Cómo seguir adelante tras 60 años de violaciones

"El 5 de mayo de 2003, en el territorio indígena de Betoyes, Colombia, unos soldados que se hicieron pasar por paramilitares […] violaron a cuatro niñas de 11, 12, 15 y 16 años de edad. La mayor de ellas era Omaira Fernández. En aquel momento estaba embarazada de seis meses. Después de violarla […] la abrieron en canal y le extrajeron el feto, lo descuartizaron y luego arrojaron al bebé y a su madre al río".

Éste es un extracto de un informe realizado por la organización de derechos humanos ABColombia, en el que se destaca tan solo un ejemplo de los miles de violaciones y abusos sistemáticos sufridos por niñas y mujeres durante el brutal conflicto de Colombia, que lleva 60 años en marcha.

Esta salvaje guerra civil, descrita como el conflicto más prolongado del mundo, se remonta a 1948. En 1964 se recrudeció cuando un grupo de campesinos, organizados por el Partido Comunista, se levantó contra el gobierno y evolucionó hasta transformarse en un poderoso grupo guerrillero conocido como las FARC. Aquello señaló el inicio del surgimiento de grupos similares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Aquellos grupos dominaban las zonas rurales de Colombia, donde había menos control estatal. Los terratenientes y los narcos más destacados organizaron grupos paramilitares de ideología conservadora como las AUC para frenar los ataques de las FARC en sus territorios.

Tanto las FARC como los grupos paramilitares se financiaban con el tráfico de drogas y los secuestros. Cometieron innumerables quebrantamientos de los derechos humanos, como la violación y tortura de las mujeres campesinas, y también provocaron el éxodo de miles de ellas. En un informe publicado en 2009 por la organización feminista Sisma Mujer, una de las mujeres que se vio obligada a huir recordaba, "Las mujeres eran obligadas a desnudarse [por los paramilitares] y a bailar delante de sus maridos, muchas de ellas eran a continuación violadas [por los paramilitares frente a sus maridos] y sus gritos podían escucharse hasta en las poblaciones vecinas".

Tras cinco décadas de conflicto, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció en agosto de 2012 que comenzarían las negociaciones de paz entre su gobierno y las FARC. En septiembre del pasado año finalmente se alcanzó un histórico acuerdo entre ambas partes, que desembocará en la firma de un tratado de paz el 23 de marzo de este año. El gobierno y las FARC se han puesto de acuerdo en cuatro puntos fundamentales y uno de ellos consiste en llevar a juicio a quienes hayan cometido las más graves violaciones de los derechos humanos.

Para las mujeres y niñas víctimas de las violaciones y torturas sistemáticas ejercidas por los miembros de las fuerzas armadas paramilitares y de las FARC, esta ha supuesto una larga lucha para obtener justicia. Una de las principales voces que han demandado justicia ha sido la de la periodista Jineth Boydoya Lima, editora adjunta del segundo periódico con mayor tirada de Colombia, El Tiempo.

Sentada en la oficina de ABColombia, con las manos entrelazadas y un pañuelo rojo alrededor del cuello, describe los sentimientos que experimentó como periodista al embarcarse en una carrera que cambiaría su vida.

"Yo era joven y Colombia era muy fuerte. Había mucho tráfico de drogas y también un conflicto interno, y esos eran los problemas sobre los que quería escribir. En abril de 2000 hubo una pelea en la prisión más peligrosa del mundo y yo fui la única periodista a la que dejaron entrar. Escribí un reportaje y a raíz de aquello empecé a recibir toda una serie de violentas amenazas contra mí y contra mi familia.

El reportaje de Lima desembocó en su secuestro, en mayo de 2000. Fue trasladada a una parte recóndita de Colombia, violada por tres hombres y torturada durante varios días. "Todo el tiempo, mientras me violaban, tenía una pistola de 9 mm apuntándome a la cabeza. Me morí por dentro y fue en ese momento… No sé por qué no me mataron. Me dejaron en medio de la carretera y yo decidí volver al periódico y a mi puesto como periodista".

Considerando la posibilidad de suicidarse, el gobierno colombiano le ofreció exiliarse para protegerla de futuros ataques, pero Jineth se negó. En junio, las autoridades retiraron los cargos contra Alejandro Cárdenas Orozco, un combatiente paramilitar que había confesado su participación en el secuestro, y le liberaron de la cárcel (Cárdenas se retractó de su confesión en 2013). Pero Lima tiene intención de apelar esta decisión.

Continuando con su investigación sobre el tráfico de drogas, Lima fijó su vista en las FARC. Fue entonces cuando tuvo que enfrentarse a su segundo ataque, junto a su fotógrafo. "Tres años después del primer ataque", explica, "estaba investigando sobre las FARC. Viajamos hasta la zona de la selva y allí me secuestraron, me retuvieron durante una semana y después me liberaron".

Lima es una de las miles de mujeres que han sufrido durante el prolongado conflicto de Colombia. Su historia, como tantas otras, es capaz de congelar la sangre hasta del más templado. Para muchas de las víctimas, la violencia más terrorífica fue ejercida por los paramilitares, como las AUC, y aunque ya han sido desmovilizados, muchos de sus combatientes siguen operativos en Colombia.

