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Así es como el gobierno de Estados Unidos ayudó a armar a 'El Chapo'

Un arma de guerra encontrada en el último escondite utilizado por "El Chapo" poco antes de ser capturado era una de las 2.000 armas que entraron en México en el marco de la fallida 'Operación Fast and Furious' de una agencia de EEUU.
25.1.16
Imagen vía Semar
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Los escándalos que rodean a la Operación Fast and Furious [Rápido y Furioso] — un fallo táctico en el que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) permitió que miles de armas adquiridas ilegalmente "entraran" en México — no terminan.

El fracasado programa, que funcionó desde finales de 2009 hasta principios de 2011, estaba destinado a debilitar a los cárteles mexicanos. Pero en su lugar, su efecto fue exactamente el contrario. Investigadores de la ATF perdieron el rastro de aproximadamente 2.000 armas.

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Decenas de estas armas han resurgido al sur de la frontera, en las manos de sanguinarios criminales.

Ahora, la ATF ha revelado que una de ellas fue hallada entre un pequeño arsenal incautado en la casa de seguridad utilizada por Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, justo antes de su detención. "El Chapo" escapó de una incursión de la Marina mexicana en aquella casa durante la madrugada del 8 de enero, gracias, en parte, al combate que presentaron sus hombres armados, quienes presuntamente utilizaron el arma. El narcotraficante más buscado del mundo escapó de la casa a través de un túnel y luego robó un vehículo. Fue capturado por la denuncia del robo del automóvil.

"Se trata de una Barrett calibre 50", expresa el agente especial de la ATF, Tom Mangan, en conversación con VICE News en su oficina de Phoenix. Agrega que el arma de fuego fue una de las 11 encontradas en la casa. "Sabemos cuándo y dónde, así como quién compró el arma".

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La confirmación de que un arma de la operación Fast and Furious se encontraba en poder de los hombres armados que ayudaron a ganar tiempo al capo narco durante la redada previa a su captura es particularmente chocante, pero ésta no es la primera vez que armas a las que la ATF le perdió la pista durante su imprudente táctica policial "armas caminantes" han ido a parar a manos de los poderosos cárteles o han sido descubiertas en violentas escenas de crímenes. Y las autoridades están de acuerdo en que tampoco será la última.

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"Esas armas podrán ser recuperadas durante los próximos 20 años", dice Mangan. "Pero algunas nunca las encontraremos, ya que nunca fueron rastreadas por las fuerzas del orden de este país, o bien — dado que muchas terminaron en México — por que los departamentos nunca rastrearán esas armas".

El senador republicano Charles Grassley y el congresista Jason Chaffetz, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes enviaron una carta la Fiscal General Loretta Lynch, exigiendo los números de serie de cada arma que permanece en paradero desconocido.

O, como dijo, Chaffetz "cada arma de la ATF vendida a cárteles de la droga".

El Departamento de Seguridad Nacional informó que desde marzo de 2013 sólo 105 de las cerca de 2.000 armas perdidas habían sido recuperadas por los investigadores de la ATF encargados de localizarlas. Otras 462 fueron encontradas por la policía a ambos lados de la frontera, muchas en escenas de crímenes horribles. Más de 1.400 permanecen aún en paradero desconocido.

Funcionarios confirmaron el pasado viernes que éstas siguen siendo las cifras más recientes disponibles para el público.

La operación de la ATF, la cual se mantenía en secreto, se hizo pública después que un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Brian Terry, fuese asesinado en un tiroteo cerca de la frontera con México en Arizona, en diciembre de 2010.

Después de su muerte, varios empleados de la ATF hicieron sonar las alarmas. Dos de las armas encontradas en la escena pertenecían a la Operación Fast and Furious.

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La familia de Terry demandó al gobierno de Estados Unidos y el caso fue llevado a la corte, pero su muerte acaparó la atención por la investigación defectuosa y las dudas aumentaron sobre el coste humano que tienen los esfuerzos de la ATF para adquirir información sobre las redes de contrabando de armas criminales.

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Los datos de la ATF publicados este mes muestran que más del 70 por ciento de las armas de fuego que entran en México, como era de esperar, tienen su origen en EEUU. Pero los ciudadanos a ambos lados de la frontera se sorprendieron al descubrir que el gobierno estadounidense — a través de la Operación Fast and Furious — había estado ayudando a proporcionar las herramientas con las que los criminales más violentos de México aterrorizaron a sus víctimas..

Pero el descubrimiento del arma del operativo Fast and Furious en el escondite de "El Chapo" nos recuerda que la operación deja un legado.

'Sabemos cuándo y dónde, así cómo quién compró el arma'.

El escándalo llevó a una interminable investigación del Congreso de EEUU, que comenzó en 2011. El director de la ATF, Kenneth Melson, el alto funcionario del Departamento de Justicia Jason Weinstein, el fiscal federal de Arizona Dennis Burke, y su jefe de la división criminal Patrick Cunningham, todos dimitieron como consecuencia de aquello. El Congreso votó a favor de mantener al fiscal general Eric Holder en desacato por negarse a entregar documentos solicitados, siendo la primera vez en la historia de Estados Unidos que un miembro activo del gabinete del presidente ha sido castigado con esa sanción. El titular renunció en 2014.

