Imagen por R3D, Article 19 y Social TIC
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El informe explica que través del programa Pegasus —adquirido en 2011 por el gobierno mexicano por cerca de 80 millones de dólares— se enviaron mensajes de texto hacia los teléfonos de las personas que el gobierno mexicano quería espiar. Los mensajes eran noticias falsas o mensajes ambiguos con información personal que podían interesar al periodista o activista. Y les acompañaba un enlace.
Si el usuario daba clic en la liga de internet, el teléfono quedaba inmediatamente infectado por Pegasus: la libreta de contactos, documentos, fotografías y videos podían ser revisados o eliminados vía remota, y también se podía encender a distancia la cámara del teléfono o el micrófono para que los usuarios pudieran ser espiados en video y audio."Una vez que se logra la infección con Pegasus es prácticamente imposible salvar el teléfono", comentó John Scott Ralton, del centro de investigación de ciberseguridad CitizenLab, con sede en Toronto, Canadá.Así es como el gobierno mexicano escucha tus conversaciones privadas. Leer más aquí.
En los once casos denunciados, los "objetivos" recibieron mensajes maliciosos cuando hacían alguna investigación o trabajo que incomodaba al gobierno federal mexicano, ya sea por actos de corrupción o por la indebida actuación de las fuerzas de seguridad.El informe #GobiernoEspía expone nuevos casos de espionaje vs periodistas y activistas en MX con el malware Pegasus https://t.co/iJfyOlsu9B
— R3D (@r3dmx) 19 de junio de 2017
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"Exigimos la apertura de investigaciones imparciales, independientes y transparentes, el castigo a los responsables de este abuso de poder, exigimos reformas legales para regular las intervenciones telefónicas y garantizar la rendición de cuentas", dijo Ana Cristina Ruelas de la organización Artículo 19."¿El gobierno tendrá la voluntad de investigarse a sí mismo? Ya todos sabemos la respuesta", añadió Mario Patrón, a quien el 20 de abril de 2016 le llegó un mensaje malicioso que decía "EL GOBIERNO DE MEXICO MADRUGA AL GIEI" junto con un enlace.En ese tiempo, Patrón era el mediador entre el gobierno mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de expertos que daba asistencia técnica a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y cuyos dictámenes contradecían la versión oficial del Estado.Según la investigación, cada mensaje malicioso habría costado unos 77.000 dólares que salieron del presupuesto público.'El presidente Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones'.
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El tema se posicionó rápidamente en Twitter como uno de los más discutidos con la etiqueta #GobiernoEspía, que fue usado para increpar al gobierno de México el uso de recursos públicos para espiar a periodistas."En caso de que, en efecto, como toda la evidencia sugiere, los intentos de infección de los dispositivos de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción con el malware de espionaje Pegasus, comercializado exclusivamente a gobiernos por la empresa NSO, fueron llevados a cabo de manera ilegal, sin autorización judicial y para fines ilegítimos, es claro que se acreditaría la comisión de diversos delitos", concluye el estudio y cita el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas que se castiga con seis a 12 años de prisión.
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Se trata de un texto de tres párrafos firmado por el director general de Medios Internacionales, Daniel Millán, quien negó las acusaciones y llamó "a quienes pudieran ser víctimas" a presentar una denuncia ante las autoridades, lo que ya habían hecho desde la mañana los periodistas y activistas aludidos.Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEsAquí la postura del @gobmx respecto de la nota del New York Times. pic.twitter.com/KZpnbDyxka
— Eduardo Sánchez H. (@ESanchezHdz) 19 de junio de 2017