EL NÚMERO DE TOMARSE LA SOPITA

Bojayá por fin sepultará a sus muertos

Sus habitantes han tenido que esperar casi 15 años desde la masacre de las Farc para saber cómo murieron las víctimas que desde entonces reposaron en fosas.
16 Agosto 2017, 4:08pm
Luto en Bojayá un mes después de la tragedia. Foto: cortesía de Jesús Abad Colorado | Revista VICE

Este artículo fue publicado en la edición de julio de 2017 de la revista VICE. Para ver todos los contenidos de la publicación, haga clic aquí.

"En desarrollo de un enfrentamiento armado (…) entre grupos de autodefensas (AUC) y la subversión (FARC), hacia las 10:15 horas del 2 de mayo del 2002 estalló en la iglesia del pueblo (…) un artefacto explosivo tipo artesanal (cilindro de gas) causando la muerte de más de ochenta personas (…). Por razones de salud pública y bioseguridad los cadáveres en su gran mayoría fueron inhumados en una fosa común".

A finales de noviembre de 2016, la comunidad de Bojayá recibió un informe de la Fiscalía que describía cómo un grupo de forenses identificó a las 79 personas que murieron esa mañana de mayo de 2002, en una de las peores tragedias que provocaron los guerrilleros de las FARC. Hasta ese momento los pobladores del municipio de 10.000 habitantes no habían tenido acceso a información oficial sobre el caso. Solo los miembros de unas cuantas familias sabían en qué lugar reposaban los restos de sus seres queridos. Pero casi ninguno podía decir con precisión cómo habían perdido la vida.

Por eso ninguno de los muertos de la masacre recibió las honras fúnebres que reza su tradición. Ninguno fue cantado, ni rezado por sus familiares, porque ni siquiera se sabe quién es quién dentro de las fosas en las que se encuentran los restos. Las almas de los 79, como dice Máxima Asprilla Palomeque, una líder del pueblo, "siguen en el aire", penando, sin descanso, al igual que los vivos que hace años reclaman la verdad.


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Para vivir en paz, Bojayá necesita que sus muertos sean nuevamente exhumados e identificados y luego entregados a las familias. Durante quince años, la comunidad desconfió del procedimiento forense que las autoridades llevaron a cabo en las semanas que siguieron a la matanza, y repitió tantas veces sus reclamos que al final fue escuchada. Ese mismo noviembre, la Fiscalía y Medicina Legal se comprometieron a realizar un nuevo procedimiento, y el primer paso fue entregar a la población un informe de lo que ocurrió en ese entonces.

Lo que ocurrió en ese entonces fue que los forenses solo pudieron llegar a Bojayá siete días después de la masacre porque los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares no daban tregua. Para ese momento la comunidad ya había levantado, transportado y enterrado los cuerpos en La Loma, una zona a unos diez minutos en lancha del pueblo, aguas arriba por el río Bojayá. Cuando llegaron al lugar, los funcionarios encontraron una fosa en "forma de cuadrilátero". En la superficie, según el informe, yacían "huesos de diferentes tamaños".

Lo que no aparece en el relato fue lo acontecido en Bojayá entre las 10:15 de la mañana de ese jueves 2 de mayo, cuando estalló el cilindro bomba, y el momento en que las últimas paladas de tierra cayeron sobre los cadáveres dispuestos en la fosa común. Esa parte de la historia sigue viva en la memoria del pueblo, y los bojayacenses hablan de ella con el dolor intacto.

Cuando la bomba estalló en la iglesia, los sobrevivientes cruzaron despavoridos el río Atrato y se refugiaron en Vigía del Fuerte, un municipio antioqueño ubicado justo al frente de Bellavista, el casco urbano de Bojayá. Los enfrentamientos entre las FARC y los paramilitares ya cumplían tres días y estaban lejos de terminar.

