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¿Se está convirtiendo Argentina en un narcoterritorio como México?

Tras la controvertida fuga y posterior recaptura de tres sicarios condenados surgen signos de connvivencia entre narcos, políticos, jueces y fuerzas del orden, por complicidad o por incapacidad. VICE News habla con expertos sobre el fenómeno.
18.1.16
Operativo Cisterna Verde en el que se incineraron más de 5 toneladas de marihuana. (Imagen vía Policía Federal Argentina)
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Cobran fuerza los miedos del Papa Francisco, quien, en febrero del año pasado, alertó sobre una eventual "mexicanización" de Argentina en una cadena de correos con el concejal de Buenos Aires, Gustavo Vera. La fuga y posterior recaptura de tres sicarios del penal bonaerense de máxima seguridad General Alvear ha vuelto a situar en el ojo del huracán a altos funcionarios del saliente gobierno kirchnerista, y ha señalado posibles vínculos entre mafiosos y redes del Estado.

Los fugados eran Víctor Schillaci y los hermanos Cristian y Martín Lanatta. Todos ellos fueron condenados hace cuatro años por el homicidio, en 2008, de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, los tres relacionados con la industria farmacéutica. Sus asesinatos dejaron al descubierto una compleja trama de tráfico de efedrina, un componente base para la elaboración de metanfetamina, con ramificaciones en el narco de México.

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Una entrevista televisada a Martín Lanatta el pasado agosto apuntó a la vinculación con la red de narcotráfico del Jefe de Gabinete de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández. Estas acusaciones podrían ser ratificadas por una grabación con cámara oculta y difundida en octubre en la que un supuesto abogado de Fernández le ofrecía beneficios penitenciarios a Lanatta a cambio de una rectificación.

La fuga de los tres sicarios desató todo tipo de especulaciones sobre la conveniencia de su desaparición tras la acusación televisiva, y no estuvo exenta de graves irregularidades. El propio presidente Mauricio Macri anunció en Twitter su captura, pero luego trascendió que las fuerzas de seguridad sólo detuvieron a uno de ellos.

Un vídeo apunta a la posibilidad de que agentes de las fuerzas del orden podrían haber dejado escapar a dos de los prófugos, lo que provocó acusaciones cruzadas entre el gobierno federal y el gobierno de la provincia de Santa Fe — región donde, finalmente, los tres fueron recapturados. La defensa de los condenados aseguró que existía una conjura para acabar con las vidas de sus clientes.

La comparación entre México y Argentina mencionada por el Papa Bergoglio incomodó al Ejecutivo del país centroamericano y obligó al Vaticano a disculparse, pero las vergüenzas destapadas tras la captura de los sicarios plantea una pregunta: ¿Está Argentina incubando su propio paraíso narco?

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Violencia localizada e implicaciones dudosas

El Informe Anual sobre Drogas de las Naciones Unidas de 2015 constata la importancia creciente de este país cómo punto de origen de la cocaína y el cannabis decomisado a nivel global. En 2013, el mismo documento ya situaba Argentina en el tercer puesto en lo relativo al origen de los cargamentos de cocaína incautados en el mundo.

El narcotráfico está asentado prácticamente en todos los países. La diferencia entre este fenómeno con el del llamado narco es, en su día en Colombia y hoy en México, la capacidad de esta organización de controlar un territorio, asentarse en él y defenderlo por las armas.

"Hay un par de lugares en la República Argentina donde el narco tiene una capacidad importante desde el punto de vista armado, en particular en la ciudad de Rosario. Pero no hay un despliegue a nivel nacional, ni hay armamento, ni conexiones como las que se ven en países como México. Es un fenómeno localizado", declara a VICE News Eduardo Amadeo, ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) y actual diputado nacional por el oficialismo.

Fue en la misma ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde en 2013 fue baleada la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti por dos encapuchados montados en motos.

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"En Argentina no existen bandas más poderosas que el Estado, porque el narcotráfico tiene a los funcionarios como narcos", polemiza a VICE News Lucas Schaerer, integrante de la Fundación Alameda, ONG liderada por el ya mencionado amigo del Papa, Gustavo Vera, que lucha contra el crimen organizado. Schaerer enumera varias conexiones entre altos funcionarios argentinos y el narcotráfico, de entre las que destaca el caso del ex jefe de policía de Santa Fe, Héctor Tognoli.

"Que el narcotráfico tiene un poder de corrupción muy grande, eso es un hecho. Y que ese poder de corrupción afecta a instancias políticas, jurídicas, policiales y de todo tipo en una sociedad también. Ahora, ya ir más allá depende de cada circunstancia y hay que ser sumamente cuidadoso", matiza el investigador del Real Instituto Elcano Carlos Malamud a VICE News.

Malamud reconoce que el despegue y el crecimiento del narcotráfico se vio favorecido en la última década, coincidiendo con la llegada de Néstor Kirchner al poder, pero considera que no se puede establecer una relación causa-efecto con el gobierno de una u otra administración.

