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"Estamos regalándole sin conciencia información al Gobierno y a las empresas"

Juan Diego Castañeda, experto en Big Data, nos explicó lo que puede pasar cuando damos nuestra información sin tener cuidado.
2.11.16

En el primer semestre de este año, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) dijo que Colombia entraría en la "revolución de los datos". Se refería al uso de Big Data, que define como "la captura, almacenamiento, procesamiento, análisis y publicación de grandes volúmenes de datos". El director del DNP, Simón Gaviria, adelantó que esa política se pondría en marcha en 2017 y dio pistas sobre el uso que les darían a esos grandes volúmenes de datos.

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"Existe la necesidad de optimizar los recursos del Estado y de generar una cultura de datos en todo el país. Actualmente se toman decisiones con un porcentaje mínimo de los datos e información disponible. Big Data permite acceder y analizar la información a la cual antes no se tenía acceso e, incluso, conocer la opinión de la ciudadanía con precisión, sobre algún tema en particular, en cuestión de horas", dijo.

Otros países ya han implementado políticas con Big Data. Organizaciones de todo el mundo han despertado dudas y sospechas sobre la forma en que los gobiernos y el sector privado pueden utilizar nuestra información. Se ha dicho que venden datos al mejor postor, que hay discriminación oculta detrás de los análisis y que están violando las leyes que nos protegen.

Sin embargo, casi nadie sabe a ciencia cierta qué está permitiendo cuando carga un celular en el bolsillo, cuando llena el formulario de la visa o cuando acepta automáticamente los términos y condiciones de algo en Internet.

Esta semana se reunieron varias organizaciones latinoamericanas para discutir ese asunto. En Colombia, la Fundación Karisma es quizás la que ha hecho mayor seguimiento a ese tipo de iniciativas. Han alertado constantemente sobre los peligros que podría tener una política así. Para entender lo que se nos vendría pierna arriba en los próximos meses, hablamos con Juan Diego Castañeda, experto en Big Data de esa fundación.

