Sin protección ni derechos: los jornaleros migrantes siguen trabajando a pesar de la pandemia

"El 60% de los inmigrantes que trabajan en el campo su situación es irregular. Todos los trabajadores que viven de formas infrahumanas, sin papeles y con miedo, se siente como papeles usados que se tiran a la basura cuando ya no son necesarios¨, me explica Serigne Mamadou, temporero en los campos de cultivo en Cataluña. El enfado y la protesta de Serigne tiene que ver con la aprobación del Real Decreto que permite una prorrogación de permisos para trabajadores extranjeros en las campañas agrícolas, cuyos contratos vencieron durante el estado de alarma y se extienda hasta el 30 de junio. Además en este decreto se han incluido una concesión de autorizaciones para los jóvenes migrantes entre 18 y 21 años que cuentan con permisos de residencia pero no de trabajo.

Organizaciones agrarias como Asaja, estimó que en el Valle del Ebro de cara a la campaña de fruta harían falta 50 000 trabajadores, en Extremadura para la fruta del hueso 40 000 y en el Valle del Jerte se calcula que unas 1200 personas durante los mayores picos de producción. COAG Murcia afirma que en el campo murciano se busca unos 36 000 jornaleros para cubrir los puestos de recolección y manipulado, ¨todo el mundo sabe perfectamente que la mayoría de los que van a recolectar fruta actualmente no tienen papeles pero hacen caso omiso¨, protesta Mustapha Ziani, líder del sindicato Alafa (Murcia) y suscribe que ahora es la oportunidad de ¨aprovecharse de los trabajadores porque les hace falta mano de obra en todos los sectores¨.

Mustapha me envía fotos de trabajadores y de los campos de Cartagena, donde se cultiva patatas, perejil o alcachofas. ¨Los trabajadores siguen trabajando como si nada hubiera pasado. Siguen en primera fila dando de comer a miles de personas durante la pandemia, sin medidas de seguridad y en muchos casos sin mascarillas¨, dice. Reclama medidas para el sector agrario ¨en todos los sentidos". "Me gustaría que el Ministerio de Trabajo investigará y que los sindicatos fueran más representativos en temas como son los convenios falsos, los salarios de miseria, las jornadas agotadoras, la contratación a través de empresas de trabajo temporales y los despidos masivos¨.

¨Llevo varias semanas trabajando sin protección y soy un peligro para mi familia y mis compañeros de trabajo¨ relata Adil, trabajador en los campos de Extremadura desde hace más de 10 años. ¨Tenemos un permiso para enseñar a la policía dónde vamos y guardamos la distancia en el coche. Es la única medida de seguridad que hacemos¨ a lo que me añade con desánimo que se enteró de la noticia por las redes sociales, ¨nadie me explicó de qué trataba, no quieren que lo sepamos¨. Adil, por su parte añade que ¨esta ley es solo para una pequeña parte de los trabajadores del campo. Aquí casi todos somos irregulares y durante estos días estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades para que la gente tenga sus alimentos en el supermercado¨, que me dice que no puede hablar más ya que tiene que volver a trabajar, su único objetivo es conseguir ¨que sus hijos tengan un mejor futuro que el suyo¨.

¨Las solicitudes de ayuda que nos llegan se relacionan sobre todo con la situación de precariedad derivada del racismo estructural, que se ha visto agravada con la crisis del Covid-19¨, detalla el Comité de Emergencia Contra el Racismo, ¨la visión instrumentalista que se tiene de la inmigración hace que las políticas y las actitudes sociales ante el trabajo de las personas migrantes sigan una lógica de explotación y de usar y tirar, sin atender a su derecho a la vida ni a sus derechos políticos y socioculturales en la relación con el trabajo¨.

El municipio de Lepe, en Huelva, con menos de 30 mil habitantes, tiene una economía sustentada por el sector primario y en tiempo de cuarentena, la recogida de alimento es más fundamental que nunca. ¨El decreto que fue aprobado por el Gobierno, pienso que es un broma sinceramente¨, me dice Seydou Diop, temporero en Lepe y colaborador e integrante de Asnuci (Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad) que cuenta con más de 1500 asociados. Seydou tuvo que huir de Senegal mientras era estudiante de Filología Francesa ¨¿Quién pensó en los menores que están en los centros con esta medida? y ¿Cuando sea 1 de julio qué pasará con los trabajadores?¨, pregunta Seydou. "No comprendo esta ley. Sería más fácil hacer una regularizar de la situación de las personas que estamos trabajando. Nosotros hacemos un trabajo que a nadie le gusta¨.