Aún así, recuerda que la distribuidora de medicamentos Seacamp, propiedad de Sebastián Forza, uno de los farmacéuticos asesinados por el trío de prófugos, colaboró en la financiación de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner.

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Causas

Los expertos consultados por VICE News apuntan a una multiplicidad de causas que explicarían el surgimiento y la extensión de esta lacra.

Algunas de ellas son la inexistencia de un mensaje desde la cúpula política contra esta amenaza, y de una estrategia de recursos para el control de fronteras, la ausencia de políticas de Estado que den un marco de acción a las policías provinciales, la vinculación — ya sea por complicidad o por incapacidad — de funcionarios de alto nivel con las mafias, y el poco celo en la persecución del lavado de dinero, de acuerdo a la opinión de Eduardo Amadeo.

Amadeo sostiene que el matrimonio Kirchner nunca hizo referencia a este problema y que el control aéreo y de los puertos no ha tenido una financiación adecuada. Sobre las implicaciones de alto nivel, el ex titular de la Sedronar afirma que existían conexiones entre Néstor Kirchner y los hermanos Zacarías, supuestamente vinculados a la red de tráfico de la efedrina y que, de acuerdo con la declaración de Martín Lanatta ante la juez que instruye el caso, tendrían línea directa con la Sedronar para conseguir la sustancia en los tiempos en los que el fallecido marido de Cristina Fernández gobernó.

Pero el poder judicial también pareciera tener responsabilidades en este asunto. En casi 20 años sólo han habido tres condenas firmes por lavado de dinero en Argentina.

Carlos Malamud del Instituto Elcano, por su parte, propone abrir el foco para determinar las causas del crecimiento de este fenómeno. Para él, en los años 80 y principios de los 90, los ejecutivos de los países implicados en la producción y el tránsito no pusieron énfasis en solucionar el problema, pues entendían que las consecuencias del tráfico se sufrían en los países consumidores, generalmente más ricos.

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Bajo este prisma, cuando esto cambió y Latinoamérica también fue consumidora de drogas en paralelo al incremento de la bonanza de sus economías, lo que antes había sido un estímulo para sus arcas depauperadas ahora se vivía como un problema.

"Desde esta perspectiva muchos países latinoamericanos fueron renuentes a aplicar políticas represivas contra el narcotráfico, pensando que era sólo una cuestión de los países desarrollados, y hoy se enfrentan, después de mucho tiempo de inacción, con que el tema les ha estallado en las manos. Y carecen de las herramientas institucionales, policiales y de inteligencia adecuadas para enfrentarse al problema", opina el investigador del Real Instituto Elcano.

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Soluciones

Lucas Schaerer de la Alameda defiende la incautación de bienes a las mafias para compensar a las víctimas, que los delitos de corrupción de funcionarios y criminales no prescriban y que la trata de personas sea considerada un delito de lesa humanidad. Una reivindicación, ésta, que coincide con la iglesia del hoy papa Jorge Bergoglio, con el que la organización tiene estrechos vínculos.

Carlos Malamud plantea la necesidad de reducir la corrupción policial y dotar a estas policías de los recursos necesarios para poder afrontar al narcotráfico en condiciones de éxito.

Y Eduardo Amadeo entiende que erradicar al narco pasa por destinar los recursos adecuados a la administración, incorporar a los gobernadores a la estrategia de combate a las drogas, una política más restrictiva del control del lavado de dinero, el refuerzo, control y apoyo a las policías provinciales y a la justicia federal, particularmente en las zonas críticas, y abrir la cooperación internacional.

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"Durante la época kirchnerista prácticamente todos los oficiales de enlace de las embajadas importantes de la Argentina se fueron porque no podían compartir información con el gobierno K. Hay que volver a una política de cooperación internacional", sostiene Amadeo.

Y es que la realidad latinoamericana merece una consideración particular, de acuerdo al ex Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo. En países donde no hay un pleno imperio de la ley ni un indiscutible monopolio de la violencia por parte del Estado, gobernar implica relaciones ambiguas entre los poderes públicos y el crimen organizado.

"El mundo va a ser como Argentina, y no como Suecia: con un poco de instituciones y con un poco de caos; un poco de crimen y un poco de no-crimen. Los argentinos sabemos de eso: si el policía te para en una esquina el argentino lo deduce, si te quedas en un soborno o te quedas en una multa. Esto un sueco no lo deduce, y un congoleño siempre paga el soborno. Argentina me ayudó a entender cómo aplicar las reglas y cómo te meten la trampa", declaró el año pasado Moreno Ocampo en una entrevista a La Nación.

VICE News intentó tomar declaraciones del ex jefe de gabinete de la presidenta saliente, Aníbal Fernández, pero todas las llamadas y mensajes dirigidos a su persona no han obtenido respuesta.

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