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COLOMBIA

Las heridas abiertas de los desaparecidos en Colombia

Los desaparecidos en Colombia suman 45.630. Una cifra muy elevada si se compara con los 90.000 registrados en toda Latinoamérica durante las dictaduras de los años 70 y 80. Abordamos este drama que ha dejado las siete décadas de conflicto colombiano.
10.9.15
Mujeres frente a un cartel de personas desaparecidas en La Escombrera, barrio de Medellín, el 27 de julio de 2015. (Imagen por Luis Benavides/AP)

Los desaparecidos en Colombia suman 45.630, según datos gubernamentales. La cifra se revela tenaz si se compara con los casos registrados en toda Latinoamérica durante las dictaduras de los años 70 y 80: 90.000. Las siete décadas de conflicto colombiano explican en buena medida el grueso de las estadísticas.

"El desaparecido siempre era un opositor político: un líder sindical o estudiantil, miembros de partidos de izquierdas, maestros, médicos, defensores de derechos humanos", explica a VICE News desde Bogotá el director de Oxfam Intermón en el país suramericano, Alejandro Matos.

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"Esta práctica se agudizó mucho en los 70, 80 y 90. Uno de los modos de combatir a la oposición política de izquierdas por parte del establecimiento era a través de la desaparición forzada", añade.

Durante la década de los 70 los perpetradores eran los miembros de la fuerza pública amparados en la doctrina de seguridad nacional. A mediados de los 80, el modus operandi cambió y el trabajo sucio lo empezaron a realizar grupos paramilitares con información y apoyo de militares y funcionarios estatales.

Más tarde, con el ex presidente Álvaro Uribe se inició una estrategia de guerra que consistía en dar de baja a los guerrilleros, no en capturarlos. "Como era una tarea complicada, comenzaron a desaparecer campesinos y jóvenes urbanos de estratos populares que luego los hacían aparecer como guerrilleros no identificados dados de baja en combate. Los llamados falsos positivos", añade Matos.

La connivencia y participación de la fuerza pública ha supuesto unos índices de impunidad vergonzosos. Durante las décadas en que Colombia lleva inmersa en su conflicto, tan sólo se han dictado 35 condenas por desaparición forzosa.

Colombia empieza a exhumar los cuerpos de una fosa común en un vertedero de Medellín. Leer más aquí.

"El 91% de los casos está apenas en la fase de indagación", asegura a VICE News el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), Diego Martínez. Entidad, por su parte, que eleva el número de desaparecidos a 57.000.

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Martínez señala de nuevo a la intervención del ejército para explicar la ausencia de procesos y, sobre todo, culpables. "En el Meta [departamento del centro del país] se han encontrado 3.000 cuerpos enterrados irregularmente. Sólo 1.400 eran de combatientes. El resto eran civiles", apunta.

El Meta es, según la Unidad de Víctimas, el segundo departamento con más desaparecidos, 3.122, por detrás de Antioquia, que suma 10.855, y por delante del Valle del Cauca, que con 1.971 personas desaparecidas ocupa el tercer lugar en este aciago conteo.

Departamentos donde confluyen movimientos de desplazados internos, grandes proyectos mineros, inversiones extranjeras e interés nacional. Un buen ejemplo es la ampliación del puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

"No hay voluntad del Estado", asegura Javier Barrera, coordinador en Medellín de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES). Este joven trató de iniciar un proceso de conciliación con el Estado debido a la desaparición de un familiar. Pero la Policía Nacional estaba involucrada y ésta no ha admitido aún el proceso.

"El Estado sólo asume parcialmente las responsabilidades, dilata los trámites y existe una falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas", señala.

Tampoco ayuda el hecho de que la Fiscalía General de la Nación tenga únicamente un grupo especializado dedicado a la búsqueda de más de 45.000 desaparecidos. La falta de manos se traduce en que las denuncias de desapariciones no sean una prioridad.

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"En este país no las buscan. El estado espera que las personas que desaparecieron a estas víctimas digan donde están los restos", lamenta Barrera. Y a menudo esos restos no se encuentran y, con la ley en la mano, si no hay cuerpo, la condena se torna casi imposible.

Por otro lado, la Ley 589 de 2000 recoge un mecanismo de búsqueda urgente cuando hay indicios de desaparición forzada y sospechas del posible paradero. Sin embargo, éste parece estar escrito sobre papel mojado pues "la Fiscalía sigue optando por esperar 72 horas, lo que permite a los perpetradores desaparecer el cuerpo", concluye el coordinador de ASFADDES.

Mercedes Palacio es la coordinadora del Grupo Identificación Humana de la Fiscalía en Medellín. A pesar de que su trabajo implica viajar a zonas donde la seguridad es lo de menos, cavar en fosas comunes, exhumar restos humanos y entregarlos a las familias reconoce que las víctimas han perdido la confianza en el Estado.

