Buenaventura lucha contra la extorsión de las bandas criminales

Dayana sentada en la tienda de la esquina de su abuela. Fotos por Peter D'Amato 

“Da lo mismo si usted vende ropa, comida o cualquier otra cosa. Acá todas las tiendas pagan por protección”, dice Dayana, de 16 años, parada en frente de la tienda de su abuela en Buenaventura. Y luego añade que en esta ciudad de 375.000 habitantes la extorsión no se limita a los negocios.

“La gente tiene que pagar $2.000 al día para poder vivir en su casa. Si usted atraviesa la colina le cobran $5.000, y eso solo por ser un extraño en su territorio”. En esta ciudad la protección es una oferta que no se puede rechazar,  las personas que no pagan con dinero a menudo lo hacen con su vida.

Siendo el puerto más activo de Colombia, Buenaventura hace negocios con otros 300 puertos alrededor del mundo. Debido a su posición estratégica sobre la Costa Pacífica, es arteria primaria para la exportación de cocaína. Cada año pasan por aquí 250 toneladas de esta droga. En los últimos 15 años, desde que los paramilitares se reinventaron en pandillas callejeras y carteles, la ciudad se convirtió en una zona de guerra. “Los Urabeños” y “La Empresa” son las dos bandas criminales (Bacrim) que actualmente se disputan el territorio y, mientras tanto, gente inocente es sacrificada en el fuego cruzado.

En esta ciudad el desplazamiento ocasionado por la violencia ha alcanzado un nivel crítico. Solo en los últimos 18 meses, más de 7.000 personas han huido de sus casas. En 2007, cuando el New York Times apodó a Buenaventura “La ciudad mortífera de Colombia”, las tasas de homicidio eran de 144 por cada 100.000 habitantes (compárese con Bogotá, por ejemplo, que tiene una tasa de 16,7 asesinatos por el mismo número de personas). Después de una caída repentina y drástica, el número de asesinatos está aumentando de nuevo. En los dos  primeros meses del 2014,al menos 58 personas fueron asesinadas. Decenas más están desaparecidas.

Los comerciantes de Buenaventura han asumido el pago de una vacuna como costo necesario de hacer negocios; los que no la pagan casi siempre son asesinados. Hace una semana, Extra Buenaventura reportó la muerte de tres vendedores de pescado que no pudieron pagar las cuotas de extorsión. Sus cuerpos fueron arrojados a la orilla del mar.

“Sabemos que la vacuna contribuye a la violencia”, dice Dayana. “Para detener la violencia, hay que dejar de pagar los sobornos”.

Precisamente el pasado 12 de marzo la ciudad de Buenaventura se comprometió a hacer esto. Los líderes empresariales y de la comunidad organizaron un plantón, una huelga general para declarar que de ahí en adelante no se pagarían más sobornos. Ese día, desde los tugurios sobre los muelles mortales de la ciudad hasta el centro que tiende a ser poco calmado, la ciudad tenía un aire festivo: había niños jugando fútbol en las calles, hombres jorobados en mesas de dominó y mujeres recostadas en las escaleras de las casas.

Afuera de las tiendas se pegaron letreros que, haciendo referencia a un video popular de YouTube, decían: “Si los búfalos se unen, los leones no se los comen”. Una procesión de coches con música a todo volumen y pitos enloquecidos recorrió la principal vía de la ciudad. Frente a la plaza, miles de personas se reunieron para escuchar a músicos y a líderes políticos y religiosos. Aunque el estado de ánimo era cautelosamente optimista, los residentes de Buenaventura saben que la vacuna es síntoma de un problema sistémico y que hay altas probabilidades de que no se restablezca la paz.

Jhon Jairo Castro y su hijo Gilmar en su casa.

Jhon Jairo Castro, de 38 años, vive con su familia en el barrio Alberto Lleras Camargo, un barrio relativamente tranquilo de Buenaventura. Aun así, su esposa, Yurani, se apresura a recordar la noche del 24 de diciembre pasado, cuando un hombre con fusil al hombro pasó por la puerta de su casa. Su vivienda, construida con tablas de madera y un techo de zinc, no es muy amplia pero es ordenada y acogedora, y ofrece espacio suficiente para Castro, Yurani y sus tres hijos .

A pesar de vivir en uno de los lugares más húmedos de la tierra, la familia Castro solo tiene acceso a agua corriente cada dos días. En esos días almacena reservas en dos barriles de 50 galones. La verdad es que entre el agua que toman, el baño de los cinco y la lavada de la ropa y los platos sucios, los 100 galones se van rápidamente.

