Así es como el Ejército mexicano espió a esta caravana que busca a sus desaparecidos

Son las cuatro de la tarde y en la ciudad de Monclova, Coahuila, norte de México, el sol pega directo sobre las playeras blancas de un conjunto de mujeres que salen a cortar la avenida. Les cuesta un rato armar la columna porque los autos que vienen detrás les tocan bocina y les gritan que se hagan a un lado.

Entre las mujeres hay un cura que marcha con ellas y un número reducido de periodistas, tres en total, que vienen acompañando el trayecto de la 'Primera caravana internacional de búsqueda en vida de personas desaparecidas' por las ciudades del estado de Coahuila, frontera con Estados Unidos.

El ambiente está enrarecido y no es por el calor. El día anterior, 15 de mayo, Javier Valdez, uno de los periodistas de investigación más importantes del país, dedicado a desentrañar el mundo del narco, fue asesinado en el estado de Sinaloa, por dos hombres encapuchados que le asestaron doce tiros a unos metros de la redacción del periódico que él mismo fundó, Río Doce.

La noticia estaba dando la vuelta al mundo y las madres de la caravana, nombraron a Valdez y a otros periodistas asesinados en México en su lista de víctimas de la violencia, a manera de un homenaje espontáneo.

Al grupo, de pronto, se acercan dos periodistas más de medios locales para tomar fotografías a las mujeres que cargan las imágenes de sus hijos, hermanos y padres que llevan diez, cinco, dos años desaparecidos. Reclaman saber dónde están. Hay un reportero de La Voz de Monclova y otro que no despega jamás el teléfono de sus manos. Se acerca a Julio Sánchez Pasillas, el coordinador de la Caravana, para presentarse como "un periodista principiante" y lo comienza a entrevistar: le pide su nombre y su teléfono. Que le explique cómo se organizó la Caravana y qué es lo que buscan marchando en las calles.

Monclova es un territorio que entre el 2008 y el 2010 fue copado por los Zetas, una de las organizaciones criminales más sanguinarias de México, y que se caracterizó por sembrar el terror allí dónde iba, colgando cuerpos de los postes o decapitándolos y abandonando sus cabezas en la plaza local. Esta ciudad aún vive aterrorizada.

Al llegar a la Plaza de Armas, de repente la marcha se desarma en un tumulto de gente alrededor del "periodista principiante" —que no suelta su celular— y de un integrante de la caravana cuya función es documentar fotográficamente el recorrido. Ambos discuten en un rincón de la Plaza. El fotógrafo exige al "principiante" que se identifique, y saber para qué medio trabaja y que por qué le está tomando fotos a cada uno de los participantes.

Para entender esta reacción, hay que remontarse cuatro días atrás.

La Caravana comenzó en la ciudad de Torreón. Allí, otro hombre en actitud similar, teléfono celular pegado a las manos, gafas negras de sol y vestido de gris, fotografió a todos y cada uno de los integrantes del movimiento, quienes suelen hacer mítines en las plazas de las ciudades a fin de que la gente de la localidad se acerque a mirar las fotos de los desaparecidos y ver si alguien los reconoce.

Cuando a este hombre le preguntaron por su nombre, dijo llamarse Jaime y tener un familiar desaparecido y otro primo asesinado. Dijo que había venido "con el hombre de la camioneta que trae el sonido". Pero resultó que el hombre del sonido, que es padre de una chica desaparecida en esa ciudad siete años atrás, replicó que no lo conocía.

La voz se corrió entre las madres: nadie lo había visto antes. Entonces un grupo de aguerridas mujeres se acercó a cuestionarlo. Al verse rodeado, el hombre de gafas oscuras, cambió la versión y se tuvo que identificar. Era un soldado del Ejército Mexicano en funciones y sacó la credencial que así lo probaba. Su nombre es Arturo J.L. y las familias comprobaron por teléfono con autoridades de esa corporación que la tarjeta de identidad militar que les mostró, era válida. Los policías locales rodearon la escena y pidieron a las madres que continuaran la marcha. El hombre siguió tomando fotos hasta que llegaron al mitin final. Entonces desapareció.

