. Cuando su madre fue puesta entre rejas, el niño tenía solo 4 años. "No queríamos herirle más de lo que ya estaba", sentencia.

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