Los líderes de la comunidad presentían el tamaño de la tragedia e hicieron hasta lo imposible para comunicarse con los jefes de ambos bandos. "Conseguimos al comandante de la guerrilla y le dijimos: 'Ustedes tiraron una pipeta en Bojayá. Allá hay un poco de muertos. Permítanos volver a la iglesia por las personas heridas'. Y no fue posible. Nos dijeron que no", cuenta Leyner Palacios, uno de los principales líderes de las víctimas de Bojayá.

A la crudeza, se sumó la presión de los guerrilleros quienes una y otra vez amenazaron con prender fuego a la iglesia.

Leyner nos relató esta historia en la misma iglesia donde ocurrieron los hechos, la cual se mantiene en pie, pulcra y conservada, en medio de las casas en ruinas del viejo pueblo (después de que una inundación en 2007 obligara a la gente a trasladarse a un nuevo caserío a un kilómetro y medio de allí). Corría septiembre y durante dos días Leyner nos sirvió de guía en una travesía que hicimos algunos investigadores de Dejusticia por los ríos Atrato y Bojayá.

De regreso nos detuvimos en la antigua Bellavista. Recorrimos la iglesia en silencio. De repente, Leyner comenzó a contar detalles de la masacre. "Aquí durmieron personas heridas que no nos permitieron recoger… ¡Si nos hubieran dejado entrar! (…) Es muy bravo sentir que alguien se está muriendo, su paisano, su familiar, y no poder hacer nada. Yo siempre he dicho: esa es la peor humillación que le hicieron a nuestro pueblo", decía.

Hacía las 11 de la mañana del día siguiente a la explosión, Leyner y otros pobladores lograron entrar a la iglesia. "Ya había un estado de descomposición ni el berraco. (…) Empezamos a recogerlos, sin ninguna técnica ni nada… Calculábamos lo que era un cuerpo, lo recogíamos con una pala y lo echábamos en una bolsa".

A Domingo Chala, otro habitante de Bojayá, de 70 años, el alcalde de Quibdó le encomendó levantar los cuerpos. Domingo era reconocido en el pueblo porque solía recoger a los muertos que arrastraba el Atrato. "Yo soy muy condolido con el muerto. Ningún ser humano merece que se lo coma un gallinazo. Hay que enterrarlo porque es un humano. Eso es lo que he venido haciendo en el bajo Atrato. Por eso me dicen que soy un 'come muerto'".


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Domingo cuenta que recibió cinco millones de pesos para contratar ayudantes. El alcalde le había ordenado dejar la iglesia limpia lo antes posible, y debía hacerlo en presencia de la guerrilla, que nunca abandonó el pueblo, que vigiló cada movimiento y que solo autorizó a Domingo y sus ayudantes a moverse entre la iglesia, ubicada a unos 120 metros del río, y la panga en que transportaban los restos.

"Fue una carnicería. Usted entraba y si no lloraba es porque tenía el corazón de piedra", dice. A la crudeza, se sumó la presión de los guerrilleros quienes una y otra vez amenazaron con prender fuego a la iglesia. "Me decían: 'Si no va rápido a recoger esos muertos les vamos a echar gasolina. No queremos que el Ejército nos coja con esa gente así'".

En bolsas negras, la comunidad llevó a sus muertos hasta la fosa, y allí llegaron los forenses una semana después. "Entre el 9 y el 12 de mayo del 2002, un grupo de criminalística del CTI integrado por antropólogos, médicos, odontólogos y topógrafos, apoyados por un grupo de médicos y directores del Instituto Nacional de Medicina Legal (…) se desplazó al lugar de los hechos con la finalidad de realizar la exhumación de los cuerpos, la necropsia médico legal y (…) su identificación. Sin embargo, por razones de seguridad fue necesario suspender las labores, las cuales fueron reiniciadas desde el 5 hasta el 12 de junio del 2002".

Apenas ahora, casi quince años después, los bojayacenses han venido a conocer los detalles.

