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La crisis política continúa en Venezuela y la OEA analiza la expulsión del país

La semana pasada Nicolás Maduro invalidó la Asamblea Nacional, pero a los tres días reculó y le devolvió sus poderes. Sin embargo la crisis democrática por la que atraviesa el país han encendido las alarmas en América. Ahora la OEA tomará una decisión.
4.4.17
Imagen vía Cristian Hernández/EPA.

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Cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) amenazó con expulsar a Venezuela por no respetar la democracia en el país, el presidente Nicolás Maduro no tardó en contestar: "han llegado a un nivel de locura".

El mandatario dejó de lado el protocolo y mandó al "carajo" al secretario general de la organización, incluso acusó a las 34 naciones que la conforman, de ser títeres del imperialismo estadounidense.

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Nicolás Maduro no tardó en dejarle claro al mundo que él era el único que mandaba en su país: cuando lo acusaron de faltar a la democracia respondió a través del Tribunal Supremo, controlado por sus copartidarios, invalidando a la Asamblea Nacional con mayoría opositora.

Y entonces Maduro justificó su decisión asegurando que los diputados que conforman la Asamblea eran títeres de EE.UU., igual que los países de la OEA, y los tachó de traidores de la patria.

Una semana después de este día, la OEA se encuentra debatiendo en estos momentos si la crisis en Venezuela amerita la activación de la llamada Carta Democrática, un mecanismo que se aplica en caso de que se genere una ruptura del proceso institucional democrático y suspendería a este país de su derecho de participación en la organización.

La OEA propone discutir la crisis que se vive en Venezuela y Nicolás Maduro explota. Leer más aquí.

Desde el 30 de marzo de este año manifestaciones, protestas y acusaciones a nivel internacional de que Venezuela era una "dictadura" lograron que el Poder Judicial revirtiera el sábado la sentencia que desapareció al parlamento.

El miércoles de la semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había dictaminado que su sala constitucional asumiría el rol del parlamento, al considerar que este cuerpo permanecía en "desacato" por no haber desincorporado a tres de sus miembros acusados de comprar votos. Además, la corte había limitado la inmunidad parlamentaria abriendo la posibilidad de llevar a juicio o apresar a los diputados opositores.

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Pero la madrugada del sábado, Maduro exhortó al Tribunal Supremo a revisar las sentencias para sanar lo que calificó como un "impasse".

'Nosotros no haremos nunca nada que atente contra la estabilidad de nuestro país'.

"El Tribunal Supremo de Justicia, apegado al principio constitucional de colaboración de las ramas del poder público, atiende al exhorto efectuado", dijo el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno. "Nosotros no haremos nunca nada que atente contra la estabilidad de nuestro país", agregó el magistrado, un ex miembro de la policía política que cumplió dos años de cárcel acusado de asesinar a una mujer en 1987.

Las decisiones que se tomaron la semana pasada en Venezuela encendieron las alarmas en América Latina. La oposición indicó que se trataba de un "golpe de Estado" y la OEA programó una reunión de emergencia.

Las decisiones de Maduro incluso abrieron divisiones dentro del chavismo, que no suele ventilar sus diferencias. La fiscal general, Luisa Ortega, criticó las sentencias del Tribunal Supremo asegurando que se trataba de una "ruptura del orden constitucional".

Maduro disuelve el Parlamento en Venezuela y la oposición denuncia un golpe de Estado. Leer más aquí.

A pesar del revés de las sentencias, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges dijo que seguirán bloqueados por la justicia, que les han impedido aprobar una sola ley desde que asumieron funciones a principios del año 2016. "Quieren hacerle ver al mundo que ellos supuestamente recularon y (…) no han hecho nada. El Tribunal Supremo de Justicia pretende maquillar a un muerto, pero ya dio un golpe de Estado que no puede corregir", dijo.

La oposición señala a Maduro como el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela, con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez, pero el mandatario sostiene que sus adversarios libran una "guerra económica" con el fin de desbancarlo.

La oposición asegura que en Venezuela gobierna una dictadura que tiene tras las rejas a un centenar de presos políticos, que suprimió elecciones y que impide la apertura de un canal humanitario para suavizar la escasez de alimentos y medicinas.

Este martes el parlamento, controlado por la oposición, iniciará un proceso para remover a los magistrados que se arrogaron funciones legislativas con una polémica sentencia, aunque advierten que será poco probable que se logré.

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