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Por qué algunos peruanos temen que Keiko Fujimori convierta el país en un paraíso del narco

Keiko, hija del dictador Alberto Fujimori, es la favorita para ganar las elecciones presidenciales del domingo a pesar del larga lista de las acusaciones de lavado de dinero y otras transacciones ilegales que implican a su círculo más cercano.
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Imagen por Ernesto Arias/EPA

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Los peruanos elegirán a su nuevo presidente el domingo en medio advertencias de que si la candidata favorita Keiko Fujimori se hace con la victoria acogerá a la ya endémica corrupción y el dinero de la droga penetrará en los más altos estratos del gobierno.

Las encuestas dicen que la hija del encarcelado dictador de los años 90, Alberto Fujimori, adelanta por poco a su rival de la segunda vuelta electoral, el exministro e inversor de Wall Street Pedro Pablo Kuczynski, de 77 años de edad.

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Keiko ha procurado distanciar a su partido Fuerza Popular de algunas de las acciones más controvertidas de su padre, incluyendo el autogolpe de Estado de 1992, los escuadrones de la muerte, las esterilizaciones forzosas y la corrupción masiva. Pero la excongresista de 40 años ha basado gran parte de su campaña populista en el legado de derecha de su padre, incluyendo la afirmación de que él aplastó a los rebeldes maoístas de Sendero Luminoso.

La candidata se compromete a acabar con el aumento de la delincuencia violenta, y ha prometido declarar el estado de emergencia en la capital peruana y enviar militares a patrullar las calles. También ha sugerido restablecer la pena de muerte, a pesar de que carece de la mayoría calificada del Congreso para realizar la enmienda constitucional necesaria para ello.

"Convocaremos a las Fuerzas Armadas para vigilar instituciones públicas", dijo Keiko en el debate presidencial con Kuczynski, el domingo. "En un gobierno de Fuerza Popular enfrentaremos y venceremos la delincuencia con decisión política y el respaldo de las fuerzas del orden".

'Convocaremos a las Fuerzas Armadas para vigilar instituciones públicas'.

Sin embargo, algunas de sus políticas, junto con las últimas revelaciones sobre las relaciones de sus dos confidentes políticos más cercanos — incluyendo una supuesta vinculación con narcotraficantes de alto nivel y una manipulación en los medios de comunicación para ocultar una denuncia en contra — hay muchos peruanos que cuestionan el compromiso de Keiko con la lucha contra la delincuencia.

Una investigación emitida el mes pasado en la cadena estadounidense en español Univision y el programa de televisión peruano Cuarto Poder reveló que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos investiga al exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por blanqueo de dinero.

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Se sospecha que Ramírez es el financista principal del partido. Las oficinas centrales de Fuerza Popular se encuentran en una de sus propiedades y Keiko ha utilizado durante la campaña electoral uno de sus vehículos deportivos.

Nuevas alianzas electorales de Keiko con varios grupos que operan al margen de la ley también han alimentado la preocupación por el estado de derecho, e incluso la democracia, si finalmente se convierte en presidenta.

La candidata se ha acercado a los mineros ilegales de oro que envenenan grandes extensiones de la Amazonía peruana, y también se ha aliado con Augusto Ramos Dolmos, un dirigente sindical de la construcción investigado por extorsión.

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Mientras tanto, los medios de comunicación de Perú han informado que algunos fiscales están investigando a cinco de los 73 congresistas de Fuerza Popular por lavado de activos. El bloque, elegido en mayo, obtuvo una estrecha mayoría absoluta en un congreso unicameral de 130 miembros.

También han circulado artículos que afirman que el edificio que alberga las oficinas del partido en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, pertenece a un grupo notorio de gángsteres locales.

Por otra parte, expertos en seguridad pública han advertido que Keiko perjudicará a la — endemicamente corrupta — policía si hace efectiva su promesa de campaña de revertir una norma parlamentaria que trata de combatir una práctica muy extendida entre los agentes mal pagados, quienes trabajan como guardias de seguridad privada con sus uniformes oficiales en sus días de descanso.

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Esta práctica, permitida por primera vez por Alberto Fujimori durante su presidencia de 1990-2000 para ahorrar dinero, erosionaría la confianza en el servicio.

El rival de Keiko ha utilizado estos argumentos para afirmar que una victoria de ella amenazaría con convertir a Perú en un "narcoestado".

"[Tenemos que] defender la libertad y cerrar el paso con nuestros votos al retorno de la dictadura, la corrupción y la mentira"", dijo Kuzcynski durante el debate del domingo.

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La preocupación de una victoria Keiko también ha convencido a los otros candidatos que participaron en la primera vuelta electoral en abril para lanzar su apoyo a Kuzcynski, incluso aunque no estén de acuerdo con su programa político.

"[Keiko] habla de lucha contra la corrupción, cuando no tiene autoridad moral", dijo la dirigente de izquierda y ex candidata Verónica Mendoza, en una conferencia de prensa. "Fujimori ha demostrado que está completamente comprometida con la corrupción, con la mafia y con el narcotráfico".

Julio Guzmán, candidato centrista que fue excluido de la primera vuelta por una cuestión técnica, también llamó a votar en contra de ella.

