COLOMBIA

Adiós a las armas: la paz según dos exguerrilleras colombianas

Dos mujeres excombatientes que ingresaron en las FARC y ELN con 13 y 12 años, respectivamente, nos cuentan su visión sobre un conflicto que toca la paz con la punta de los dedos.
19.8.16
Leidy Marisa entró voluntariamente en las FARC con 13 años y abandonó la guerrilla seis años después. (Imagen por Iván M. García/VICE News)

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Leidy Marisa Montoya tuvo antes otros nombres. Se llamó Estela, cuando defendía el Frente 34 de las FARC. Y también Karen, su alias en el batallón Aurelio Rodríguez de la guerrilla colombiana, en la que pasó diez años tras su ingreso voluntario a los 13.

En su espartana pieza de la casa de sus padres en Güíntar, un caserío engullido por el monte en el departamento de Antioquia (noreste de Colombia), hay colgado un mural de Barcelona. Un cartón pintado en tonos pastel donde ha pegado varias fotos de la ciudad: la Sagrada Familia, la Torre Agbar de Jean Nouvel y, cómo no, el estadio del Barça. También, conchitas de mar y algunas monedas de 5 y 10 céntimos de euro.

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Leidy Marisa cumplió con la ruta de desmovilización que marca la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en 2014. Le tomó seis años, pues desertó de la insurgencia en 2008.

Hoy con 31, forma parte del proyecto Mujeres Gestoras de Paz del Museo Casa de la Memoria de Medellín. Iniciativa que la llevó hace unos meses a la capital catalana para contar su historia en unas conferencias convocadas por Casa Amèrica y el Instituto Catalán Internacional para la Paz.

El mural es el recuerdo que se trajo Leidy Marisa de Barcelona. No obstante, su memoria da cobijo también a algún que otro fantasma.

En este pueblo colombiano, la guerrilla de las FARC va a dejar sus armas. Leer más aquí.

Mural de Barcelona en casa de los padres de Leidy Marisa en la región de Antioquia. (Imagen por Iván M. García/VICE News)

"Unos pelaos tenían planeado volarse [desertar de la guerrilla], yo los eché al agua [delaté] y los mataron", cuenta a VICE News al tiempo que se le humedecen los ojos.

"A veces uno por ganarse la confianza de los comandantes hace cosas que no debe. Yo estaba muy joven. Quizás algún día me gustaría ver a las familias y pedirles perdón. Y hasta llevarlas a donde están. Porque yo sé donde están ellos. Están en el Chocó enterrados", continúa en lo que parece la defensa de uno de los pilares de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC: conocer la verdad de lo sucedido.

A las puertas de la firma del acuerdo final, a debate en La Habana desde 2012, el proceso no deja de recibir críticas. Enmarcado en la justicia transicional, concede a los victimarios penas alternativas — más cortas y menos duras- a las que impondría la justicia ordinaria a cambio de verdad, reparación y garantías de no repetición.

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"Yo he cargado esa culpa mucho tiempo. A veces le pido perdón a la gente así no les haya hecho nada. Uno siente culpa por el simple hecho de haber estado en un grupo armado. Porque contribuyó a que se diera una guerra. Fuimos una ficha más en el rompecabezas. Y sí, uno sí siente ese remordimiento y esa culpa".

Condenas sin prisión

Las penas para quienes reconozcan sus delitos ante los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo creado para este proceso, irán de los cinco a los ocho años. Las condenas supondrán la privación de libertad en "condiciones especiales". Es decir, se conmutará la prisión por trabajos comunitarios y restaurativos en las zonas más golpeadas por el conflicto.

Los desmovilizados que reconozcan sus crímenes tardíamente y no cuando se les solicite serán condenados a prisión ordinaria de cinco a ocho años. Y finalmente, quienes no se acojan al proceso pasarán hasta 20 años en la cárcel.

Leidy Marisa muestra el diploma que acredita su reintegración en la vida civil. (Imagen por Iván M. García/VICE News)

Los crímenes de guerra y de lesa humanidad serán juzgados también por la JEP bajo los baremos de la justicia transicional.

"No vería justo ocho años de cárcel para una persona que se va a desmovilizar legalmente. Porque si no quieren entregarse, no se entregan. Nadie los está obligando", apunta Leidy Marisa haciéndose eco del argumento de quienes defienden las conversaciones con la guerrilla. La premisa de "o bien este proceso con sus pros y sus contras o continuar con la guerra en la selva".

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"Y si me entrego voluntariamente, ¿por qué me van a meter en la cárcel? Si estoy aportando para que se dé el proceso de paz", concluye.

Desmovilizados en el Senado

"Sí se debe dar un castigo ejemplar. Que den casa por cárcel. Eso también es muy duro, porque salir del monte y saber que no te puedes mover de ahí… O estar inhabilitado para ocupar cargos públicos, que usted no pueda participar en política", argumenta la joven.

El segundo de los seis puntos del proceso, Participación política, es mucho más generoso que la propuesta de la hoy gestora de paz. Pues garantiza la incursión en política de los desmovilizados.

