ESPAÑA

¿Por qué las cárceles españolas están cada vez más vacías?

La población de reclusos se ha reducido en un 20 por ciento desde 2009. Analizamos las causas de un descenso alimentado por las deportaciones, la reducción de la prisión preventiva y de la duración de las penas por tráfico de drogas.
22.7.16
Torre de vigilancia de la prisión de Mansilla de las Mulas (León). (Vía Flickr/Stéphane M. Grueso)

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En 2009, España registró un pico histórico en el número de penados que albergaban sus cárceles, pero siete años después y tras el estallido de la mayor crisis económica desde la gran recesión, los centros penitenciarios están más vacíos que nunca.

Un total de 61.615 personas estaban entre rejas, en 2015, en los centros penitenciarios repartidos por toda la geografía española, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior. Una cifra que supone una reducción del 20 por ciento en relación a la registrada en 2009, cuando la población carcelaria llegó a alcanzar el guarismo de 76.079.

"Este fenómeno está determinado por un contexto general de austeridad y de contracción del funcionamiento de los poderes públicos, los recortes afectan a la sanidad, a la educación pero también al sistema penitenciario", explica a VICE News José Ángel Brandariz, profesor de derecho penal en la Universidad de La Coruña y autor del artículo La evolución del sistema penitenciario español, 1995-2014.

Daniel Jiménez Franco, doctor en Filosofía Jurídica e Instituciones Políticas y autor de Trampas y tormentos. Para una ecología del castigo en el reino de España, asegura a VICE News que "la crisis ha promovido decisiones políticas con consecuencias directas en el sistema penitenciario, medidas que, probablemente, nunca hubieran sido tomadas en una situación de bonanza económica".

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Tanto Jiménez como Brandariz señalan que, con el cambio de ciclo económico, se ha pasado de un sistema penitenciario expansivo y severo a la promoción de medidas de descongestión de los centros penitenciarios. Algo a lo que Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, se ha referido como una "apuesta decidida por las penas y las medidas sustitutivas de las condenas privativas de libertad".

Así, en el marco de la crisis, España ha incrementado las deportaciones de personas extranjeras vinculadas al sistema penal, sobre todo de migrantes extracomunitarios. Además, la reforma del código penal de 2010 ha reducido la duración de las penas vinculadas al tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud y el número de presos preventivos ha caído de forma drástica.

"Las condiciones económicas siempre van por delante y, luego, el discurso se acomoda a esta realidad", resume Jiménez. "Estamos avanzando hacia un modelo más barato de castigo", sentencia por su parte el profesor de derecho penal de la Universidad de La Coruña.

Las deportaciones no se centran, considera Brandariz, tanto en el colectivo de sin papeles sino en aquellos migrantes extracomunitarios que ya han cumplido parte de su condena en España, que son reincidentes o que tenían una expulsión pendiente debido a una pena dictada con anterioridad y que aún no se había hecho efectiva.

A modo de ejemplo, el estudio se refiere al aumento de las expulsiones cualificadas [deportaciones de personas migrantes con antecedentes delictivos], que crecieron de 5.564 a 7.582 entre 2008 y 2013. "Es una consecuencia directa de un modelo cerrado de política migratoria en un contexto de crisis, que tiene consecuencias directas en la política penitenciaria", opina el autor de La evolución del sistema penitenciario español, 1995-2014.

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El descenso de las penas de prisión superiores a dos años debido a la aprobación de la ley de reforma del Código Penal de 2010, que acortó la duración de un gran número de condenas por tráfico de drogas, las segundas con mayor incidencia en los centros penitenciarios, ha jugado un papel importante en la angosta caída del número total de reos.

Tomás Montero, jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, afirma en un artículo publicado en su blog sobre este fenómeno, que los penados por este tipo de delitos pasaron de 16.349 a 13.808 entre 2009 y 2013, un descenso que significó más del 27 por ciento de la reducción total de la población penitenciaria durante ese período. El año pasado la cifra bajó hasta los 11.913.

Lo mismo sucede en el caso de la prisión preventiva. Esta tipología de presos pasó de tener una población de 17.849 personas en 2008 a suponer un total de 7.684 en 2015. "España se ha convertido en uno de los países con menor número total de personas que están en prisión preventiva de la Europa de los 15", sostiene Brandariz.

Este especialista en derecho penal considera que el descenso de la preventiva responde a una combinación de los dos primeros factores, a más deportaciones y condenas menores que no implican ingreso a prisión, menos preventivos.

Además, Brandariz, apunta a la progresiva diversificación del perfil de los presos. Con el ingreso de personas sin antecedentes, de mayor edad y penados por delitos más generalizados como aquellos relativos a la seguridad vial, considera, la percepción de algunos jueces y fiscales sobre la necesidad de hacer uso de esta medida podría haber cambiado. Sobre todo, precisa, cuando el acusado está identificado y domiciliado y no parece que exista riesgo de fuga, de actuación contra bienes jurídicos de la víctimas o de ocultación de pruebas.

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