Foto vía: Youtube.Este lunes dio inicio el juicio para decidir el futuro del manglar de Tajamar. La destrucción del 90 por ciento del manglar podría detener el proyecto turístico planeado en la zona y sumarse a los desastres ambientales causados por negligencia que México ha visto en los últimos años. Sin embargo, según la resolución del juicio, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) podría acabar con el resto del manglar y seguir adelante para edificar un complejo turístico.
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El FONATUR arrancó con la construcción del complejo turístico "Malecón Tajamar" en Quintana Roo el 16 de enero, removiendo la vegetación con maquinaria pesada. De acuerdo con FONATUR los permisos para las obras se aprobaron y se llevó a cabo el traslado de las especies animales del área. Habitantes de la zona y las organizaciones Greenpeace y Salvemos Manglar Tajamar interfirieron para intentar frenar los daños ambientales y lograron que el juez Vázquez Morales ordenara la suspensión temporal de la obra hasta el 18 de febrero, la fecha límite legal en la que debe resolverse el juicio. La suspensión definitiva del proyecto se daría si se demuestra que la destrucción del manglar causa daño al ambiente y que no hubo una reubicación de la fauna como lo marca la Ley general de vida silvestre, antes de empezar el trabajo.En los días posteriores a la tala de vegetación se encontraron algunas especies de iguanas, ardillas, ranas y cocodrilos que sobrevivieron. También hay registros de 10 especies de anfibios,14 reptiles, 5 invertebrados, 44 aves y 70 especies de peces en la región, algunas en peligro de extinción o estado de protección especial como la tortuga mojina, la culebra pico verde, la iguana espinosa rayada y el cocodrilo de pantano.A pesar que los miembros de la comunidad de Tajamar dicen no haber visto que se hiciera algún procedimiento ecológico de reubicación antes del día del arrasamiento, un obstáculo legal para defender el ecosistema es que la Secretaría de Medio Ambiente reconoce que las normas para preservar la flora y la fauna son posteriores a los permisos urbanísticos que se asignaron a los compradores de predios de esta zona —desarrolladores como José Martín Domene y las familias Garza Rangel, Daniel Kabbaz, Francisco Córdova Lira y Rafael Lang Uriarte, quienes forman parte del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe y de las 22 empresas involucradas en el desarrollo del complejo turístico y otras obras que abarcarían alrededor de 59 hectáreas. Las ventas de los terrenos se realizaron durante las administraciones de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.En años recientes, diversas catástrofes ambientales en México han sido atribuidas a la negligencia tanto de organismos gubernamentales como de empresas privadas. En 2010 ocurrió un derrame de petróleo de British Petroleum en el Golfo de México, en el que alrededor de 5 millones de barriles fueron expulsados por un pozo en aguas profundas, entre abril y agosto, y la existencia de más de 400 especies de esa zona y una economía sustentada en la industria pesquera se vieron afectadas. Después del derrame, se le impidió a British Petroleum el contrato con la zona por 16 meses, pero al término de estos, se reanudó el trabajo.En septiembre del 2014, la muerte de toneladas de peces en la laguna Infiernillo de Sinaloa fue causada por el mal manejo de los desechos por parte de la Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Mazatlán. Y en marzo del año pasado, el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico y otros metales, provenientes de la mina Buena Vista del Cobre de Grupo México, se depositaron en el Río Bacanuchi y afectaron la salud de 14 mil personas así como a la agricultura local.Sin embargo, también existen casos en que la ciudadanía logra evitar desastres de esta magnitud, como la cancelación del permiso para la construcción de un complejo turístico cerca de Cabo Pulmo —uno de los arrecifes más grandes del Mar de Cortés en Baja California Sur— al probar que se trataba de una obra innecesaria para desarrollar la economía del estado.En estos momentos la zona en disputa se encuentra bloqueada por granaderos. Si se resuelve que FONATUR actuó dentro de las regulaciones requeridas —como afirman— la construcción seguirá adelante. De lo contrario, si el juez ordena parar la obra definitivamente, el manglar de Tajamar tal vez podría regenerarse de forma natural en aproximadamente 30 años.
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