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La investigación de los 43 desaparecidos denuncia trabas del Gobierno de México

Nueve meses después de las desapariciones de Ayotzinapa una comisión de expertos afirma que el gobierno mexicano les está impidiendo recabar los testimonios de las tropas de infantería que muy posiblemente estuvieron implicadas en el ataque.
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Imagen por Marco Ugarte/AP

Ya han pasado más de nueve meses desde la desaparición y de la probable masacre de los 43 estudiantes universitarios de México. Ahora, una comisión formada por investigadores de élite especializados en derechos humanos se enfrenta a la misión de desentrañar el caso. Sin embargo, el ilustre equipo ha afirmado que todavía está a la espera que se le permita acceder a los soldados que podrían haber sido testigos en los ataques…. O, peor, participantes activos.

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Los cinco miembros de la comisión especial de investigadores independientes fueron reclutados por la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos (IACHR). Los investigadores proclamaron durante una rueda de prensa celebrada en Ciudad de México, que las autoridades del país azteca todavía no han contestado a la solicitud de entrevistar a los implicados, presentada hace ya tres meses.

Los miembros de la comisión solicitaron entrevistar a 36 tropas de infantería del 27 batallón del ejército mexicano. Se presume que podrían haber estado involucradas en los ataques contra los estudiantes de la escuela de educación normal de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Las desapariciones de Ayotzinapa se han convertido en el epicentro de las manifestaciones contra el ejército mexicano. La forma en que está lidiando con el caso se ha convertido en un emblema de la insaciable corrupción e impunidad que asolan el país.

Los agentes de policía locales y los miembros de un grupo de narcotraficantes están acusados de haber disparado a los autobuses en los que viajaban los estudiantes. La emboscada resultó en seis muertos y 43 desaparecidos, de los que no se ha vuelto a saber nada desde entonces. Uno de ellos fue identificado por el gobierno mexicano el pasado mes de diciembre. Sin embargo, los familiares de la víctima se resisten a aceptar su muerte.

Más de 100 personas han sido detenidas en conexión con el caso.

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"El estado continúa analizando la solicitud para entrevistarlos. En caso de que no lo hagan, lo pondremos en el informe final que debemos entregar el 2 de septiembre", señaló Claudia Paz y Paz, una de las investigadoras de la comisión.

"Espero que sí podamos hacerlo, pues es una parte fundamental de esta investigación", añadió Claudia Paz.

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en México piden ayuda a un capo local para encontrar a sus hijos. Leer más. 

Algunos de los padres de los estudiantes desaparecidos aseguran que el gobierno está tratando de obstaculizar cualquier información relacionada con la presunta implicación de las unidades militares en la noche de los ataques. Los hechos sucedieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.

En enero los padres de los desaparecidos intentaron tomar la base del vigésimo séptimo batallón, convencidos de que los estudiantes podrían haber sido conducidos allí para ser masacrados por los soldados. Hasta la fecha lo único que se ha confirmado es que los soldados de la base detuvieron e interrogaron brevemente a algunos de los supervivientes en la noche del tiroteo.

Los funcionarios del gobierno han señalado que los familiares de los estudiantes accedieron a la misma base el 27 de septiembre de 2014 — el día posterior a los ataques — y que no vieron nada fuera de lo ordinario.

El portavoz de los padres de familia, Felipe de la Cruz, dijo a VICE News, en entrevista telefónica que "es evidente que el gobierno oculta información sobre la tarea de los militares porque fueron ellos quienes se los llevaron y quienes los tienen".

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Los 43 que faltan: estudiantes desaparecidos en México (reportaje completo).

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A lo largo del fin de semana los padres y todos sus seguidores celebraron su nuevo encuentro de "acción global" en homenaje a los jóvenes desaparecidos — una vigilia de 43 horas celebrada en el centro de Ciudad de México.

El equipo enviado por el IACHR para investigar el caso de Ayotzinapa de manera independiente está integrado por cinco expertos en derechos humanos. Se trata de ilustres y prestigiosas personalidades, respetados por sus anteriores investigaciones de masacres en Latinoamérica.

Se trata de Paz y Paz, la primera mujer en convertirse fiscal general de Guatemala, y la misma que persiguió al antiguo presidente guatemalteco y que le acusó de crímenes de guerra; Carlos Martín Beristáin, un psicólogo español que ha formado parte de las Comisiones de la Verdad y Justicia, en Paraguay, Guatemala y Perú; el chileno Francisco Cox Vial, más conocido por su trabajo en la extradición a España del antiguo dictador Augusto Pinochet; Ángela Buitrago, una abogada colombiana que ha investigado los crímenes del conflicto que sigue asolando a su territorio; y Alejandro Valencia Villa, otro especialista colombiano.

La rueda de prensa de la comisión se celebró tan solo una semana después de que la secretaria de Defensa de México, como se conoce formalmente al ejército, reconociera que uno de los 43 estudiantes estaba alistado en sus filas como soldado en activo.

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La revelación despertó la sospecha de que hubiese podido existir algún grupo o agente exterior infiltrado entre los estudiantes. En cualquier caso, los padres de los desaparecidos rechazan de cuajo todas las comunicaciones de los militares. En particular, consideran que esta teoría es un intento por dividir a los padres y al movimiento que lideran.

El ejército no reveló el nombre de la presunta víctima de Ayotzinapa que también era un soldado por respeto a la privacidad y la seguridad de la familia. Paz y Paz declaró a VICE News que la comisión todavía ignora si existía algún vínculo entre el ejército y las 43 víctimas.

El gobierno mexicano respondió a la rueda de prensa de la IACHR con un comunicado en el que expresa que no tiene ningún problema en permitir el acceso a los soldados en relación con la investigación por los ataques en Iguala. Sin embargo, advirtió que tal acceso debería seguir los pasos legales necesarios para no interferir ni comprometer la investigación oficial en curso.

Roberto Crampa, subsecretario mexicano de derechos humanos, relató a los periodistas reunidos el lunes que el país está abierto a permitir que la comisión internacional pueda tener acceso a los soldados.

"El tema no tiene que ver con la apertura de ellos [los militares], tiene que ver con la forma en que está definido en el mandato y se cumpla estrictamente con el marco legal vigente", señaló Crampa.

Gonzalo Ponce, portavoz del ministerio del interior mexicano, declaró el martes que el subsecretario de defensa seguía estudiando la propuesta del IACHR y que todavía tenía que contestar.

Roberto Campa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo a los periodistas el lunes que el país estaba dispuesto a facilitar a la comisión de investigación el acceso a los soldados.

Daniel Hernandez ha contribuido en este reportaje. Sigue a Melissa del Pozo en Twitter @melissadps.