El sindicato del narcotráfico puertorriqueño ante la justicia tras una operación masiva

El departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) llevó a cabo el miércoles la mayor acusación, que se recuerda, contra Puerto Rico bajo el auspicio de la ley RICO (la ley federal contra el crimen organizado). Se han presentado cargos contra 105 miembros de una organización criminal de la que se cree que controla gran parte de la droga que se mueve en las viviendas públicas de la capital del país, San Juan, y en sus aledaños.

En su acusación, presentada en el tribunal federal del distrito en Puerto Rico, las autoridades norteamericanas afirmaron que la llamada "La Rompe ONU", la organización a la que persiguen ahora, es un sindicato que se escindió en 2007 de la ONU (Organización Narcotraficantes Unidos). Según el auto presentado, la organización original, la ONU, se formó durante un encuentro de "casi todas las bandas de narcotraficantes de San Juan", en 2004. Entonces se selló una alianza para "resolver los conflictos existentes entre las bandas rivales", para eludir el escrutinio de las fuerzas de seguridad y asegurarse grandes beneficios.

Cuando la ONU se dividió, las autoridades informaron de que las bandas rivales, "básicamente escindieron" a las bandas que operaban en las casas de protección oficial y que controlaban la venta de heroína, marihuana, cocaína y crack.

"Los miembros de varias de las casas de protección oficial de La Rompe ONU, se unieron para coordinar ataques contra los miembros de la ONU", señala el auto de acusación, en el que se detallan 12 asesinatos. Los cargos presentados especifican las normas, que según las autoridades, los miembros de la Rompe ONU tenían que seguir. Entre ellas se cuenta la de "matar a los miembros de la ONU que estén a la vista", y prohibir las ventas internas entre los miembros de las bandas de La Rompe. Según informan las autoridades, cualquier infracción de la norma "se castiga con la muerte del infractor y la de su familia".

Los 105 acusados, cuyos apodos incluían algunos como Pedrito Trauma, Pitbull, Oreo y Mascare, fueron acusados, entre otros delitos, de asociación delictiva, tráfico de drogas, asesinato y de delitos con armas de fuego. La justicia norteamericana se ha amparado en la ley RICO y en la justicia federal puertorriqueña para poder vincular a todos los acusados — desde el presunto líder Josué "el Padre" Velázquez-Carrasquillo a traficantes de perfil más bajo — hasta la "empresa", La Rompe ONU, en este caso.

El departamento de Justicia explicó que 34 sospechosos han sido arrestados en relación a la causa, mientras que otros 32 ya se encontraban encarcelados en otras prisiones bajo otros cargos. Alrededor de 700 agentes de la policía local y federal participaron en las detenciones. Todos los acusados se exponen a penas de cadena perpetua. En Puerto Rico no se aplica la pena de muerte, sin embargo, la intervención norteamericana ha provocado que los cargos sean considerado federales, de modo que todos los acusados de asesinato, que son 18, podrían ser sentenciados a la pena de muerte.

"Ha habido muchas causas relacionadas con el narcotráfico en viviendas públicas, sin embargo este es el más grande que hemos presentados amparados en la ley RICO en Puerto Rico", comentó Lymarie Llovet, portavoz del departamento de Justicia de Estados Unidos en San Juan de Puerto Rico.

Las detenciones se producen en un momento en que Puerto Rico se enfrenta a una colosal recesión y solo semanas después de que el gobernador del territorio anunciara que no será capaz de pagar las letras del Tesoro sin reestructurar la deuda pública. En los últimos años se ha registrado un éxodo masivo. La gente se está yendo a Estados Unidos, donde hay a día de hoy más puertorriqueños de los 3.5 millones que quedan en la isla.

A pesar de que el índice de asesinatos en Puerto Rico se ha rebajado casi hasta la mitad desde 2011, mucho de sus residentes todavía se refieren al crimen, además de a la situación económica, como uno de los motivos principales para exiliarse a Estados Unidos. Además, a menudo los puertorriqueños no se fían de las estadísticas delictivas que maneja el gobierno, pues creen que están alteradas para generar una falsa apariencia de progreso.

"Desde el punto de vista de un ciudadano normal, y yo me incluyo en esa perspectiva, no parece que la delincuencia esté disminuyendo — al contrario, la mayoría de la gente cree que está aumentando", proclamó a VICE News William Ramírez, director ejecutivo de la Sección Puertorriqueña de la Unión por las Libertades Civiles Norteamericanas. "Si se trata o no de algo real es algo que nunca sabremos porque aquí uno no puede fiarse nunca de la estadística. Y la mayoría de la gente, de hecho, no lo hace".

La corrupción endémica lleva décadas dañando la reputación de las fuerzas del orden puertorriqueñas. Tal es uno de los motivos que ha provocado la intervención foránea para estrechar el cerco al narcotráfico. Entre 2005 y 2010 — el periodo posterior al descubrimiento de La ONU y al de su consiguiente disolución — apenas un 10 por ciento de la policía puertorriqueña fue detenida. Los arrestos incluían cargos de "violación, tráfico de drogas y asesinato", tal y como señala una investigación del departamento de Justicia. El pasado mes de diciembre 12 ex agentes fueron condenados por haber dirigido una trama de tráfico de drogas desde el departamento de policía de Puerto Rico.

Ramírez afirmó que, a menudo, las autoridades locales prefieren que las investigaciones sean dirigidas por el FBI y el departamento de Justicia porque los cargos federales reemplazan lo estipulado por la Constitución de Puerto Rico, que confiere determinada cobertura legal — por ejemplo, es mucho más difícil que se autoricen las escuchas telefónicas —, a diferencia de lo que sucede en muchos estados norteamericanos.

"Es una medicina que no es fácil de tragar porque están acostumbrados a que la policía local se encargue de la lucha contra el crimen y que brinde a los acusados determinadas protecciones constitucionales", señaló Ramírez. "En Puerto Rico todo está federalizado".

Si bien la causa presentada ayer es la más grande que se ha desplegado en territorio puertorriqueño bajo el amparo de la ley RICO, para las autoridades locales y federales también es habitual enfrentarse a decenas de narcotraficantes. En 2013 la fiscal del distrito estadounidense en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, incriminó a 126 personas por narcotráfico. Solo durante el mes de marzo de este año 61 personas han sido encausadas por lavado de dinero y delitos relacionados con narcóticos; mientras que en mayo, 24 fueron acusadas de tráfico.

"El gobierno va a barrios pobres y se llevan por delante a todo el mundo, gente inocente incluida", afirmó a VICE News Juan Ramón Acevedo, un abogado defensor de San Juan que ha representado ya a muchos acusados en casos parecidos. "Pueden ser 60, 80 o 100 personas — el número ya no importa. La mayoría son vendedores callejeros y traficantes de poca monta".

Muchos de los acusados ayer que se enfrentan a penas de cadena perpetua están considerados como "mensajeros" o "vendedores".

"Son tipos que venden droga desde el mismo sitio, que tienen jornadas de trabajo de 8 horas y que, normalmente, ganan 75 dólares al día, lo justo para costearse su adicción — y ahora se enfrentan a penas de cadena perpetua", señaló Acevedo. "Puede que hayan detenido a 100 personas. Pero en unas pocas semanas volverá a haber gente vendiendo droga en la calle".