Castro comenzó a trabajar para el puerto de Buenaventura en 1995, pocos años después de su privatización. En las dos décadas que han pasado desde entonces, las condiciones de trabajo en el puerto se han deteriorado. “No estamos trabajando en oficinas”, dice Castro. “No estamos haciendo un trabajo de salario mínimo. Ya algunas personas han sido aplastadas por contenedores y trabajamos con productos químicos peligrosos”. Y sin embargo, todos los trabajadores entrevistados para este artículo reciben un salario mínimo al mes o incluso menos. Castro afirma que algunas empresas de contratación de terceros descuentan cuotas de seguridad social directamente de los salarios de los empleados. Cuando el tráfico de barcos es alto, los trabajadores portuarios tienen que trabajar de 24 a 36 horas seguidas. A esto le llaman “el turno del diablo”.

En 2009, Castro se convirtió en presidente de la sección local de la Unión Portuaria, un sindicato de estibadores. A causa de su actividad organizadora, terminó en la lista negra del desempleo y ahora sus amigos en la industria tienen que ocultar su afiliación sindical para evitar un destino similar. Para poder mantener a su familia, Castro entró al sector de empleo informal de la ciudad y ahora vende minutos de celular a los vecinos del barrio. A pesar de que Buenaventura genera aproximadamente $2.000 millones al año en ingresos fiscales de los puertos, la tasa de desempleo es de 64%. Igual de alarmante es que 63% de esta ciudad mayoritariamente afrocolombiana vive en la pobreza.

Cuando el calor del día alcanza su punto más alto, Castro camina con su familia hasta la casa de su tía que queda cerca a los muelles. Allá, las calles están sin pavimentar y abundan lotes llenos de escombros, deshechos y basura. Al otro lado del riachuelo de la casa hay una tierra de nadie, un territorio a merced de las pandillas. Castro dice que ahí se encuentran los “picaderos” infames de Buenaventura, lugares macabros donde los secuestrados están atados a tablas y son desmembrados vivos con herramientas eléctricas. Las partes de los cuerpos son tiradas al agua o esparcidas por los barrios. “Ese es el método que utilizan ahora para generar pánico”, me cuenta Castro.

Hace una semana la opinión pública colombiana supo a través de varios medios de comunicación que en las dos semanas previas al 5 de marzo, una docena de partes del cuerpo sin identificar fue encontrada en el agua. La tía de Castro cuenta que su hijo fue testigo de uno de los asesinatos y testificó en el juicio. Desde entonces, dice, su hijo está desaparecido.

A la mañana siguiente Castro se va para una conferencia del sindicato. Yurani se queda en casa cocinando y cuidando a los hijos. Hoy hay mucha agua corriendo por las tuberías y Yurani aprovecha para lavar los platos y la ropa. En la televisión, un corresponsal informa lo mismo de siempre: otro taxista asesinado, otra persona desaparecida. Yurani, que está en la cocina, asiente con la cabeza: “Todos los días matan a alguien a cambio de nada”.

Palofitos de Buenaventura.

Las desesperadas condiciones en Buenaventura impulsaron recientemente a Javier Marugo, el presidente nacional de la Unión Portuaria, a comparar la ciudad con “un túnel sin salida”. Los funcionarios públicos parecen sordos ante los problemas institucionales de la ciudad ---pocos derechos de los trabajadores, desplazamientos masivos, costos elevados en los servicios públicos y acceso discontinuo al agua---, y optan por inundar las calles con cientos de policías y militares, lo cual tiene poco efecto.

La corrupción es desenfrenada. Hace tres años, el exalcalde y tres auditores fueron detenidos por presunta malversación de fondos después de que desaparecieron $700 millones en pagos de contratos. “Los miembros de estas organizaciones criminales trabajan con funcionarios del Estado”, dice Castro. "Si el gobierno quisiera deshacerse de estos grupos, podría hacerlo”.

Ante la inacción del gobierno y la reciente presión internacional, el movimiento contra la corrupción, la mala gestión y la violencia está liderando desde atrás. Esto ofrece a los ciudadanos de Buenaventura un rayo de esperanza para una vida más segura. En noviembre pasado, Todd Howland, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en Colombia, visitó Buenaventura y llamó a las autoridades a adoptar “medidas urgentes para poner fin a la violencia”. A finales de febrero, más de 30.000 ciudadanos marcharon por un “entierro de la violencia en Buenaventura”.

“Este es un mensaje para el gobierno, que tiene que responder con obras públicas, con una inversión", asegura Adonai Cárdenas Castillo, corresponsal en Buenaventura para el diario caleño El País.

Las protestas de estos últimos dos meses son las precursoras de una huelga general aún mayor que está preparada para el próximo 21 de mayo. “La comunidad está consolidando sus fuerzas. El presidente Santos tendrá que responder a estas quejas”.

Mientras tanto, el impacto de la manifestación de la semana pasada contra la extorsión queda por verse. Dos días después de la marcha aparecieron noticias de que el cuerpo de un comerciante de Buenaventura había sido encontrado en una ciudad cercana. Fue visto con vida por última vez en el plantón, protestando por la vacuna.

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