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ESPAÑA

España investiga arrendadores para aflorar dinero negro que circula en webs como Airbnb

Si has alquilado un piso turístico a través de webs como Airbnb y no has declarado las ganancias puede que Hacienda te esté investigando. La agencia tributaria española ya ha empezado a requerir documentación a los presuntos defraudadores.
5.11.15
Turistas en un apartamento con vistas a la Plaza Sant Jaume de Barcelona. (Imagen por Alber Gea/REUTERS)
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"Me puede caer un buen puro", asegura Marian, el pseudónimo que ha elegido esta entrevistada para preservar su anonimato y poder explicar a VICE News las consecuencias y el procedimiento mediante el cuál Hacienda le ha abierto una investigación por no haber declarado los ingresos que percibió del alquiler de pisos vía Airbnb.

Su caso no es único y se enmarca en las inspecciones que la Agencia Tributaria española ya ha puesto en marcha en el marco de su Plan de Control Tributario y Aduanero, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado mes de marzo.

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Un plan que contempla "actuaciones relevantes en relación a posibles alquileres no declarados en distintos puntos de España, en los que se pueden haber utilizado plataformas de intermediación online", de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Tributaria a VICE News.

En Barcelona, la ciudad más turística de España, el Ministerio de Hacienda habría detectado más de un centenar de contribuyentes que no liquidaban sus tributos por tenencia de apartamentos turísticos, de acuerdo con la información publicada en el rotativo La Vanguardia. Sin embargo, el diario El Periódico aseguró que esta realidad alcanzaba a más de 20.000 propietarios.

La agencia desmiente ambas cifras, se niega a revelar los nombres de las plataformas online donde se anunciaban los alojamientos que supuestamente eludían la tributación y se limita a confirmar que están trabajando para que el dinero procedente del alquiler de estos apartamentos turísticos aflore.

Airbnb, por su parte, asegura que la firma no es objeto de ninguna investigación por parte de Hacienda que haya podido derivar en las pesquisas que afectan a algunos de sus usuarios y que ha puesto en conocimiento de sus clientes los requisitos legales y fiscales que éstos están obligados a cumplir.

La maniobra de Hacienda es, en realidad, el último capítulo del forcejeo que las administraciones españolas mantienen con este tipo de plataformas online P2P [de particular a particular] dedicadas al alojamiento turístico.

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Hasta ahora, la batalla se había jugado en el terreno de las licencias y la adaptación de esta actividad a las a veces ambiguas e inconcretas normativas relativas a este tipo de arrendamiento que se han aprobado en algunas comunidades autónomas. Ahora, la lucha también se dirime en el terreno de la fiscalidad.

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"Lo haces un poco por ignorancia y porque la sensación de que todo el mundo está haciendo lo mismo te da una falsa seguridad. En 2012 y 2013, los gobiernos y Hacienda no hablaban de licencias ni de economía sumergida en este sector. Además, añade, casi todos los que gestionábamos pisos y habitaciones lo hacíamos para ganar un dinero extra y poder llegar a fin de mes", asegura Marian.

Los portales Airbnb, Homeaway o Wimdu concentran el 65 por ciento de la oferta de servicios de alojamiento turístico en viviendas de alquiler intermediadas online en España, de acuerdo con un estudio del foro sobre la innovación en el sector turismo Thinktur. Airbnb encabeza la lista con el 24 por ciento de esta oferta.

Los usuarios que gestionan los pisos a través de estas plataformas suelen ser los mismos propietarios, agencias inmobiliarias o intermediarios particulares que se ganan la vida o se sacan un sobresueldo alquilando la propiedad de terceros.

Marian forma parte de este tercer grupo y asegura que en su caso la misiva que le mandó la Agencia Tributaria para que personara en las oficinas y respondiera sobre estas actividades podría acabar en una sanción de al menos el 50 por ciento del dinero no declarado, lo que en su caso supondría 50.000 euros más intereses.

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Una dura penalización que según Jorge Noguerol, abogado en temas de fiscalidad en el despacho Esfera Legal, suele aplicarse en casos considerados graves o muy graves como el de Marian. "La sanción estaria entorno al 50 por ciento del total defraudado y los intereses se moverían entre el 4 y el 5 por ciento", asegura a VICE News.

"Sabes que corres un cierto riesgo pero no crees que pueda ser de estas dimensiones. Yo trabajaba para una pequeña inmobiliaria y pensamos que lo más práctico era que yo manejara el dinero a través de mi cuenta corriente. Aunque, claro, lo que entraba en la cuenta no eran mis ingresos, yo sólo me quedaba con una pequeña parte", explica Marian. Ahora, Hacienda a través de un requerimiento de documentación, le pide que facilite su historial bancario.