El DNP anunció que empezaría a usar Big Data. ¿Para qué podrían servirles esas grandes cantidades de datos? Lo que dicen en los comunicados es "Big Data para el bienestar, para asignar mejor los recursos, para la salud, para el empleo, para el transporte, para el cambio climático, para el desarrollo". Tienen diez millones de propósitos. Dicen que básicamente el Big Data va a arreglar el país. Por la forma en la que lo promocionan, es evidente que no están pensándolo para un objetivo específico. ¿De qué formas pueden recolectar nuestros datos? El Gobierno tiene muchos datos de la gente. Por ejemplo el Registro Civil: quiénes son nuestros padres, nuestras huellas, en qué hospital nacimos, qué médico nos atendió. Todo ese tipo de cosas. Sin embargo, poco a poco las empresas tienen muchos datos de nosotros que el Gobierno ya no tiene. Digamos, la forma en la que nos movemos por la ciudad: no sé cómo más lo podrían saber si no tuviéramos un rastreador como el celular. Ese tipo de información la tienen por la interacción que manejamos con los aparatos electrónicos. ¿Estamos regalando información sin consentimiento al Gobierno y a las empresas? Yo creo que sin conciencia. Tendemos a sobreestimar los beneficios de entregar los datos. Es decir, darle información a Facebook por el beneficio de estar conectados con nuestros amigos y familiares está sobrevalorado. Nadie lee los términos y condiciones. Los aceptamos todo el tiempo. ¿Se estarían aprovechando de eso? Sí. A la parte legislativa del Gobierno le hace falta mucho contacto con la realidad. Aceptar los términos y condiciones no se puede entender como un consentimiento. A uno no le pueden decir que por haber pasado un montón de letras ya vendió la casa. Así no funciona la vida real. Nosotros estamos entregando estos datos a toda hora con solo apretar un botón, y supuestamente eso es suficiente desde el punto de vista legal. Por eso las empresas y el Estado dicen que están cumpliendo con su parte. El problema es que por ahora a la gente no le importa estar dando sus datos a cambio de algo. ¿Hay comercialización de esos datos entre privados y el Gobierno? Buena parte de los datos que producimos los recogen empresas no colombianas, como Google, Facebook, Twitter, y se los llevan fuera del país y se los venden a empresas que no están en Colombia. Aunque también se los venden a los colombianos. Por ejemplo Facebook Ads, que te ofrece la posibilidad de vender avisos basados en nuestros datos: destinarlos por palabras clave, mostrárselos a personas en determinado rango de edad y con determinados intereses. El Gobierno también les puede comprar a esas empresas. El Gobierno dice que es para modificar toda clase de políticas públicas. ¿Cómo podrían contribuir nuestros datos con eso? A mí no me queda claro. Un problema de Big Data es la correlación. Se puede encontrar, digamos, que hay correlación entre la venta de jabón Rey y el descenso del América a la B. Pero el Big Data no puede explicar esa correlación ni busca hacerlo. Entonces, si no le damos primero una mirada a la política pública desde lo humano, mucho menos lo vamos a hacer con Big Data, a partir de correlaciones inexplicables. Hay que dejar de pensar que la tecnología nos va a salvar de la falta de juicio con la que se piensa la forma de gobernar. Yo no le tendría fe al Big Data para las políticas públicas. Más bien lo usaría para cosas muy específicas: por ejemplo, cómo solucionar un trancón sobre la Séptima, dónde poner un semáforo. ¿Cree que el Gobierno está siendo demasiado optimista con la tecnología o se está fingiendo optimista para captar datos? Probar la conspiración es muy difícil. Pero cuando uno tiene elementos para mostrar que una política está sirviendo a otros fines diferentes, hay que decirlo también. Creo, por un lado, que el Gobierno sí está siendo muy optimista, en el sentido de que quiere usar Big Data para todo y no está viendo que hay muchos peligros. Por otro lado, uno puede ver el ejemplo del sistema de registro de celulares con el IMEI. Esa política podría no ser tan efectiva, hay indicios de eso, pero sí puede estar sirviendo para llenar algunos vacíos que había en la ley de inteligencia sobre qué datos pueden obtener de las personas. Uno no puede decir que se inventaron todo el sistema de celulares para servirle a inteligencia, pero sí puede decir que ese es el efecto que tiene. ¿Hay forma de proteger que toda esa información no sea usada con otros fines? La ley de protección de datos tiene huecos, pero hasta cierto punto protege los datos de las personas. Big Data se salta una de esas grandes protecciones: el consentimiento, la autorización informada, expresa y explícita de las personas. Los datos, según la ley y la Corte Constitucional, solo se pueden utilizar para lo que uno autorizó. Big Data lo que hace es coger los datos de una cosa y utilizarlos para otra. Nuestra principal preocupación es que el Gobierno vaya a modificar la ley. Algunas organizaciones han alertado sobre la posibilidad de crear políticas públicas discriminatorias. ¿Cómo sería eso? Cuando una persona crea un algoritmo, eventualmente está metiéndole sus prejuicios. Uno de los ejemplos que tenemos cercano es el del Sisben. Se ha dicho que sería maravilloso poder saber que una persona que compra en Andino está en el Sisbén. De modo que esas personas estarían mintiendo y deberíamos quitarles el subsidio. ¿Ves el problema? El que hace el algoritmo juzga que una persona que está en el Sisben no puede comprar en Andino. Pero qué pasa si es una señora que trabaja en una casa cerca a Andino y la mandan a comprar allá. Igual se le estaría quitando automáticamente el beneficio. ¿Cómo hacerle frente a esa posible discriminación? En Francia acaban de aprobar una ley donde dicen que una decisión que afecta derechos de las personas no puede ser enteramente tomada por un algoritmo. Lo mismo pasa en la Convención de Estados Africanos Occidentales, que tiene una excelente ley de protección de datos. Dicen que debe haber intervención humana en las decisiones que tienen que ver con el goce de derechos de las personas, a pesar de que se apoyen en algoritmos. ¿Qué recomendaciones debería acatar el Gobierno para crear una política pública que sea a la vez útil y ética? Que haya participación. El Gobierno tiene la maña de decir que va a sacar un plan, como el de Big Data, y dar una semana para comentarlo y ya, para decir que hubo participación efectiva. Es como si no creyeran que estas políticas pueden salir de un diálogo. Es grave ese afán por sacar políticas para presumir que somos muy progresistas y tenemos lo último en tecnología. Pero eso no nos hace ningún bien. Si quisieran ufanarse de algo, mejor deberían decir que sí están llamando a todos los sectores para construir políticas públicas. Eso sería innovador. Ustedes se han reunido con ellos. ¿Ven voluntad de abrir ese diálogo? Ellos temen publicar los documentos porque creen que la gente los va a malinterpretar. Nosotros insistimos en que dejen que la gente se equivoque y piense por su cuenta, pero que entablen el diálogo. Es complicado anticipar las intenciones que tienen, pero por lo que hemos visto antes también es muy difícil imaginarnos que van a cambiar la forma de participación.