En diciembre del 2016, dos meses después del viaje por el Atrato, volví a reunirme con Leyner, esta vez en un hotel en Bogotá. Me dijo que el informe de la Fiscalía contenía errores "muy grandes". Los investigadores señalaban que el cotejo de la carta dental, esencial para determinar la edad de las víctimas, arrojaba que en el momento de su muerte una de ellas, Emiliano Palacios, tenía entre 25 y 30 años, cuando 'Emilianito' era el doble de viejo. Según Leyner, lo mismo había sucedido con otros análisis.

Ruinas de Bojayá. Foto: Natalia Botero, cortesía de Revista Semana | Revista VICE

Los sabios de Bojayá, las parteras, los curanderos y los rezanderos, creen que las almas de los 79 fallecidos siguen en la iglesia. En la iglesia o por ahí rondando, esperando a que se celebre los rituales necesarios para "irse tranquilos a la gloria", como dice Luz Marina Cañola, cantadora de alabados, los himnos de las comunidades negras del Pacífico para dar el último adiós a los muertos.

Para despedir a las víctimas, la comunidad necesita la información forense exacta. Sus prácticas culturales sincréticas, que mezclan tradiciones africanas, indígenas y españolas, exigen un ritual fúnebre diferente para cada muerto, de acuerdo a su edad. Para ellos no es lo mismo despedir a un recién nacido "que no conoce el pecado" que a un adulto "impuro". Al niñito le celebran la muerte con el ritual del chigualo: lo bailan y lo cantan para que, según Apulina, una cantadora, "se vaya alegre el angelito". Al mayor de seis meses lo despiden con el gualí: un canto más triste, más sentido. Y al adulto lo rezan y lo cantan durante nueve días.

El informe de noviembre de la Fiscalía no decía nada sobre los cadáveres de los recién nacidos muertos, ni sobre los que murieron en los vientres de sus madres (hay cinco casos, según la comunidad). Tampoco da pistas sobre quienes desaparecieron después de la explosión. Según testimonios de los habitantes, después de la masacre no volvió a haber rastro de cinco personas que habían estado en la iglesia. Uno de ellos es Benjamín, El Mochito, cuyos familiares nunca recibieron un acta de defunción. Hasta hoy están convencidos de que la guerrilla se lo llevó.

El informe de la Fiscalía contiene dos casos que dejaron fría a la comunidad. Uno es el de una persona que, según los forenses, murió de un impacto de bala y no a causa de la explosión, lo cual podría confirmar el rumor de que los actores armados remataron a algunos sobrevivientes. El otro caso tiene que ver con dos cadáveres que los forenses exhumaron juntos en el 2002 y que luego volvieron a enterrar mezclados. "Eso es un golpe terrible a la cultura. Si hicieron eso, también pudieron haber mezclado los otros huesos", dice Leyner.

Máxima, la voz líder de las cantadoras de alabados de Bojayá, asegura que en estos quince años "no han descansado ellos ni nosotros. La satisfacción para nosotros es hacer el duelo. Es inhumar a nuestro familiar, hacerle su velorio, cantar, rezar, reunirnos. Y eso no lo hemos hecho".

Al menos ya comenzó el camino para hacerlo. El domingo 21 de mayo, en una rueda de prensa en Bogotá, se anunció que en casi tres semanas de trabajo Medicina Legal y la Fiscalía recuperaron 57 cuerpos que fueron trasladados a Medellín. Allí se realizará el proceso de identificación, que tomará por lo menos siete meses. Además, se advirtió que había otros 32 cuerpos localizados y que no se descartaba la existencia de más.

Mientras avanza el proceso, la comunidad deberá decidir qué hacer con los cuerpos cuando todo termine. El sepulturero Domingo Chala dice que lo ideal sería construir unas bóvedas de cemento "para que estén seguros", para que puedan volver a la tierra. "Ellos son seres humanos, pero fueron enterrados y metidos en bolsas como perros", dice el 'come muerto'. "Cuando estén bien organizaditos, ahí sí descansará mi corazón".

* Periodista de Dejusticia