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Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en México piden ayuda a un capo local para encontrar a sus hijos

Seis meses después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, las autoridades Mexicanas han cerrado la investigación, pero un grupo de padres quiere hablar con el líder de un cártel para obtener respuestas.
Photo d'Edgar de Jesús Espinoza

Un grupo de padres de los 43 estudiantes desaparecidos en México han hecho un llamamiento público al supuesto líder de un cartel de droga llamado Los Rojos, solicitando una reunión con él para que les ayude a encontrar a los jóvenes desaparecidos.

"Señor Santiago Mazari Hernández… le pedimos por favor, ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos porque este mal gobierno no ha sido serio con nosotros, al contrario, nos ha lastimado con sus mentiras. Nosotros somos gente pobre y han pisoteado nuestra dignidad", escribieron los padres en un mensaje presentado en una autopista del estado de Guerrero, donde desaparecieron los estudiantes de la Escuela Normal Ayotzinapa el pasado mes de septiembre, supuestamente a manos de los rivales de Los Rojos, los Guerreros Unidos.

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Los padres quieren iniciar un diálogo con la banda de narcotraficantes, según informaron a VICE News, con la esperanza de que el grupo pueda tener algunas respuestas. Las autoridades han declarado el caso "resuelto" y han rechazado hacer críticas en contra de sus rivales o cualquier legitimidad para llevar a cabo la investigación.

'Comunicadnos, de cualquier modo, cómo nos podéis ayudar. Queremos reunirnos con vosotros, si queréis'.

La investigación oficial del gobierno mexicano sobre la desaparición de los estudiantes normalistas indicó que los jóvenes fueron secuestrados por miembros corruptos de la fuerza policial municipal en la ciudad de Iguala y acto seguido les dejaron con los Guerreros Unidos — una extensión del cártel Beltrán Leyva que llegó a tomar el control de Guerrero en el pasado.

El fiscal general de México dijo que la organización criminal perpetuó el ataque porque creían que entre los estudiantes que viajaban en el convoy de autobuses se encontraban miembros de los rivales Los Rojos — otra fracción del cártel Beltrán Leyva —, ya que temían que fuesen a tomar control del mercado de la droga en Iguala.

La mañana del martes, un grupo de 34 padres salió de la escuela normal rural Ayotzinapa, y se dirigió a la autopista periférica situada entre la capital de Guerrero, Chilpancingo, y la ciudad de Iguala. Los padres pararon en el tramo donde se encontraba el convoy de autobuses que llevaba a los estudiantes momentos antes de que se separaran el 26 de septiembre, justo antes de que ocurriera el brutal ataque. Seis personas fueron asesinadas esa noche, y 43 estudiantes normalistas han desaparecido desde entonces.

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Allí colgaron su mensaje, en el que rogaban información.

En febrero, Los Rojos enviaron mensajes públicos a los familiares de los 43 desaparecidos, colgando pancartas en ciudades del estado vecino de Moreclos — ciudades que según el secretario de defensa nacional estarían bajo su control. En los mensajes alegaron que no tenían nada que ver con la desaparición de los estudiantes, pero a la vez insinuaron que tenían información adicional sobre el caso.

El presunto líder del grupo, Santiago "El Carrete" Mazari, ha tratado de desvincularse de los estudiantes normalistas, y prometió a los padres que les daría información.

"Les juro por la memoria de mi padre que no tengo nada qué ver con los normalistas", aseguró El Carrete en una carta que dirigía a los familiares de los desaparecidos, que apareció en febrero.

"Estoy dispuesto hablar con cada uno de los padres afectados de los estudiantes para quitarles la venda de los ojos, y así conozcan la verdad", escribió el líder. "El gobierno es el culpable de todas las injusticias del estado de Guerrero y Morelos. Yo estoy peleando por la misma causa defendiendo mi estado, apoyando a gente que lucha por acabar con esas lacras e injusticias".

La decisión que tomaron los padres el martes al contactar al sindicato criminal organizado, llega después de un largo esfuerzo de seis meses para mantener viva la investigación a los ojos del gobierno, con la esperanza de que se les devuelva a sus hijos.

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"Como siempre, le exigimos al gobierno que nos entregue vivos a nuestros hijos, porque ellos se los llevaron y ellos saben dónde están", decían en la carta pública. "Comunicadnos, de cualquier modo, cómo nos podéis ayudar. Queremos reunirnos con vosotros, si os parece bien".

En enero, el fiscal federal Jesús Murillo Karam dijo que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un vertedero en la ciudad de Cocula, al lado de Iguala. A pesar de afirmar que el caso permanecería abierto, este fue el final de la relación entre los padres de los estudiantes desaparecidos y el fiscal general.

"Hicimos una cartelón para darle una respuesta a este señor que dice que sabe del paradero de los chicos", dijo a VICE News Epifanio Álvarez, padre de uno de los desaparecidos, Jorge Álvarez Nava. "Quería hablar con nosotros y a eso vinimos, a poner los cartelones y poner un número de teléfono, para que se ponga en contacto con nosotros".

Los padres firmaron la carta, la pegaron a una pared, y dejaron un número de teléfono local donde les podían contactar, junto con fotografías de sus hijos desaparecidos.

"Si tenemos que dar la vida por ellos, que así sea. Ya estamos muertos por dentro, así que vamos a buscar a nuestros hijos. Si nos dicen que tienen una pista, o que tienen alguna información, nosotros tenemos que ir", dijo Álvarez, añadiendo que los padres no tienen miedo por ello. "Sabemos que corremos peligro pero tenemos que hacer todo lo que se pueda".

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Los padres de los estudiantes desaparecidos empezaron su propia campaña tras haber perdido la fe en la investigación oficial. Seis meses después de la desaparición de sus hijos, siguen uniendo esfuerzos con la ayuda de diversas organizaciones de derechos humanos.

"Para nosotros es doloroso. Mi hijo tiene esposa, dos hijos, uno de ocho y una de tres", dijo a VICE News Bernabe de la Cruz, el padre del estudiante desaparecido de 24 años Abrajan de la Cruz. ""El mayor está triste porque ya lleva seis meses sin ver a su papá".

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, que ha estado proporcionado representación legal a las familias, subrayó que ellos no aprueban la acción que emprendieron los padres el pasado martes, calificándola de "un acto de desesperación del que no teníamos conocimiento".

"No avalaríamos una reunión de este tipo", señaló Barrera a VICE News. "Desconocemos porque lo hicieron, y nos desconcierta mucho esa situación".

Sigue a Melissa del Pozo en Twitter @Melissadps.