Volvemos a la Plaza de Armas de Monclova. El director de la Policía Municipal que aparece en el enfrentamiento entre el "periodista principiante" y el fotógrafo de la caravana, es el Victorino Reséndiz Cortés, quien arresta al "principiante".

Lo suben a la patrulla número 119 y le quitan su teléfono. Una vez subido a la patrulla, el detenido pide por lo bajo que no lo dejen ahí, que se lo lleven preso. Entre las fotos de la manifestación que están en su celular, tiene una foto de sí mismo vestido de soldado.

Con esta información, uno de los agentes municipales presente, Alejandro Núñez, le saca la cartera del bolsillo trasero y busca su identificación. Primero dice que no tiene más que una tarjeta de banco, pero ante la presión de la gente de la caravana que lo rodea, se ve obligado a mostrar una credencial que prueba que ese hombre, Celso A.L., de 35 años, nacido en Oaxaca, es un soldado. La credencial pertenece a la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea.

Cuando Sánchez Pasillas, el coordinador de la caravana se da cuenta de que fue engañado, exige a las autoridades que presenten al soldado ante el Ministerio Público local. Media hora después, llegan dos integrantes de la Policía Federal, que hacen que el detenido entregue la clave de seguridad de su teléfono, accediendo así a una conversación de Whatsapp a través de la cual el "periodista principiante" envió la información obtenida en la marcha.

En el chat titulado "trabajo", el soldado había enviado decenas de fotos de los familiares de desaparecidos, había identificado al coordinador con su nombre y apellido como cabeza de la movilización, había enviado el falso reportaje que hizo con esta persona diciendo ser un "periodista principiante", además de haberse referido a uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como: "este es el puto de los derechos humanos que nos viene sacando fotos".

En la conversación se explicita que sus reportes fueron enviados al organismo de vigilancia estatal C4, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo.

Se menciona también al Cabo al que le reporta —Morales— y puede encontrarse cómo, en días anteriores, Celso A.L. vigiló y envió al mismo órgano de vigilancia estatal, registro de otras marchas que se dieron en la ciudad de Monclova. Hay también intercambio de videos pornográficos entre el infiltrado y su superior inmediato, que pueden verse en esa misma conversación titulada "trabajo".

Reséndiz Cortés y Núñez - policías municipales - y Sánchez Pasillas, coordinador de la Caravana, se trasladan junto a Celso A.L., hasta las oficinas del Ministerio Público de Monclova.

Allí, el coordinador dice que lo que le interesa es que se aclare y se confirme quién es esa persona, para qué tomó esas fotografías y a quién se las envió. "¿por qué tienen que engañarnos para supuestamente darnos seguridad?", increpó, ya que esa fue la respuesta dada por Celso A.L. cuando, una vez descubierto, le exigieron que dijera por qué estaba allí.

El trámite no dura mucho, porque a los pocos minutos se presenta en las oficinas del MP, quien se presenta como Pablo Muñoz, el segundo al mando del 105 Batallón de Frontera Coahuila, que llega diciendo que eso que hacen no es espionaje, ya que se trata de un evento público y que sus agentes van de civil para protección de los soldados del Ejército, como se hace incontables veces.

Sánchez Pasillas decide que no va a levantar una denuncia por lo sucedido, eliminando la posibilidad de que se exija un peritaje del teléfono en cuestión, que guarda las pruebas del presunto espionaje. Su decisión divide al grupo. No todos están de acuerdo con que se pase por alto el episodio como un detalle más sin importancia.

Para Claudia, que también es de Torreón y hace ocho años que busca a su esposo desaparecido, la situación es grave. Ella cree que a Isaías se lo llevó la misma corporación que ahora los espía con gente vestida de civil. "Sentí cómo al comienzo de nuestra búsqueda, cuando recién se lo habían llevado, que apenas me subía a un carro y me paniqueaba bien feo. Creo que es más delicado porque además de víctimas, nosotros somos los organizadores de la marcha."

—¿Por qué crees que sucedió esto? — se le pregunta. "Por un lado, para tenernos identificados, pero también fueron bien obvios, querían que nos diéramos cuenta que estaban ahí", responde Claudia.