Las normas de higiene en los puestos de trabajo están siendo recordadas todos los días en los medios de comunicación, mientras tanto, los jornaleros migrantes están privados de los medios para ponerlas en práctica: ¨hay gente que está trabajando en el campo que no tiene mascarillas y en muchos casos la distancia de seguridad en los coches no se cumple. Todo depende del empresario¨, aclara Seydou y defiende que ¨nosotros estamos dando de comer, además de tener que trabajar en condiciones de inseguridad. Nos gustaría también recibir aplausos o por lo menos no ser invisibles en la sociedad¨.

Hace unos días un relator de Naciones Unidas visitó los campos donde viven jornaleros como Seydou y textualmente dijo ¨He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación¨. Por ese motivo Asnuci está actualmente recaudando dinero para construir el primer albergue para temporeros en Lepe y Seydou me pidió que escribiera que tanto ¨los empresario, las instituciones, administraciones, la Junta de Andalucía o el Gobierno nunca se han preocupado de nuestra situación. Porque nosotros no podemos votar, pero que no se olviden que nosotros aportamos económicamente al país¨.

¨Su afección nos resulta del todo insuficiente, sólo han tenido en cuenta en el Real Decreto, a dos colectivos muy limitados como son los migrantes cuyo permisos de trabajo y residencia hayan expirado y a los jóvenes nacionales de terceros países, entre 18 a 21 años¨, argumenta Rocío Roca, Abogada de la Asociación Marroquí para la Integración. ¨Esta ley olvida a las personas que están en España de forma irregular, algunas de las cuales se encuentra en lugares de recogida, formando asentamiento y viviendo en situaciones de pobreza y miseria. Así como los jóvenes que se encuentran en territorio español de forma irregular, tras estar incluso tutelado por un organismo español¨, subraya Rocío y hace hincapié en que ¨el Real Decreto 13/20 de 7 de abril, se encuentra vacío de contenido, dejando a las personas en situación de inseguridad jurídica. Aunque en el preámbulo asegura que se puede alargar sus permisos, lo cierto es que a esta fecha no se ha regulado nada sobre esta situación especial¨.

Oussama tiene 19 años y no tiene permiso de residencia. Llegó a España en lancha cuando era menor y ahora está viviendo en un piso de acogida de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, en Málaga, me cuenta que siente ¨una decepción y a la vez frustración, porque el Gobierno no me permite trabajar sin documentación. Ni en el campo, ni en ningún lado. Nada más ver que sacaron estas medidas que incluían a inmigrantes, me informé, pero vi que no había ninguna oportunidad para mí, para los que no tenemos papeles¨ y añade que ¨es racista que solo se hayan acordado de los inmigrantes ahora que hacen falta manos en el campo¨. Cuando le pregunto sobre la situación de conocidos o amigos que les afecta la medida me cuenta que ¨muchos que tienen papeles están cobrando entre 50 y 30 euros por jornada de trabajo. Es muy injusto cómo se aprovechan de las personas que no tenemos papeles, porque queremos trabajar, ser útiles y ganar nuestro dinero¨.

¨La situación de los jóvenes que, habiendo estado bajo la guarda y/o tutela de los sistemas de protección, cuando cumplen 18 años cuentan únicamente con autorización de residencia no lucrativa que no les autoriza automáticamente a trabajar, es realmente preocupante, y se ven abocados en muchos casos a la exclusión social y a vivir en la calle¨, explica Almudena Escorial, responsable de comunicación de Plataforma de Infancia y solicita que ¨se haga un Real Decreto-Ley que permita una autorización de residencia y trabajo inicial, sin restricciones por sector ni por ámbito geográfico. De esta manera, con una autorización de residencia y trabajo vigente, podrían seguir trabajando, permitiéndoles salir de la situación de dependencia y exclusión social¨.

Mohssin* tiene la misma edad que Oussama y su situación es completamente diferente. Él tiene permiso de residencia pero no cuenta con autorización de trabajo. ¨Es muy difícil rellenar ofertas de empleo con un teléfono porque siempre me da problemas cuando cargo los datos y aunque entiendo español, a veces me cuesta entender o explicar con claridad. Tengo esperanza en que me salga algo en el campo¨, detalla Mohssin y me dice que ¨si me llaman, sé que iría a trabajar, aunque me daría miedo que no se cumplieran las condiciones de prevención y protección, también tendría que ver cómo seguir estudiando¨.

El Gobierno de Portugal aprobó una regulación exprés de todos los inmigrantes que tenían pendiente la autorización de residencia. ¨La opción de Portugal es una regulación limitada, ya que deja fuera a un amplio colectivo como es el de las personas en situación irregular, pero desde luego es mucho mejor que la medida del Gobierno español, que mira hacia otro lado¨, acaba Rocío.

@mirmartinez.pa