'El Estado sólo asume parcialmente las responsabilidades, dilata los trámites y existe una falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas'.

"De alguna manera culpan las instituciones de lo que ha pasado. Su agresividad y demanda severa se convierten en presión. Celebramos tal exigencia. Es bueno saber que se han empoderado y que son interlocutoras válidas para reclamar sus derechos", dice a Vice News Palacio desde Medellín.

La Ley de Justicia y Paz creada desde el gobierno de Uribe en 2005 para lograr la desmovilización de los paramilitares, contemplaba a pinceladas el drama de los desaparecidos. "Su creación fue madurada más para que los grupos de autodefensas entregaran las armas y se reincorporaran a la sociedad civil, que para las víctimas", opina Palacio.

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"Una vez creada la Ley, la avalancha de desapariciones nos sorprendió y desbordó la infraestructura de la Fiscalía para responder a las investigaciones. Este Grupo, tiene exhumaciones pendientes por realizar, y en consecuencia, hay pendientes derechos por restablecer a las victimas", reconoce.

Más allá de las carencias del Estado en este aspecto, la búsqueda de restos de personas que pueden llevar años desaparecidos en el marco de un conflicto de décadas es tarea ardua. Un ejemplo son los actuales trabajos en el vertedero de La Escombrera, en el la Comuna 13 de Medellín. Se sospecha que entre 1999 y 2004 se arrojaron allí hasta un centenar de cadáveres. En esos años las milicias urbanas de las guerrillas FARC y ELN se disputaban el barrio con los paramilitares. Mientras el Ejército trataba de hacerse con el control de la comuna con polémicas incursiones como la Operación Orión.

"La búsqueda de un desaparecido no es fácil", sostiene Mercedes Palacio. "Los hechos ocurrieron hace mucho y el tiempo que pasa, es la verdad que huye".

Sin embargo, con la información recabada por el grupo que coordina, se ha elaborado un archivo para ubicar fosas clandestinas y confrontarlas con la presencia de grupos armados. A partir de esta base de datos también se podrá ver qué tipo de crímenes cometen estos grupos, dónde y analizar las poblaciones afectadas. "Quiénes son, qué edades y sexo tienen, el grado de escolaridad y oficio que desempeñaban", explica Palacio.

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El hijo de Aura María Díaz desapareció en 1996, tenía 16 años. Ella no sabía por donde empezar. Preguntó en hospitales, en la policía, en la morgue. Pero nada, sin rastro. Veía como los procesos y denuncias se paralizaban y se olvidaban. Hasta que 14 años después recibió una llamada de Medicina Legal. Tenían los restos.

"Lo habían torturado, golpeado y asesinado para tirarlo a un río después. Todo porque un concejal de Oiba (Santander, norte del país) creía que había robado una camioneta", cuenta a VICE News Díaz quien también es portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). "Denunciamos, pero las hermanas de este concejal trabajaban en la Fiscalía y pararon todo el proceso".

Hoy el caso sigue abierto. Pero al menos, Aura María pudo velar a su hijo, enterrarlo y hacer su duelo para asimilar la pérdida. "Hasta que no se vive este dolor, no se sabe lo que es", dice.

Violados y obligados a matar. Menores, 'carne de cañón' en el conflicto de Colombia. Leer más aquí.

Es la incertidumbre. Es sentir el estómago encogiéndose cada vez que suena el teléfono, que tocan la puerta, que se abre el buzón. "La familia vive todo el tiempo con la angustia de no saber si esa persona está viva o muerta", señala a VICE News, Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.

Además de la emocional hay otras heridas. El temor, por ejemplo, a seguir denunciando y que sea eso el detonante de la muerte del ser querido. El temor a recibir amenazas y luego terminar también por desaparecer. O secuelas económicas cuando desaparece un padre o una madre y se pierde con él o ella el sustento para los hijos.

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O el estigma de las familias afectadas. "Si lo desaparecieron, algo habría hecho", suelen decir vecinos y allegados en una sociedad encallecida por años de guerra. Heridas abiertas al cabo, que restan durante mucho tiempo por cicatrizar.

La desaparición forzada termina por calar en todos los estratos del país. "Existe la sensación de no saber quienes son los que perpetran ese crimen. Es un modo de aterrorizar y controlar una sociedad", explica Dulitzky.

Al fin y al cabo, para que se dé un fenómeno como el de los desaparecidos es necesario un escenario sin transparencia, con leyes que se incumplen y por tanto con impunidad. Eso, a la postre, termina por minar la democracia.

"En el caso de Colombia, por ejemplo. Un país donde los líderes sindicales desaparecen deviene en un país donde nadie quiere ser sindicalista. Así, la capacidad sindical se ve afectada. Lo mismo ocurre con los líderes indígenas y con los afrocolombianos. La desaparición forzada determina la estructura social", concluye Ariel Dulitzky.

Sigue a Iván M. García en Twitter: @ivanmgarcia77