Huelva está rodeada de veneno

"Mi Huelva tiene una ría, y en ella un barco velero…", reza la letra del pasodoble más conocido de la capital onubense. No sabemos si las aguas de las dos rías que convergen a escasos metros de la ciudad son navegadas hoy por tantos veleros como antes; lo que sí es evidente es que el paisaje de las marismas del río Tinto, al este de la capital, ha sufrido una brutal transformación.

La historia comienza en 1968, en el contexto de los planes de industrialización de la dictadura de Franco, cuando las autoridades conceden a la empresa de fertilizantes Fertiberia la licencia para depositar en estas marismas los subproductos de su actividad industrial, desarrollada en el polo químico de la Avenida Montenegro, a las afueras de Huelva. Desde 1995 esta empresa es propiedad de Juan Miguel Villar Mir, ministro de Hacienda y vicepresidente de Asuntos Económicos en el primer gobierno postfranquista de Carlos Arias Navarro, y hoy Marqués de Villar Mir, título que le concede el antiguo rey de España Juan Carlos I. Su presidencia del Grupo Villar Mir (que engloba las siderometalúrgicas de Ferroatlántica, las fertilizantes de Fertiberia y las constructoras del Grupo OHL) no ha estado exenta de escándalos: durante el gobierno de José María Aznar, con Josep Piqué (antiguo presidente Fertiberia a quien Villar Mir compra la empresa) como Ministro de Industria y Energía, Fertiberia recibe 227 millones de pesetas en ayudas públicas. Hasta ahí, todo más o menos bien. El problema surge en 2013, cuando Piqué es nombrado consejero delegado de OHL. La opinión pública califica el asunto como un caso más de "puertas giratorias".

¿En qué consisten estos vertidos, popularmente conocidos como fosfoyesos, situados a unos 200 metros de la ciudad de Huelva? El fosfoyeso es un residuo industrial que resulta de la producción de ácido fosfórico (necesario para la fabricación de fertilizantes) por vía húmeda. Diferentes estudios, entre los que se encuentran el del CSIC de 2004 y el de CRIIRAD de 2007, han señalado la presencia no solo de metales pesados como el arsénico, el plomo, el mercurio o el cadmio, sino también de elementos radioactivos como el uranio-238, el uranio-235, el radio-226, el polonio-210, el plomo-210 y el radón-222, en concentraciones superiores a lo permitido por la legislación vigente.

Sin embargo, a lo largo de los años se han ido acumulando aquí diferentes desechos industriales y urbanos, hasta llegar a ocupar una extensión de 1.200 hectáreas. La montaña tóxica, de más de 120 millones de toneladas según Greenpeace y WWF y visible desde la ciudad, aglomera en sus entrañas todo un abanico de vertidos: aguas ácidas, metales pesados, radón, fosfatos y fluoruros, entre otros. El controvertido basurero industrial se conforma a lo largo de las décadas, como consecuencia de varias decisiones de diferentes administraciones que, para hacer frente a la coyuntura, resuelven verter aquí residuos urbanos, lodos o las 7.161 toneladas de cenizas del accidente de la planta de Acerinox en Algeciras, hace ya diez años, a quien Fertiberia subarrienda parte del vertedero, aseguran fuentes implicadas.

La montaña de residuos químicos en el horizonte (foto del autor)

En 1998 tiene lugar el primer incidente del "gran cementerio químico de Europa", como lo llama Juan Romero, activista histórico del movimiento ecologista onubense y en la actualidad miembro de Ecologistas en Acción, en una entrevista con VICE España. Tres años después de que la Junta de Andalucía, en 1995, ordenase la "reordenación" de los vertidos en el cauce y las marismas del río Tinto, se produce la rotura de una de las dos balsas de residuos instaladas en tierra. La consecuencia: alrededor de 50.000 metros cúbicos de materiales tóxicos se derraman en la ría. El primer episodio de "un escándalo propio de una república bananera", según el activista. La difusión mediática, no obstante, así como la atención que prestaron las administraciones al suceso, fueron escasas, nos cuenta.

