Violencia de género en España: sólo los partidos de izquierdas asumen las propuestas feministas 7N en sus programas

Cuando apenas quedan unas horas para las elecciones generales, el movimiento feminista en España hace balance para señalar a los partidos que recogen o no sus reclamaciones mes y medio después de la celebración de la mayor marcha estatal contra las violencias machistas y que apoyaron las principales formaciones políticas.

Según denuncian, sólo el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Podemos y Unidad Popular han respondido a la carta enviada en la que asumían como suyas, e incorporadas a sus programas, las propuestas de la manifestación organizada el pasado 7 de noviembre en Madrid. No han obtenido respuesta ni del Partido Popular (PP), partido que ha gobernado durante los último cuatro años, ni de Ciudadanos, formación política a la que varias encuestas sitúan como tercera fuerza en el próximo parlamento.

"Demuestran de este modo el oportunismo electoralista a participar en la marcha sin creer en las reivindicaciones que se expresaron en nuestro manifiesto y sin tener en cuenta al Movimiento Feminista", recogen las organizadoras de la marcha en una nota de prensa.

La plataforma 7N denuncia los "recortes" realizados durante los últimos cuatro años por el PP en materia de violencia de género y subrayan cómo durante la campaña han realizado diversas manifestaciones para tratar de "tapar esos recortes". Noelia Landete, una de las portavoces de la marcha, pone como el ejemplo el anuncio electoral elaborado por el PP para presentar sus "logros" en la lucha contra la violencia de género. "Presentan como avances lo que en realidad recortaron ellos mismos y luego rectificaron", subraya a VICE News.

En el vídeo que tras las críticas el PP eliminó de su página web, se afirmaba que durante el gobierno presidido por Mariano Rajoy se había facilitado la denuncia de las víctimas al eliminar las tasas judiciales. Pero la realidad es que fue el propio PP el que introdujo esas tasas y que después eliminó para los casos de violencia machista. Además, se subrayaba como logro propio que los maltratadores ya no podían cobrar las pensiones de viudedad ni de orfandad de las víctimas, cuando es una medida que está en vigor desde 2007, tras una modificación planteada por el entonces gobierno socialista.

En su programa electoral no aparece referencia alguna a considerar la lucha contra la violencia machista una cuestión de estado, una de las exigencias de la marcha del 7N. Bajo el epígrafe Por la Plena Igualdad, el PP hace mención a "comprometernos a mantener un diálogo permanente y fluido con los agentes políticos, sociales y económicos, así como el poder judicial con la voluntad de alcanzar el mayor consenso para luchar contra la violencia de género".

"No nos morimos, nos matan". Así vivimos la marcha del 7N contra las violencias machistas. Leer más aquí.

La plataforma feminista exigía a los partidos políticos modificar la ley de violencia de género para incluir todas las violencias machistas, no solo las que se dan en el ámbito de la pareja o ex pareja -como está contemplado ahora-, eliminar la custodia compartida impuesta o los regímenes de visitas a los maltratadores condenados. El PP no recoge ninguna de estas medidas concretas más allá de propuestas generales encaminadas a la educación y la puesta en marcha de campañas de concienciación.

Una de las propuestas más controvertidas y que más rechazo ha suscitado durante la campaña electoral es la medida que Ciudadanos incluye en su programa sobre la modificación de la ley integral para "acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo". Se refiere a la modificación que introdujo la norma cuando se aprobó en 2004 y que agrava las penas leves cuando se trata de delitos relacionados con la violencia de género.

En 2007, el Tribunal Constitucional declaró acorde a la Carta Magna esta media al apoyar las razones por las que el legislador la había introducido, que no eran otras que reprochar con mayor dureza unas agresiones basadas en la desigualdad y discriminación. "No resulta reprochable el entendimiento legislativo referente a que una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural —la desigualdad en el ámbito de la pareja— generadora de gravísimos daños a sus víctimas y dota así consciente y objetivamente a su comportamiento de un efecto añadido a los propios del uso de la violencia en otro contexto", recogía el fallo que avaló la constitucionalidad de las penas agravadas.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha querido matizar después la medida asegurando que lo que pretende su partido es "elevar el escalón de toda la violencia doméstica [la que se da de padres a hijos, a abuelos o entre parejas del mismo sexo] al agravante de la violencia de género".

"Las propuestas y comentarios de Ciudadanos son de una ceguera absoluta y es un discurso que ha asumido todas las posturas posmachistas", afirma Landete. El epígrafe bajo el que el partido naranja explica sus propuestas en material de violencia machista es Igualdad y violencia de género e intrafamiliar, colocando al mismo nivel una y otra violencia, es un argumento que a menudo utilizan los también conocidos como neomachistas para evitar reconocer que la violencia de género es la que sufren las mujeres por parte de los hombres por el mero hecho de serlo.

"Consideramos que la violencia de género y la violencia intrafamiliar son experiencias traumáticas tanto para las mujeres como para los hombres", recoge el programa de Ciudadanos en este apartado, una afirmación que se parece mucho a la realizada por una de sus candidatas, Marta Rivera de la Cruz, durante el debate que se realizó entre ocho partidos la semana pasada. Entonces, afirmó que "tan grave es que un niño vea a su padre matar a su madre que vea a su madre matar a su padre".

Los posmachistas o cómo el machismo transforma su mensaje para perpetuar la desigualdad. Leer más aquí. 

Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada, forense y ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género, afirmaba esta semana en un artículo publicado en Eldiario.es: "Ciudadanos ha dado un paso más intentando captar explícitamente el voto machista. No ha sido un error, es parte de una estrategia, así lo demuestran los argumentos posmachistas utilizados para justificar su iniciativa y la feroz defensa que hacen de ella en las redes" .

Tanto PSOE, Podemos como Unidad Popular incluyen en sus programas modificaciones en la ley integral para incluir otros tipos de violencias machistas y no solo la que se produce en el ámbito de la pareja o la ex pareja. Los socialistas proponen además modificaciones legislativas "para garantizar la suspensión del régimen de visitas a menores por parte de progenitores que estén cumpliendo condenas", así como "exigir formación específica certificada" a magistrados, forenses y fiscales que traten casos de violencia machistas.

Al igual que los socialistas, Unidad Popular rechaza la custodia compartida impuesta y medidas encaminadas a "evaluar la acción judicial y de la presencia y mantenimiento de actitudes machistas". Podemos incorpora que las víctimas puedan recibir asistencia y ayudas sin que sea imprescindible presentar antes una denuncia.

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