El general mexicano que lideró el ‘pelotón de la muerte’ irá a prisión por tortura y asesinato

Un general del ejército mexicano fue sentenciado a 52 años de prisión por ordenar la tortura y asesinato de un joven en el poblado de Ojinaga, justo en la frontera con Texas.

El incidente sucedió en 2008 cuando el general Manuel de Jesús Moreno Aviña impuso, supuestamente, un dominio generalizado de terror al que se llamó "pelotón de la muerte" en Ojinaga, lugar con un largo historial como punto importante de tráfico de drogas para los cárteles mexicanos.

Esto se dio en los años iniciales de la ofensiva militar en contra del crimen organizando desplegada por el expresidente Felipe Calderón y continuada por su sucesor Enrique Peña Nieto.

La sentencia, dada a conocer el pasado jueves 28 de abril, reveló que José Heriberto Rojas Lemus fue torturado dentro del cuartel militar en Ojinaga, en donde fue amarrado a un poste y mojado con agua antes de recibir descargas eléctricas por horas.

En la sentencia se lee que es posible que Rojas Lemus haya muerto por los múltiples ataques cardiacos que le causaron. También añade que se ordenó a un médico militar que expidiera un acta de defunción, en la cual se culpara de su muerte a una sobredosis.

Después de ello, dice la sentencia, el general Moreno Aviña ordenó a los soldados bajo su mando incinerar el cuerpo con 60 litros de diesel en un rancho a unos 100 kilómetros, para después depositar las cenizas en un arroyo cercano.

De acuerdo con algunos informes de medios locales, el "pelotón de la muerte" de Moreno Aviña también estuvo supuestamente involucrado con otros homicidios, al igual que secuestros y extorsiones, ya que utilizó y abusó de su poder en la región.

Se dice que una de las víctimas fue Patricia González, secretaria del Ministerio Público federal a cargo de la investigación en 2009 en contra de Moreno.

También se ha dicho que el general supervisó la reventa de la cocaína y mariguana que el pelotón había confiscado de traficantes locales.

El general fue arrestado en el año 2009 y en un principio fue acusado bajo el sistema de la corte militar. Un fallo en 2012 de la Suprema Corte de México transfirió el caso a la jurisdicción civil.

La resolución de la semana pasada ordena que el general y el Ministerio de la Defensa Nacional deben pagar 15.000 dólares a la familia de la víctima, y realizar una disculpa pública.

El ejército mexicano había ofrecido ya una disculpa por un caso de tortura este mes, luego de que saliera a la luz un vídeo donde aparecen dos soldados y un oficial de la Policía Federal torturando a una mujer.

"Los he reunido aquí el día de hoy porque es necesario mostrar nuestra indignación públicamente sobre estos eventos lamentables", dijo el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en una ceremonia especial, ante 26.000 elementos. "Le ofrezco una sincera disculpa a toda la sociedad por este evento inadmisible".

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, calificó la disculpa como una simple estrategia de relaciones públicas para evitar la presión sobre el ejército en torno a su destacado papel en los esfuerzos de México para contener a los cárteles.

"Actos públicos como estos no pueden sustituir las verdaderas sanciones para los responsables", dijo Aguirre. "Necesitamos la supervisión internacional y transparencia que demuestre que el ejército está dispuesto a cambiar su comportamiento".

Aguirre insistió que el caso del general Moreno Aviña es una evidencia más de que este tipo de abusos son generalizados, y no solo incidentes aislados. Se refirió al caso de Tlatlaya en 2014, en el cual un pelotón militar asesinó, supuestamente, a presuntos miembros de un cártel después de que habían sido desarmados.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra investigando al ex presidente de México, Felipe Calderón, y al ex secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, por la supuesta participación de ambos en el caso de Ojinaga en el contexto de sus operaciones en contra de los cárteles criminales en el estado de Chihuahua.

Esto a raíz de acusaciones por parte de tres soldados que también fueron arrestados en el caso del "pelotón de la muerte", quienes declararon haber sido torturados con el propósito de ser obligados a aceptar ser chivos expiatorios del caso. La responsabilidad por abusos a los derechos humanos en casos como este va aún más allá en al cadena de mando.

El ejército, según se informa, ha impedido los esfuerzos para que el ex secretario, general Galván brinde su testimonio en la investigación bajo el argumento de que sigue siendo asesor vitalicio del Ministerio de Defensa, y por ende no puede hablar por razones de "seguridad nacional".

"El ejército tiene muchos intereses, en específico intereses económicos para permanecer a la cabeza de la guerra contra el narcotráfico, y resistirse a un cambio de actitud frente a los derechos humanos", comentó el activista Aguirre. "El ejército debería regresar a su cuartel".

En contraste, Raúl Benítez, experto en asuntos militares ligado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostiene que el ejército está comenzando a cambiar por la presión internacional y política.

"No pueden seguir resistiéndose", comentó. "Dentro del ejército se está reconociendo que la erosión de sus autoridad política y moral está cuestionando su función y honorabilidad".

Benítez también rechaza la idea de que el ejército debería retirarse de la guerra contra el narcotráfico, al insistir que los numerosos casos de abusos aún no alcanzan los niveles vistos dentro de las fuerzas policiales del país.

"El ejército no debería retirarse a sus cuarteles", dijo Benítez. "Sería el paraíso para los criminales".

Moreno Aviña es el primer general mexicano en ser sentenciado en 19 años. El último fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo quien fue consignado por sus nexos con el Cártel de Juárez y su antiguo líder Amado Carrillo Fuentes, conocido como "el Señor de los Cielos".

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