Años después, en noviembre de 2003, el Ministerio de Medio Ambiente emite una orden que establece la caducidad de la concesión a Fertiberia, quien recurre dicha orden ministerial. El recurso no se resuelve hasta 2007, cuando la Audiencia Nacional (AN) decide desestimarlo. Pero nada de esto detiene el inexorable depósito de fosfoyesos desde las fábricas, no hasta que el auto de la AN de febrero de 2010 obliga a la multinacional a detener sus vertidos en ese año. El 31 de diciembre de 2010, siete años y un mes después de la orden de caducidad de su concesión, Fertiberia dejaba de verter residuos en las balsas de fosfoyesos.

En 2011, el Tribunal Supremo ratifica la sentencia de la AN contra la concesión y confirma el cese de vertidos. Además, se pronuncia sobre el futuro del "cementerio químico" onubense: Fertiberia tendrá que iniciar de inmediato la "regeneración ambiental de los terrenos", empezando por presentar un proyecto para la recuperación de las marismas. Un proyecto que la empresa no parece tomarse muy en serio: primero se limitó a presentar "un PowerPoint", nos cuenta Romero, para luego presentar fuera de plazo "un simple avance de proyecto de regeneración ambiental, y encima en inglés". El retraso le supuso a la empresa una multa de 240.400 euros, cantidad estipulada por el gobierno andaluz para la octava sanción que acumula la compañía. "Una nimiedad para una multinacional con tantos recursos", relata el activista. Fertiberia, líder española en el mercado de fertilizantes de la Unión Europea, facturó 1.261 millones de euros en el ejercicio de 2012. "Un paripé", según la Mesa de la Ría, grupo ecologista local que presentó una candidatura en las últimas elecciones municipales y logró un concejal en el ayuntamiento de Huelva.

Para tratar de esclarecer cuál es la senda que se marca la empresa con respecto al plan de regeneración ambiental, intenté ponerme en contacto con la oficina central de Fertiberia en Madrid, que alegó que el tema era competencia de los responsables de la fábrica en Huelva. Estos, no obstante, no encontraron tiempo para una entrevista ni presencial ni telefónica. El proyecto, tal y como se deduce del avance ya mencionado, y que Fertiberia tendrá que presentar a finales de septiembre, consiste en cubrir los residuos con varias capas de tierra: primero, una capa de drenaje; por encima, una capa de transición; y, finalmente, una capa de tierra sobre la que sí podrán crecer vegetales. Los grupos ecologistas han denunciado lo absurdo del proyecto, que en su opinión no solucionará nada. "Es una auténtica aberración: el problema no lo ves, pero sigue ahí", sentencia Romero, cuyo criterio coincide con el de la mayoría de los grupos implicados: Ecologistas en Acción, la Mesa de la Ría, la plataforma ciudadana Recupera tu Ría, Greenpeace y WWF.

"La Administración tiene que estar encima para que la empresa cumpla con su responsabilidad", señala el Fiscal de Medio Ambiente en Huelva, Alfredo Flores, en una reunión con VICE España. Tal y como resalta, "todavía no se ha publicado ningún informe que evidencie la incidencia de los residuos de Fertiberia en la salud de la población onubense". A su parecer, la vía contencioso-administrativa es mucho más eficaz que la penal para exigirle responsabilidades a la empresa. Destaca, además, la falta de entendimiento entre las diferentes administraciones y la torpeza de estas para lidiar con el tema.

Y es que en el tema de los fosfoyesos de Huelva nadie quiere mancharse las manos. El gobierno municipal de Pedro Rodríguez (Partido Popular), en la alcaldía desde 1995, y con el cual VICE ha intentado ponerse en contacto por distintas vías sin recibir respuesta alguna, invoca el asunto muy puntualmente en diversos actos públicos, pero sin prometer nada concreto. "El tema medioambiental en Huelva vende", reconoce el fiscal Flores.

El papel del gobierno autonómico es fundamental, según las fuentes a las que ha tenido acceso esta revista, para entender el fondo de la cuestión. Desde la Mesa de la Ría, que también quiso colaborar en este reportaje, "la Junta de Andalucía siempre ha mirado por el interés de las empresas del polo". Desde su punto de vista, tampoco tiene sentido las repetidas y discretas subvenciones del gobierno andaluz a Fertiberia, a pesar incluso de las evidencias de delito ecológico. "Lo mismo ocurrió cuando Endesa instaló la central térmica en la Avenida Montenegro", añaden. Desde VICE intentamos obtener la versión del órgano competente de la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de nuevo sin éxito.