"Kuczynski es rival en democracia; Keiko Fujimori es una amenaza", dijo al diario local La República.

El presunto autoritarismo de Fuerza Popular queda expuesto en su aversión al escrutinio y la corrupción que permite.

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Después de tres días de inmovilismo de Keiko, Ramírez finalmente dimitió como secretario general en una tensa conferencia de prensa en la que negó las acusaciones y no aceptó responder preguntas. Haciendo uso del término despectivo para los mestizos de piel oscura, afirmó que estaba siendo perseguido por los críticos blancos por ser un "cholo con plata".

Ramírez, un excobrador de pasajes de bus en Lima, ha sido incapaz de explicar el origen de su riqueza.

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La filtración de un informe policial sugiere que Ramírez adujo haber perdido toda la documentación que demostraría que su éxito comercial es legítimo una semana después que los fiscales peruanos se pusieron en marcha en la investigación sobre su presunto lavado de activos.

Presionada intensamente por algunos medios de comunicación, Keiko justificó su amistad política con Ramírez, insistiendo en que "nunca" ha pedido a ningún donante del partido explicaciones sobre cómo ha hecho su dinero.

Para empeorar las cosas, el candidato a vicepresidente de Keiko, José Chlimper, fue denunciado por el programa de televisión Las cosas como son por haber manipulando una grabación de audio para desacreditar una denuncia contra Ramírez.

'Kuczynski es rival en democracia; Keiko Fujimori es una amenaza'.

La grabación era la voz de un piloto de Perú radicado en Miami llamado Jesús Vásquez que es informante de la DEA. Vásquez había afirmado que Ramírez le dijo que una vez había lavado 15 millones de dólares para Keiko.

En el audio manipulado, se oye a Vázquez decir: "es falso lo que dije".

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El problema, sin embargo, fue que una de las exreporteras del programa, Mayra Albán, posteriormente renunció diciendo que el audio provenía de una USB proporcionado por el compañero de fórmula de Keiko. Y otro USB contenía la versión completa en la que Vásquez dice realmente: "dicen que es falso lo que dije".

Chlimper, visto por muchos como uno de los líderes más astutos y honorables de Fuerza Popular, finalmente admitió haber entregado el USB, pero negó conocer que contenía pruebas adulteradas.

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Los acontecimientos fueron demasiado incluso para El Comercio, diario conservador de la élite peruana, que respaldó a Keiko durante su campaña presidencial fallida de 2011.

En un editorial, el diario publicó que era "difícil exagerar la gravedad de la cadena de revelaciones" que comprometen irremediablemente a las dos figuras de más alto rango de Fuerza Popular por debajo de Keiko.

El constante goteo de denuncias parece haber unido un gran sector de la sociedad peruana que interpreta que el posible retorno del fujimorismo al poder sería un horror. El martes, unos 100.000 manifestantes de diversas tendencias políticas marcharon pacíficamente en el centro de Lima cantando "Keiko no va" y "Ni blanco ni viciado, no al narcoestado".

'No podemos bajar la guardia, teniendo en cuenta el historial de los fujimoristas'.

Estas preocupaciones son compartidas por Walter Alban, ex ministro del Interior que ahora dirige la rama peruana del grupo de anticorrupción Transparencia Internacional. Alban cree que, a pesar que existen algunos jueces y fiscales valientes, la debilidad del poder judicial de Perú y la mayoría del Congreso de Fuerza Popular impide el equilibrio de poderes y dejará a Keiko sin control si se convierte en presidenta.

"Tenemos que prepararnos para una situación muy sensible donde la única garantía de que Perú no se convierta en un narcoestado es una ciudadanía proactiva que se levante contra la corrupción y en favor de los derechos humanos", vaticina Alban en diálogo con VICE News.

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Eduardo Dargent, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aunque descarta un retorno de los peores excesos de la década del 90 como una disolución del Congreso, cree que la democracia peruana podría estar en un momento crucial.

"No podemos bajar la guardia. Teniendo en cuenta el historial de los fujimoristas, y la preocupante manera que han reaccionado a estas revelaciones en la campaña electoral, tenemos que estar muy en alerta", afirma. "Podría ser un gobierno matón. No creo que cierren los medios de comunicación, pero sin dudas podrían ser capaces de ejercer presión para obligar editores a renunciar".

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A solo dos días de las elecciones, este escenario no parece haber desalentado el apoyo a Keiko por parte de millones de votantes — en gran medida de los sectores más pobres de la sociedad — que aún reverencian a su padre.

Los últimos sondeos permitidos antes de la veda, publicados una semana antes de las elecciones, mostraron a Keiko superando a Kuczynski por alrededor de cuatro puntos.

"Alberto Fujimori fue el único que hizo algo por Perú", opina Jorge Martínez, un taxista de Lima y fujimorista del núcleo duro que sirvió en el ejército y luchó contra Sendero Luminoso. "Cuando asumió el poder, nadie hubiera apostado un sólo Sol por Perú. Él solucionó el problema con la guerrilla".

Martínez — quien describe la pena de prisión de 25 años a Fujimori como una "venganza política" — incluso justifica la rampante corrupción. "La plata que robó era de los narcos", sentencia.

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