Por qué los próximos meses serán críticos para la última tregua de las FARC

La última tregua declarada en el conflicto armado colombiano, que lleva más de medio siglo activo, arrancó esta semana. La guerrilla de las FARC acordó acogerse al alto el fuego después de la liberación de un soldado del gobierno el pasado domingo.

La tregua, la sexta desde octubre de 2012, fue anunciada por la cúpula directiva de la guerrilla marxista a principios de este mes. Se estableció de manera deliberada para que coincidiera con el día de la independencia de Colombia, que se celebró el 20 de julio. En diciembre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya arrancaron un periodo de paz unilateralmente. Sin embargo, la pausa fue interrumpida en abril, cuando la guerrilla revolucionaria asesinó a 11 soldados durante una emboscada en el oeste de Colombia. Después del ataque, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, interrumpió, a su vez, el hiato que había interpuesto sobre los bombardeos aéreos, unas medidas recíprocas del alto al fuego asumido en diciembre.

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En los meses posteriores a la reanudación de la lucha producida en abril, las FARC llevaron a cabo una serie de actos de sabotaje contra algunas importantes infraestructuras del gobierno. Detonaron bombas que dejaron inservibles algunos oleoductos y destruyeron líneas eléctricas que dejaron a decenas de miles de colombianos desprovistos de electricidad y de agua potable.

El 21 de mayo los bombardeos mataron a 27 guerrilleros, un ataque tras el cual las FARC declararon oficialmente el fin del alto al fuego. Entre el 22 de mayo y el 22 de junio el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC), con base en Bogotá, contabilizó un total de 83 ataques por parte de las FARC. Según el CERAC, junio fue el mes más letal desde que las intermitentes conversaciones de paz empezaran en Cuba, en 2012.

Más de 220.000 personas han muerto desde mitad de los 60, a consecuencia del fuego cruzado entre las FARC y otras guerrillas con las fuerzas armadas de Colombia, además de los célebres grupos paramilitares. Más del 80 por ciento de las víctimas fueron civiles, tal y como señala el Centro Nacional para la Memoria Histórica de Colombia. Más de 5,7 millones de colombianos se han convertido en desplazados internos por culpa de la guerra — lo que constituye el segundo índice más elevado del planeta.

Todas las partes se han visto implicadas en toda clase de atrocidades, y las guerrillas y los paramilitares están fuertemente vinculados al narcotráfico. En su informe anual, Human Rights Watch (HRW) describió las desmovilización paramilitar que arrancó en 2003 como "profundamente defectuosa", y señalo que las milicias de derechas restantes continuaban asesinando y violando sistemáticamente los derechos humanos, como el desplazamiento forzoso de civiles.

Cuando las FARC anunciaron su último alto al fuego el pasado 8 de julio, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lo aceptó con ciertas reservas, como tantos otros colombianos, cuyo escepticismo para con el conflicto armado ha crecido a lo largo de los años.

"Si el alto al fuego estuviese acompañado de compromisos concretos en materia de justicia y de un alto al fuego definitivo, entonces estaríamos hablando de progreso" proclamó en su día.

El domingo, en un aparente gesto de buena voluntad antes de que se declarara el alto al fuego, las FARC liberaron a un soldado de la Cruz Roja al que habían secuestrado el 7 de julio.

A principios de mes, en La Habana, el gobierno colombiano se comprometió a "a arrancar un proceso paulatino de rebajamiento de las acciones militares", como respuesta al paso dado previamente por las FARC el día 20. El martes el CERAC informó que no se había producido ninguna violación del alto al fuego desde que este fuese decretado.

Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Wilson Centre, declaró a VICE News el martes que todavía quedan significativas cuestiones por resolver sobre las conversaciones de La Habana — especialmente la cuestión de determinar las responsabilidades de los líderes de las FARC y la de que se sirva justicia para las víctimas del conflicto. Otros asuntos complicados, dijo Arnson, sería la riqueza que han amasado las FARC con el tráfico de drogas — un beneficio que muchos de sus desperdigados miembros se negarán a capitular. Mientras la violencia avanza hacia su sexta década, los colombianos son cada vez más escépticos con las intenciones de las FARC.

"En sus cabezas [la justicia transnacional] significa que se disculparán y de que pagaran ciertas indemnizaciones, pero jamás que irán a prisión", añadió Arnson. "Y esta es una fórmula completamente inaceptable para el pueblo colombiano".

A pesar de que los números de las FARC se han reducido a lo largo de las décadas hasta las 6.000 o 7.000 guerrilleros, sus miembros, que a menudo operan en pequeñas células, todavía son capaces de camuflarse por entre las vastas zonas de montaña y por las selvas colombianas. Además del narcotráfico, las FARC disponen de un sistema fraudulento de extorsión y está implicadas en la sustracción ilegal de recursos.

Arnson dijo que mucha gente en Colombia teme que "la situación después del conflicto provocará que muchos y muchos combatientes se reciclen y abracen el crimen organizado de otras muchas maneras, tal y como ya hicieron los paramilitares durante la primera década del siglo.

"Miembros de los paramilitares, que se escudaron bajo el paraguas de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hasta su disolución en 2006, han estado implicadas desde entonces en sindicatos del crimen menos ideológicos que siguen controlando grandes partes de Colombia.

Pero a pesar de los fallos en la desmovilización oficial de los grupos de derechas, el principal foco sigue puesto en las negociaciones con las FARC y otras guerrillas de izquierdas, como el pequeño Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Los siguientes dos meses serán decisivos", comentó Arnson.