Un agente veterano de la ATF dijo a los investigadores de supervisión del Departamento de Justicia que antes de que las operaciones de tráfico de armas comenzaran, los agentes habían sido "asignados para casos más pequeños", pescando criminales justo después de que hicieran sus compras ilegales. Pero entonces las ambiciones crecieron y el reunir pruebas suficientes se volvió el objetivo para desentrañar, finalmente, una importante organización de tráfico de drogas.

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"La simple incautación de armas de fuego a través de una prohibición no detendrá el tráfico de armas de fuego a México", reza una nota de octubre de 2009 dirigida a los supervisores de fronteras emitida desde la oficina del Fiscal General Adjunto, David Ogden — quién entonces renunció. "Debemos identificar, investigar y eliminar las fuentes de armas de fuego con las que se trafica ilegalmente y las redes que las transportan".

Pero parece que los investigadores de la ATF en la frontera interpretaron tremendamente mal la solicitud del Departamento de Justicia, y entonces nació la operación Fast and Furious. Aunque "armas caminantes" a gran escala habían estado circulando bajo varios nombres de programas diferentes ya en 2006, el agregado adjunto de la ATF en México, Carlos Canino, declaró más tarde que había sido la Operación Fast and Furious la que condujo a sus contrapartes en Arizona a "agarrar el libro de reglas de la ATF sobre trata de [armas] y tirarlo por la ventana".

"Es la estrategia grupal la que ha ido mal", dijo Canino a los investigadores del Congreso en aquel momento. "Una perfecta tormenta de idiotez".

La ATF había abandonado la prohibición de armas con la esperanza de que ello llevaría a sus agentes a objetivos más grandes. Después de observar — y facilitar — la compra y la transferencia de grandes alijos de armas ilegales, los agentes entonces cesarían inexplicablemente la vigilancia, perdieron la pista de las armas y permitiéndoles "caminar".

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Canino y su ex supervisor de la ATF Darren Gil dijeron que las revelaciones eran "tan inconcebibles" que inicialmente no creían a los denunciantes cuando se dieron a conocer después de la muerte del agente Terry. Esto a pesar del hecho de que los dos agentes — con sede en la ciudad de México — habían sido los primeros en alertar a la división de Phoenix que un número excesivo de las armas en escenas de crímenes violentos mexicanos en 2009 se remontaban a investigaciones inconclusas de su oficinas.

En noviembre de 2009, las autoridades mexicanas interceptaron un rifle calibre .50 y 41 fusiles AK-47 en Naco, Sinaloa. Las armas habían salido de Arizona menos de 24 horas antes, directas a las manos del cártel de Sinaloa, según mostraron los registros de la ATF.

Menos de tres semanas después, la policía en la ciudad fronteriza de Mexicali incautó 42 armas de fuego del cártel de Sinaloa, junto con casi 3 millones de dólares en efectivo. Todas las armas se remontan a Fast and Furious.

Al mes siguiente, otras 40 armas fueron incautadas en El Paso justo antes de entrar a México. Iban de camino a las manos del cartel de Sinaloa.

Un agente especial de la ATF advirtió entonces agente líder del caso, Hope McAllister, mediante un correo electrónico que el cártel de Sinaloa "se está armando para una guerra". Pero la agencia continuó reteniendo información de las autoridades y de los agentes de la ATF en México — quienes más tarde afirmaron haber sido expuestos a un peligro mortal.

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Después de detectar un "número alarmante" de armas que inexplicablemente se remontaban a la oficina de Phoenix, Gil y Canino, los dos agentes de la ATF, quienes aún desconocían la existencia de Rápido y Furioso, comenzaron a quejarse a la sede.

De acuerdo con un informe del Congreso de 2011, la acción de la ATF, tanto en Phoenix como en Washington, ignoró repetidamente las preocupaciones de los agentes, e incluso fueron activamente bloqueados de compartir la información pertinente con los socios en México.

Para marzo de 2010, los analistas de inteligencia de la ATF, finalmente informaron al Departamento de Justicia que más de 1.000 armas de fuego habían caminado — y muchos habían ido a parar a México. Entonces el agregado de ATF en México, Darren Gil, dijo que sus repetidos intentos por detener el programa lo hicieron sentir "como el Día de la Marmota".

Gil dijo que su frustración y preocupación por la seguridad de sus colegas en México culminaron en un "griterío" con sus supervisores, que acabó infructuosamente.

Finalmente, ese mes de julio, la sede de la ATF comunicó a sus agentes con sede en México que iban a cerrar el programa. Pero no lo hicieron.

Cuando Gil dejó su cargo en octubre de 2010, Rápido y Furioso continuó. Y sus armas continuaron a apareciendo por todos lados.