A pesar de la polémica levantada recientemente por la propuesta de la Fundación Paz y Reconciliación en la que se sugería que las FARC tuvieran "participación en el Senado con nueve curules directas", nada se ha definido en Cuba.

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Los acuerdos no han atado aún si los exguerrilleros deberán cumplir su condena para participar en política o bien, si su tiempo en el Congreso podrá computarse como cumplimiento de la pena.

Tampoco apuntan nada sobre el mayor temor del uribismo: si veremos a los máximos comandantes de la guerrilla de chaqueta y corbata en la Cámara de Representantes. O, por el contrario, si esos cargos los ocuparán personas ajenas al brazo armado de las FARC.

Reintegración

Anyi, como la llamaban en el Ejército de Liberación Nacional (ELN), explica en cuatro bofetadas de realidad su paso por este grupo. "Mi papá es guerrillero. Nací allá. Salí a la ciudad y volví a los 12 años. Entonces ya empecé normal".

Con lo de "normal" se refiere a vestir de camuflaje y cargar el AK-47 al hombro. Por eso conoce bien la guerrilla y el monte. Y por eso quizá tuerce el gesto cuando se le habla de los campamentos que se crearán en 31 zonas rurales para que los desmovilizados entreguen las armas.

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"Ante todo hay que preguntarle a los civiles si están de acuerdo con estas zonas", apunta a VICE News esta joven de 21 años en la sede de la ACR en Medellín. Consulta, por otro lado, que no se ha realizado.

En estas áreas, los guerrilleros recibirán durante seis meses formación en técnicas agrícolas y educación básica. Así como capacitación para reincorporarse a la vida civil.

Pero el tratado no explica cómo será esa reintegración una vez salgan de los campamentos, donde no se permite la entrada a civiles. Ni si se realizará seguimiento a los desmovilizados en las comunidades donde finalmente residan.

"Es muy duro entrar a la vida civil. Porque uno cargó un arma, uno sabe hacer bombas, uno mandó… Van a querer venir a mandar. El miedo mío es que terminemos armando una guerra peor".

Anyi, quien prefiere ocultar su rostro, ingresó en el ELN con 12 años. (Imagen por Iván M. García/VICE News)

El temor de que se repita lo ocurrido tras la desmovilización de las AUC. Gran parte de los excombatientes formaron nuevas bandas que continuaron con la extorsión y el narcotráfico.

"Tolerancia" pide Leydi Marisa a los guerrilleros que lleguen a esas comunidades. Tolerancia ante el rechazo. Ante los insultos, incluso. Y que los civiles escuchen y perdonen. "Les causamos mucho daño, pero muchas veces la decisión de irnos a la guerrilla fue una alternativa a nuestros problemas o para huir de los paramilitares".

Tras cinco décadas de guerra y violaciones de derechos humanos por parte de todos los actores armados, escuchar no es fácil. Mucho menos perdonar. Por ello, Laidy Marisa habla del programa de Reconstrucción de la memoria histórica que propicia encuentros entre victimas y victimarios. Un proyecto en el que se comparten y sobre todo se comprenden las penas y angustias de unos y otros.

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"Narrar el dolor de ese tiempo y darle una salida. Mucha gente lo juzga a uno por haberse ido a la guerrilla pero sin saber porqué. Que escuchen primero. Todo el mundo merece una segunda oportunidad."

A su juicio, es esencial que los desmovilizados trabajen hombro con hombro con las juntas de acción comunal en labores que restañen las heridas del conflicto: reconstruir un puente, limpiar una zona de minas antipersonales, impartir charlas sobre la realidad de pertenecer a un grupo armado, etc.

Los jóvenes reclutados ilegalmente por el Ejército de Colombia. Leer más aquí.

Por otro lado, la joven señala que el Estado debería mirar hacia los jóvenes para que sus apuestas sean las de "estudiar o trabajar en Medellín" y no empuñar un arma.

"El gobierno tienen todo en las manos para la no repetición", sentencia.

La ausencia de Estado

La nula presencia institucional en gran parte del territorio colombiano ha hecho de Colombia un país devorado por el conflicto, el narcotráfico y la corrupción.

"El ELN tenía mucho peso en Tarazá y Cáceres (Antioquia). La mayoría de civiles trabajaba con la guerrilla. Les compraban mulas y ellos eran los que arriaban las cargas", explica Anyi con naturalidad.

La joven reconoce la protección que se le daba a los campesinos que cultivaban hoja de coca. O como contrataban a civiles para que cuidaran otra de sus fuentes de ingresos: las minas ilegales de oro.

Anyi habla de dos ambulatorios que vio construir a la guerrilla en dos veredas monte adentro. "El ELN era el que pagaba los médicos. Les pagaba todo: viáticos, el viaje de entrada para allá, pues era un sacrificio: como 12 horas en mula, después de otras tantas horas carro. Todo eso pagaba la guerrilla. Y a los profesores de esos pueblos también".

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