Mención especial merece el Gobierno central. Las alarmas saltaron con el nombramiento el pasado mayo de la actual Ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y no sin fundamento: la ministra ha formado parte de la junta directiva de Fertiberia y había ejercido de directora de planificación estratégica de la empresa entre 2004 y 2012. VICEpreguntó a su gabinete sobre la responsabilidad de García Tejerina en la controvertida gestión ambiental de su empresa en las marismas del Tinto. La respuesta del Ministerio, en una entrevista que duró 44 segundos, fue la de negar toda responsabilidad de la ministra. Esto representa, no obstante, un avance en cuanto a la transparencia de la máxima representante nacional de Medio Ambiente, que ya plantó a los medios en el palacio de congresos onubense de la Casa Colón hace cuatro meses, evitando así tener que responder personalmente a las preguntas de los periodistas.

La niebla de la falta de transparencia rodea el asunto de los fosfoyesos en Huelva. Si bien diversos estudios han determinado altos índices de radioactividad en las balsas de fosfoyesos, ninguna investigación científica ha logrado probar la influencia de estos residuos tóxicos en la mayor concentración de casos de cáncer y afecciones respiratorias en la ciudad de Huelva, en comparación con otras urbes. Esta falta de asociación causal concreta ha sido corroborada por el Defensor del Pueblo Andaluz. Mientras que algunos escépticos atribuyen esta singularidad sanitaria a una serie de factores socioeconómicos, otros estudios alertan del alto índice de correlación existente a nivel nacional entre la proximidad de zonas industriales y las grandes aglomeraciones de casos de afecciones cancerígenas y respiratorias en las poblaciones cercanas. Ya en 2007 el Atlas municipal de mortalidad por cáncer en España situaba la probabilidad de padecer cáncer de pulmón, laringe o tejido conjuntivo en Huelva en cifras hasta tres veces mayores que en otras zonas de la Península. Huelva tiene, de hecho, la segunda tasa de mortalidad por cáncer más alta de Andalucía (29,6%), solo por detrás de Cádiz (30,3%), según el último informe del Instituto Nacional de Estadística al respecto, de febrero de este año.

¿Saben los onubenses que los vertidos les perjudican? Es más que probable, aunque por lo general, las más recientes manifestaciones convocadas por los colectivos ecologistas no han estado demasiado concurridas. La raíz del problema se encuentra en la controversia entre el impacto medioambiental (e, hipotéticamente, sanitario) de las industrias y su papel como generadores de empleo. Obviando los vaivenes numéricos provocados por el boom turístico estival, las cifras no son demasiado esperanzadoras para la provincia: si bien el paro ha descendido en 12,5 puntos porcentuales (de 40,94% a 28,44%) del año pasado a este, también lo ha hecho, aunque en menor medida, la tasa de actividad. Por otra parte, como señalan los investigadores García Pérez y Troncoso Ponce, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), prácticamente todo el empleo creado se debe a contratos temporales y de elevada precariedad. Señalan, además, un preocupante aumento (11,45 puntos porcentuales más) de las cifras de paro de alta duración, así como de la tasa de temporalidad.

¿Es el riesgo medioambiental un precio que los onubenses están dispuestos a pagar por el mantenimiento de las industrias que convirtieron a Huelva en la ciudad más importante de la provincia? Según la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE), son 8.500 los puestos de trabajo, de forma directa e indirecta, que la empresa conserva en Huelva. Ecologistas en Acción y la Mesa de la Ría destacan el impulso económico que un proyecto de regeneración ambiental adecuado traería a la ciudad. Sin embargo, la sombra de otros escándalos y accidentes ambientales relacionados con diferentes empresas en la provincia (CEPSA, Endesa, ENCE, Atlantic Copper, etc.) parece recordar que en estas tierras la relación entre capitalismo y sostenibilidad todavía trae más problemas que soluciones. Soluciones que tardan en llegar y que todavía no han modificado un ápice del tétrico paisaje que hace décadas fue la envidia de todo un país.