La guerra contra las drogas afecta más a la sociedad que las drogas mismas

Día de acción global 'Apoye. No Castigue'.
7.7.17
Foto por Gerardo Alcocer

Día de acción global 'Apoye. No Castigue'.

Este artículo forma parte de la campaña Apoye. No Castigue que busca visibilizar los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidos en el nombre del combate al narcotráfico, así como difundir de estrategias innovadoras basadas en salud que ayuden a la reforma en la política de drogas. Las opiniones en este artículo son a título de los autores.

En 1987 la ONU declaró que a partir de ese momento cada 26 de junio se celebraría el Día Internacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas para fortalecer simbólicamente los esfuerzos prohibicionistas de los países que se han sumado a los tratados internacionales de fiscalización de drogas. El objetivo explícito era reforzar la acción y cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas, como si esto fuera deseable o posible en una sociedad libre. En ese año, quienes escribimos este artículo ni siquiera habíamos nacido, sin embargo, este momento y esa declaración serían parte fundamental de los daños que la política de drogas ha generado en nuestro país y en todo el mundo.

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En México, en ese año apenas se conocía de dos cárteles del narcotráfico en México y a partir de 1989, tras el endurecimiento de las políticas prohibicionistas a través del ejército, la policía y la cooperación internacional, comenzó la división territorial y disputa del territorio que hoy ha dejado un país en el que cada centímetro cuadrado tiene dueño y hay alguien dispuesto a disputarlo a sangre y fuego.

Este fue el inicio de la kingpin strategy —una estrategia basada en la captura o muerte de los grandes capos— que ha tenido resultados nefastos: hoy México tiene por lo menos a nueve grandes cárteles y muchísimos grupos criminales pequeños disputando el territorio con el ejército, marina, policía federal, gendarmería, policías estatales, municipales, judiciales y divisiones de inteligencia con un saldo de más de 150,000 personas asesinadas, 30,000 personas desaparecidas, cientos de miles de desplazamientos forzosos y medidas de procuración inconstitucionales como la tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza letal y miles de denuncias por violaciones a los derechos humanos a personas consumidoras y no consumidoras de sustancias psicoactivas.


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En el año 2012 —cuando México volvía a ser gobernado por el PRI y en medio de la etapa más violenta por el supuesto combate al narcotráfico— las organizaciones internacionales IDPC, INPUD, HRI, International HIV/AIDS Alliance crearon la campaña Apoye. No castigue para decir fuerte y claro que la guerra contra las drogas afecta más a la sociedad y a las comunidades que las drogas mismas, por lo que proponen seis puntos necesarios para centrar la política de drogas en la reducción de daños y la protección los derechos humanos:

  • El sistema de fiscalización de drogas ha fracasado y debe reformarse.
  • Las personas que usan drogas deben dejar de ser criminalizadas.
  • Las personas que participan en los eslabones bajos de la cadena de producción y tráfico de drogas, especialmente quienes lo hacen por razones de subsistencia o coerción, no deben enfrentar penas severas o desproporcionadas.
  • La pena de muerte no debe ser impuesta por delitos relacionados con drogas.
  • Las políticas de drogas deben centrarse en la salud y reducción de daños.
  • Para el 2020 el 10 por ciento de los recursos globales invertidos en políticas de drogas deberían ser invertidos en salud pública y reducción de daños.

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¿Qué significa esto? Que las personas que usan drogas tienen derecho a decidir libremente cómo, cuánto y cuándo usarlas sin causar perjuicio a terceros. Esa elección no solo debe ser respetada sino que además se deben construir estrategias de salud pública que no les exijan dejarlas, porque se entiende que los usuarios de sustancias psicoactivas no son enfermos ni delincuentes, y preservan todos los derechos humanos.

También significa reconocer que los mercados de drogas en muchos lugares son única opción para personas que han sido marginadas en el ámbito social y laboral formal, que sembrar o vender plantas y sustancias psicoactivas, aún en la clandestinidad, es una de las pocas o la única posibilidad de subsistencia en muchísimas localidades en México. Por esto, no tiene sentido perseguir delitos no violentos y sin víctima como la producción y venta de drogas, en los que dos personas de común acuerdo realizan una transacción, sino dirigir el presupuesto y recursos humanos a la persecución de delitos violentos como el homicidio, extorsión, secuestro, desaparición uso de la fuerza pública o corrupción.


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Enfocar los esfuerzos en la reducción de daños significa reconocer que hay múltiples formas de atender adecuadamente la producción, distribución y uso de drogas para diseñar políticas públicas en este tema más allá de la guerra y de indicadores chafas que hablan poco de la realidad como incautaciones, quemas de cultivo y detenciones. Este tipo de estrategias impactan en la seguridad pública sin disminuir el número de usuarios o de consumos problemáticos. Se necesitan intervenciones de salud y educación para impactar en los usuarios sin violentar sus derechos humanos.

Foto del Día de Acción Global 'Apoye. No Castigue'.

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