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"Mi preocupación siempre fue la de obtener las licencias de apartamento turístico, las pedí decenas de veces pero desde el Ayuntamiento de Barcelona siempre me decían que las concesiones estaban paralizadas. Seguí alquilando los tres apartamentos que gestionaba pero cuando vimos que la cosa se ponía fea y que, cada vez, había más controles, decidimos dejarlo. Diez meses después me llegó la carta de Hacienda", cuenta Marian.

"El gestor que me ha proporcionado la inmobiliaria con la que trabajaba me contó que lleva tres casos más como el mío y cuando me personé en la Agencia Tributaria un funcionario me dijo que, en los últimos días, diversas personas habían sido convocadas en idénticas condiciones y a través del mismo tipo documento donde no se incluía detalle alguno acerca del motivo de la citación", relata Marian.

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"Internet es una joya para la Agencia Tributaria porque el volumen del negocio digital no para de crecer y, aunque algunos digan que este ámbito genera economía sumergida, la trazabilidad que permite es enorme", asegura a VICE News Miguel Ferrer, experto en regulación digital y asesor de Sharing España, una plataforma que promueve la elaboración de un marco legal que viabilice el modelo de negocio P2P en la red.

"Debería de existir una figura intermedia a nivel legal para aquellos particulares que se sacan un sobresueldo a través de servicios como el alquiler de alojamiento promocionado en Internet. No se le puede exigir lo mismo a una gran empresa que a un ciudadano cuyos ingresos por esta vía son más bien modestos", considera Ferrer.

Se trata, precisa este especialista, de nuevos modelos de negocio que permiten intercambiar o ofrecer ciertos servicios a ciudadanos que no podrían acceder a ellos si tuvieran que contratarlos en el mercado tradicional.

Airbnb ha generado en un año 128 millones de euros de actividad económica en Barcelona, el cuarto destino más popular del mundo para la compañía, y ha impulsado 4.310 puestos de trabajo, según un informe encargado por esta compañía a los economistas de Dwif Consulting y avalado por profesores de IESE Business School y ESADE-Creafutur. El documento, publicado en 2014, asegura que el 75% de todos los anfitriones de Airbnb en Barcelona cobra el ingreso medio por hogar de Cataluña o está por debajo de éste.

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Un debate mucho más amplio

"Los alojamientos turísticos promocionados en plataformas de Internet han abierto un profundo debate a diferentes niveles entre los impulsores de estos nuevos modelos de negocio y el sector hotelero tradicional. Primero está el plano legal y después el plano fiscal, el de los usuarios arrendadores", asegura Ferrer.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ha dejado en manos de las comunidades autónomas la regulación de esta formula de alquiler que ha crecido exponencialmente debido al gran alcance del ámbito digital.

"Existen comunidades como Catalunya, Madrid, Canarias o la Comunidad Valenciana que han optado por aprobar una legislación", explica a VICE News Jorge Petrement, abogado experto en el ámbito de las viviendas de uso turístico en Ius+Aequitas. Otras, como Andalucía, están trabajando en ello. El resto, sostiene Petrement, viven en un limbo de incierta alegalidad.

Con todo, la iniciativa legislativa aprobada en Madrid ha generado mucha controversia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recurrió a los tribunales el decreto por el que se regulan los apartamentos y las viviendas de uso turístico al considerar que prohibir el alquiler de estancias inferiores a cinco días elimina a operadores del mercado, restringiendo la capacidad de elección del cliente y elevando el gasto del consumidor precio.

"Una cosa es proteger la eficiencia de un mercado y otra muy distinta, y que no debería hacerse, es aplicar normativa anti-competitiva y proteger la cuota de negocio de actores preexistentes cuando surgen nuevos servicios demandados por los ciudadanos.", afirma Ferrer en relación a este contencioso.

Un año antes de aprobar una ley para regular este mercado, en julio de 2014, la Generalitat de Catalunya sancionó con 30.000 euros de multa al portal Airbnb por comerciar apartamentos turísticos ilegales en su sitio web.

"Fue una gran campaña de marketing a un precio de ganga para Airbnb", declara a VICE News, Xavier Robert, vicepresidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR). Para Robert, en discrepancia con Ferrer, es necesaria una regulación estatal que exija las mismas condiciones para los agentes que compiten en un mismo mercado.

"Si yo tengo que estar localizable las 24 horas, si tengo que adaptar los apartamentos y cumplir con las normativas de seguridad, todos los que ofrezcan alojamiento y se beneficien de ello tienen que estar obligados a hacer el mismo esfuerzo, también en el plano fiscal", concluye Robert.

Sigue a Maria Altimira en Twitter: @MariaAltimira