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El hermano de la ex procuradora del estado de Chihuahua, Mario González Rodríguez, fue secuestrado por miembros del cartel ese mes. El grupo fuertemente armado dio a conocer un video de él siendo interrogado, antes de torturarlo brutalmente, asesinarlo y dejar su cuerpo a lo largo del camino hacia la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Esto provocó un tiroteo con las autoridades mexicanas que luego se apoderaron de más de una docena de armas, dos de las cuales llevaron de nuevo a la investigación de ATF a Estados Unidos.

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Finalmente la operación Fast and Furious terminó a finales de enero de 2011, un mes después del asesinato del agente Terry. Lejos de lograr su objetivo de ayudar a acabar con una buena porción del cartel de droga que había utilizado recursos estadounidenses para más derramamiento de sangre en México, al parecer, había fortalecido al grupo.

El senador republicano Darrell Issa dijo al Congreso en 2011 que al permitir que las organizaciones de narcotráfico mexicanas pudieran adquirir fusiles AK-47, AR-15, rifles de francotirador calibre .50, y otras armas de grado militar, unos 200 mexicanos fueron asesinados.

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Agentes de la ATF testificaron que este lapso había fortalecido a los miembros de la organización de narcotráfico más poderosa de México, el cártel de Sinaloa encabezado por "El Chapo", en su lucha contra otros grupos en la brutal guerra contra las drogas que atraviesa el país. El haber proporcionado las armas al cártel, expresaron los agentes, había "cambiado el resultado de la batalla".

A pesar de haber terminado, las consecuencias de la operación continúan como una bola de nieve.

En abril de 2011, las autoridades mexicanas decomisaron 40 armas vinculadas a Fast and Furious en el el hogar en Juárez de José Antonio Torres Marrufo, o "el Jaguar", quien dirigía un brazo armado del cártel de Sinaloa.

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En noviembre de 2012, con 20 años de edad, la reina de belleza mexicana, María Susana Flores Gámez, fue una de las cinco personas asesinadas en un sangriento tiroteo. Las autoridades dijeron que los miembros del cártel de Sinaloa "la usaron como escudo humano" durante el fuego cruzado con los soldados mexicanos.

Un AK-47 recuperado de la escena del crimen había sido comprado en marzo de 2010 durante la operación Fast and Furious en un lote de 700 armas adquiridas por un intermediario que estaba bajo la vigilancia de la ATF.

Un arma diferente encontrada en la horripilante escena fue comprada personalmente por el agente de la ATF George Gillett. Compró el arma en enero de 2010 en una tienda de armas de Phoenix, completando los formularios con la dirección de la división de la ATF en Phoenix. Gillett, que desde entonces se ha retirado, supervisó Fast and Furious durante sus meses más desastrosos entre 2009 y 2010 siendo el segundo al mando en la división de Phoenix. No hubo repercusiones.

Durante aquel período, cientos de armas de fuego perdidas cayeron en manos de, no sólo el cártel de Sinaloa encabezado por "El Chapo", sino también de una rama del cártel Beltrán Leyva liderado por "El Teo", que pasó a aterrorizar el norte de México durante el apogeo de la guerra de drogas.

También se han encontrado algunas de estas armas en arsenales vinculados al cártel La Familia en el estado occidental de Michoacán. Varias armas incautadas después de una importante operación contra el cartel en 2011 — en la que cinco helicópteros del gobierno cayeron bajo fuego pesado — pertenecían al grupo de armas que supuestamente iba a estar siendo monitoreado por Fast and Furious.

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El arma que mató al jefe de policía de Jalisco Luis Lucio Rosales Astorga en enero de 2013 fue encontrada dentro de un escondite atribuido al Cártel del Golfo. Había sido comprada a principios de 2010, a más de 1.800 kilómetros de la Lone Wolf Trading Company en Phoenix — una tienda que se ha convertido en sinónimo de Fast and Furious.

'Nosotros, la ATF, hemos armado al cártel… es asqueroso'.

Ahora, el descubrimiento de un arma de Fast and Furious ligada a la casa de seguridad de "El Chapo" — una capaz de derribar un helicóptero — arroja un sin fin de preguntas sin respuesta, otra vez, sobre la operación.

En un esfuerzo de proteger al público de un alijo de documentos del Departamento de Justicia que incluyen correspondencia entre Eric Holder y su esposa y madre, el presidente Obama invocó el privilegio ejecutivo en junio de 2012. Fue la primera vez que se ejerció dicho privilegio.

La semana pasada, sin embargo, una jueza federal dictaminó que el privilegio ejecutivo no se aplica en este caso, en parte porque el privilegio de ocultar los documentos se ve compensado por la necesidad de información. La jueza Amy Berman ordenó a la administración producir los documentos el 2 de febrero de 2016.

El agente Canino, que fue trasladado desde la Ciudad de México a la oficina de la ATF en Phoenix en 2012 para ayudar a ordenar tras la desastrosa operación, expresó en 2011 que existía una inquietante verdad de la que "nadie quiere hablar".

"[El agente] Terry no es el último hombre", dijo a los investigadores del Congreso. "Desafortunadamente, hay cientos de Brian Terry probablemente en México.

"Nosotros, la ATF, hemos armados al cártel… es asqueroso".

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