Eva, que viene de Michoacán, dice que para ella el propósito de la infiltración es ubicarlos, porque ambos soldados se dedicaron a tomar fotos de cada uno de los presentes, y que es importante porque "este movimiento sin armas puede hacer la diferencia en México".

A pesar del peligro que significa meterse en uno de los nidos del crimen organizado, la Caravana cuenta con seguridad intermitente. A veces dos patrullas de la policía municipal van al frente de sus marchas y un policía motorizado de tránsito, va detrás.

El 17 de mayo, las cuatro organizaciones de desaparecidos de Coahuila —Familias Unidas, Alas de Esperanza, Grupo Vida y FUNDEC/ FUNDEM— emitieron un comunicado por medio del cual responsabilizaron al gobierno estatal y al federal "de la seguridad e integridad de nuestros compañeros y compañeras por cualquier evento que atente contra los derechos humanos" y exigieron que "se faciliten las condiciones para que ante esta deplorable acción, las autoridades dejen que la sociedad civil haga lo que ellos no han hecho."

La Caravana fue un esfuerzo en ese sentido: durante diez días recorrió cinco ciudades del estado de Coahuila —Torreón, Saltillo, Monclova, Allende y Piedras Negras— "para hacer el trabajo que la justicia mexicana no hace". En cada ciudad, se realizó una misa y una marcha para concientizar a la población, para recabar datos sobre los suyos y para acercar a gente que esté pasando por lo mismo, pero que no haya denunciado aún.

Los colectivos de familiares estiman que sólo uno de cada tres casos de desaparición se denuncia, por lo que, según sus cálculos, a los 30.000 reconocidos en las cifras oficiales, les faltan otros 60.000 desaparecidos que están en las sombras. Entre ellos, un número importante pero no determinado, en que las familias han rastreado la presencia de los agentes del Estado en las desapariciones forzadas de sus seres queridos.

"Es importante para nosotros cobijar a quienes participan de la Caravana, documentar los hechos en el contexto en que se dan y alzar la voz ante cualquier incidente que se puede dar", explicó María Eugenia Arriaga, integrante del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Lario, de Saltillo, que acompañó la Caravana y firmó el comunicado junto a los colectivos.

¿Por qué les pareció importante denunciar este incidente?

Responde Arriaga: "Analizamos que si ya había pasado en otra ciudad, debíamos hacerlo público para que las autoridades estuvieran pendientes de lo que pudiera ocurrir y como responsables del Estado, tomaran las medidas de seguridad necesarias para evitar un incidente más grave."

¿Son legales estas acciones? "No lo sabemos con certeza, pero suponemos que no, porque ni siquiera se presentaron ante la gente, lo hicieron de manera oculta, aunque fueron descubiertos; como si fuera una práctica para infundir el terror entre las familias que ya tienen a alguna persona desaparecida".

Ariana García, abogada de la organización Familias Unidas, dijo que presentarán un oficio ante la SEDENA para que el Ejército explique formalmente por qué esos soldados de civil estuvieron presentes para vigilar una manifestación pacífica, de la cual estaban notificados. Y que aclare en todo caso si fueron o no, enviados oficialmente.

Lo clave, dice la abogada, es que se explique por qué la Secretaría de Defensa Nacional vigila a un grupo de familiares de desaparecidos. Lo delicado, agrega, es que entre esas personas hay muchas que han sido víctimas de la agresión de agentes del Estado.

Las preguntas que quedan en el aire para estos colectivo son: "¿por qué el organismo de vigilancia estatal oficial envía personal del Ejército encubierto a recabar información?, ¿por qué los familiares de los desaparecidos y sus manifestaciones de dolor son un peligro para la Seguridad Nacional de México? Y sobre todo, ¿a cuántas otras marchas, asambleas, mítines, plantones envían a militares para que nos identifiquen a todos?".

***VICE News se comunicó por la vía oficial con el director de Comunicación Social de la institución castrense, el Brigadier General Marco Antonio Álvarez Reyes, para conocer la postura oficial de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) sobre los hechos que se relatan en este artículo, sin embargo declinaron dar una respuesta: "cuando tengamos información relacionada al caso, se la vamos a hacer llegar", respondieron.

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