En el mismo informe elaborado por ABColombia, varias mujeres describen con detalle los abusos que padecieron a manos de los paramilitares en Colombia. Una niña de 14 años recuerda el momento en que la violaron: "Aquel día perdí mi virginidad, mi alegría y mi deseo de vivir". Sucedió en la carretera que separa Santiago de Cali, una ciudad situada al suroeste de Colombia, de Buenaventura, una pequeña población situada en la costa pacífica del país. Cuatro soldados paramilitares la violaron en grupo. Cuando terminaron, la apuñalaron cinco veces en los pechos y dos veces en los genitales. También la golpearon hasta dejarla inconsciente y la dieron por muerta. Pero sobrevivió.

Además del trauma físico, las mujeres también deben soportar un tormento psicológico. Paula Andrea Caicedo tenía 15 años cuando fue violada en el cuartel central de los paramilitares en Nudo de Paramillo, la región situada al noroeste de Colombia. Cuando se lo contó a su familia, ellos se negaron a creerla y la repudiaron.

"Siempre culpaban a las mujeres, decían que nos lo habíamos buscado, que lo estábamos deseando", explicaba a ABColombia en el mismo informe. Caicedo, que ahora tiene 25 años y está criando a dos hijos ella sola, afirmó que su vida ha estado marcada por la depresión. "A veces siento deseos de suicidarme, siento que no sirvo para nada".

Tan solo en los últimos diez años, 500.000 mujeres han sido víctimas de violaciones y torturas y más de 49.000 niños han sido también víctimas de violencia sexual durante el conflicto. Para miles de mujeres, la justicia parece tan solo un sueño lejano. Los niveles de castigo están en el punto más bajo de la historia y solo el 2 % de los casos denunciados desembocan en condenas reales.

Los defensores de las mujeres que luchan contra la violencia sexual en los conflictos creen que el sistema judicial colombiano es totalmente ineficaz. "Resulta casi imposible para las mujeres obtener justicia", afirmó Thomas Mortensen, gerente de Christian Aid en el país. "La impunidad alcanza casi el 100 % de los casos e incluso en casos de gran repercusión mediática como el de Jineth Bedoya, el interés por que no se haga justicia es increíblemente poderoso. Además, el sistema judicial es ineficaz y patriarcal".

Mortensen también afirma que las promesas anteriores por parte del gobierno de investigar estos crímenes nunca han dado sus frutos. "El gobierno ha prometido una y otra vez investigar todos los abusos de los derechos humanos, pero la impunidad sigue siendo muy elevada", indicó. "Las comunidades con las que trabajamos están siendo constantemente amenazadas y normalmente nadie hace nada al respecto. También hay que tener en cuenta que los agentes estatales son responsables de muchas de estas violaciones de los derechos humanos y que el interés por no investigar estos casos tiene mucha fuerza".

Con el acuerdo de paz a punto de firmarse el 23 de marzo, el gobierno y las FARC se han puesto de acuerdo en cuatro puntos fundamentales y uno de ellos consiste en investigar las violaciones graves de los derechos humanos, incluida la violencia sexual. Sin embargo, a los activistas les preocupa que otros grupos rebeldes quedaran fuera de las conversaciones de paz, como el ELN, el segundo grupo guerrillero más grande del país.

"Sin lugar a dudas, las negociaciones con las FARC llegarán a buen puerto", afirmó Lima, "pero no habrá necesariamente paz en Colombia: el hecho de que se dejara fuera de las conversaciones de paz al ELN es muy importante. Es preciso que el gobierno y los activistas ataquen las estructuras de estos grupos".

También puso de relieve la falta de mujeres en torno a la mesa de negociaciones en La Habana, teniendo en cuenta los miles de ellas que han sufrido la violencia sexual. "El gobierno solo cuenta con una negociadora mujer", añadió Lima. "No había ninguna otra mujer presente en las conversaciones de paz".

Además de esto, a pesar de la desmovilización de los grupos paramilitares como las AUC, estos siguen operando en algunas partes de Colombia. "No queremos ver cómo se persigue únicamente a grupos guerrilleros, queremos que se persiga también a los oficiales estatales y a los paramilitares", indicó Louise Winstanley, gerente de programas y activismo de ABColombia. "Los paramilitares siguen operando aun después de su disolución, y esto nos preocupa mucho. Otra cosa que nos preocupa es que los jefes paramilitares que fueron enviados a la cárcel van a ser liberados. Es preciso que la Corte Penal Internacional supervise este movimiento".

También está el problema adicional del aumento de la violencia, que según Jineth desembocará en más violaciones y abusos hacia las mujeres y las niñas. "En primer lugar, yo creo que —como sucede en todo conflicto— lo más difícil es el período posterior al conflicto", explicó Lima. "Creo que la violencia aumentará, así que debemos tener preparado un buen plan de contingencia".

Según Winstanley, dejar que las mujeres cuenten la verdad sobre lo que les ocurrió es muy importante. "La reparación a las víctimas pasa por que se cuente la verdad. Además, muchas mujeres desearían recibir asesoramiento".

Para Jineth Boydoya Lima, el fin del conflicto en Colombia garantizará la esperanza, pero también la justicia. Eso significa justicia para las miles de mujeres y niñas anónimas que quedaron atrapadas en medio de una guerra y sufrieron violencia sexual. Para Omaira Fernández, la joven embarazada de Betoyes, quizá suponga poder descansar por fin en paz.